El chileno Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco, quien conducirá "Don Francisco: Reflexiones 2021", una miniserie de 10 episodios en los que conversará en la pantalla de CNN en Español con personalidades del espectáculo, las artes, la medicina, el deporte y otras profesiones en las que explorará los temas personales que más le impactaron durante el confinamiento. (Foto: EFE/CNN en Español)
Miami, EE.UU.- Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco, comenzará el 15 de febrero un nuevo proyecto profesional que, según dijo en entrevista con Efe, completa una gran transformación personal que incluyó un cambio de «look» y hasta sesiones psiquiátricas.
«Cumplí 80 años durante el confinamiento y sentí que había empezado una nueva etapa. Decidí empezar un nuevo libro sobre la última etapa de mi vida y en esas reflexiones me di cuenta de que la pandemia me había hecho pensar mucho, revisar las cosas. Ese proceso sé que lo vivió muchísima otra gente y se me ocurrió crear un espacio para que lo contáramos», indicó el conductor chileno.
El resultado es «Don Francisco: Reflexiones 2021», una miniserie de 10 episodios en los que conversará en la pantalla de CNN en Español con personalidades del espectáculo, las artes, la medicina, el deporte y otras profesiones en las que explorará los temas personales que más le impactaron durante el confinamiento.
«¿A quién nos parecemos más, a la madre o al padre? Yo me parezco a mi madre en mi amor por el espectáculo, pues fue ella la que me lo inspiró. Mi mamá se formó en Alemania para ser cantante de ópera y tuvo que abandonarlo todo cuando escapó de los nazi», relató.
Son el tipo de historias que pretende sacar de sus entrevistados y que él mismo contará durante los encuentros, que empiezan a emitirse el próximo 15 de febrero.
Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco, comenzará el 15 de febrero un nuevo proyecto profesional que, según dijo en entrevista con Efe, completa una gran transformación personal que incluyó un cambio de «look» y hasta sesiones psiquiátricas.
Parece tratarse más del mundo interno de Mario Kreuztberger y menos del muy público Don Francisco, el personaje que lo convirtió en el conductor más famoso del mundo hispano gracias a sus décadas a cargo del programa «Sábado Gigante», en la cadena Univision.
Una de las señales del deseo de mostrarse más auténtico ante el público es su nuevo aspecto. Ahora lleva el cabello al natural, totalmente blanco y tan abundante como siempre.
«Durante el confinamiento me dejé crecer el pelo y ya parecía (Albert) Einstein. Cuando finalmente me puse en manos del barbero me preguntó si me iba a teñir y decidí que no. Empiezo una nueva etapa como yo mismo, un hombre de 80 años con todas sus canas», explicó.
Sin embargo, el mayor cambio que puso en marcha Kreutzberger parece haber sido por dentro. El conductor lleva semanas recibiendo terapia psiquitátrica, «para seguir mejorando como persona».
«Todos podemos ser mejores y es lo que estoy trabajando, ser mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo», reconoció.
Después de miles de entrevistas, es difícil pensar que Don Francisco necesite mejorar en ese aspecto, pero él dijo que su nuevo programa será, si no mejor, muy diferente.
«Esta experiencia con el covid nos ha cambiado a todos, nos ha dejado más abiertos y más vulnerables. Es una oportunidad para que todos aprendamos del otro. Es lo que quiero ofrecer», manifestó.
El presidente de EEUUJoe Biden. (Foto: EFE/EPA/Stefani Reynolds)
Miami, EE.UU.- El Gobierno del presidente, Joe Biden, suavizará los criterios de arresto y deportación establecidos por su predecesor, Donald Trump, para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), adelantó este domingo The Washington Post.
La agencia federal presentará en los próximos días nuevas directrices por las cuales los inmigrantes con cargos menores como conducir bajo los efectos del alcohol no serán deportados y el ICE se centrará en aquellos que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.
Documentos y correos electrónicos a los que tuvo acceso el diario apuntan a que los otros objetivos prioritarios serán los inmigrantes que hayan cruzado recientemente la frontera y personas que han cumplido condenas por delitos graves.
«En general, estas condenas no incluirían delitos relacionados con las drogas (delitos menos graves), asalto simple, DUI (conducir bajo los efectos del alcohol o drogas), lavado de dinero, delitos contra la propiedad, fraude, delitos fiscales, solicitación o cargos sin condenas», dijo el director interino de ICE, Tae Johnson, a altos funcionarios en un correo electrónico la pasada.
Pero, según el Post y el medio digital Buzz Feed, el intento de la nueva Administración de centrar las detenciones y deportaciones a este nuevo perfil de inmigrantes iría más allá y requeriría que los agentes de ICE obtengan una aprobación de un alto funcionario de la agencia para realizar operaciones rutinarias en las calles.
Los nuevos criterios, indica el diario capitalino, están a la espera de la aprobación final de Alejandro Mayorkas, recién nombrado como nuevo secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglçes), entidad de la que depende el ICE.
Esta medida se sumaría a la moratoria de 100 días en las deportaciones ordenada por Biden nada más llegar a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, en una decisión que fue bloqueada temporalmente por un juez federal.
Y también a otras del líder demócrata, que se quiere distanciar de las duras políticas de Trump, que intentó por numerosos medios reducir la inmigración al país, tanto legal como ilegal, y aumentar las deportaciones haciendo de todos los indocumentados un posible objetivo del ICE.
Pero también del Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017), del que Biden fue vicepresidente y durante wl cual se deportaron a 5,2 millones de inmigrantes, según datos del Instituto de Política Migratoria (MPI), lo que llevó a los activistas a calificar al exmandatario como «deportador en jefe».
Estas nuevas directrices forman parte de un paquete de medidas más amplio de Biden, que incluye la suspensión de la construcción del muro fronterizo con México y la creación de un grupo de trabajo para reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera.
El demócrata dio instrucciones además para revisar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como «Quédate en México», por el cual más de 60.000 solicitantes de asilo fueron devueltos a ese país para esperar por su proceso y ampliar la cifra anual de refugiados que aceptará EE.UU, entre otras.
El senador estadounidense por Connecticut Richard Blumenthal ofrece declaraciones a periodistas. (Foto: EFE/MICHAEL REYNOLDS/Archivo)
Washington, EE.UU.- Los demócratas diseñan su estrategia de cara al juicio político al expresidente de Donald Trump y han ofrecido indicios de que adoptarán un enfoque distinto al primer proceso de destitución contra el exmandatario, pese a que hay pocas probabilidades de una resolución contraria a él, debido a que la mayoría de los republicanos son contrarios al «impeachment».
Senadores progresistas, citados este domingo por el medio Politico, han indicado que no enfocarán tanto sus esfuerzos en que comparezcan testigos, como sí hicieron durante el primer proceso.
«Esto está basando en un delito público. Su intento (de Trump) no estaba oculto, por lo que pienso que hay un peligro, como siempre hay para el abogado de un juicio y el fiscal de presentar pruebas en exceso, de añadir más testigos para probar lo obvio», señaló el legislador de la Cámara Alta, el demócrata Richard Blumenthal.
En el proceso que se inicia el martes, el expresidente, que ya ha dicho que no piensa testificar, como así piden los «fiscales» del juicio político, está acusado de «incitar a la insurrección» por el asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores el pasado 6 de enero.
DUDAS SOBRE LOS TESTIGOS
Aquel día, el entonces mandatario pronunció un discurso incitando a sus partidarios a que marcharan hacia la sede del Congreso, ante sus denuncias infundadas de que hubo un fraude en las elecciones presidenciales de noviembre, que ganó Biden.
Durante esa jornada, estaban reunidas ambas cámaras del Legislativo para refrendar la victoria de Biden, que se vieron obligadas a suspender la sesión por varias horas, hasta que los partidarios de Trump fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, y los legisladores pudieron ratificar el triunfo del demócrata en los comicios.
Para el senador demócrata por Hawái Brian Schatz no está muy clara la efectividad de los testigos en el juicio político.
«Imagínense si la llamada de Ucrania hubiera sido transmitida por internet -reflexionó en declaraciones a Politico-. No está claro para mí que haya ninguna prueba que cambie la mente de nadie».
Schatz se refería a la llamada de julio de 2019 entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la que el estadounidense pidió al ucraniano que investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, por supuesta corrupción en ese país.
Fue esa llamada y una denuncia de un informante lo que desencadenó el primer «impeachment», como se dice en inglés juicio político, a Trump, del que fue absuelto hace un año en el Senado, en ese momento bajo control republicano.
Por el momento, y pese a que el comienzo del segundo proceso se aproxima, se conocen pocos detalles sobre cómo transcurrirá, por lo que no se sabe si el Senado votará acerca de si debe haber testigos o no.
PARA LOS REPUBLICANOS ES INCONSTITUCIONAL
Mientras, los republicanos insistieron este domingo en que el juicio político es inconstitucional.
El que fuera uno de los principales aliados de Trump en el Senado, el legislador Lindsey Graham, señaló hoy que será la historia la que juzgue al exmandatario por el asalto al Capitolio, pero al mismo tiempo opinó que esta no es la labor del Congreso.
Trump «va a tener un lugar en la historia por todo esto, pero el punto es que nosotros estamos en el Congreso, no somos fiscales, el juicio político nunca debería ser un enjuiciamiento», dijo Graham en una entrevista a la cadena CBS News.
«Creo que estoy listo para avanzar -agregó el senador-. Estoy listo para acabar con el juicio político porque creo que es flagrantemente inconstitucional».
Graham recordó que Trump es la «figura más popular» en el Partido Republicano y que «el 6 de enero fue un mal día para EE.UU. Tendrá su parte de culpa en la historia».
En la misma cadena, otro senador republicano, Roger Wicker, consideró el proceso «carente de sentido y con un mensaje partidista», ya que, en su opinión, el «impeachment» no debería emplearse para que alguien rinda cuentas estando ya fuera del cargo.
«Ahora bien, si hay otras maneras en el tribunal de la opinión pública o si hay algún cargo penal que se le pase por la cabeza a algún fiscal, a lo mejor hay otra vía por ahí», subrayó.
Wicker sostuvo que la Constitución no precisa si se puede someter a un proceso de destitución a un exmandatario y que el presidente actual, Joe Biden, debería haber intervenido para pedir que no se llevara a cabo.
UNA RESOLUCIÓN CONDENATORIA POCO PROBABLE
Dado que Trump abandonó la Casa Blanca el pasado 20 de enero, no se le puede destituir del cargo del presidente porque ya no lo es, con lo que se enfrenta a una inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.
Sin embargo, para que esto saliera adelante los demócratas necesitan el apoyo de 17 de los cincuenta senadores republicanos en el Senado, lo que es poco probable que ocurra.
Una de los diez legisladores conservadores de la Cámara Baja que votó a favor de que Trump fuera sometido a un «impeachment», Liz Cheney, fue censurada ayer por el Partido Republicano en Wyoming, que le pidió que dimitiera, aunque ella ha declarado este domingo que no va a hacerlo.
«El juramento que hice a la Constitución me obligó a votar por el ‘impeachment’ y no se inclina por el partidismo, no se inclina ante las presiones políticas», dijo Cheney, una de las republicanas de mayor rango en la Cámara de Representantes, al canal Fox News.
El juicio político se celebrará en el Senado, pero antes la Cámara Baja aprobó la acusación de «impeachment» contra Trump, de incitar a la insurrección, lo que dio luz verde a la apertura del proceso en la Cámara Alta.
Fotografía de archivo del expresidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE/Justin Lane/Archivo)
Washington, EE.UU.- El expresidente Donald Trump se enfrenta esta semana a su segundo juicio político, acusado de incitar a una insurrección, con una estrategia de defensa basada en la libertad de expresión y la inconstitucionalidad del proceso, pero insistiendo en el fraude electoral que no ha podido demostrar.
De hecho, esa insistencia en que la victoria de su rival demócrata, Joe Biden, se debió a un «fraude generalizado», fue el motivo por el que tuvo que recomponer todo su equipo legal cuando faltaba poco más de una semana para que comenzara el juicio.
En un principio su equipo de defensa iba a estar encabezado por Butch Bowers y Deborah Barbier, pero Jason Miller, uno de los asesores políticos de Trump, anunció a finales de enero que ambos abandonaban el equipo legal del exmandatario.
El motivo, según fuentes citadas por la cadena CNN, fue la insistencia de Trump de basar parte de su defensa en las denuncias de fraude, un territorio pantanoso con una fina línea roja en la que se corre el riesgo de caer fácilmente en el perjurio.
Finalmente, Bruce Castor y David Schoen, dos juristas acostumbrados a los casos mediáticos, han asumido liderar su defensa sin renunciar a las alusiones al fraude, aunque de momento con muchas precauciones.
En esas precauciones se puede inscribir también la negativa del propio Trump a declarar bajo juramento antes o durante el juicio político, algo que le había requerido formalmente el legislador demócrata Jamie Raskin, jefe de los «fiscales» del proceso.
LOS DEFENSORES
Castor, como fiscal de distrito del condado de Montgomery, llevó el caso del asesino en serie John Eichinger, que fue condenado a tres penas de muerte, y en 2005 se negó a procesar al actor Bill Cosby, acusado de drogar y propasarse con una mujer. Trece años después, Cosby fue procesado y condenado por ese mismo caso.
Por su parte, Schoen estuvo en el equipo de la apelación de Roger Stone, el extravagante estratega republicano, amigo y exasesor de Trump, condenado por mentir y manipulación de testigos en la llamada trama rusa, pero cuya pena fue conmutada por el exgobernante.
Schoen también estaba por encargarse de la defensa de otra figura mucho más controvertida, el multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de crear una red para abusar de menores, pero no llegó a hacerlo al suicidarse el magnate en prisión cuando esperaba juicio.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
En un escrito de catorce páginas presentado en respuesta al artículo de acusación enviado por la Cámara de Representantes al Senado, donde tendrá lugar el juicio político a partir del martes, la defensa de Trump desgrana los argumentos de su cliente, «el presidente 45»:
– ES UN PROCESO INCONSTITUCIONAL.
Según la defensa, la Constitución establece que la Cámara de Representantes tiene poder de presentar un juicio de destitución contra un presidente «por traición, soborno u otro delito o falta grave», pero «el presidente 45 ya no es ‘presidente’».
Por ello, agrega, es también imposible que el Senado cumpla con su destitución, con lo que considera el procedimiento «nulo ab initio» y «manifiestamente» contrario a la Constitución.
– NO SE LE PUEDE INHABILITAR.
Los abogados de Trump defienden que para que se produzca la inhabilitación del acusado para ejercer cargos públicos, otra de las posibles consecuencias del juicio, debe haberse dado antes la «condición precedente» de la destitución.
– NO PARTICIPÓ EN UNA INSURRECCIÓN, NI AMENAZÓ LA DEMOCRACIA, LA SEGURIDAD NACIONAL O LA TRANSFERENCIA PACÍFICA DEL PODER.
«En todo momento, Donald J. Trump total y fielmente cumplió sus deberes como presidente de los Estados Unidos y en todo momento actuó lo mejor que pudo para preservar, proteger y defender la Constitución (…) y nunca se involucró en delitos graves o faltas».
– LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
Los abogados se acogen al derecho a la libre expresión de Trump para justificar las arengas de fraude electoral a sus seguidores, que acabaron por asaltar el 6 de enero el Congreso para interrumpir la sesión para la confirmación de la victoria electoral de Biden.
Los abogados niegan que frases que Trump pronunció entonces, como «si no peleas a muerte ya no vas a tener un país», tengan que ver con el asalto al Capitolio, sino que se referían «a la necesidad de luchar por la seguridad en las elecciones en general».
«Como todos los estadounidenses, el presidente 45 está amparado por la Primera Enmienda (de la Constitución) que protege el discurso impopular de represalias del Gobierno».
– INSISTENCIA EN EL FRAUDE
Los abogados argumentan la «creencia de que los resultados electorales eran sospechosos», en que «con muy pocas excepciones, bajo la conveniente apariencia de la pandemia de la covid-19» se modificaron procedimientos y salvaguardas electorales «sin la necesaria aprobación de las legislaturas estatales».
«Existe evidencia insuficiente por la cual un jurista razonable pueda concluir que las declaraciones del presidente 45 eran o no exactas, y por lo tanto él niega que sean falsas», agregan.
Los defensores omiten que Trump y sus aliados presentaron más de 60 demandas en tribunales estatales y federales para impugnar las elecciones en los estadios en que perdió, y que en ninguna de ellas lograron demostrar el fraude generalizado que alega el expresidente.
Sin embargo, el escrito indica que si para la acusación la «opinión» de Trump respecto al fraude es «un error factual, el presidente 45 niega esa acusación», lo que parece un desafío a demostrar lo contrario.
– ESFUERZOS POR SUBVERTIR LOS RESULTADOS.
Los abogados de Trump consideran «irrelevante» para el juicio las alegaciones de que presionó o amenazó a funcionarios para subvertir los resultados electorales, pero de paso las rechazan.
– DEFECTOS DE FORMA Y ODIO POLÍTICO
Trump, finalmente, pide al Senado desestimar el proceso por tener «defectos evidentes y sustantivos, y ser inconstitucional», y lo atribuye al revanchismo al asegurar en sus alegatos a los senadores que «no hay lugar para el odio político en la administración de justicia en ningún lado en EE.UU. y menos en el Congreso».
Fotografía de archivo fechada el 6 de enero de 2021 donde aparecen varios simpatizantes de Trump durante el asalto al Capitolio en Washington (EE.UU). (Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo)
Washington, EE.UU.- Refugiado en su oficina del Capitolio, Remmington Belford oía gritos y golpes, pero tuvo que encender la televisión para ver qué pasaba: una muchedumbre había irrumpido en uno de los lugares más seguros del mundo y el instigador era nada más y nada menos que el presidente, Donald Trump, quien ahora se enfrenta a un juicio político.
La televisión tenía el volumen al mínimo, porque sólo unos minutos antes los altavoces del Capitolio habían retumbado con un mensaje muy claro: «¡Cierren la entrada a sus oficinas, aléjense de las ventanas y las puertas y, por favor, no usen aparatos electrónicos!».
Junto a Belford estaba su jefa, la congresista demócrata Yvette D. Clarke. Antes, ambos habían visto cómo los manifestantes -seguidores de Trump- se abrían paso por los pasillos del Congreso y superaban sin ningún problema el primer control de seguridad que lleva a la Cámara Baja, un lugar de acceso restringido.
«¡Volvámonos a la oficina!», dijo inmediatamente la legisladora a Belford y echaron a correr.
REZOS CON LA TELEVISIÓN EN SILENCIO
Durante horas, sin subir el volumen de la televisión, esperaron a que la policía y el ejército desalojaran a los asaltantes y rezaron: «Señor, por favor, no les dejes que vengan hasta aquí, por favor no dejes que ninguna vida más sea dañada y, por favor, que se acabe esto lo antes posible».
En declaraciones a Efe, Belford reconoce que estaba aterrorizado y que temía morir ese mismo día.
Era 6 de enero de 2021 y, por la mañana, el Congreso se alistaba para ratificar formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre y lo único que se esperaba era que un grupo de republicanos se opusiera a ese trámite, lo que sólo demoraría unas horas el proceso.
A mediodía, Trump dio un discurso desde la Casa Blanca y volvió a agitar sus mentiras sobre fraude electoral, para luego pedir a los centenares de asistentes que se dirigieran al Congreso.
«¡Nunca recuperarán nuestro país con debilidad, tienen que ser fuertes y tienen que mostrar que son fuertes!», clamó el entonces mandatario en una intervención que ha servido de base para abrir el juicio político contra él por «incitar a la insurrección».
Fotografía de archivo fechada el 6 de enero de 2021 donde aparecen centenares de seguidores del presidente Trump subiendo por las escalinatas durante el asalto al Capitolio en Washington (Foto: (EE.UU). EFE/Will Oliver)
CUERDAS PARA TREPAR POR LA PARED DEL CAPITOLIO
Obedeciéndole, la multitud pasó por encima de todos los controles de seguridad alrededor del Capitolio y, sin miramientos, empujó a los pocos policías que les plantaron cara.
En la cara norte, algunos manifestantes se valieron de cuerdas para trepar por la pared, como si no pudieran usar las escaleras; y otros emplearon objetos o directamente la fuerza bruta para romper ventanas y puertas.
Desde la parte de arriba de las escaleras del Capitolio, un hombre ondeó victorioso una bandera azul con el nombre de Trump. Era la señal: habían invadido la sede del Legislativo.
Mientras, el congresista demócrata Adriano Espaillat, de origen dominicano, podía ver a algunos de los manifestantes desde su oficina.
Despachos como los de Espaillat o donde estaba Belford se ubican en edificios cerca del Capitolio, comunicados mediante túneles y algunos de ellos habían sido evacuados por amenaza de bomba.
Enseguida, dos policías llegaron a sus dependencias y le pidieron que les acompañara a un «lugar seguro y secreto», donde estaban llevando al resto de legisladores. Espaillat se negó, cuatro miembros de su equipo estaban con él y no quería dejarlos atrás.
ATRINCHERADO EN SU PUESTO
Irse de la oficina, argumenta Espaillat a Efe, habría sido como «sucumbir a la muchedumbre» y él se negaba a hacerlo.
Para el legislador, ese espacio es un símbolo de responsabilidad y, además, está plagado de recuerdos: una foto en blanco y negro de sus padres, un marco con la primera ley que consiguió aprobar y un «altar del béisbol» con una bandera de su equipo, los Tigres del Licey de República Dominicana.
Simplemente, no podía irse de allí, pero reconoce que estaba preocupado. «Esos tipos vinieron a asesinarnos, a matarnos. No hay ninguna duda», rememora y, zanjando el asunto, promete que exigirá cuentas a Trump.
Con los manifestantes dentro del Capitolio, las horas se hicieron eternas. Las autoridades comenzaron a organizarse para enviar allí a unos mil soldados en la reserva y, entretanto, los seguidores de Trump se paseaban por los pasillos como si nada, haciéndose fotos hasta en la oficina de la demócrata de mayor rango, Nancy Pelosi.
Sobre todo, había mucha incertidumbre, cuenta a Efe la reportera colombiana Alejandra Arredondo, de la Voz de América, que se atrincheró en el sótano del Capitolio con otros cuatro periodistas.
La sala donde estaban no tenía pestillo, así que colocaron unas sillas en la puerta con la esperanza de que si los manifestantes intentaban entrar tuvieran dificultades para hacerlo.
CONFUSIÓN ENTRE LA POLICÍA
Hubo un momento «muy duro» en el que Arredondo se dio cuenta de que «la cosa era muy seria»: dos policías, que claramente no sabían muy bien qué hacer, llegaron hasta donde estaban los periodistas para pedirles agua porque tenían gas en los ojos y, cuando recuperaron la vista, comenzaron a charlar.
«Ellos -recuerda- nos decían ‘¿qué van a hacer acá? La cosa está muy fea, quédense acá si pueden, no creo que los encuentren’. Fue un momento como de ¡Guau! O sea, las autoridades están como tratando de lidiar con esto y nosotros acá encerrados y, Dios, ¿qué vamos a hacer acá?».
Finalmente, hacia las ocho de la tarde, las autoridades declararon que habían recuperado el control sobre el Capitolio y los legisladores volvieron a sus escaños para ratificar la victoria de Biden.
Fue una de las jornadas más convulsas de la historia de EE.UU., que algunos demócratas han calificado de intento de «golpe de Estado», en la que murieron cinco personas, y por la que Trump volverá a enfrentarse a un juicio político.
California y Florida dedican el 6 de febrero a honrar la memoria de Ronald Reagan. (Foto-archivo EFE)
Miami, EE.UU. – Los gobernadores de Florida y California proclamaron el 6 de febrero como el Día de Ronald Reagan, para celebrar el día del nacimiento del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos.
El gobernador floridano, el republicano Ron DeSantis, destacó en un mensaje en Twitter en el que anunció la proclamación, que Reagan fue uno de los «presidentes más importantes» en la historia del país, pues dejó un «legado icónico que continúa inspirando».
Horas antes, el demócrata Gavin Newsom proclamó también el 6 de febrero como el Día de Ronald Reagan en California en honor a «The Gipper», apodo del expresidente estadounidense entre 1981 y 1989 y previamente gobernador de este estado de la costa oeste desde 1967 a 1975.
En su proclamación, Newsom destacó que, aunque nació en Illinois, Reagan era un californiano «de corazón» que, con su «optimismo y fe en el futuro» marcó las vidas de millones de personas en los Estados Unidos y el mundo.
Su influencia, entre otros aspectos, radica –indicó el gobernador de California– en su impulso del fin pacífico de la Guerra Fría y su liderazgo en la aprobación de una reforma migratoria integral que proporcionó un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.
A su papel en el fin de la Guerra Fría, el republicano DeSantis le sumó el legado de Reagan en materia de crecimiento económico, el empleo y el fortalecimiento de la seguridad nacional.
Reagan, que sufrió un atentado el 30 de marzo de 1981, a las pocas semanas de asumir el poder, nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, en el estado de Illinois, y falleció el 5 de junio de 2004 en la ciudad californiana de Bel Air, a los 93 años.
En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien señaló que el virus ya está esparcido por todo nuestro país". EFE/Rodrigo Sura/Archivo
El Gobierno de Estados Unidos suspendió el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras firmado por la Administración del expresidente Donald Trump, que permitía deportar migrantes de estos países, informó el sábado el secretario de Estado, Antony Blinken.
De esta forma, dijo Blinken en un comunicado, el Gobierno de EE.UU. da los «primeros pasos concretos» para lograr una mayor «asociación y colaboración» en la región trazada por el presidente Joe Biden, que desde que llegó a la Casa Blanca está desmantelando la política migratoria de su predecesor.
«De acuerdo con la visión del Presidente, hemos notificado a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que Estados Unidos está tomando esta acción a medida que comienzan los esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en la región», dijo Blinken.
El Gobierno de Guatemala ya había informado el pasado viernes de que Estados Unidos había puesto fin al denominado acuerdo de «tercer país seguro», firmado en julio de 2019 por el gobierno Trump y el presidente local en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020).
Las transferencias bajo el convenio entre EE.UU. y Guatemala estaban suspendidas desde mediados de marzo de 2020 debido a la pandemia de la covid-19, y los acuerdos con El Salvador y Honduras nunca se implementaron, explicó el Departamento de Estado.
«Para ser claros, estas acciones no significan que la frontera de Estados Unidos esté abierta», dijo Blinken, que, indicó que el actual Gobierno de EE.UU. cree que hay «formas más adecuadas de trabajar» con estos países para «gestionar» la migración en toda la región que la desarrollada por el equipo de Trump, que hizo de la dura política migratoria una de sus principales señas de identidad.
En una orden ejecutiva firmada esta semana, Biden apostó por abordar las causas de la migración, gestionar la migración en la región y «proporcionar un procesamiento seguro y ordenado» de los solicitantes de asilo en la frontera, señala el comunicado de este sábado.
Hasta febrero de 2020, según datos oficiales de Guatemala, aproximadamente 700 migrantes hondureños y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos a Guatemala bajo el marco del ACA.
El acuerdo fue rubricado originalmente el 26 de julio de 2019 y convirtió a Guatemala en «tercer país seguro», una figura mediante la cual EE.UU. estaba autorizado para enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a su territorio.
Estados Unidos tiene entre sus planes ayudar al llamado Triángulo Norte de Centroamérica con el objetivo de promover las oportunidades y la prosperidad para las personas y las comunidades en toda la región.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló un día después de su primera conversación telefónica con Biden desde que este último llegó al poder que EE.UU. se comprometió a destinar 4.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala y frenar así la migración forzada.
En los últimos meses se ha registrado un notable aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera de EE.UU. con México y los republicanos apuntan que esa tendencia se mantendrá ahora que Biden llegó a la Casa Blanca y ha comenzado a desenredar la maraña de medidas migratorias de Trump.
El líder demócrata suspendió la construcción del muro fronterizo con México, ordenó crear un grupo de trabajo para reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera y dio instrucciones para revisar el programa Protocolos de Protección a Migrantes, también conocido como «Quédate en México», por el cual más de 60.000 solicitantes de asilo fueron devueltos a ese país para esperar por su proceso. EFE News
El congresista Matt Gaetz. (Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas)
Miami, EE.UU.- Una organización republicana lanzó una campaña de vallas en todo el país en la que insta a renunciar a 11 congresistas de Estados Unidos por «mentir» al señalar que hubo fraude electoral y por su «responsabilidad» en el asalto a Capitolio en Washington el pasado 6 de enero perpetrado por trumpistas.
En Florida los avisos piden la renuncia del congresista Matt Gaetz, aliado incondicional del expresidente Donald Trump, que enfrenta un juicio político acusado de incitar a sus seguidores a tomarse el Capitolio argumentando sin pruebas fraude en las elecciones en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.
«Usted mintió sobre la elección. El Capitolio fue atacado. Representante Gaetz: Renuncie», dicen las vallas, con una foto del republicano, que se han visto en varios lugares del noroeste de Florida, donde está el distrito que representa.
Vallas similares se fueron instaladas por el Proyecto de Responsabilidad Republicana por todo el país, como unas en Texas con el senador cubanoestadounidense Ted Cruz y otras en Georgia con la polémica congresista Marjorie Taylor Greene, que se ha adherido abiertamente al movimiento conspiratorio QAnon.
Este comité de acción política (PAC) se propuso invertir un millón de dólares en una campaña en la que llama a 11 republicanos a renunciar tras sus acciones desde las elecciones de noviembre pasado, en las que ganó Biden.
La campaña del Republican Accountability Project urge la renuncia de 11 republicanos «por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero».
La vallas «están dirigidas a los legisladores republicanos que fueron los más irresponsables durante las secuelas de las elecciones», señala la PAC en su página de internet.
Gaetz, que es abogado, incluso ha mostrado interés en renunciar a su escaño para defender al expresidente Trump en el juicio político, a lo que el Partido Demócrata de Florida le respondió este viernes que lo haga.
Según la PAC republicana, la toma del Capitolio por partidarios «radicales de Trump» intentó «anular una elección justa».
«Los atacantes fueron incitados directamente por Trump y la abrumadora mayoría de los republicanos en el Congreso que habían estado afirmando falsamente, durante meses, y en los momentos inmediatos antes del ataque, que las elecciones le habían sido robadas a Trump», agrega.
Señaló que el ataque, en el que murieron 5 personas, entre ellos un policía, fue un asalto a la democracia que «erosiona la fe de los estadounidenses en la integridad de nuestro sistema electoral».
Mutaciones del SARS-CoV-2 similares a las de la variante británica podrían surgir en casos de infección crónica en pacientes inmunodeprimidos, en los que el tratamiento prolongado puede dar al virus oportunidades para evolucionar, según el caso de un paciente que fue tratado con plasma convaleciente.(Foto: EFE/J.J. Guillen)
Madrid, España.- Mutaciones del SARS-CoV-2 similares a las de la variante británica podrían surgir en casos de infección crónica en pacientes inmunodeprimidos, en los que el tratamiento prolongado puede dar al virus oportunidades para evolucionar, según el caso de un paciente que fue tratado con plasma convaleciente.
Un estudio que publica hoy Nature, documenta el caso de un enfermo, por lo que los autores advierten de que se pueden extraer solo conclusiones limitadas sobre la generalización de los resultados.
Sin embargo, los resultados podrían «justificar la precaución» en el uso del plasma de enfermos convalecientes para tratar las infecciones por SARS-CoV-2 en pacientes inmunodeprimidos, señala la revista.
El estudio, dirigido por Ravindra Gupta, de la Universidad de Cambridge, indica que el tratamiento con plasma de convaleciente coincidió con la aparición de distintas variantes del SARS-CoV-2 en el paciente inmunodeprimido.
Tras la terapia con plasma, la variante dominante incluía una deleción presente en la variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 descubierta en Reino Unido.
Los hallazgos plantean la posibilidad de que la evolución del SARS-CoV-2 pueda producirse en individuos inmunodeprimidos cuando la replicación viral es prolongada.
El paciente era un hombre de más de 70 años con covid-19, que había recibido previamente quimioterapia para un linfoma e ingresó en el hospital el pasado verano, donde fue tratado sin éxito con antibióticos, esteroides, remdesivir y terapia de plasma de convalecencia en el transcurso de 101 días.
Durante el ingreso se dispuso de 23 muestras víricas para su análisis, la mayoría procedentes de su nariz y garganta, las cuales fueron secuenciadas, y fue donde los investigadores observaron que el genoma del virus estaba mutando.
Entre los días 66 y 82, tras la administración de las dos primeras rondas de plasma convaleciente, se observó «un cambio drástico en la población del virus» que se convirtió en dominante.
Aunque esta variante pareció desaparecer inicialmente, reapareció cuando se administró el tercer ciclo de remdesivir y la terapia con plasma de convalecencia.
Gupta indicó, en un comunicado de la universidad, que lo que vieron era «esencialmente una competencia entre diferentes variantes del virus», y creen que «estaba impulsada por la terapia de plasma convaleciente».
El virus que «finalmente se impuso» lo hizo inicialmente «durante la terapia con plasma de convalecencia antes de ser superado por otras cepas, pero resurgió cuando se reanudó la terapia».
Los autores sugieren, indica la revista, que el aumento repetido de la frecuencia de esta población viral tras la terapia con plasma puede significar que las mutaciones confirieron una ventaja selectiva. Sin embargo, concluyen que la aparición de esta variante no fue la razón principal del fracaso del tratamiento.
Varias personas se unen en una manifestación que apoya la idea de que las minorías deben tener prioridad para recibir la vacuna COVID-19, el 4 de febrero de 2021. (Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE)
Miami, EE.UU.- El Comité de Abogados de Derechos Civiles (LCCRU) y decenas de profesionales médicos denunciaron este jueves que 29 estados están incumpliendo con el reporte de minorías raciales y étnicas vacunadas y los instaron a dar prioridad a estas comunidades, las más afectadas de EE.UU. por la covid-19.
El hecho de que estados como California, Arizona y Nevada, de gran población latina, no reporten los datos de minorías vacunadas es «inaceptable y exacerbará las existentes iniquidades de salud racial», subrayó el LCCRU en un comunicado.
La organización envió sendas cartas a los 29 estados y al Distrito de Columbia recordándoles la disparidad tanto de mortalidad como en número de casos entre latinos y afroamericanos debido a la pandemia.
La misiva, suscrita además por 145 especialistas médicos, detalla que los datos de estas minorías sobre vacunas, pruebas y casos «han demostrado ser una herramienta esencial para resaltar las disparidades raciales en la administración de los servicios de salud».
El experto en enfermedades infecciosas Taison Bell, de la Universidad de Virginia, subrayó que la pandemia «ha devastado» a latinos y afroamericanos y que por ello se debe dar prioridad a la distribución de vacunas «a estas comunidades que más han sufrido».
«Lamentablemente, este no ha sido el caso hasta ahora», agregó.
Bell indicó es «absolutamente fundamental que tengamos información precisa sobre la raza y el origen étnico de quienes reciben las vacunas», como lo ordenan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU.
«Aumentar la transparencia a lo largo de este proceso guiará mejor la respuesta de salud pública en las comunidades negras y otras comunidades históricamente marginadas y garantizará que las vacunas contra la covid-19 se distribuyan de manera equitativa», dijo en un comunicado Dorian Spence, directivo del LCCRU.
A pesar de que la raza/etnia se muestra repetidamente como un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad, este identificador falta en el 49 % de las infecciones conocidas y el 33 % de las muertes asociadas con el coronavirus, denunció Ebony Jade Hilton, profesor de la Universidad de Virginia.
Manifestó que solo 16 estados informan la raza/etnia de los vacunados.
Estados Unidos alcanzó este miércoles más de 26,5 millones de casos y 450.273 fallecidos durante la pandemia, que ha afectado de forma desproporcionada a minorías.
Comparados con los blancos, los hispanos tienen 2,8 veces más casos y 1,1 más muertes, y los afroamericanos 2,6 y 2,1, respectivamente. Ambos tienen casi 5 más veces hospitalizaciones, según los CDC.
«Al negar el acceso a esta información, estamos limitados en nuestra capacidad para abordar las fallas sistémicas que conducen a las disparidades, y el costo de ese retraso en la actividad es la vida humana», señaló Jade Hilton.
Según el LCCRU, a medida que las comunidades negras y otras históricamente marginadas continúan enfermándose y muriendo a un ritmo mayor que sus contrapartes blancas, el acceso equitativo a la vacuna, y los datos que lo demuestran, «es realmente una cuestión de vida o muerte».
