Cuatro jueces de inmigración en el estado de Washington se adelantaron varios años a un cambio drástico en la aplicación de las leyes migratorias que ha revertido una larga tradición estadounidense.
La negación de una fianza a muchas personas detenidas por cargos migratorios ha desatado decenas de miles de demandas desde julio, en las que se alegan violaciones de derechos constitucionales por confinamiento ilegal. El gobierno de Donald Trump sufrió un revés legal este mes cuando una corte de apelaciones anuló su política después de que otras dos cortes de apelaciones la respaldaran, lo que prepara un probable enfrentamiento en la Corte Suprema.
La práctica ya se había aplicado durante años en Tacoma, donde jueces de inmigración del Northwest ICE Processing Center empezaron a negar la fianza a comienzos de esta década. Pocas personas se dieron cuenta fuera del círculo de abogados de inmigración de la zona. Pero cuando el gobierno de Trump adoptó la teoría el año pasado, replicó el razonamiento de esos jueces.
Los jueces de Tacoma decidieron que el Congreso nunca los autorizó a conceder fianzas
Neil Floyd, el único de los cuatro jueces de Tacoma que aceptó hablar con The Associated Press, contó que empleados judiciales investigaron el tema durante unos seis meses antes de que los jueces concluyeran que el Congreso nunca los autorizó a conceder fianzas.
“Tomamos la decisión de que lo haríamos de manera colectiva porque era una decisión demasiado grande como para que alguien llegara tan lejos por su cuenta”, indicó Floyd, quien se convirtió en el principal fiscal federal en Seattle durante el segundo mandato del presidente Trump.
Los jueces se guiaron por una ley de 1996 que establece que los “solicitantes de admisión” a Estados Unidos deben permanecer detenidos. Durante mucho tiempo, la ley se interpretó como aplicable a personas que acababan de cruzar la frontera sin permiso legal. Los que llevaban años viviendo en el país quedaban encuadrados en otra norma que permitía audiencias de fianza.
Los jueces de Tacoma pueden parecer figuras poco probables para encabezar un cambio tan radical. Aunque los cuatro —Theresa Scala, entonces jueza principal en Tacoma; John Odell; Tammy Fitting; y Floyd— comenzaron sus carreras como abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, cada uno concedió asilo a tasas ligeramente superiores al promedio nacional.
Floyd, quien dejó Tacoma después de que Trump asumiera el cargo el año pasado para asesorar al FBI en materia de derecho migratorio antes de pasar a su puesto actual, sostuvo que la conclusión de los jueces era una cuestión de equidad basada en la ley.
“Es la interpretación correcta de la ley, y es la única justa, porque si usted entra a Estados Unidos de la manera correcta, llegando y tocando a la puerta para pedir asilo en un puerto de entrada, la ley es 100% clara”, afirmó Floyd. “Y desde el principio ha sido así: usted queda detenido hasta que decidamos si vamos a dejarlo entrar o no”.
Los abogados de inmigración en Tacoma quedaron atónitos. Buscaron por todo el país algo similar y no encontraron nada.
“Desde nuestra perspectiva, fue un impulso bastante descaradamente acusatorio para mantener a la gente encerrada”, comentó Matt Adams, abogado del Northwest Immigrant Rights Project, que demandó en contra de la práctica. El caso aún no ha sido programado para juicio.
La demanda, presentada en marzo de 2025, sostiene que los jueces de Tacoma ignoraron décadas de precedentes.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia, que opera más de 70 tribunales de inmigración en todo el país, no respondió a las solicitudes de comentarios.
El gobierno de Trump adoptó la teoría legal de los jueces
El ICE anunció en julio un cambio importante que refleja la postura de los jueces de Tacoma, al señalar que los inmigrantes que han estado en Estados Unidos durante años son “solicitantes de admisión” si no ingresaron legalmente y, por lo tanto, están sujetos a detención obligatoria.
Comenzó a argumentar en contra de todas las audiencias de fianza. La Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, que fija la política para los tribunales, coincidió con los argumentos del ICE en septiembre.
La cantidad de personas bajo custodia del ICE aproximadamente se duplicó el año pasado, con un pico de alrededor de 75.000 en enero. La agencia planea gastar 38.300 millones de dólares para aumentar la detención a 92.300 camas para finales de noviembre, en gran medida mediante la apertura de almacenes, o “megacentros”, que alojan hasta 10.000 personas cada uno. Los jueces dicen que las redadas masivas del ICE han incrementado la presión.
Unos 2 millones de inmigrantes, que antes tenían opciones de que se considerase una fianza, ahora enfrentan detención obligatoria si son arrestados. Los detenidos inmigrantes han presentado más de 40.000 demandas desde que Trump regresó al cargo hace 16 meses, según un conteo de AP.
Las vidas de los inmigrantes se ven alteradas
A pesar de la postura del gobierno de Trump, muchos inmigrantes han tenido éxito en los tribunales. Algunos jueces federales han ordenado su liberación inmediata, mientras que otros devuelven los casos al tribunal de inmigración para audiencias de fianza.
Victor Cruz, un trabajador de mantenimiento en Portland, Oregon, pasó 24 días en el centro de detención de Tacoma después de que agentes del ICE lo arrestaran sin una orden judicial. Un juez de inmigración le concedió una audiencia de fianza y fue liberado en octubre. Ganó su caso migratorio en febrero.
Cruz, de 56 años, tiene ciudadanos estadounidenses en su familia inmediata y pasa los fines de semana jugando con sus nietos. Guarda una carpeta en su auto con todos sus documentos migratorios, receloso de que las autoridades migratorias puedan detenerlo de nuevo. Contó que conoció a personas en detención que “llevaban allí seis meses, nueve meses”.
En un viernes reciente en Tacoma, Fitting —una de las cuatro juezas originales— celebró audiencias de fianza por orden de un juez federal.
Negó la fianza a un lavaplatos de Oregon con una condena de 2002 por conducir ebrio. Pero concedió una fianza de 14.000 dólares a otro inmigrante sin antecedentes penales, aunque señaló que su vía hacia un estatus legal es precaria.
