Durante la actual administración se firmaron 300 ordene ejecutivas en cuanto a políticas de migración. Restan casi diez semanas de mandato al presidente Donald Trump y expertos creen que antes de abandonar la Casa Blanca aprovechará para hacer una demostración de poder y aprobará un torbellino de acciones ejecutivas y medias para hacer más difícil al gobierno del presidente electo Joe Biden revertir sus políticas de inmigración.
Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), advirtió a Efe que “parece probable que la política de inmigración de la administración Trump durante los próximos meses tenga dos objetivos: hacer grandes declaraciones políticas y promulgar cambios que probablemente tengan cierto poder de permanencia durante la próxima administración”.
¿TERMINAR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?
La analista advierte que el Gobierno puede realizar cambios radicales, y como ejemplo pone la posibilidad de que el presidente firme “una orden ejecutiva que ponga fin a la ciudadanía por nacimiento”.
Pierce considera que está clase de acciones serían consideradas como “declaraciones contundentes” por parte del Gobierno Trump, a pesar de que la medida iría claramente contra la Enmienda 14 de la Constitución y sería retada en corte.
LA GABETA DE STEPHEN MILLER
La idea de que el Gobierno Trump pudiera lanzar una ofensiva más fuerte contra los inmigrantes se reforzó a finales de octubre cuando se reveló que Stephen Miller, el arquitecto de la política antinmigrante de Trump, tenía un cajón lleno de órdenes ejecutivas listas para ser firmadas con un estilo de «conmoción y asombro» si Trump era reelegido.
Las revelaciones fueron hechas por el exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, Miles Taylor. Entre estas medidas, Miller intentaría eliminar la ciudadanía por nacimiento y hacer que la prueba de ciudadanía estadounidense sea más difícil de aprobar, entre otros.
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), advirtió que, si bien casi todos los presidentes han buscado maximizar su influencia durante sus últimos días en la Oficina Oval, “pocos mandatarios han mostrado tanto desprecio y el desdén como Trump lo ha hecho por las instituciones de la Presidencia y el Gobierno federal”.
“La situación para los inmigrantes en este momento es muy volátil, muy frágil. La forma en que se conduce este presidente y su agenda hace que todo se pueda esperar. Además, parece ser que es una persona vengativa”, valoró Alvarado.
En sus últimos días de presidencia en enero de 2017, Barack Obama puso fin a la política de «pies secos, pies mojados», que estaba en vigencia desde 1995 y permitía a los cubanos que tocaban suelo estadounidense permanecer de manera legal en el país y acceder a la residencia.
Y muchos se temen que Trump siga su ejemplo y endurezca más si cabe las políticas migratorias, una de las principales enseñas de su mandato.
EL ASILO, AÚN EN LA MIRA.
Pierce, advierte que también se podrían ver cambios «regulatorios» como la reducción «significativa» de la elegibilidad para el asilo, lo que, en su opinión, sería difícil de «deshacer para una nueva administración”.
Oscar Chacón, director de Alianza Américas, una red de 50 organizaciones proinmigrantes añade a la lista de posibles acciones la reducción de elegibilidad para que un inmigrante se haga residente permanente. No se descartan tampoco un incremento de las redadas y las deportaciones.
La administración y la Oficina de Control y Aduanas (ICE) echó a andar varios operativos en las últimas semanas especialmente en las ciudades santuarios, e implantó una política para deportar de forma expedita a inmigrantes que tuvieran menos de dos años presentes en Estados Unidos.
“No podemos dejar de seguir nuestra vida, tenemos que ir al trabajo, a la iglesia, al llevar a los niños a la escuela, pero eso no quiere decir que no debamos estar alerta”, zanjó Alvarado.
En este sentido, Chacón lamentó la debilidad de las organizaciones para defender a los inmigrantes en regiones apartadas de las grandes urbes, lo que podría perjudicar a muchos inmigrantes en caso de una ola de redadas.
“Tenemos una gran falta de ayuda legal en pueblos de costa a costa del país”, dijo.
LAS MULTAS EXHORBITANTES
Una de las mayores preocupaciones para la abogada de inmigración y activista Lizbeth Mateo son las personas que están en «santuario», que también podrían estar en la mira de la Administración Trump en las próximas diez semanas.
Aunque el Gobierno no ha irrumpido en las iglesias donde estos inmigrantes se hayan recluidos, Mateo cree que la administración podría reforzar su política de implantar multas exorbitantes a estos inmigrantes.
Se estima que hay más de 50 personas en este momento refugiadas en iglesias. Mateo, quién representa a la mexicana Edith Espinal, refugiada en una iglesia de Ohio desde 2017, y quien recibió una multa inicial de cerca de medio millón de dólares, actualmente está lidiando con un cargo de 50.000 dólares.
“No sabemos qué va a pasar con esta multa, si nos toca pelear e ir a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) va ser difícil porque ha sido muy afectada por Trump y ha cambiado muchísimo”, alerta Mateo.
¿EL PARTIDO REPUBLICANO, EL FRENO DE TRUMP?
Alvarado pone sus esperanzas en el Partido Republicano. El activista explica que el presidente siempre ha usado a los inmigrantes para conseguir botines políticos.
“Si atacarnos a nosotros no le ayuda a avanzar una meta política tal vez nos deje en paz. Él sigue siendo el jefe del partido y ahora va a haber un debate interno para buscar apoyos y mantener la retórica del fraude”, matiza.
Por su parte, Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project, con sede en Seattle, considera que “si bien la administración Trump inevitablemente buscará introducir tantas políticas de último minuto como sea posible, también es cierto que esas serán en su mayor parte las más transparentes y las más fáciles de revertir para la administración Biden”.
