Durante el mes de mayo se presta atención dentro de la industria a la renovación y mejora de viviendas; y en tan solo un par de semanas, junto con el final del año escolar y el comienzo del verano, diversas organizaciones exaltaran logros relacionados con la propiedad de vivienda. Junio ​​es ampliamente reconocido como el Mes Nacional de Concientización sobre la Vivienda de Propiedad. Durante muchas décadas, la propiedad de una vivienda fue prácticamente equivalente a lograr el “sueño americano” de estabilidad, libertad y prosperidad económica. Las familias propietarias de viviendas han sido percibidas como cocreadoras de comunidades estables, saludables y pacíficas que sirven como modelo del estándar aspiracional.

Sin embargo, en los últimos años, con el aumento de la generación «millennial» y la disminución general de las tasas de propiedad de vivienda, han surgido preguntas no solo sobre la posibilidad de lograr el sueño americano tradicionalmente definido, sino también sobre si este sueño debe redefinirse para reflejar las realidades de una nueva era. ¿Cómo pueden todas las familias en Estados Unidos disfrutar de oportunidades de movilidad ascendente, como lo demuestra la capacidad de tener su propia casa?¿Cómo se pueden abordar los desarrollos que nuestro país ha experimentado durante el último año, de una manera que no deje atrás a muchas familias vulnerables y de bajos ingresos, mientras llegamos a la “nueva normalidad” después de una pandemia global?

El año pasado han surgido nuevos factores que impulsan la viabilidad de esta definición de estabilidad económica y prosperidad. La pandemia ha sacudido la estabilidad económica de muchas familias y su capacidad para buscar o mantener la propiedad de una vivienda. También ha ampliado la brecha entre los que tienen y los que no tienen, los que tienen éxito y los que batallan. En septiembre de 2020, el Washington Post calificó la recesión inducida por la pandemia como «la más desigual en la historia moderna de Estados Unidos». En noviembre de 2020, el Brookings Institute informó que «los costos de la pandemia están siendo sufragados de manera desproporcionada por los segmentos más pobres de la sociedad». Las razones de este empeoramiento de la desigualdad son claras: las personas de bajos ingresos están empleadas con mayor frecuencia en industrias en las que se las considera trabajadores esenciales, y trabajar desde casa no es una opción. Tampoco pueden darse el lujo de dejar de trabajar para quedarse en casa, ya sea para cuidar a los niños – que no están en la escuela- o para minimizar la exposición al virus. Las personas de bajos ingresos tienen más probabilidades de tener que seguir usando el transporte público durante una pandemia, lo que también aumenta el riesgo de contraer enfermedades.

En lo que respecta a la vivienda, se han ejercido otras presiones sobre las oportunidades disponibles para las familias. El Urban Institute informó en enero de 2020 que, en términos reales (representando el crecimiento de la población), el número de viviendas disponibles en los Estados Unidos se ha contraído un 0,2 por ciento desde 2008. Esta disminución en la oferta de viviendas se ha producido durante una época de aumento de los precios de las viviendas, y la pandemia ha alimentado un mercado en el que la demanda es mucho más alta que la oferta, lo que hace que los precios suban aún más. Por diversas razones menos personas están vendiendo sus casas (posiblemente debido a las restricciones de cuarentena o el temor de contraer el virus), mientras que más personas están comprando, por razones como las tasas de interés hipotecarias históricamente bajas que se espera que continúen hasta 2022; porque las familias que se quedan en casa durante la cuarentena necesitan más espacio para vivir cómodamente; ya que la falta de acceso a las comodidades urbanas durante la pandemia ha llevado a muchas familias a querer mudarse

los suburbios. En junio del año pasado, un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica completado por investigadores de la Universidad de Chicago estimó que el 37 por ciento de los trabajos en los Estados Unidos se pueden realizar de forma completamente remota (desde casa), y la gran mayoría de estos son trabajos mejor pagados. En otras palabras, quienes tienen el lujo de trabajar desde casa durante la pandemia, también son quienes pueden permitirse comprar una casa más grande o ubicada en los suburbios, para adaptarse al entorno pandémico. Los trabajadores de bajos ingresos, por otro lado, tienen más probabilidades de tener dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca durante la pandemia, y sufrir la pérdida de empleo debido al cierre de negocios o la exposición al virus mientras continúan trabajando.

Todas estas condiciones apuntan a un país en el que la desigualdad, que ya se encontraba en niveles preocupantes antes del COVID-19, empeorará a medida que salgamos de la pandemia. Los programas de asistencia de alquiler y las moratorias sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias han ayudado a muchas familias a permanecer en sus hogares durante la crisis inmediata, pero puede haber un tsunami en alta mar a medida que estos programas se acercan a su fecha de finalización. Attom Data Solutions, una empresa con sede en Irvine, California que rastrea los datos de ejecuciones hipotecarias, informó que las solicitudes se redujeron un 57 por ciento en 2020 en comparación con 2019, y un 93 por ciento en comparación con su pico en 2010 después de la Gran Recesión.

Pero cuando durante este verano las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria comiencen a eliminarse gradualmente, (aunque los gobiernos estatales y federales continúan considerando extensiones al cronograma) muchas familias enfrentarán altos niveles de deuda acumulada durante los meses en que se suspendieron los pagos. Los fondos de asistencia para el alquiler de emergencia pueden ayudar a mitigar los niveles de deuda, pero los legisladores, las organizaciones comunitarias y otras partes interesadas aún enfrentan una gran incertidumbre sobre cómo las familias harán la transición de regreso al pago total de sus deudas pendientes y obligaciones financieras en curso.

Los gobiernos y las organizaciones de apoyo comunitario deben continuar monitoreando los niveles de dificultades financieras en las comunidades, para garantizar que la intervención no se disuelva en una ola de deudas con los propietarios y prestamistas. Sin otra extensión del cronograma de la moratoria, este verano será una coyuntura crítica en la recuperación a largo plazo de las comunidades más dañadas por la pandemia.