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Nueva York recurre a estudiantes universitarios para ayudar a los inmigrantes

Inmigrantes comen pizza donada mientras hacen fila en espera de ser enviados a un albergue y con la esperanza de tener pronto un empleo, en Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/Ruth Hernández Beltran)

La ciudad de Nueva York ha comenzado a recurrir a las universidades del estado para que sus estudiantes ayuden con el complicado proceso de solicitudes de asilo a los miles de inmigrantes que siguen llegando a la ciudad en busca de alojamiento y trabajo.

Los estudiantes que participen de esta iniciativa en otoño obtendrán créditos, anunció hoy la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Ison, en la conferencia semanal para hablar sobre los inmigrantes que desde el año pasado han llegado a la ciudad.

Indicó que poco después de que la ciudad abriera hace un mes el Centro de ayuda para solicitudes de asilo ya se han atendido más de 1.300 inmigrantes, que además han recibido ayuda de una treintena de firmas de abogados que hacen el trabajo pro bono, así como de intérpretes.

«A lo largo de esta crisis, los neoyorquinos se han esforzado para ayudar a sus hermanos necesitados y continúan haciéndolo», señaló la vicealcaldesa, que estuvo acompañada por representantes de las diversas universidades públicas y privadas, lideradas por la Universidad de Nueva York (NYU).

«Estas universidades brindan a los estudiantes la capacidad de obtener crédito por su tiempo ayudando en el centro. Esa es la experiencia de aprendizaje del mundo real, afirmó Williams-Ison, que anunció que han llegado a Nueva York en el periodo de un año más de 95.600 personas, que incluye niños, de los que 56.600 están bajo el cuidado de la ciudad, que les brinda incluye albergue, comidas y otras ayudas, lo que ha creado una crisis humanitaria

Esta cifra se eleva a 107.900 si se incluye a los neoyorquinos sin techo, y -según afirmó Williams-Ison no se descarta ninguna opción para alojarles, incluso parques o islas junto a la ciudad.

«Todo está sobre la mesa y continuaremos viendo todas las opciones que tenemos a medida que estas cifras (de llegada) crecen», afirmó.

Adams ha reclamado al Gobierno federal que acelere el permiso de trabajo para los miles de inmigrantes ya que la ciudad está invirtiendo millones de dólares para brindarles albergue, comidas, asistencia médica, entre otra ayuda.

«Los solicitantes de asilo que llegan a nuestro país buscan construir el sueño americano, y aquí en la ciudad estamos trabajando para darles una oportunidad», afirmó Adams en un comunicado.

Recordó que el Centro de Ayuda para solicitudes de asilo, que anunció el pasado 20 de junio, es un «modelo innovador», el primero en EE. UU. «en combinar (la labor de) el gobierno, los bufetes de abogados privados y las organizaciones sin ánimo de lucro».

Hace un año que la ciudad recibió el primer autobús con inmigrantes enviado por el gobernador republicano de Texas Gregg Abbott, que en un tuit el martes indicó que ha enviado a esta ciudad a más de 10.000 personas. Algunos han llegado también con el apoyo de ONG e iglesias o por cuenta propia desde otros estados.

La ciudad ha tenido que abrir 194 lugares para albergar a los recién llegados y ha puesto en marcha algunas medidas como limitar a 60 días la estadía en los albergues para hombres solteros y ha lanzado además una campaña en la frontera para disuadirles de venir.

Sin embargo, el flujo no se ha detenido con tres autobuses que llegaron anoche desde Texas y otros que se esperaban hoy, mientras continúa la cola de inmigrantes -aunque más corta- que el fin de semana llegaron a un centro de procesamiento en Manhattan, donde cientos, con notable presencia de senegaleses, han dormido por días a la intemperie y sin baños en espera de que se les envíe a un refugio.

Bailarinas demandan a Lizzo por acoso sexual y ambiente laboral hostil

ARCHIVO - Lizzo se presenta en el United Center el 17 de mayo de 2023 en Chicago. Lizzo fue demandada por tres exbailarinas que acusan a la ganadora del Grammy de acoso sexual y alegan que la cantante y su equipo de producción crearon un ambiente de trabajo hostil. La demanda civil presentada el martes 1 de agosto de 2023 en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)

Lizzo fue demandada por tres exbailarinas que acusan a la ganadora del Grammy de acoso sexual y alegan que la cantante y su equipo de producción crearon un ambiente laboral hostil.

La demanda civil presentada el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Angeles afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que interactuaran con artistas desnudos en un club en Ámsterdam y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla.

Las demandantes Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez presentaron numerosos cargos que incluyen acoso sexual, religioso y racial, discriminación por discapacidad, agresión y privación de la libertad.

La demanda busca una indemnización no especificada y acusa a Melissa Viviane Jefferson, conocida profesionalmente como Lizzo, su productora Big Grrrl Big Touring, Inc., y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile de la artista.

Los representantes de Lizzo no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios sobre la demanda.

El expediente judicial afirma que después de realizar un concierto en Ámsterdam, Lizzo y su equipo asistieron a un espectáculo de temática sexual en un club en el famoso Barrio Rojo de la ciudad donde “Lizzo comenzó a invitar a las integrantes del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos”. Durante el espectáculo, Lizzo comenzó una cantaleta para presionar a Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas que actuaban en el club, según el expediente.

“Finalmente, la cantaleta se volvió abrumadora y Davis, mortificada, accedió en un intento de poner fin al escándalo”, dice la denuncia. “Las demandantes estaban horrorizadas por la poca consideración que mostraba Lizzo ante la autonomía corporal de sus trabajadoras y quienes la rodeaban, especialmente en presencia de muchas personas de las que era empleadora”.

Lizzo, quien habitualmente defiende la positividad corporal, también está acusada de criticar a Davis por su aumento de peso después de acusar a la bailarina de no estar comprometida con su empleo. Davis fue despedida en mayo por grabar una reunión durante la cual Lizzo les había dado notas a las bailarinas sobre sus actuaciones, según la denuncia.

Quigley, quien se desempeñó como jueza en el reality “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, un concurso de baile cuyas ganadoras eran elegidas para formar parte del elenco del show de la cantante, está acusada en la demanda de imponer sus creencias cristianas a las bailarinas. El expediente judicial afirma que Quigley se refirió a Davis como una “no creyente” y les dijo a sus compañeras de trabajo que “ningún empleo ni nadie me impedirá hablar del Señor”.

A principios de este año, Lizzo ganó el Grammy a la grabación del año por su éxito “About Damn Time”. Una gira mundial en apoyo a su cuarto álbum de estudio, “Special” de 2022, concluyó el mes pasado.

La otra realidad de la investigación internacional sobre el caso Ayotzinapa

Carlos Beristain y Ángela Buitrago asisten a una conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en la Ciudad de México, el martes 25 de julio de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Manejar una “realidad doble”. Eso fue lo que más desconcertó a los expertos internacionales que investigaron durante ocho años el crimen de mayor impacto en la historia reciente de México: la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de magisterio. Nunca habían visto algo parecido en otras misiones.

“Estás como en una película, están pasado cosas y dices ‘esto no es real’” y hay que discernir, en equipo, qué es cierto y qué no para tomar decisiones rápidas pero con distancia y evitar así quedar “entrampado”, explicó el médico español Carlos Beristain. “Era un ejercicio permanente, muy cansador, muy estresante”. Además, la falsa realidad era, paradójicamente, la mejor documentada.

La presión bajó con el cambio de gobierno, pero los obstáculos continuaron. Por eso esta semana el equipo se fue del país tras reconocer que renovar su mandato no lo llevaría a ninguna parte.

Beristain y la exfiscal colombiana Ángela Buitrago formaron parte del grupo enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ayudar a esclarecer el conocido como “caso Ayotzinapa”, un “crimen de Estado” , según el actual gobierno, porque en él participaron -durante el ataque o su encubrimiento- autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles coludidas con el crimen organizado.

Poco antes de entregar sus pasaportes diplomáticos, los expertos compartieron con The Associated Press la parte menos conocida de su trabajo: los absurdos en los que se vieron inmersos, la frustración por no conocer todavía qué pasó con los jóvenes pero también la satisfacción de dejar pruebas suficientes para seguir avanzando si hay voluntad política para hacerlo.

Ambos dijeron sentirse agradecidos con los padres de los estudiantes, campesinos que dieron sentido a su trabajo y que desde el primer momento sólo les pidieron dos cosas: que no les mintieran y que no se vendieran. La segunda exigencia la entendieron mucho después, reconoció Beristain, cuando fueron conscientes del poder corruptor de las instituciones.

El grupo -primero conformado también por la exfiscal general de Guatemala Claudia Paz, el penalista chileno Francisco Cox y el abogado colombiano Alejandro Valencia- estuvo en México en dos periodos: 14 meses durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y tres años durante la actual de Andrés Manuel López Obrador.

Sintieron que el primer gobierno los expulsó -aunque técnicamente lo que hizo fue no renovarles el mandato-, cuando empezaron a derrumbar la versión oficial de los hechos de que los 43 jóvenes habían sido quemados en un basurero y sus restos tirados a un río y sugirieron que estaba basaba en la manipulación de pruebas y torturas, como después constataron la justicia y la fiscalía.

Ahora, pese a los avances y detenciones registradas -como la de una docena de militares o la del ex Procurador General -, su trabajo quedó bloqueado por el Ejército y la Marina que siguen ocultando información, denunciaron.

Buitrago recordó los primeros meses de 2015 leyendo junto a Cox y Paz los 85 tomos del expediente -de un millar de páginas cada uno- en un sótano lúgubre y que ante cualquier incongruencia que comentaban aparecía algo nuevo que lo aclaraba.

Si se preguntaban cómo con unos pocos kilos de madera se había podido mantener viva una hoguera bajo la lluvia para calcinar a 43 personas, a la semana les avisaban de la captura de un nuevo detenido que, causalmente, confesaba haber utilizado más madera y además, llantas y combustible, explicó Buitrago. “Llegó el momento que me pidieron (sus colegas) no volver a decir lo que faltaba», agregó la colombiana.

También les llamaba la atención la honestidad de los delincuentes mexicanos, que siembre confesaban “voluntariamente» y casi de forma exacta haber participado en el crimen aunque el motivo de la detención fuera, por ejemplo, llevar drogas y armas. O la torpeza de un supuesto criminal que aunque teóricamente había participado en la desaparición masiva no dudó en ir a hacer unos trámites a la Procuraduría, donde lo arrestaron.

“Esto no se da en una vida criminal nunca”, aseguró Buitrago.

La exfiscal y también socióloga calificó ese periodo como una especie de baile de “máscaras” donde las autoridades por un lado intentaban impresionarlos y agradarles y por el otro hacían todo lo posible, fuera legal o no, para que su versión se mantuviera en pie.

Siempre hubo funcionarios que los ayudaron pese al miedo, afirmaron. Otros, sin embargo, los recibieron presumiendo de sus lecturas sobre “técnicas de tortura”.

Cuanto más se desmontaba la versión oficial, más acosados se sentían. “Yo empecé a no dormir”, reconoció Beristain. “Era evidente que había una estrategia para envolvernos, que no era muy explícita, que tú no la podías denunciar, pero que era evidente” destinada a «hacernos pagar un costo político a nosotros y que no hubiera avances”.

Según ambos, la cohesión del equipo los salvó. El jardín del hotel donde se alojaban fue la “sala antiestrés”. Buitrago, Cox y Paz discutían conceptos jurídicos. Beristain y Valencia apostaban por la interacción constante con las familias para sentir el dolor detrás del expediente.

No faltaron las anécdotas, algunas hasta absurdas. Buitrago todavía suelta una carcajada cuando recuerda la visita a una zona peligrosa llamada La Carnicería donde pese a llevar una escolta de 150 policías fueron duramente atacados, pero por avispas. Un enjambre cayó sobre ella y quedó totalmente cubierta. Mantener la sangre fría y no moverse la salvó. Los que acabaron con graves picaduras fueron algunos agentes que salieron corriendo.

El grupo recorrió gran parte de Guerrero, el empobrecido estado plagado de pequeños cárteles donde tuvo lugar la desaparición, en busca de pruebas y fosas clandestinas. Muchas veces solos, metiéndose «en la boca del lobo”, dijo Buitrago, como cuando reconstruyeron los hechos de la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala.

Hablaron con testigos, funcionarios, criminales y estuvieron a punto de ser atacados a tiros cuando llegaron en helicóptero a una cárcel porque, según les confesó luego una autoridad del penal, nadie avisó de su llegada para entrevistar a un preso y temieron que fuera una fuga.

El actual gobierno dio un giro a la investigación, creó una Comisión de la Verdad, permitió a los expertos regresar y hubo detenciones clave, pero volvió a caer en la tentación de hacer afirmaciones sin pruebas sólidas y los militares siguieron bloqueando información pese a las órdenes de colaborar que el propio presidente, al menos en público, les había dado. Ahí fue cuando parte del grupo consideró inútil seguir. Sólo Buitrago y Beristain decidieron continuar.

Uno de los peores momentos de aquella época fue cuando consiguieron nuevas pruebas de las torturas, muchas realizadas en espacios de la Marina, y tuvo que ver horas de vídeos que Buitrago cree que los perpetradores grabaron tal vez para mostrar que cumplían órdenes. Usaban electricidad, agua, bolsas y amenazas de traer a sus mujeres y violarlas. “Duré una semana y media en que me sentía como asfixiada”.

Los padres, coincidieron ambos expertos, fueron un ejemplo de dignidad. La relación llegó a ser tan cercana que los llamaban “tíos”. En los últimos días bromeaban con quitarles los pasaportes para impedir que se marcharan.

Ellos seguirán buscando a sus hijos y la verdad, que sigue escurriéndose entre documentos clasificados. Al preguntarles a los expertos si creen que hay alguna persona que realmente sabe lo que sucedió respondieron al unísono: “Sí, mucha”. El caso sigue abierto.

Condenado a pena de muerte el autor del tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh en 2018

Fotografía de archivo de varias personas que dejaron ofrenda de flores en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania) después de un tiroteo. EFE/EPA/VINCENT PUGLIESE

Un jurado popular decidió este miércoles condenar a pena de muerte al autor del tiroteo que mató a once personas en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania) en 2018, considerado el mayor atentado antisemita de la historia de Estados Unidos, informaron medios locales.

Tras una deliberación de más de 10 horas, el jurado votó por unanimidad a favor de enviar al corredor de la muerte a Robert Bowers, una decisión que es vinculante para el juez que debe firmar la sentencia.

El jurado es el mismo que en junio pasado declaró culpable al autor del tiroteo de los 63 cargos que se le imputaban, incluido el delito de odio, que en Pensilvania puede conllevar la pena de muerte.

Tras esa fase, el jurado debía decidir si pedía al juez que le impusiera la cadena perpetua o la pena capital, opción por la que finalmente se decantó.

Según la CNN, esta es la primera sentencia de muerte que se impone por un jurado federal desde que Joe Biden es presidente de Estados Unidos.

Bower, residente en Pittsburgh, asaltó el 27 de octubre de 2018 la sinagoga Árbol de la Vida, donde miembros de tres congregaciones judías realizaban actividades del Sabbat, y comenzó a disparar de manera indiscriminada al tiempo que gritaba: «Todos los judíos deben morir».

El tiroteo provocó 11 muertos y otros seis heridos y se convirtió en el atentado antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Bowers, quien hoy tiene 50 años, sufre problemas mentales, pero el jurado determinó que tenía un plan preciso para asesinar a judíos.

The Pittsburgh synagogue gunman will be sentenced to death for the nation’s worst antisemitic attack

In this combo image made from photos provided by the United States District Court Western District of Pennsylvania are the victims of the Oct. 27, 2018, assault on the Tree of Life synagogue in Pittsburgh.. top row, from left, Joyce Fienberg, Richard Gottfried, Rose Mallinger, Jerry Rabinowitz, Cecil Rosenthal, and David Rosenthal; bottom row, from left, Bernice Simon, Sylvan Simon, Dan Stein, Melvin Wax, and Irving Younger. (Photo: AP/United States District Court Western District of Pennsylvania)

PITTSBURGH. — The gunman who stormed a synagogue in the heart of Pittsburgh’s Jewish community and killed 11 worshippers will be sentenced to death for perpetrating the deadliest antisemitic attack in U.S. history, a jury decided Wednesday.

Robert Bowers spewed hatred of Jews and espoused white supremacist beliefs online before methodically planning and carrying out the 2018 massacre at the Tree of Life synagogue, where members of three congregations had gathered for Sabbath worship and study. Bowers, a truck driver from suburban Baldwin, also wounded two worshippers and five responding police officers.

The same federal jury that convicted the 50-year-old Bowers on 63 criminal counts recommended that he be put to death for an attack whose impacts continue to reverberate nearly five years later. He showed little reaction as the sentence was announced, briefly acknowledging his legal team and family as he was led from the courtroom. A judge will formally impose the sentence Thursday.

Jurors were unanimous in finding that Bowers’ attack was motivated by his hatred of Jews, and that he chose Tree of Life for its location in one the largest and most historic Jewish communities in the U.S. so that he could “maximize the devastation, amplify the harm of his crimes, and instill fear within the local, national, and international Jewish communities.” They also found that Bowers lacked remorse.

The family of 97-year-old Rose Mallinger, who was killed in the attack, and her daughter, Andrea Wedner, who was shot and wounded, thanked the jurors and said “a measure of justice has been served.”

“Returning a sentence of death is not a decision that comes easy, but we must hold accountable those who wish to commit such terrible acts of antisemitism, hate, and violence,” the family said in a written statement.

Bowers’ lead defense attorney, Judy Clarke, declined comment.

The verdict came after a lengthy trial in which jurors heard in chilling detail how Bowers reloaded at least twice, stepped over the bloodied bodies of his victims to look for more people to shoot, and surrendered only when he ran out of ammunition. In the sentencing phase, grieving family members told the jury about the lives that Bowers took — elderly people and intellectually disabled brothers among them — and the unrelenting pain of their loss. Survivors testified about their own lasting pain, both physical and emotional.

Through it all, Bowers showed little reaction to the proceeding that would decide his fate — typically looking down at papers or screens at the defense table — though he could be seen conversing at length with his legal team during breaks. He told a psychiatrist that he thought the trial was helping to spread his antisemitic message.

It was the first federal death sentence imposed during the presidency of Joe Biden, who pledged during his 2020 campaign to end capital punishment. Biden’s Justice Department has placed a moratorium on federal executions and has declined to authorize the death penalty in hundreds of new cases where it could apply. But federal prosecutors said death was the appropriate punishment for Bowers, citing the vulnerability of his mainly elderly victims and his hate-based targeting of a religious community.

“While today’s unanimous decision by a federal jury in Pittsburgh is an important act of accountability, it will never bring back the eleven people who lost their lives or heal the grief and trauma of their loved ones,” said White House principal deputy press secretary Olivia Dalton, adding that Biden was “praying for the victims’ families, and for all those in the broader community who have been so deeply impacted by this tragedy.”

Almost all of the victims’ families said Bowers should die for his crimes.

“Many of our members prefer that the shooter spend the rest of his life in prison, questioning whether we should seek vengeance or revenge against him or whether his death would ‘make up’ for the lost lives,” according to a statement from Stephen Cohen and Barbara Caplan, co-presidents of New Light Congregation, which lost three members in the attack.

But the congregation as a whole, they wrote, «accepts the jury’s decision and believes that, as a society, we need to take a stand that this act requires the ultimate penalty under the law.»

Bowers’ lawyers never contested his guilt, focusing their efforts on trying to save his life. They presented evidence of a horrific childhood marked by trauma and neglect. They also claimed Bowers had severe, untreated mental illness, saying he killed out of a delusional belief that Jews were helping to cause a genocide of white people. The defense argued that schizophrenia and brain abnormalities made Bowers more susceptible to being influenced by the extremist content he found online.

The prosecution denied mental illness had anything to do with it, saying Bowers knew exactly what he was doing when he violated the sanctity of a house of worship by opening fire on terrified congregants with an AR-15 rifle and other weapons, shooting everyone he could find.

The jury sided with prosecutors, specifically rejecting most of the primary defense arguments for a life sentence, including that he has schizophrenia and that his delusions about Jewish people spurred the attack. Jurors did find that his difficult childhood merited consideration, but gave more weight to the severity of the crimes.

Bowers blasted his way into Tree of Life on Oct. 27, 2018, and killed members of the Dor Hadash, New Light and Tree of Life congregations, which shared the synagogue building.

The deceased victims, in addition to Mallinger, were Joyce Fienberg, 75; Richard Gottfried, 65; Dr. Jerry Rabinowitz, 66; brothers David Rosenthal, 54, and Cecil Rosenthal, 59; Bernice Simon, 84, and her husband, Sylvan Simon, 86; Dan Stein, 71; Melvin Wax, 87; and Irving Younger, 69.

Bowers, who traded gunfire with responding officers and was shot three times, told police at the scene that “all these Jews need to die,” according to testimony. Ahead of the attack, he posted, liked or shared a stream of virulently antisemitic content on Gab, a social media platform popular with the far right. He has expressed no remorse for the killings, telling mental health experts he saw himself as a soldier in a race war, took pride in the attack and wished he had shot more people.

In emotional testimony, the victims’ family members described what Bowers took from them. “My world has fallen apart,” Sharyn Stein, Dan Stein’s widow, told the jury.

Survivors and other affected by the attack will have another opportunity to address the court — and Bowers — when he is formally sentenced by the judge.

The synagogue has been closed since the shootings. The Tree of Life congregation is working on an overhauled synagogue complex that would house a sanctuary, museum, memorial and center for fighting antisemitism.

“It was a challenge to move forward with the looming specter of a murder trial,» said Rabbi Jeffrey Myers of the Tree of Life Congregation, who survived the attack. “Now that the trial is nearly over and the jury has recommended a death sentence, it is my hope that we can begin to heal and move forward.”

De Lincoln a Trump, el tribunal de Washington que ha marcado historia

EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Desde el asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865 hasta Watergate bajo el Gobierno de Richard Nixon (1969-1974), y ahora la imputación de Donald Trump, la corte federal del distrito de Columbia ha estado en el centro de los principales escándalos de la historia de EE. UU.

Desde la entrada principal al juzgado, en la avenida de Pensilvania, en Washington DC, se ve la cúpula del Capitolio, sede del Congreso del país y escenario hace poco más de dos años de un asalto por parte de cientos de seguidores de Trump.

Mañana, jueves, el exmandatario volverá a la capital estadounidense para escuchar los cargos contra él tras haber sido acusado el martes de supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y haber promovido falsedades que llevaron al ataque contra el Capitolio.

Tras las gruesas paredes de hormigón del edificio, rodeado estos días por decenas de cámaras de televisión, se ha decidido el destino tanto de las figuras más prominentes en la historia de EE. UU. como de ciudadanos anónimos.

Uno de los primeros casos más sonados en esta corte fue el de Mary Surrat, una de las implicadas en el asesinato de Lincoln, quien pidió en 1865 al tribunal (entonces conocido como Tribunal Supremo del Distrito de Columbia) que revocara su sentencia de muerte.

Surrat era la dueña de la casa donde se planeó el magnicidio: La corte falló en contra de la mujer, pero el sucesor de Lincoln, el presidente Andrew Johson (1865-1869), ordenó que se cumpliera la orden de un tribunal militar y que fuera ejecutada.

Otro asesinato que marcó a la incipiente nación de EE.UU y cuyo autor pasó por la corte federal fue el del vigésimo presidente del país, el republicano James Garfield, en 1882. Charles Guiteau, quien disparó al entonces mandatario en una estación de tren, fue condenado a pena de muerte, pese a que su defensa intentó probar que sufría fuertes trastornos mentales.

ESCÁNDALOS EN LOS GOBIERNOS DE NIXON Y REAGAN

Poco más de un siglo después, el escándalo que acabó con el Gobierno de otro presidente republicano Richard Nixon fue investigado por la principal corte federal de la capital.

Los funcionarios del Ejecutivo de Nixon involucrados en la investigación del caso Watergate testificaron frente a este tribunal, que condenó a varios de ellos, incluido el fiscal general John Mitchell y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca Harry Robbins Haldeman por obstrucción a la justicia y conspiración, entre otras acusaciones.

El escándalo, que se inició con el arresto de cinco exasesores del exmandatario que intentaron entrar a la sede del Partido Demócrata en Washington para instalar micrófonos secretos, llevó a la salida de Nixon del poder en 1974, semanas antes de que acabara su mandato.

Otra causa famosa que aterrizó en esta corte es la Irán-Contra, durante la Administración del conservador Ronald Reagan (1981-1989), cuando se reveló que el Gobierno vendió armas a Irán a cambio de rehenes y de ganancias que usó para financiar a grupos armados en Nicaragua.

Los acusados en este escándalo, entre ellos los asesores presidenciales Robert McFarlane, el coronel Oliver North y el almirante John Poindexter, fueron condenados en 1986 por delitos como obstrucción de una investigación legislativa y destrucción de documentos.

Ahora, 37 años después, queda por ver qué deparará el juicio contra Trump en este tribunal, aunque todavía se desconoce la fecha de su comienzo. Por el momento el expresidente está citado para la lectura de cargos en su contra mañana en un proceso que se espera largo, pese a la intención del fiscal especial que lo lleva de que sea rápido.

Burnout, low pay and politics are driving away teachers. Turnover is soaring for educators of color

La maestra del distrito escolar de Filadelfia, Rhonda Hicks, posa para un retrato en su casa en Filadelfia, el jueves 20 de julio de 2023. A Hicks le encantaba enseñar y amaba a sus alumnos, pero otros aspectos del trabajo se deterioraron. Cuando se jubile pronto, se unirá a un número desproporcionadamente alto de maestros e hispanos en su estado que dejarán la profesión. (Foto: AP/Michael Pérez)

HARRISBURG, Pa. — Rhonda Hicks could have kept working into her 60s. She loved teaching and loved her students in Philadelphia’s public schools. As a Black woman, she took pride in being a role model for many children of color.

But other aspects of the job deteriorated, such as growing demands from administrators over what and how to teach. And when she retires in a few weeks, she will join a disproportionately high number of Black and Hispanic teachers in her state who are leaving the profession.

“I enjoy actually teaching, that part I’ve always enjoyed,” said Hicks, 59. “Sometimes it’s a little stressful. Sometimes the kids can be difficult. But it’s the higher-ups: ‘Do it this way or don’t do it at all.’”

Teachers are leaving jobs in growing numbers, state reports show. The turnover in some cases is highest among teachers of color. A major culprit: stress — from pandemic-era burnoutlow pay and the intrusion of politics into classrooms. But the burdens can be heavier in schools serving high-poverty communities that also have higher numbers of teachers of color.

In Philadelphia, a city with one of the highest concentrations of Black residents in the U.S., the proportion of Black teachers has been sliding. Two decades ago, it was about one-third. Last fall, it fell to below 23%, according to district figures.

In the school buildings where Hicks taught, most teachers were white. She said she and other teachers of color were expected to give more of themselves in a district where half the students are Black.

Philadelphia school district teacher Rhonda Hicks poses for a portrait at her home in Philadelphia, Thursday, July 20, 2023. Hicks loved teaching and loved her students, but other aspects of the job deteriorated. When she retires soon, she will join a disproportionately high number of Black and Hispanic teachers in her state who are leaving the profession. (Photo: AP/Michael Perez)

“A lot of times when you see teachers that are saving Black and brown kids on TV, it’s always the white ones,” Hicks said. “There are Black teachers and Hispanic teachers out there that do the same thing in real life, all the time.”

Nationally, about 80% of American public school teachers are white, even though white students no longer represent a majority in public schools. Having teachers who reflect the race of their students is important, researchers say, to provide students with role models who have insight into their culture and life experience.

The departures are undoing some recent success that schools have had in bringing on more Black and Hispanic teachers. Turnover is higher among newer teachers. And researchers have found that teachers of color, who tend to have less seniority, often are affected disproportionately by layoffs.

In Pennsylvania, Black teachers were more than twice as likely to leave the profession as white teachers after the 2021-22 school year, according to a data analysis by Ed Fuller, an education professor at Penn State. Hispanic and multiracial teachers had a similar ratio, of around twice as likely.

Black and Hispanic teachers are more likely to be uncertified or teaching in an underfunded district, all of which is associated with someone leaving the profession at a higher rate, Fuller said.

“They’re in more precarious teaching positions, meaning you’re in a position with less resources and worse working conditions, so you’re more likely to quit no matter who you are,” Fuller said.

Sharif El-Mekki, a former Philadelphia teacher who leads the Center for Black Educator Development, said schools around the country come to him seeking help in recruiting teachers of color. But they don’t have plans to retain them, such as providing opportunities to help shape policies and curricula.

To address the problem, schools can start by ensuring students of color have better experiences in school themselves and offering them opportunities to consider teaching, El-Mekki said. Black teachers also are more likely stay on in school systems that have Black leaders, he said, as well as a culture and approaches to teaching that are anti-racist.

“We need to think about, ‘How are they experiencing my school?’” he said. “If they are having a better experience with us, they are more likely to stay.”

The Living the Legacy award given to Rhonda Hicks is shown at her home in Philadelphia, Thursday, July 20, 2023. The award is from the American Federation of Teachers in recognition of 30 years of exceptional leadership and union advocacy in support of women’s rights. (Photo: AP/Michael Perez)

Attrition by teachers of color can vary greatly by state or region. Overall, it has been higher compared with white teachers for two decades, since around the time federal policies began encouraging the closure of schools with low test scores, said Travis Bristol, a professor of teacher education and education policy at the University of California-Berkeley.

In underfunded schools with large populations of Black and Hispanic children, teachers say they can expect more responsibilities, fewer resources and more children troubled by poverty and violence.

“I’m still in the classroom because this is my version of resistance and pushing back on a system that was not designed for folks that look like me and kids that look like me,” said Sofia Gonzalez, a 14-year teacher of Puerto Rican heritage in Chicago-area public schools. “We as teachers of color have to find so much inner strength inside of us to sustain our careers in education.”

The last few years have been a trying stretch for teachers everywhere. They’ve had to navigate COVID-19, a pivot to distance learning and the struggles with misbehavior and mental health that accompanied students’ return to classrooms.

Then there’s the pay: Educators’ salaries have been falling behind their college-educated peers in other professions.

Teachers unions have warned of flagging morale, and there are signs lately that more educators are heading for the exits. Data from at least a handful of states — including Pennsylvania, North Carolina, Texas and Washington — is showing an increase in teacher attrition.

Black teachers reported significantly higher rates of burnout and being significantly more likely to leave their job than white teachers, according to research sponsored by two national teachers unions and published in June by the Rand Corp. think tank.

Chantle Simpson, 36, taught her last day of school this spring in Frisco, Texas, ending her 11-year career as a teacher.

She described an exodus of her fellow teachers of color from the profession amid growing expectations from administrators, who put more work on teachers by repeatedly appeasing demands from parents.

Administrators — including those who are Black or Hispanic — put more pressure on Black and Hispanic teachers, she said.

“They believe we can handle more,” Simpson said. “Because we develop relationships better, the kids understand us more, so they’re more likely to behave for us or do what we ask them to. So we get fitted with the children who are more challenging or have more requirements. It’s crazy.”

That leaves those teachers with less time for the rest of their better-behaved students, Simpson said.

“I always was conflicted by it,” Simpson said. “It’s mixed with praise, but it’s a punishment. ‘Oh, you’re so great at building relationships, the kids really appreciate being with you, they respond to you.’ But at the same time, you’re increasing my workload, you’re increasing the amount of attention I have to give to one child versus my whole class.”

Solicitan que se declare el estado de emergencia en Puerto Rico ante crisis de seguridad

Fotografía de archivo donde aparece el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan, Puerto Rico.- El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, solicitó este miércoles al gobernador Pedro Pierluisi que declare el estado de emergencia ante la crisis de seguridad en la isla.

Esta solicitud llega después de que en la última semana se registrara la tercera masacre del año en la isla, fueran asesinadas dos menores de 13 y 15 años y muriera un sargento en un tiroteo, entre otros crímenes.

Hernández Ortiz pidió en un comunicado al gobernador y al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, que declaren una emergencia y que apliquen «un plan que pueda darle tranquilidad al país».

«Cada día estamos más preocupados. Hay que aceptar que estamos viviendo una crisis terrible de seguridad», señaló el presidente de la asociación, que engloba a los alcaldes del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

El también alcalde del municipio de Villalba lamentó en su nota la muerte del sargento Pedro Torres Santos, de 59 años, el pasado lunes frente a una panadería en Trujillo Alto, donde trabajaba a tiempo parcial como guardia de seguridad.

Hernández Ortiz explicó que los sicarios ya no respetan ni a los uniformados y denunció una merma de policías estatales en los cuarteles.

«Hay una realidad, y es que policías municipales han asumido responsabilidades que, desde un inicio, no les competen, puesto que dicho cuerpo fue creado para apoyar la labor de agentes estatales y no para sustituirlos», comentó.

Junto al caso del sargento, la sociedad puertorriqueña quedó conmocionada la semana pasada con el mencionado asesinato de las dos menores en Piñones y de un adolescente y dos jóvenes en Carolina.

Estos crímenes, que están relacionados, llevaron al comisionado de la Policía a instar a los jóvenes a alejarse de «las malas influencias».

Según los últimos datos proporcionados por la Policía, en lo que va de año se han registrado 245 asesinatos en Puerto Rico, una isla con poco más de 3 millones de habitantes donde estos crímenes están en general ligados a ajustes de cuentas entre bandas.

Ejército de EE. UU. creará viviendas asequibles para sus miembros en Miami

Archivo. EFE/EPA/ADAM WARZAWA

El Ejército estadounidense anunció este martes un primer proyecto de construcción de «viviendas privatizadas» y «asequibles» cerca de Miami para sus miembros, ante el alto coste de muchas áreas próximas a la sede del Comando Sur de EE. UU.

Desde la inauguración en 2010 de la sede actual del Southcom (Comando Sur) en Doral, aledaña a Miami, los miembros del servicio estacionados en la guarnición del Ejército en Miami «han luchado para encontrar viviendas adecuadas y asequibles que estuvieran cerca de su lugar de destino», dijo Rachel Jacobson, Subsecretaria del Ejército para Instalaciones, Energía y Medio Ambiente.

Jacobsons señaló en un comunicado que el nuevo proyecto, denominado Cadence Communities, proporcionará viviendas de calidad «que se necesitan desesperadamente para quienes están estacionados en Miami».

Se prevé la construcción de un complejo con 75 viviendas familiares y 60 apartamentos de dos habitaciones para miembros del servicio no acompañados en un terreno federal de 51 acres (20.655 hectáreas), unas tierras que fueron recientemente transferidas al Ejército por la Administración Federal de Aviación sin costo alguno, indicó el comunicado.

Lendlease, la firma seleccionada por el Ejército para llevar a cabo el proyecto invertirá 110 millones de dólares en la construcción del nuevo complejo de viviendas.

Bajo Cadence Communities se reconstruirá también un complejo de viviendas existente de 8,5 acres (3.400 hectáreas) en Tobyhanna Army Depot, en Pensilvania, lo que implicará la demolición de 26 vivienda antiguas y la construcción de 35 nuevas.

El objetivo del proyecto Cadence Communities, que actuará en otras cuatro instalaciones, es privatizar centenares de unidades de vivienda familiar que actualmente son propiedad del Gobierno.

Así, el nuevo proyecto logrará el «objetivo estratégico de privatizar el inventario restante de viviendas donde sea factible y apoyará la construcción de nuevas viviendas para cumplir con los requisitos de vivienda de misión crítica para los miembros del servicio», dijo Jacobson.

Miembros de la construcción mecánica en Puerto Rico busca hacer negocios con España

Una delegación de 80 representantes de la industria de la construcción mecánica de Puerto Rico se ha desplazado a España para identificar oportunidades de negocio con funcionarios y empresarios españoles. (Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

San Juan, Puerto Rico.- Una delegación de 80 representantes de la industria de la construcción mecánica de Puerto Rico se ha desplazado a España para identificar oportunidades de negocio con funcionarios y empresarios españoles.

Así lo informó este miércoles Chaucey Ching, presidente de la Asociación de Contratistas Mecánicos de Puerto Rico (MCA, en inglés), quien en un comunicado de prensa explicó que la agencia de la delegación del ente está enfocada en dos pilares fundamentales.

Estos son: brindar una amplia capacitación a sus miembros con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimientos técnicos mediante conferencias, visitas técnicas al Estadio Santiago Bernabéu y relaciones de negocio que permitan compartir mejores prácticas y explorar la última tecnología en el campo de la ingeniería mecánica.

Y, en segundo lugar, explorar oportunidades para fortalecer la industria y promover su crecimiento.

«Durante la Convención de la MCA, los delegados establecerán conexiones estratégicas con profesionales y empresas destacadas del sector en España, especialmente en las ciudades de Madrid y Barcelona», especificó Ching.

«Estas alianzas buscarán fomentar la transferencia de conocimientos, la colaboración y la identificación de oportunidades de negocio para los socios de la MCA y las 30 empresas puertorriqueñas que estos representan», añadió.

Además, durante la Convención Anual se ha puesto un énfasis especial en explorar oportunidades para atraer materiales de construcción de alta calidad a Puerto Rico.

«La MCA reconoce la importancia de contar con materiales de primera categoría para impulsar proyectos de ingeniería mecánica de vanguardia en la isla», sostuvo Ching.

«Por ello, se han establecido contactos clave con proveedores internacionales y se han evaluado opciones de materiales que cumplan con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad», resaltó.

Ching dijo además que se reunirá con representantes de Madrid Nuevo Norte, quienes lideran el proyecto de «smart city» más importante y ambicioso de Europa, cuya inversión fluctúa en 28.000 millones de dólares y alrededor de 350.000 empleos.