Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos sobre los planes del gobierno de Trump para dejar de proteger a haitianos y sirios de la deportación, personas de más de una docena de otros países prestarán mucha atención, y quizá nadie con tanta expectación como unos 200.000 salvadoreños, según estimaciones.

Muchos salvadoreños han vivido en Estados Unidos durante 25 años bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite a quienes ya están en el país quedarse con permisos de trabajo en periodos de hasta 18 meses, siempre que el secretario de Seguridad Nacional considere que las condiciones no son seguras para regresar. La exsecretaria del presidente Donald Trump, Kristi Noem, puso fin al TPS para los 12 países a los que les tocó renovación bajo su gestión.

Los argumentos ante el tribunal el miércoles se centrarán en si el gobierno evaluó adecuadamente las condiciones en Haití y Siria cuando puso fin al TPS y si mostró prejuicios contra inmigrantes no blancos. Las decisiones afectaron a unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ocupa un lugar especial como aliado de Estados Unidos entre los líderes de los 17 países que fueron designados con TPS cuando Trump asumió el cargo, abarcando un universo de 1,3 millones de personas que se duplicó con creces durante la presidencia de Joe Biden. Extender el TPS aseguraría un flujo de remesas que la gente envía a sus familiares en su país, pero pocos cuentan con que Trump conceda algún favor cuando llegue el momento de renovarlo el 9 de septiembre.

José Urías, quien formó una familia, tuvo dos hijos estadounidenses y fundó una empresa que ha construido más de 150 viviendas en el área de Boston, afirmó que no ha perdido la esperanza.

“Garantizado no está, pero imposible tampoco”, comentó en una entrevista desde su casa en Boston.

Los salvadoreños con TPS han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos desde al menos 2001, cuando dos grandes terremotos que golpearon al país centroamericano dieron lugar a ese estatus especial. La gran mayoría tiene hijos nacidos en Estados Unidos.

Muchos han perdido sus empleos y temen ser detenidos, separados de sus familiares estadounidenses y deportados a un país que apenas conocen.

“Nuestra vida está basada acá. He vivido más de mi vida acá que en El Salvador”, dijo Urías, de 47 años. “Es como tener tu sueño norteamericano y de pronto pues que te digan ‘tu tiempo se acabó, ya no te necesitamos más’ y se te quiera cortar todo lo que ha construido”.

Tras cruzar la frontera desde México en 1994, trabajó transportando muebles, lavando platos y cocinando en restaurantes, antes de abrir su negocio de construcción hace unos 18 años.

Primero empezó remodelando casas y luego construyéndolas y vendiéndolas. Emplea a tres personas en una empresa que vende viviendas y trabaja con siete contratistas que emplean a decenas de personas.

Urías se casó con una salvadoreña que también es beneficiaria del TPS. Tienen dos hijos que viven con ellos: uno de 19 años, estudiante de segundo año en Babson College en Boston; y otro de 13.

Dos de sus 13 hermanos nacieron en Estados Unidos y los demás tienen residencia legal permanente, al igual que sus padres. Toda la familia vive en Estados Unidos, y él señaló que sus dos hijos estadounidenses se quedarán en Estados Unidos porque es su país y el lugar donde encontrarán oportunidades, incluso si los padres pierden las protecciones del TPS.

«Te sientes realizado, porque he podido llegar a tener tantas cosas que nunca imaginé”, explicó Urías en español. “Obviamente con la lucha, sacrificio y y y uno acoplándose al estilo de vida de acá a la cultura de acá, al idioma y todo eso, porque tenemos que asimilar todas esas cosas para poder tratar en cierta forma tener un éxito que todos buscamos”.

¿Qué es el TPS?

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Cuando Trump asumió el cargo, los venezolanos constituían el grupo más grande de beneficiarios, seguidos por los haitianos y los salvadoreños.

Trump ha puesto fin al TPS para cerca de 1 millón de personas de países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y Afganistán.

Trump y Bukele, de El Salvador, comparten un enfoque militarizado para combatir el crimen organizado transnacional y una retórica dura en torno a la seguridad nacional y el orden público.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador durante su primer viaje en el cargo y consiguió un acuerdo con Bukele para que El Salvador acepte deportados de cualquier nacionalidad. Apenas un mes después, Estados Unidos envió a cientos de venezolanos a una notoria prisión de máxima seguridad en El Salvador.

El Salvador pasó de ser uno de los lugares más violentos del mundo a uno de los países más seguros de América desde que Bukele ordenó arrestos masivos en 2022. El Departamento de Estado actualizó la recomendación de viaje para El Salvador a su nivel más favorable en abril de 2025, citando una disminución de los delitos violentos y los homicidios.

Bukele pidió a Trump que extendiera el TPS en 2019, durante el primer gobierno de Trump. Se mantuvo porque había demandas al respecto.

“No podemos confiarnos solamente en relaciones de amistad”, afirmó José Palma, un salvadoreño con TPS y coordinador nacional de la National TPS Alliance, un grupo de defensa que ha combatido la cancelación de la protección para varios países en los tribunales federales. “No se puede garantizar nada con esta administración en los Estados Unidos en este momento”.

Bukele no ha solicitado públicamente una extensión del TPS, aunque ponerle fin podría ser un golpe económico. Los salvadoreños en Estados Unidos enviaron 9.900 millones de dólares en remesas a El Salvador el año pasado, lo que representó el 24% del producto interno bruto del país, según el banco central de El Salvador.

“No creo que el hecho de que Bukele realmente haya cumplido con las prioridades de Trump necesariamente signifique que Trump vaya a responder a solicitudes de extensión del TPS”, señaló Rebecca Bill-Chavez, directora ejecutiva del centro de pensamiento con sede en Washington Inter-American Dialogue. “No creo que haya ninguna garantía”.

La única en su familia sin estatus legal permanente

Lorena Zepeda, de 58 años, cruzó la frontera desde México en 1991, tres años después de que su madre dejara su país en busca de un empleo en Estados Unidos que le permitiera enviar dinero a sus seis hijos. El único trabajo que Zepeda pudo encontrar en El Salvador fue barrer pisos en escuelas, así que siguió el camino de su madre y se reunió con ella en Los Ángeles.

Consiguió su primer empleo cocinando en una escuela y después trabajó en la recepción de hoteles, cuidando a personas mayores, y ahora como organizadora en el Central American Resource Center (CARECEN), una de las organizaciones de derechos de los inmigrantes más grandes de Estados Unidos.

Se casó con un salvadoreño con TPS, quien obtuvo la residencia permanente en febrero de 2025. Tienen dos hijos que viven en su casa: un hijo de 22 años, graduado universitario, y una hija de 20 años que estudia para ser maestra.

Zepeda, que ha enviado entre 200 y 400 dólares mensuales a sus hermanas en El Salvador durante más de tres décadas, es la única de su familia que no tiene estatus permanente en Estados Unidos. Aún está en proceso de obtener la residencia permanente, pero el trámite se ha retrasado porque su solicitud de asilo fue denegada y tiene una orden de deportación desde 1999.

Si el TPS termina, ella sería la única de su familia en riesgo de deportación. Indicó que ninguno de sus hijos quiere mudarse a El Salvador.

«Me siento bastante triste», dijo Zepeda en español. “Lamentablemente, sabemos que yo no estoy protegida, pero tengo fe en Dios».