WASHINGTON— Una corte federal de apelaciones falló el pasado 29 de agosto que el presidente Donald Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles generalizados a casi todos los países del mundo, pero por ahora dejó en pie el plan del mandatario de construir un muro proteccionista alrededor de la economía estadounidense.
La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales y aplicar impuestos a las importaciones procedentes de casi todos los países del mundo, en gran medida ratificando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio de Nueva York.
“Parece poco probable que el Congreso pretendiera… otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”, escribieron los jueces en una decisión de 7-4.
Pero no derogaron los aranceles por el momento, dando al gobierno de Trump hasta mediados de octubre para apelar ante la Corte Suprema.
El presidente prometió hacer precisamente eso. “Si se permite que esta decisión se mantenga, literalmente destruiría a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que Trump había actuado legalmente, y «esperamos una victoria definitiva en este asunto».
Por su parte, un abogado de pequeñas empresas afectadas por los aranceles manifestó que el fallo muestra que Trump no tiene poder ilimitado para imponer aranceles por su cuenta. “Esta decisión protege a las empresas y consumidores estadounidenses de la incertidumbre y el daño causados por estos aranceles ilegales”, comentó Jeffrey Schwab, director de litigios en el Liberty Justice Center.
Aun así, sigue siendo incierto si las empresas verán algún efecto de la decisión, indicó Jake Colvin, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior.
“Si estos aranceles son anulados a la postre, debería servir como una llamada de atención para que el Congreso recupere su mandato constitucional de regular los derechos y brinde algo de certeza a largo plazo para las empresas estadounidenses y alivio para los consumidores”, dijo Colvin.
El senador demócrata Ron Wyden de Oregon dijo que planea forzar votaciones para “derogar estos impuestos perjudiciales y regresivos en cada oportunidad”.
Presión sobre los aliados de EE. UU.
La decisión complica las ambiciones de Trump de cambiar por completo décadas de política comercial estadounidense por su cuenta. Trump tiene leyes alternativas para imponer aranceles, pero éstas limitarían la rapidez y severidad con que podría actuar. Sus aranceles, y la manera errática en que los ha implementado, han sacudido los mercados globales, enajenado a los socios comerciales de Estados Unidos y aumentado los temores de precios más altos para los consumidores estadounidenses y un crecimiento económico más lento.
Pero Trump también ha utilizado los aranceles para presionar a la Unión Europea, Japón y otros países a aceptar acuerdos comerciales desiguales y para llevar decenas de miles de millones de dólares al Tesoro federal para ayudar a pagar los enormes recortes de impuestos que firmó el 4 de julio.
“La administración podría perder un pilar de su estrategia de negociación”, dijo Ashley Akers, asesora en el bufete de abogados Holland & Knight y exabogada litigante del Departamento de Justicia, antes de la decisión de la corte de apelaciones.
El disenso de los jueces que no estuvieron de acuerdo con el fallo del viernes abre un posible camino legal para Trump, al alegar que la ley de 1977 que permite acciones de emergencia “no es una delegación inconstitucional de autoridad legislativa, según las decisiones de la Corte Suprema”, que han permitido al legislativo otorgar algunas facultades arancelarias al presidente.
El gobierno ha argumentado que si los aranceles son anulados, podría tener que reembolsar algunos de los impuestos que ha recaudado, lo que supondría un golpe financiero para el Tesoro.
Los ingresos por aranceles totalizaron 159.000 millones de dólares hasta julio, más del doble de lo que eran en el mismo punto el año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia advirtió en un documento legal este mes que revocar los aranceles podría significar la “ruina financiera” para Estados Unidos.
“Por todos los aranceles que se han recaudado bajo la IEEPA, verás a la gente solicitar reembolsos y más reembolsos”, dijo el abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exasesor económico de la Casa Blanca.
La secretaria de Justicia Pam Bondi acusó a los jueces de interferir con el papel central del presidente en la política exterior y prometió apelar.
¿De qué aranceles se trata?
El fallo involucra dos conjuntos de aranceles, los cuales justificó Trump con una declaración de emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (conocida como IEEPA por sus iniciales en inglés):
— Los aranceles generalizados que anunció el 2 de abril —“Día de la Liberación”, lo llamó—, cuando impuso aranceles “recíprocos” de hasta el 50% a países con los que Estados Unidos tiene déficits comerciales y un arancel “base” del 10% a casi todos los demás. Las tasas arancelarias han sido revisadas por Trump, en algunos casos después de negociaciones comerciales, y en general entraron en vigor el 7 de agosto.
La emergencia nacional subyacente a los aranceles, dijo Trump, era la brecha entre lo que Estados Unidos vende y lo que compra del resto del mundo. El presidente comenzó a aplicar tasas arancelarias modificadas en agosto, pero los productos procedentes de países con los que Estados Unidos tiene un superávit también se ven afectados por los impuestos.
— Los “aranceles de tráfico” que anunció el 1 de febrero sobre importaciones de Canadá, China y México y que luego refinó. Estos fueron diseñados para que esos países hicieran más para detener lo que declaró una emergencia nacional: el flujo de drogas e inmigrantes no autorizados hacia Estados Unidos.
La Constitución otorga al Congreso el poder de aplicar impuestos, incluidos los aranceles. Pero durante décadas, los legisladores han cedido facultades al presidente, y Trump ha aprovechado al máximo el vacío de poder.
Pero la afirmación de Trump de que la IEEPA le da poder ilimitado para gravar las importaciones rápidamente produjo impugnaciones legales, al menos siete casos. Ningún presidente había utilizado dicha ley para justificar aranceles, aunque la IEEPA se había utilizado con frecuencia para imponer restricciones a las exportaciones y otras sanciones a adversarios de Estados Unidos, como Irán y Corea del Norte.
Los demandantes argumentan que la ley de poderes de emergencia no autoriza el uso de aranceles.
También señalan que el déficit comercial difícilmente cumple con la definición de una amenaza “inusual y extraordinaria” que justificaría declarar una emergencia bajo la ley. Después de todo, Estados Unidos ha tenido déficits comerciales durante 49 años consecutivos, en buenos y malos tiempos.
Poderes de emergencia
El gobierno de Trump argumentó que los tribunales aprobaron el uso de emergencia de aranceles por parte del presidente Richard Nixon en una crisis económica de 1971 que surgió tras su decisión de terminar con una política que vinculaba el dólar estadounidense al precio del oro. La administración Nixon alegó con éxito que contaba con autoridad bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte del lenguaje legal utilizado en la IEEPA.
En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York rechazó el argumento, y falló que los aranceles generalizados de Trump “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente” bajo la ley de poderes de emergencia. Al llegar a su decisión, el tribunal de comercio combinó dos impugnaciones —una de cinco empresas y otro de 12 estados de Estados Unidos — en un solo caso.
En el caso de los aranceles por tráfico de drogas e inmigración sobre Canadá, China y México, el tribunal de comercio dictaminó que los impuestos no cumplían con el requisito de la IEEPA de que “aborden” el problema que se suponía debían tratar.
La decisión judicial no cubre otros aranceles de Trump, incluidos los impuestos sobre el acero, aluminio y automóviles extranjeros que el presidente impuso después de que investigaciones del Departamento de Comercio concluyeran que esas importaciones eran amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Tampoco incluye los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato — y que el presidente Joe Biden mantuvo — después de que una investigación gubernamental concluyera que los chinos utilizaron prácticas desleales para dar ventaja a sus propias empresas tecnológicas sobre rivales de Estados Unidos y otros países occidentales.
Trump podría recurrir a facultades alternativas para imponer aranceles, aunque son más limitadas. La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, por ejemplo, permite al presidente gravar al 15% las importaciones de países con los que Estados Unidos tiene grandes déficits comerciales durante 150 días.
Asimismo, la Sección 301 de la misma ley de 1974 permite al presidente gravar las importaciones de países que se determine han participado en prácticas comerciales desleales después de una investigación por parte de la Oficina del Representante Comercial. Trump utilizó la autoridad de la Sección 301 para lanzar su guerra comercial con China en su primer mandato.
