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La toma del Independence Hall

Crédito Visitphilly

Entre los símbolos icónicos de los principios democráticos de Estados Unidos de América, se encuentra el Independence Hall en Filadelfia, donde los padres fundadores blancos de la nación debatieron, redactaron, aprobaron y firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de la nación. Estos documentos sagrados dieron origen a una nación que derrotó a un gobierno de estilo monarca autoritario Y extranjero, para formar una unión más perfecta.

Como se informó a las comunidades puertorriqueña y otras, el 6 de enero, el carisma del presidente Trump y la retórica de la supremacía blanca y la creciente negación de su aplastante derrota en las urnas, llevaron a partidarios rabiosos, algunos blandiendo armas de fuego, a asaltar el edificio de la capital de nuestra nación. El efecto subsiguiente del ataque en lo que se conoce como la «Casa del Pueblo» fue la violencia de las turbas, con amenazas de dañar a funcionarios públicos, agresiones a las fuerzas del orden, daños al Capitolio y el saqueo de documentos confidenciales de las oficinas de los legisladores individuales. Costo la muerte de seis compatriotas estadounidenses, y agresiones físicas a muchos que protegen el edificio icónico, sin mencionar la colocación de bombas caseras, y toda la secuela de efectos traumatizantes, que perduraran en el personal del Capitolio y los estadounidenses.

Como activista puertorriqueño de derechos civiles, en 1979, ayudé a organizar y participé en dos tomas pacíficas separadas, entre otras, del Independence Hall y la sede central de la campaña de reelección Carter-Mondale de la ciudad, para exigir la entrega para familias necesitadas, de casas abandonadas de propiedad federal, para rehabilitar habitaciones auditables y volver a incluirlas en las listas de impuestos.

Recuerdo que colgamos una bandera puertorriqueña de las ventanas del frente, la policía rápidamente aseguró las calles que rodeaban el edificio histórico mientras nos encerramos adentro. Después de horas de negociaciones a través del difunto George Fensel, el legendario inspector jefe de la policía de Filadelfia que podía calmar una feroz protesta con unas pocas y tranquilas palabras, se ordenó a la policía que nos sacara del edificio más histórico de los Estados Unidos de América mientras las cámaras de televisión nos rodaban. Fotógrafos de periódicos tomaban fotos y trasmitían por radio en vivo.

La toma del “Independence Hall” en de 1979 por activistas puertorriqueños terminó, como comenzó, pacíficamente, sin violencia, sin arrestos, y los reporteros que fueron convocados al lugar por repetidas llamadas telefónicas de partidarios del grupo, hicieron un trabajo fantástico al brindar una cobertura justa y equilibrada. Más tarde ese año, gracias a los esfuerzos de Nelson Díaz, después de la toma simbólica de la oficina de la Campaña Carter-Mondale, cientos de casas en ruinas y abandonadas de propiedad federal fueron donadas para rehabilitación y ocupación por parte de familias puertorriqueñas pobres.

Entrando la administración de Biden-Harris, siento una renovada esperanza en la democracia estadounidense que permite una transferencia de poder ordenada y pacífica.

Boricua, demostraste tu capacidad para volver a encaminar a nuestro país a través de tu voto.

Takeover of Independence Hall

Among the iconic symbols of the democratic principles of our United States of America, stands Independence Hall in Philadelphia- where the nation’s White founding fathers debated, drafted, passed, and signed the Declaration of Independence and the nation’s Constitution.   These sacred documents gave birth to a nation that defeated a foreign authoritarian monarch-style of government to form a more perfect union.

As the Puerto Rican and other communities have been made aware, on January 6, President Trump’s charisma and White supremacy rhetoric and increasing denial of his landslide defeat at the polls, prompted rabid supporters, some brandishing firearms, to storm our Nation’s Capital Building. The ensuing effect of the attack on what is referred to as the «People’s House» was mob violence, threats to harm public officials, assaults on law enforcement, damages to the Capitol, and the looting of sensitive documents from individual legislators’ offices, death of five fellow Americans, physical assaults on many protecting the iconic building, not to mention the planting of pipe bombs, lasting traumatizing effects on Capitol personnel and Americans.

As a Puerto Rican civil rights activist, in 1979, I helped organize and participated in two separates, among others, peaceful takeovers of Independence Hall and the center city Carter-Mondale reelection campaign headquarters to demand the turnover of abandoned federally owned houses to families that would use sweat equality to rehabilitate for auditable habitation and put back on the tax rolls.   

I remember that we hung a Puerto Rican flag from the front windows, the police quickly secured the streets surrounding the historic building as we locked ourselves inside.  After hours of negotiations through the late George Fensel, the legendary Philadelphia Chief Police Inspector who could calm a fiery protest with a few calm words, police were ordered to carry us out of the most historic building in the United States of America while television cameras rolled, newspaper photographers snap photos and live radio coverage broadcasted.

The Independence Hall sit-in of 1979 by Puerto Rican activists ended, like it started, peacefully with no violence, no arrests, and the reporters who were summoned to the scene by repeated phone calls from supporters of the group did a fantastic job in providing fair and balanced coverage. Later that year, through Nelson Diaz’s efforts, after the sit-in at the Carter-Mondale Campaign office, hundreds of dilapidated and abandoned federally owned houses were gifted for sweat equity rehabilitation and occupation by poor Puerto Rican families.

Day into the new Biden/Harris administration. I am feeling renewed hope in American Democracy that allows an orderly and peaceful transfer of power. Boricuas, you demonstrated your ability to put our country back on track through your vote.

¿Qué pasó con el voto latino en Filadelfia?

Nadie pone en duda que las elecciones presidenciales del 2020 fueron históricas por la elevada participación ciudadana. Aquí en Filadelfia, un 66 por ciento de la población votó. La más alta participación desde 1984. Tampoco hay duda de que Filadelfia fue crucial para la victoria electoral de Biden-Harris.

Sin embargo, los números electorales del sector de Hunting Park fueron bajísimos. Lo interesante es que el candidato incumbente (Trump) triplicó su margen en comparación a las elecciones del 2016. De los 66 barrios electorales que hay en Filadelfia, el barrio electoral 7 fue donde menos votos se registraron. De 14,585 personas aptas para votar, solo 6,722 votaron, más de mil votos menos que en el 2016. Valga mencionar que en el barrio electoral 7 la población es mayoritariamente puertorriqueña.

Dos situaciones surgen de estos resultados. Primero, la baja electoral y la significativa ganancia de votos que arrancó el candidato presidencial republicano en una comunidad que históricamente se ha identificado como demócrata. La insatisfacción electoral no es nada nuevo en nuestro barrio. La gente no sale a votar, no por ignorancia, sino porque no ven en el voto un efecto positivo en sus comunidades. Gane quien gane, sus comunidades seguirán sufriendo de insalubridad y drogadicción. Añádase a eso la desconfianza de los residentes hacia los servicios que provee la ciudad, la pobreza endémica y la falta de oportunidades.

A la raíz de este fenómeno está la desconexión entre el votante y las estructuras políticas de base de nuestra ciudad. Filadelfia se divide en 10 distritos electorales, 66 barrios electorales y 1,703 divisiones. Por cada división se eligen dos representantes por cada partido (por lo general demócrata y republicano). Este representante es la persona que se supone sea la conexión entre los residentes y la provisión de servicios para la comunidad. Por supuesto que tenemos buenos representantes, pero, por lo general, la mayoría de nuestros barrios electorales no conocen a sus representantes de barrio.

Estos representantes son los que pueden ayudar a restablecer la iluminación, arreglar los rotos de las calles o ayudar con las multas de estacionamiento; además de ayudar al ciudadano promedio a no perderse en el laberinto de la burocracia administrativa de la ciudad. Si hubiera una sana relación entre la comunidad y estos organismos políticos la condición de nuestros barrios sería otro cantar.

A tono con esta disfuncionalidad, los partidos, sobre todo el demócrata, tienen oficiales electos que llevan décadas en sus oficinas de gobierno. Estas pasadas elecciones nuevas candidatas rompieron con esa norma y le arrancaron los cargos públicos a los incumbentes. Ese fue el caso de Nikil Saval, quien se identifica como demócrata-socialista y quien fundó Reclaim Philadelphia en el 2016; una organización que apoya y promueve candidatos y políticas que procuran potenciar a los trabajadores en vez de a las corporaciones súper millonarias.

Nikil Saval ganó las primarias demócratas del 2020 para el Senado Estatal por el 1er distrito senatorial en el Sur de Filadelfia. Le ganó a Larry Farnese, quien ya llevaba tres términos (12 años) como Senador Estatal y cuya familia, por décadas, ha estado muy conectada con la infraestructura del Partido Demócrata.

También, la novata Jamie Gauthier destronó a la veterana Jannie Blackwell, quien llevaba 7 términos (28 años) como concejal de la Ciudad. Lo mismo ocurrió con el Líder de Barrio Ron Donatucci, quien presidió el Registro de Testamentos desde 1980; perdió ante la también novata Tracey Gordon, en 2019.  Estas sorpresas electorales no fueron de carambola. Gordon, Saval y Gauthier ganaron con un amplio margen electoral.

Esto debe ser una alerta para la comunidad de Hunting Park, una enorme área de 87 hectáreas bordeada por el Roosevelt Boulevard por el norte, la calle Broad por el oeste, la calle Front por el este y la avenida Erie por el sur. El 90 por ciento de esta comunidad son residentes negros y latinos, siendo los puertorriqueños el mayor grupo étnico.

Las sorpresas electorales, la apatía de los votantes y las viejas infraestructuras partidistas son indicativo de que los votantes están hartos del inmovilismo partidista y quieren cambios, quieren candidatos nuevos y frescos que tengan un compromiso serio y probado con la comunidad.

Estos próximos cuatro años serán de mucha actividad política y de importantes carreras electorales. La participación electoral de los latinos y puertorriqueños tiene que mejorar, pero también hay que elevar el número de latinos a cargos públicos. Comencemos por nuestros barrios, donde se fragua la esperanza de una comunidad, con el potencial de darle al “Sueño Americano” un colorido despertar, caribeño y latinoamericano.

Pelosi pide más seguridad en el Congreso: “el enemigo está dentro”

Pelosi pide más seguridad en el Congreso: “el enemigo está dentro”

WASHINGTON DC – La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el jueves que los legisladores van a necesitar más fondos para seguridad, ya que «el enemigo está dentro» del legislativo.

Los comentarios de Pelosi llegan después de que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera una advertencia sobre la posibilidad de que se cometan actos terroristas por parte de personas motivadas por sentimientos antigubernamentales después de la elección del presidente Joe Biden.

El Senado se está preparando para llevar a cabo su segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump, a quien acusan de incitar a la insurrección en un discurso el 6 de enero antes de que cientos de sus partidarios irrumpieran en el edificio del Capitolio en un intento por detener la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. Cinco personas, incluido un oficial de policía, murieron en el asalto.

«Probablemente necesitemos un complemento para reforzar la seguridad de los miembros, cuando el enemigo está dentro de la Cámara de Representantes», dijo Pelosi.

Cuando se le preguntó qué quería dar a entender cuando se refería al «enemigo interno», Pelosi dijo: «Significa que tenemos miembros del Congreso que quieren llevar armas al pleno y que han amenazado con violencia contra otros miembros del Congreso».

Legisladores, incluidos algunos que votaron a favor de la destitución de Trump en la Cámara de este mes, informaron haber recibido amenazas.

La aprehensión ha adquirido un claro trasfondo partidista. Algunos republicanos se han opuesto en voz alta a tener que pasar por detectores de metal recién instalados antes de ingresar al pleno de la cámara, mientras que Pelosi ha propuesto multar a los legisladores que no pasen por los detectores.

La recién elegida representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia,  ha dado «me gusta» a publicaciones de Facebook que abogan por la violencia contra los demócratas y el FBI. Una publicación sugirió dispararle a Pelosi en la cabeza.

Cuando se le pidió que comentara, Greene envió una declaración escrita acusando a demócratas y periodistas de atacarla porque ella es «una amenaza para su objetivo del socialismo» y apoya a Trump y los valores conservadores. «Quieren sacarme porque represento a la gente. Y odian eso», dijo.

Latinos son mayoría en récord de solicitudes para Universidad de California

Vista de varios estudiantes latinos tomando clase. EFE/Felipe Chacón/Archivo

Los Ángeles. – Con un aumento de 12,2 % en relación con el año anterior, los latinos representan la mayor proporción de un nuevo récord de aspirantes a ingresar a los centros de la Universidad de California (UC), informó este jueves la presidencia de este sistema universitario.

Con un total de 249.855 solicitudes de admisión para las 10 sedes de la UC, el número total de solicitudes para otoño de 2021 aumentó 16,1 % en comparación con 2020.

“Nuestro número récord de solicitudes es un testimonio de la capacidad de recuperación de los estudiantes y sus familias, así como de su enfoque inquebrantable en la educación superior”, expresó en un comunicado Michael Drake, presidente de UC.

Los aspirantes latinos representan la mayor cantidad entre las solicitudes de ingreso de estudiantes que viven en California, constituyendo el 37,8 % de las solicitudes para primer año y el 33 % de las solicitudes de transferencia de colegios comunitarios del estado.

“Me siento alentado e inspirado por tantos estudiantes dedicados que quieren ingresar a la Universidad de California”, señaló John Pérez, presidente de la Junta de Regentes de UC, al destacar la importante diversidad de estos nuevos aspirantes.

La proporción de solicitudes de “estudiantes subrepresentados” fue de 45,1 %, destacándose un incremento en las solicitudes para primer año de estudiantes afroamericanos, que mostraron un aumento de 21,8 % en relación al 2020.

El sistema UC cuenta con nueve sedes que ofrecen estudios de posgrado y pregrado, y los más de 66.000 estudiantes latinos representan la tercera mayor proporción del alumnado con 22 % del total.

Del total de 226.449 estudiantes de pregrado, 40 % son los primeros de su familia en lograr el ingreso a una universidad. Los residentes de California representan el 80 % y un tercio del total recibe las Becas Federales Pell.

Rescatan a 23 inmigrantes dominicanos varados en la Isla Mona, Puerto Rico

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) rescataron a 23 inmigrantes dominicanos que se encontraban varados en la isla Mona, territorio parte de Puerto Rico en el Canal de la Mona, estrecho entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado. EFE/Marina de Guerra Dominicana/SOLO USO EDITORIAL

San Juan. – Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) rescataron a 23 inmigrantes dominicanos que se encontraban varados en la isla Mona, territorio parte de Puerto Rico en el Canal de la Mona, estrecho entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado.

La agencia federal estadounidense informó este jueves en un comunicado que los dominicanos formaban parte de un grupos de personas que llegaron a las costas de la reserva natural -un territorio parte de Puerto Rico pero más cercano a la Isla de la Española- el martes.

El Sector de San Juan de la Guardia Costera recibió un informe a últimas horas del martes por parte de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, quienes destacaron la presencia de varias personas no identificadas esparcidas en la Isla de la Mona y que su ubicación no era accesible por carretera.

Varios vuelos realizados por unidades de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) y aviones de la Policía de Puerto Rico confirmaron la presencia de una embarcación de 25 pies de eslora varada en el lado sureste de la isla.

Un helicóptero MH-65 Dolphin de la Guardia Costera entregó alimentos a los inmigrantes a la Isla Mona el martes, mientras los vigilantes de Recursos Naturales continuaban sus esfuerzos para reunirse con el grupo para trasladarlos a un lugar seguro.

El miércoles, helicópteros realizaron varios vuelos a la isla Mona para recoger a los 23 inmigrantes, 22 hombres y una mujer, que fueron transportados a Aguadilla, localidad de la costa noroeste de Puerto Rico.

Los inmigrantes, quienes se identificaron como ciudadanos de la República Dominicana, fueron recibidos en por agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey para su procesamiento.

Servicios médicos de emergencia evaluaron la salud de los inmigrantes.

La CBP es una agencia estadounidense dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en ingles) que tiene a su cargo la administración, control y protección de las fronteras de EE.UU.

La agencia federal se encarga además de la lucha contra amenazas terroristas y de hacer cumplir las leyes estadounidenses.

Trump sembró narrativa falsa de que indocumentados no cumplen con tribunales

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. EFE/EPA/Oliver Contreras / POOL /Archivo

Los Ángeles. – Por más de cuatro años el hoy expresidente Donald Trump sembró la idea en Estados Unidos de que los indocumentados no cumplían con sus citas ante los tribunales de inmigración, una narrativa que las estadísticas contradicen y que, según expertos, se debe aclarar para sacar adelante las reformas y cambios al sistema migratorio.

El llamado urgente para derrumbar la creencia de que los indocumentados no se presentan frente a los jueces de inmigración se basa en los hallazgos de un nuevo estudio revelado este jueves por el American Immigration Council (AIM), que encontró que más de 8 de cada 10 indocumentados requeridos por las cortes cumplen con las citas.

“Estos datos finalmente ponen fin a la falsa narrativa sobre las tasas de presentación de inmigrantes que la Administración de Trump utilizó para justificar políticas de inmigración restrictivas y crueles”, valoró Aaron Reichlin-Melnick, consejero de AIM, en una conferencia de prensa.

LOS DATOS NO MIENTEN

El estudio “Measuring In Absentia Removal in Immigration Court” encontró que 83 % de los inmigrantes con casos pendientes de deportación o que están luchando por revertir una orden de expulsión asistieron a todas sus audiencias frente a un juez de inmigración.

El número se eleva drásticamente cuando se evalúa a los inmigrantes no detenidos que están representados por un abogado, pues 96 % de los extranjeros en este grupo cumplieron con todos sus llamados a corte.

Ingrid Eagly, profesora en la Facultad de Derecho de Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y coautora del estudio, subrayó que los hallazgos “desmienten el mito de que los inmigrantes no se presentan a los tribunales”.

CUATRO AÑOS DE AFIRMACIONES FALSAS

La supuesta baja tasa de asistencia a los tribunales de los inmigrantes se convirtió en un tema de conversación popula. En los últimos cuatro años desde el propio Trump hasta el personal de la Casa Blanca y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley defendieron sus políticas de detención con este argumento.

En el último debate presidencial en octubre pasado, Trump cargó contra la política “Detener y Liberar” del expresidente Barack Obama (2009-2017), a la que calificó de “desastre” en defensa de su política que causó la separación de miles de familias, de las que unas 600 no se han podido reunificar.

«Cuando liberamos a la gente, de todos modos nunca regresan al juez; se han ido”, dijo en varias ocasiones el republicano.

La falsa narrativa fue usada para defender la política de cero tolerancia. En plena controversia sobre la aplicación de la medida en junio de 2018, el entonces director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, dijo en una entrevista con CNN que los migrantes «dirán lo correcto para ser liberados de la detención, luego no se presentarán en la corte”.

UN SISTEMA FALLIDO

La narrativa de Trump no sería el único problema. Reichlin-Melnick también llamó la atención sobre las “fallas institucionales” del sistema judicial de inmigración que influyeron en que los inmigrantes no se presentaran.

En este sentido, Eagly resaltó que de 2008 a 2018 casi 20 % de todas las órdenes de deportación en ausencia fueron impugnadas mediante una moción de reapertura de caso. Estos procesos fueron “abrumadoramente exitosos”, consideran los autores del estudio, y 15 % de los que recibieron la orden de expulsión en ausencia durante ese periodo reabrieron con éxito sus casos y lograron rescindir sus órdenes de deportación.

Los hallazgos sugieren que muchas personas que no comparecieron ante el tribunal querían asistir a sus audiencias pero nunca recibieron una notificación o enfrentaron dificultades para llegar al tribunal.

Los datos no serían una gran revelación para Paul Wickham Schmidt, exjuez de inmigración y miembro de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que a título personal dijo que “este informe confirma lo que muchos de nosotros, anteriormente en el tribunal de inmigración, hemos sabido durante años: los solicitantes de asilo representados comparecen prácticamente a todas las audiencias”.

“Los hallazgos refutan una de las muchas ‘grandes mentiras’ y ‘narrativas falsas’ promovidas por la última Administración para degradar y deshumanizar a los solicitantes de asilo y privarlos injustamente de sus derechos legales y constitucionales”, agregó.

UNA TAREA MÁS PARA BIDEN

Con base de esta investigación, la primera de su clase, los expertos urgieron hoy al presidente Joe Biden y a su Administración a hacer cambios tanto en la narrativa como al sistema judicial de inmigración. “La Administración Biden tiene la oportunidad de cambiar de rumbo”, advirtió Reichlin-Melnick.

Dentro de los cambios para garantizar tasas de comparecencia aun más altas, “la nueva Administración debería centrarse en actualizar la tecnología de los tribunales de inmigración, proporcionar mejores recursos para orientar a los inmigrantes y trabajar para garantizar que todos los inmigrantes que navegan por nuestro sistema de deportación estén representados por un abogado”, explicó el consejero de AIM.

Por su parte, Schmidt recomendó a la Administración “buscar cambios que proporcionen a los jueces de inmigración una mayor independencia y capacidad discrecional, y que apoyen la creación de una estructura independiente para los tribunales de inmigración».

El Congreso también tiene una tarea pendiente ya que debería revisar las duras leyes que requieren que los jueces emitan órdenes de deportación contra un inmigrante que pierde una sola audiencia, sostuvo Reichlin-Melnick.

Según el último informe de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, las cortes de inmigración tienen actualmente 1.290.766 casos pendientes.

Coloridos mitones de senador Sanders generan millones para obras de caridad

El senador de Vermont Bernie Sanders sobre un fondo gris. En la imagen del 20 de enero se le ve con sus mitones de lana, durante la ceremonia de investidura presidencial de Joe Biden..

La imagen, en la reciente inauguración presidencial de Joe Biden, del veterano legislador demócrata de Vermont, Bernie Sanders, abrigado con su chaqueta casual de color ‘halcón», fabricada por Burton, una compañía de Vermont que hace ropa para nieve, y unos curiosos mitones o manoplas de lana, regalo de una seguidora que los hizo con material reciclado, se ha hecho viral en las redes sociales.

Pero los chistes no han impedido que el senador Bernie Sanders saque provecho a la situación, copiando la imagen en diversos artículos de vestir y otros, recaudando casi dos millones de dólares para varias organizaciones de caridad en su estado de Vermont.

Sanders puso a la venta en su página web una colección de camisetas, abrigos y otros, con el eslogan del “Presidente Sanders”, el jueves por la noche. En menos de 30 minutos, su inventario se había agotado. Más mercadería fue anunciada el fin de semana y el lunes por la mañana se habían agotado nuevamente las existencias, dijo el veterano legislador.

Hasta el momento, el total de la recaudación ascendía a 1,8 millones de dólares.

Los mitones de Sanders fueron hechos por Jen Ellis, una profesora de segundo grado de Vermont que tiene un negocio de fabricación de este tipo de guantes hechos con lana reciclada, cuyas ganancias van para una organización caritativa local que entrega comidas a personas necesitadas.

«[Mi esposa] Jane y yo estábamos asombrados por toda la creatividad mostrada por tanta gente en la última semana, y estamos contentas de poder usar mi fama en internet para ayudar a residentes de Vermont que están necesitados”, dijo Sanders en un comunicado.

“Pero incluso esta cantidad de dinero no es sustituto de la acción del Congreso, y yo estaré haciendo todo lo posible en Washington para asegurar que la gente trabajadora de Vermont y todo el país reciban el alivio que necesitan en medio de la peor crisis que hemos afrontado desde la Gran Depresión”, agregó el senador.

Entre las organizaciones que recibirán parte de los fondos recaudados están Comidas Sobre Ruedas, la Fundación Chill, la Red de Padres e Hijos de Vermont y asilos de ancianos en Vermont y agencias de acción comunitaria de este estado.

¿En qué consiste el decreto ‘Buy American’ de Biden?

Empleados de la fábrica Flextronics International, de Apple, trabajan en el ensamblaje de la computadora Apple Mac Pro en Austin, Texas en EE.UU., el 20 de noviembre de 2020.

MIAMI, FLORIDA – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el decreto ‘Buy American’, una iniciativa que busca impulsar la compra de productos estadounidenses, siempre que sea factible, y que con ello se cierren las brechas de las exenciones que han sido por años denunciadas por medianos y pequeños empresarios.

El texto del decreto, firmado el lunes, indica que la administración Biden busca que «el futuro de Estados Unidos sea hecho en Estados Unidos por todos los trabajadores estadounidenses».

“El gobierno de Estados Unidos debería, siempre que sea posible, adquirir bienes, productos, materiales y servicios de fuentes que ayudarán a las empresas estadounidenses a competir en industrias estratégicas y ayudarán a los trabajadores estadounidenses a prosperar”, refiere el memorando de la Casa Blanca.

La iniciativa sigue a la política de ‘America First’, impulsada por el expresidente Donald Trump, que aplicó mayores aranceles a producciones extranjeras, sobre todo al hierro, aluminio y a manufacturas de origen chino, en una especie de vuelta de tuerca al proteccionismo de larga data en administraciones anteriores.

Antecedente de la iniciativa

‘Buy American’ arrastra como legado la Ley Buy American (BBA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1933 al final del mandato del presidente Herbert Hoover, y que buscaba paliar la crisis de la Gran Depresión.

La ley favoreció la compra de productos nacionales por parte del gobierno federal, lo que también se conoce como contratación pública.

Según un informe de COFACE, una consultora chilena con presencia en más de 70 países, para 2018 el total medidas proteccionistas en el mundo era 2.5 veces mayor que en 2010 y en muchos países desarrollados como EE.UU., Japón, Australia o Canadá “la proporción de las importaciones afectadas por las medidas proteccionistas es mayor que la de las importaciones que se benefician de medidas favorables”.

¿Qué busca ‘Buy American?

El mandato publicado el lunes aspira a una política de adquisiciones “responsable y transparente”, para ello, señala el texto.

Visto así, “cada agencia debe conferir la autoridad de emisión de exenciones al liderazgo de la agencia superior, cuando sea apropiado y de acuerdo con la ley aplicable”.

El decreto está destinado a cerrar las lagunas en las disposiciones existentes en esta meta de comprar productos estadounidenses, que estructuran los 600.000 millones de dólares en bienes y servicios que el gobierno federal compra cada año. Incluso, esta semana fue creado un alto cargo que supervise el proceso en Casa Blanca.

Las denominadas leyes ‘Made in America’ incluyen a otras que requieren preferencia nacional para el transporte marítimo, incluida la Ley de Marina Mercante de 1920 (Ley Pública 66-261), también conocida como Ley Jones.

Es competencia de cada director de agencia considerar “suspender, revisar o rescindir” las acciones de la agencia que sean inconsistentes con la política ya establecida para la adquisición de productos nacionales.

La Voz de América solicitó comentarios a Emilio Morales, Presidente y CEO de Havana Consulting Group, un equipo con sede en Miami, Florida y especializado en  planeación estratégica de mercado.

Morales afirma que esta “es una medida que da continuidad a la política que comenzó el expresidente Donald Trump, que consiste en estimular la economía norteamericana desde adentro, generando empleo en nuestro país y haciendo regresar a nuestras empresas que por muchos años se radicaron en el exterior”.

“Joe Biden quiere lograr una rápida recuperación de la economía norteamericana generando miles de empleos en un momento que el país tanto lo necesita, de paso envía un mensaje a China de que el camino y la línea trazada por el expresidente Trump es la ruta a seguir”, vaticinó Morales a la VOA.

Una oficina de control

Para llevar a efecto las fiscalización del programa, así como la aprobación de las exenciones, el presidente ha anunciado la creación de un alto puesto en el gobierno con la Oficina de Made in America (Director de ‘Made in America’), quien será designado por el Director de Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).

Biden ha dado seis meses (180 días) para que cada agencia rinda un informe detallado ante el director de Made in America sobre cómo se cumplen las leyes en cuanto a este mandato, y por qué y cuáles son los bienes, productos, materiales y servicios que no están sujetos a la modificación actual.

Para que una agencia gubernamental otorgue una exención que busque comprar productos o componentes en el exterior, ésta deberá proporcionar al director de Made in America “una descripción de su exención propuesta y una justificación detallada para el uso de bienes, productos, o materiales que no hayan sido extraídos, producidos o fabricados en Estados Unidos”, señala el texto de la orden ejecutiva.

Las agencias tiene 45 días después de que sea nombrado el director de Made in America, y según corresponda posteriormente, el Director de OMB, para publicar una lista con la información de las exenciones señaladas y sus respectivas justificaciones.

Asimismo el director de Made in America tiene 15 días para notificar al director de la agencia otorgante el rechazo y la argumentación que hace de la propuesta presentada.

Estas propuestas y sus negativas a ser implementadas serán publicadas siempre “que lo permita la ley y de acuerdo con los intereses de confidencialidad de la seguridad nacional y la rama ejecutiva”.

Grupos hispanos apoyan decretos de Biden sobre concesiones petroleras

El presidente de EEUU Joe Biden durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Washington, DC, EEUU. EFE/EPA/Doug Mills / POOL

Washington. – Los decretos del presidente Joe Biden que suspenden algunas nuevas concesiones de exploración de hidrocarburos en áreas federales son «un primer paso» para atender las deficiencias que los latinos enfrentan en acceso a la naturaleza y justicia ambiental, afirmó este miércoles la Hispanic Access Foundation (HAF).

Las medidas de Biden, que responden a los planes de la nueva Administración estadounidense para combatir el cambio climático, incluyen una revisión de las prácticas en el otorgamiento de permisos en el sector energético y de las concesiones «relacionadas con los combustibles fósiles» ya existentes en territorios federales.

Además de la suspensión de las concesiones, los decretos de Biden ordenan al Departamento del Interior la conservación, sin cambios, del 30 % de las tierras y aguas de Estados Unidos para el año 2030, así como la promoción de la producción de energía eólica en áreas marinas de modo que se duplique para ese año.

Poder Latinx, un grupo que promueve la participación política de los hispanos en EE.UU., elogió los decretos de Biden «concernientes al cambio climático porque este es un asunto que impacta desproporcionadamente a las comunidades latinas en todo el país».

«Nuestra comunidad ya ha soportado demasiado. Nuestra voz es esencial para comprender la crisis climática y estamos resueltos a ser un aliado importante para mitigarla», añadió el comunicado del grupo.

Las comunidades latinas y de otros grupos étnicos o raciales minoritarios del país «se enfrentan a una ‘brecha de naturaleza’ y tienen menos acceso a parques, playas y las áreas naturales en general», afirmó HAF, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

«Debido a la distribución de los espacios verdes en Estados Unidos, a estas comunidades se les niegan los beneficios de la naturaleza y sufren una prevalecencia mayor de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas», añadió.

El sector del petróleo y del gas natural, fuertemente afectado por la recesión causada por la pandemia de covid-19, ya se ha opuesto frontalmente a estas medidas para abordar la crisis climática, que perjudican directamente a sus negocios.

Biden anunció la semana pasada su decisión de rescindir el permiso para el oleoducto Keystone XL, de 1.947 kilómetros, proyectado para llevar 830.000 barriles de crudo al día desde la provincia canadiense de Alberta a Nebraska, y que se había convertido en un símbolo de la crisis climática.

El comunicado de HAF apoyó la decisión de Biden «para proteger la salud de nuestras comunidades latinas al imponer una moratoria a los arrendamientos federales nuevos para la extracción de petróleo y gas».

«La producción de combustibles fósiles en tierras públicas ha causado cerca de una cuarta parte de la contaminación con gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Con esta orden ejecutiva, la Administración Biden detiene los regalos irresponsables de la Administración (del hoy expresidente Donald) Trump que ponían las ganancias de los ejecutivos de empresas contaminantes antes que nuestra salud», según HAF.

Biden también ha ordenado ya la revisión de un centenar de medidas de Trump que redujeron las regulaciones de varios sectores y afectaron a las políticas medioambientales impuestas sobre todo durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), del cual Biden fue vicepresidente.

Las iniciativas incluyen hacer que las agencias federales estudien la compra de vehículos eléctricos y con cero emisiones.

La Casa Blanca aseguró que las medidas de Biden cumplen su promesa electoral «de tomar medidas agresivas para abordar el cambio climático», incluida la reincorporación del país al Acuerdo de París anunciada nada más asumir la Presidencia.

La Casa Blanca también anunció que el 22 de abril, cuando se celebra el Día de la Tierra, Biden acogerá una cumbre global sobre el ambiente, con lo cual subrayará la vuelta de Estados Unidos al esfuerzo internacional para reducir las emisiones de carbono.

Orden judicial no impide la moratoria de las deportaciones, dicen activistas

Un grupo de personas sospechosas de cruzar el río Grande para ingresar a los Estados Unidos en Texas (EE.UU.). EFE/Larry W. Smith/Archivo

Washington. – La orden de un juez federal en Texas que bloqueó cautelarmente una moratoria de 100 días decretada por el presidente Joe Biden en las deportaciones de indocumentados no obliga, sin embargo, al gobierno a deportar a los inmigrantes, indicaron hoy activistas.

La pausa, incluida en decretos firmados por Biden a poco de asumir la presidencia, «no tiene precedentes y es histórica», afirmó en una teleconferencia de prensa Lorella Praeli, presidente de Community Change Action. «Esto no hubiera ocurrido si no fuese por años y años de organización y militancia en todo el país».

La detención de miles de indocumentados y las deportaciones fueron rasgos prominentes en la política del presidente Donald Trump hacia los inmigrantes.

«El nuevo gobierno entiende la realidad», añadió Praeli. «Éste es un sistema que aprisiona a decenas de miles de personas día a día, separa las familias, deja a los menores desamparados, y hace imposible que millones de personas planifiquen sus vidas sin temor de la deportación».

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden de pausar las deportaciones la pasada semana argumentando que la nueva administración actuó de forma arbitraria al no consultarles previamente, y este martes el juez Drew B. Tipton, del Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas, detuvo la aplicación del decreto presidencial a nivel nacional.

Tipton, un juez designado por el expresidente Donald Trump, programó una audiencia para el 28 de enero cuando ambas partes deberán presentar sus argumentos. Su orden puede permanecer en vigor hasta 14 días y puede extenderse otros 14 días.

«La decisión (del juez) es equivocada», afirmó Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración en el Colegio Nacional de Abogados. «Y no tiene efecto sobre la discreción del gobierno en los casos individuales».

«El juez bloqueó la pausa automática de las deportaciones pero eso no afecta las atribuciones del gobierno para no proceder a la deportación de las personas, caso por caso», explicó. «En otras palabras, el gobierno no tiene la obligación de deportar a las personas, el poder ejecutivo tiene amplias atribuciones para no deportarlas».

Silky Sha, directora ejecutiva de Detention Watch Network, se dijo «alentada al ver que (el presidente) Biden tomó una acción desde el primer día».

«Hemos luchado duro por la moratoria de deportaciones por 100 días que es un paso esencial para la reforma integral del sistema de inmigración», añadió. «Esto da al gobierno tiempo para revisar el sistema».

Tras el dictamen del juez tipton, el gobernador Paxton, con un mensaje en su cuenta Twitter, celebró la victoria, resaltando que “Texas es el PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la administración Biden. Y GANAMOS”.