En Pensilvania está el Centro de Detención de Familias del Condado de Berks (BCRC, por sus siglas en inglés). Es uno de los tres centros de detención de familias inmigrantes que hay en Estados Unidos. En el BCRC, los niños, incluso de dos semanas de edad, han estado encarcelados y sus familias han sido retenidas por más de un año.
Al principio, la mayoría de las familias detenidas eran latinoamericanas; ahora son de varios países del mundo. El gobernador Tom Wolf tiene el poder de emitir una Orden de Remoción por Emergencia, y no lo ha hecho.
Shut Down Berks
La Coalición por el Cierre del centro de detención de Berks es un grupo de organizaciones y personas que luchan de manera constante para cerrar esa prisión familiar en Pensilvania, y para terminar con la encarcelación a familias inmigrantes en EE. UU., Los miembros de esta coalición incluyen a organizadores, abogados, líderes inmigrantes y aliados.
Jasmine Marina Rivera es una de las fundadoras de esa coalición y ha visitado ese centro de detención. “Debido al COVID-19 se han suspendido las visitas sociales. Sin embargo, cuando estuve en una visita, supe que se hacían chequeos cada 20 minutos con linterna durante la noche; por tanto, es difícil tener un descanso total. Las familias y niños padecen de estrés, ya que no saben cuándo se los van a llevar para ser deportados”, afirma.
Precisa que “hay escasez de comida, que de cualquier manera, no es buena ni nutritiva. Incluso, se le envió al gobernador Wolf un video de un hombre de Siria que perdió 60 libras de peso en seis meses”.
Las familias sufren estrés, desnutrición, trauma psicológico, y llegan a perder la esperanza. Los niños son privados de la libertad como sus padres. “Es imposible para los niños tener una educación adecuada en condiciones de trauma, por el miedo constante a la deportación”, explica.
En diciembre pasado, las autoridades de inmigración trajeron a familias infectadas del virus al centro de detención, y seis empleados dieron positivo por COVID-19, así como una familia detenida, que fue puesta en aislamiento.
Jasmine nació en la ciudad de Chicago, de padres de ascendencia mexicana. A los siete años, junto con sus dos hermanos, se mudó a Arizona, ya que sus padres consideraron que ahí había un futuro mejor para la familia. Vivió en Scottsdale, que forma parte del área metropolitana de Phoenix.
“Era la única mexicana en mi clase y el distrito escolar me puso en el programa de inglés como segundo idioma, a pesar de que era la mejor estudiante de mi clase en el tercer grado. Creo que me trataron de ayudar porque tenía un impedimento del habla”. En la secundaria se dio cuenta del racismo institucional hacia los mexicanos. “Tenía amigos de Rusia, de Irán de la India y no eran tratados como se trataba a los mexicanos”. Recuerda al alguacil republicano Joe Arpaio, de Maricopa, partidario de la ley anti-inmigratoria SB 1070. Muchos inmigrantes indocumentados se quedaban en casa, debido a que la policía los detenía por su perfil racial y les averiguaban su estatus migratorio.
Antes de graduarse del Sarah Lawrence College, trabajó un verano como organizadora en el campus universitario Camden-Rutgers, en Nueva York. Tiempo después se mudó a Filadelfia, donde trabajó para Public Interest Research Groups, una federación de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a organizar a las comunidades y a abogar por protección al consumidor, salud pública y transporte.
También trabajó en Action United, una organización dedicada a atender problemas sociales que afectan a las familias de ingresos bajos y moderados.
Jasmine se ha dedicado a organizar a las comunidades negras y latinas en esta ciudad. En 2013, Adriana Arvizo la reclutó como organizadora de jóvenes en Juntos. Era el tiempo de la lucha para terminar con la “poli-migra”, como se conocía a la colaboración entre la policía y las autoridades de inmigración. Esto les permitía compartir una base de datos y averiguar el estatus migratorio de la persona detenida por infracciones de tráfico, lo que en la mayoría de los casos resultaba en su deportación.
Una de las victorias de Jasmine fue su colaboración para hacer aprobar la ley de pago por días de enfermedad, y que Filadelfia se considere como una ciudad santuario.
A principios de 2015 ayudó a cofundar la Coalición por el Cierre de Berks y para 2016 dejó Juntos para trabajar en Pennsylvania Voice. Es la directora de compromiso cívico de dicha organización. Una de las metas de su labor profesional es lograr la equidad racial en la comunidad progresista a nivel estatal. Por esto y más, Jasmine Rivera es una vida de impacto.
