La Corte Suprema está poniendo en duda el pedido del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento en uno de los casos más trascendentales del período, que se vio magnificado por la presencia sin precedentes del mandatario en la sala del tribunal.
Jueces conservadores y liberales cuestionaron el miércoles si la orden de Trump que declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses se ajusta a la Constitución o a la ley federal.
Trump, el primer presidente en funciones que asiste a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país, pasó poco más de una hora dentro de la sala del tribunal para escuchar los argumentos del principal abogado de la administración republicana ante la Corte Suprema, el procurador general D . John Sauer. El presidente se retiró poco después de que la abogada Cecillia Wang comenzara su presentación en defensa de la ciudadanía por nacimiento.
Trump escuchó cómo Sauer enfrentaba una pregunta escéptica tras otra. Los jueces preguntaron sobre la base legal de la orden y expresaron preocupaciones más prácticas.
“¿Esto ocurrirá en la sala de partos?”, preguntó la jueza Ketanji Brown Jackson, cuestionando la logística de cómo el gobierno determinaría quién tiene derecho a la ciudadanía y quién no.
El juez Clarence Thomas pareció el más probable entre los nueve magistrados de ponerse del lado de Trump.
“¿Cuánto de los debates en torno a la 14.ª Enmienda tenía algo que ver con la inmigración?”, preguntó Thomas, señalando que el propósito de la enmienda era otorgar ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos.
Los jueces están escuchando la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior de Nueva Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía, uno de varios tribunales que las han bloqueado. No han entrado en vigor en ninguna parte del país.
El caso plantea otra prueba a las afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo que desafían precedentes de larga data, ante un tribunal que en gran medida ha fallado a favor del presidente —aunque con algunas excepciones notables a las que Trump ha respondido con críticas marcadamente personales contra los magistrados. Se espera un fallo definitivo a inicios del verano.
La orden sobre ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración republicana contra la inmigración.
La ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con inmigración que llega al tribunal para un fallo final. Con anterioridad, los jueces anularon los aranceles que Trump había impuesto en virtud de una ley de poderes de emergencia que nunca se había utilizado de esa manera.
Trump reaccionó con furia a la decisión sobre aranceles de finales de febrero, afirmando que se avergonzaba de los jueces que fallaron en su contra y calificándolos de antipatriotas.
El domingo lanzó un ataque preventivo contra el tribunal en su plataforma Truth Social. “La ciudadanía por nacimiento no tiene que ver con gente rica de China, y del resto del mundo, que quiere que sus hijos, y cientos de miles más, POR PAGO, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¡Se trata de los BEBÉS DE ESCLAVOS!”, escribió el gobernante. “¡Jueces y magistrados tontos no harán grande a un país!”.
La orden de Trump trastocaría la visión sostenida durante mucho tiempo de que la 14.ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, y la ley federal desde 1940 otorgan la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y para quienes nacen de una fuerza extranjera de ocupación.
La 14.ª Enmienda buscaba garantizar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran ciudadanía, aunque la Cláusula de Ciudadanía está redactada de manera más amplia. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan”, dice el texto.
En una serie de decisiones, tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por ilegal, o probablemente ilegal, conforme a la Constitución y la ley federal. Las decisiones han invocado el fallo de 1898 del máximo tribunal en el caso Wong Kim Ark, que determinó que el hijo nacido en Estados Unidos de ciudadanos chinos era ciudadano.
La administración Trump sostiene que la visión común sobre la ciudadanía es errónea, al afirmar que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
El tribunal debería aprovechar el caso para corregir “malentendidos persistentes desde hace mucho tiempo sobre el significado de la Constitución”, escribió Sauer, el procurador general.
Ningún tribunal ha aceptado ese argumento, y abogados de mujeres embarazadas cuyos hijos se verían afectados por la orden señalaron que la Corte Suprema no debería ser la primera en hacerlo.
“Tenemos al presidente de los Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de la ciudadanía estadounidense”, declaró Wang, directora jurídica de la Unión Americana por las Libertades Civiles, quien se enfrenta a Sauer ante la Corte Suprema.
Más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se verían afectados por la orden ejecutiva, según investigaciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Aunque Trump se ha centrado en gran medida en la inmigración ilegal en su retórica y acciones, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento también se aplicarían a personas que están legalmente en Estados Unidos, incluidos estudiantes y solicitantes de la green card, o estatus de residente permanente.
