DAVID A. LIEB
Una nueva ley de Mississippi autorizará a la principal agencia de seguridad pública del estado a elaborar una lista de todos los inmigrantes que viven en el estado sin permiso de residencia.
Lo que se hará con esa información queda un poco en el aire. Pero la ley, que entrará en vigor el miércoles, está generando alarma entre defensores de los inmigrantes, que temen que pueda convertirse en una nueva táctica para perseguir a los inmigrantes, en consonancia con el plan del presidente Donald Trump de deportar a millones de personas que no cuentan con autorización legal para vivir en Estados Unidos.
La ley establece que el Departamento de Seguridad Pública del estado “puede utilizar todos los medios de investigación legales razonables disponibles” para determinar el número y las identidades de todos los “extranjeros ilegales” en Mississippi. Eso incluye recopilar sus nombres, direcciones, países de origen y si son adultos o menores. También incluye el registro de cualquier antecedente penal, así como la fecha, el lugar y el estado de los procedimientos de deportación.
Se ordena al departamento que comparta información sobre quienes sean sospechosos de violar leyes con las autoridades estatales y locales. La medida no exige ni prohíbe que la base de datos se comparta con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La senadora estatal republicana Angela Hill, quien impulsó la medida, afirmó que los estados tienen el derecho y la obligación de ayudar al gobierno de Estados Unidos a desalentar la inmigración ilegal, que, según ella, facilita delitos como el tráfico de personas y de drogas.
“A mí me parece de sentido común», dijo Hill. «Para abordar los problemas causados por la inmigración ilegal, necesitamos entender la magnitud del problema. Identificar el número y la identidad de los extranjeros ilegales en Mississippi es una manera concreta de comprender mejor el problema”.
Las leyes de inmigración se multiplican en los estados
En todo el país, los estados ya han promulgado más de 100 leyes relacionadas con la inmigración este año, según un recuento de The Associated Press.
En estados gobernados por republicanos, esas medidas por lo general se han alineado con la agenda de Trump al exigir que los jefes de policía local firmen acuerdos de cooperación con ICE, reforzar las restricciones de elegibilidad para beneficios públicos y ordenar a los funcionarios electorales que comparen los padrones de votantes con el sistema federal Systematic Alien Verification for Entitlements, en un intento de detectar a personas que no son ciudadanas.
En estados gobernados por demócratas, por lo general se ha respondido a Trump con nuevas leyes que prohíben pactos de cooperación con ICE, impiden tácticas de ICE como el uso de máscaras y restringen las redadas migratorias en escuelas, hospitales y otros lugares sensibles sin órdenes judiciales.
Lo más parecido a la nueva ley de Mississippi parece ser una orden ejecutiva de 2021 del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Esa medida ordenó al Departamento de Policía de Florida “utilizar todos los medios de investigación legales disponibles” para determinar el número y las identidades de todos los “extranjeros ilegales” trasladados desde la frontera suroeste del país hacia Florida.
La agencia de Florida no respondió a una solicitud de AP para obtener información sobre los resultados de la orden del gobernador.
Mientras tanto, el gobierno de Trump ha intensificado la aplicación de una ley federal de décadas de antigüedad que exige que las personas no ciudadanas se registren ante el gobierno de Estados Unidos.
Algunos cuestionan cómo funcionará la ley de Mississippi
La ley de Mississippi contempla algo más que un único conteo. Establece un esfuerzo continuo para llevar un registro de los inmigrantes que viven ilegalmente en el estado durante los próximos dos años. Eso podría complicarse a medida que algunas personas excedan el tiempo permitido de sus visas, soliciten nuevas formas de estatus legal y se muden dentro y fuera del estado.
“Puedes estar indocumentado hoy, y luego tener estatus mañana, y luego perderlo otra vez el próximo mes, y luego recuperarlo dentro de tres meses”, explicó Efrén Olivares, vicepresidente de litigios y estrategia legal del National Immigration Law Center, una organización sin fines de lucro que defiende a inmigrantes de bajos ingresos.
“Es prácticamente imposible de implementar, pero también es muy preocupante, porque recuerda de manera inquietante a otros países que han creado listas de ciertos grupos de personas”, añadió Olivares.
Los funcionarios estatales tendrán que idear “una forma creíble y bastante a prueba de fallos para determinar correctamente el estatus migratorio de alguien”, señaló Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Center for Immigration Studies, un centro de pensamiento sin fines de lucro que apoya restricciones a la inmigración.
Pero Vaughan sostuvo que la ley “tiene mucho sentido”, y agregó que “aumenta la probabilidad de que la presencia ilegal de alguien llegue a conocimiento de las autoridades federales”.
Defensores dicen que la ley podría quebrar la confianza en la policía
Mississippi tiene uno de los porcentajes más bajos del país de inmigrantes que residen ilegalmente en el estado —menos de 28.000 personas, lo que equivale a menos del 1% de su población—, según un informe del American Immigration Council, que utilizó datos de 2023 de la Oficina del Censo.
Victoria Francis, subdirectora de iniciativas estatales y locales del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro que aboga por los inmigrantes, indicó que la nueva ley “es muy preocupante por un montón de razones diferentes”, incluida la posibilidad de desviar recursos de las fuerzas del orden destinados a la protección del público hacia la investigación de personas de países extranjeros que podrían estar contribuyendo a la economía.
“Un mandato como este invita a elaborar perfiles y a convertir comunidades enteras en objetivos”, advirtió Francis.
La ley podría socavar la confianza entre la policía y los residentes, señaló Lydia Grizzell, gerente de políticas y defensa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Mississippi.
“Eso aumenta la probabilidad de que las personas no recurran a las fuerzas del orden cuando sea necesario, y eso es lo contrario de la misión”, afirmó Grizzell.
