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EEUU presenta iniciativas para impulsar igualdad en gobierno

El presidente Joe Biden camina en el Aeropuerto Internacional de Des Moines, en Iowa, el martes 12 de abril de 2022. (Foto: AP/Carolyn Kaster/Archivo)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está mejorando el acceso lingüístico a sus programas para ayudar a las personas con conocimiento limitado del inglés a denunciar mejor los delitos. El Departamento del Interior está ofreciendo asistencia técnica a los pueblos indígenas para ayudarles a solicitar subvenciones.

Adicionalmente, el Departamento de Energía está ayudando a los hogares con bajos ingresos a acceder a programas para climatizar sus casas y ahorrar energía.

Estas iniciativas se encuentran entre los cientos de estrategias y compromisos que el gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves. Son el resultado de una orden ejecutiva que Biden firmó horas después de tomar posesión del cargo, con el objetivo de promover la igualdad racial y el apoyo a las comunidades desfavorecidas desde todo el gobierno federal.

La orden fue la primera de este tipo emitida por un presidente, expresó Chiraag Bains, asesor adjunto del presidente para justicia racial y equidad.

“Establecimos la misión y el mandato para cada agencia, todo el gobierno federal, de centrar la equidad en todo lo que hacemos”, comentó Bains a The Associated Press el miércoles.

Después de más de un año de revisión, más de 90 organismos federales, incluidos todos los principales departamentos del gabinete, dieron a conocer el jueves sus “planes de acción para la igualdad”.

Los planes exponen más de 300 estrategias y compromisos destinados a hacer que las políticas federales sean más justas para todos, incluidas las comunidades más pobres y de personas no blancas; las comunidades tribales, rurales y LGBTQ, los discapacitados y las mujeres y niñas.

Los planes estaban por ser debatidos durante un evento en la Casa Blanca organizado el jueves por la asesora de política interior Susan Rice, la directora de presupuesto Shalanda Young y miembros del gabinete. Biden tiene uno de los gabinetes más diversos, que incluye a personas de raza negra y a hispanas al frente de las principales carteras del gabinete, como Defensa, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, así como la Agencia de Protección Ambiental.

Sospechoso del ataque en el metro de Nueva York dio su ubicación a la Policía

(Foto: EFE/JUSTIN LANE)

Nueva York, EE.UU.- Frank James, el sospechoso de haber llevado a cabo ayer el ataque en el metro de Nueva York, telefoneó él mismo a la Policía para comunicar su ubicación a las fuerzas del orden, que llevaban más de 24 horas buscándolo.

Según afirman varios medios locales, el propio James llamó a la línea telefónica que utiliza la Policía para recibir pistas de los ciudadanos, e informó que se encontraba en un establecimiento de McDonald’s en el bullicioso barrio de Lower East, en Manhattan.

En su llamada, James, de 62 años, habría indicado que estaba en un local de esta franquicia ubicado en el cruce de la primera avenida con la calle sexta, un detalle que se conoce poco después de que el supuesto autor del tiroteo fuera arrestado.

«Soy Frank. Me estás buscando… mi teléfono está a punto de morir (quedarse sin batería)», dijo el autor de la llamada a la Policía, según indica la cadena local NBC New York.

Para cuando los agentes llegaron al establecimiento, James ya no se encontraba en el McDonald’s, pero fue hallado en las inmediaciones, y no se resistió al arresto.

Tres fuentes cercanas a la detención aseguraron además que el agente que se acercó a él le preguntó por su identidad, y él mismo confirmó que era James, tras lo que afirmó que llevaba todo el día esperando a las fuerzas del orden.

Tras ser interrogado, el supuesto autor del tiroteo fue acusado formalmente de un ataque violento en el transporte público con la intención de matar a los transeúntes, apuntaron las autoridades.

Se prevé que la primera vista de James, que se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, se celebre este jueves en los tribunales de Brooklyn.

Las fuerzas del orden identificaron a James como una «persona de interés» del tiroteo en la tarde de ayer, y aseguraron que lo estaban buscando con todos los recursos que tenían a su disposición.

James dejó 10 heridos de bala tras lanzar dos bombas de humo y comenzar a disparar contra los ocupantes de un tren de la línea N en Brooklyn a las 8.30 de la mañana, en plena hora punta, mientras que otras 13 personas tuvieron que ser atendidas por distintas lesiones provocadas durante el suceso.

EEUU, divido por temas de racismo y sexualidad en escuelas

La maestra de historia Wendy Leighton habla sobre los marginados en una clase en la escuela Monte del Sol en Santa Fe, Nuevo México, 3 de diciembre de 2021. Los padres de alumnos de primaria y secundaria están profundamente divididos sobre lo que se debe enseñar acerca del racismo y la sexualidad, según una nueva encuesta de la University of Chicago Harris School of Public Policy y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. (Foto: AP/Cedar Attanasio/File)

Washington, EE.UU. — Los estadounidenses están profundamente divididos acerca de lo que se debe enseñar a alumnos de educación básica acerca del racismo y la sexualidad, de acuerdo con una nueva encuesta difundida en momentos que el Partido Republicano quiere hacer de la participación de los padres en la educación un tema central de su campaña electoral.

En general hay una leve tendencia a favor de ampliar —no reducir— las discusiones sobre racismo y sexualidad, pero cuatro de cada 10 dicen que el enfoque vigente es el correcto, y los porcentajes son similares en ambos partidos. Pero la encuesta realizada por la Facultad Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela profundas diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto a los ajustes a realizar.

Cuatro de cada 10 republicanos sostienen que los docentes en las escuelas públicas dedican demasiado tiempo a asuntos relacionados con la sexualidad, mientras que uno de cada 10 dice que es poco el tiempo. Entre los demócratas, esas cifras son a la inversa.

Las conclusiones reflejan un debate nacional altamente politizado que agita las juntas escolares y llega a las legislaturas estatales. Los republicanos ven en la pelea por los planes de estudio una guerra cultural que les puede ganar muchos votos en las elecciones legislativas de noviembre.

En los estados se han presentado nuevas leyes destinadas a limitar la enseñanza sobre el racismo y la sexualidad y sancionar una “carta de derechos de los padres” que daría una mayor trasparencia a los planes de estudio y les permitiría presentar quejas contra los docentes.

El impulso a favor de nuevas leyes para la educación elemental y media provino de la pandemia de COVID-19, cuando padres iracundos invadieron las reuniones de las juntas escolares para expresar su oposición al cierre de escuelas, la obligación de usar la mascarilla y otras medidas destinadas a impedir la trasmisión de la enfermedad.

Según la encuesta, el 50% de los estadounidenses dicen que los padres tienen influencia insuficiente en el plan de estudios, mientras que el 20% dice que es excesiva y el 27% está satisfecho con la situación tal como está.

En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis sancionó una ley que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta tercer grado. La Casa Blanca y otros opositores a la ley la llaman “no digas gay”.

La encuesta revela una mayor tendencia a sostener que la tendencia a hablar de sexo y sexualidad en las escuelas es insuficiente en lugar de excesiva, 31% a 23%, pero el 40% aprueba la situación actual. La encuesta no preguntó sobre los grados.

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La encuesta AP-NORC de 1.082 adultos se realizó del 17 al 21 de marzo con una muestra probabilística del AmeriSpeak Panel de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.

Trabajadores de edificios de viviendas en Nueva York apoyan una huelga

(Foto: EFE/Ruth E. Hernández/Archivo)

Nuevas York, EE.UU.– Trabajadores esenciales de edificios residenciales en Nueva York afiliados al sindicato 32BJ apoyaron hoy un voto de huelga si el comité negociador que les representa no logra un acuerdo en el nuevo convenio colectivo con la Junta Asesora de Bienes Raíces (RAB, por sus siglas en inglés), que administra los edificios donde trabajan.

El nuevo contrato cobijaría a 32.000 trabajadores en los cinco condados de la ciudad, con un gran número de latinos, que incluye porteros, superintendentes (encargados de los edificios), conserjes y personal de mantenimiento, entre otros, e incluiría aumento salarial y cobertura médica familiar pagada por el empleador.

“El seguro médico es la piedra angular de la 32BJ y ciertamente la causa de una huelga. Los propietarios de los edificios quieren que saquemos dinero de nuestro salario para pagar el seguro médico, ya sea que lo usemos o no», indicó Kyle Bragg, presidente de la 32BJ.

«No toleraremos compartir la primas de seguros ni ninguna condición que no respete el tiempo y el trabajo que nuestros miembros han dedicado en los últimos dos años. Hemos tenido que luchar por todo lo que tenemos en nuestro contrato sindical: días libres pagados, cobertura de salud, protección laboral, una pensión. Esta no será la excepción», aseguró.

El convenio colectivo vigente caduca el próximo 20 de abril, y de no haber un acuerdo podría decretarse una huelga a partir de esa fecha.

Previo a votar para autorizar el voto de huelga, los trabajadores se manifestaron frente a la sede de la Junta Asesora en Manhattan, a la que recordaron que durante dos años de crisis de salud por la pandemia «demostraron su compromiso y servicio», indicó la 32BJ en un comunicado.

Los trabajadores neoyorquinos contaron con el apoyo de políticos locales así como de trabajadores de otros estados, miembros también de la·32BJ, que cuenta con más de 175.000 miembros en 12 estados y es el sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios más grande del país.

De ponerse en efecto el voto de huelga, afectaría a más de 3.000 edificios y 555.000 apartamentos en toda la ciudad, indicó además el sindicato.

Buscan a sospechoso en muerte de la madre de atleta olímpica puertorriqueña

La puertorriqueña Yarimar Mercado, fotografía de archivo. (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Washington, EE.UU.- La policía en EE.UU. busca a un hombre de 34 años supuestamente vinculado a la muerte de Mabel Martínez, la madre de la atleta olímpica de Puerto Rico Yarimar Mercado Martínez, que recibió un disparo en la cabeza cuando estaba cosiendo en su casa de Connecticut.

El jefe de policía en la ciudad de la ciudad de Waterbury, Fernando Spagnolo, identificó como «persona de interés» en el caso a Levy Brock, quien tiene antecedentes por actividades criminales violentas y debe considerarse como armado y peligroso.

El incidente involucró a individuos que iban en dos vehículos y un hombre que pasaba frente a la casa de Martínez.

Pero la policía cree que Martínez, de 56 años, no era la víctima intencional en el tiroteo del sábado pasado, y que el peatón frente a su casa, que resultó herido de bala en una pierna y sobrevivió, era probablemente el objetivo del ataque.

Martínez, quien estaba adentro de su casa cosiendo y sufrió herida de bala en la cabeza, fue trasladada al hospital Saint Mary, donde falleció al día siguiente.

Poco después del arribo de Martínez al hospital la policía recibió información sobre la llegada de un hombre con una herida de bala. Tras interrogar a este hombre la policía concluyó que el incidente estuvo vinculado al tráfico de drogas.

Martínez era la madre de Mercado, de 27 años y atleta de tiro con rifle que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado, y había competido en los olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

«¿Por qué tú? ¿por qué es así?», escribió Mercado en su página de Facebook. «Estabas sentada en tu casa, cosiendo, como solías hacerlo», agregó la atleta.

Brooklyn subway suspect tipped off police to his location

New York City Police and law enforcement officials lead subway shooting suspect Frank R. James, 62, center, away from a police station, in New York, Wednesday, April 13, 2022. The man accused of shooting multiple people on a Brooklyn subway train was arrested Wednesday and charged with a federal terrorism offense. (Photo: AP/Seth Wenig)

New York, EE.UU. — The man accused of shooting 10 people on a Brooklyn subway train was arrested Wednesday and charged with a federal terrorism offense after the suspect called police to come get him, law enforcement officials said.

Frank R. James, 62, was taken into custody about 30 hours after the violence on a rush-hour train, which left people around the city on edge.

“My fellow New Yorkers, we got him,» Mayor Eric Adams said.

James was due to appear in court Thursday on a charge that pertains to terrorist or other violent attacks against mass transit systems and carries a sentence of up to life in prison, Brooklyn U.S. Attorney Breon Peace said.

In recent months, James railed in videos on his YouTube channel about racism and violence in the U.S. and about his struggles with mental health care in New York City, and he criticized Adams’ policies on mental health and subway safety. But the motive for the subway attack remains unclear, and there is no indication that James had ties to terror organizations, international or otherwise, Peace said.

James didn’t respond to reporters’ shouted questions as he was led to a police car Wednesday afternoon. A message seeking comment was sent to a lawyer representing him.

Police had urged the public to help find him, releasing his name and photo and even sending a cellphone alert before they got a tip Wednesday.

The tipster was James, calling to say he knew he was wanted and police could find him at a McDonald’s in Manhattan’s East Village neighborhood, two law enforcement officials said. They weren’t authorized to discuss the ongoing investigation and spoke on condition of anonymity.

James was gone when officers arrived, but they soon spotted him on a busy corner nearby, Chief of Department Kenneth Corey said.

Passer-by Aleksei Korobow said he saw four police cars zoom past, and when he caught up to them, a compliant James was in handcuffs as a crowd of people looked on.

“There was nowhere left for him to run,” Police Commissioner Keechant Sewell said.

The arrest came as the gunshot victims, and at least a dozen others injured during the shooting and smoke bomb attack, tried to recover.

“I don’t think I could ever ride a train again,» Hourari Benkada, a Manhattan hotel housekeeping manager who was shot in the leg, told CNN from a hospital bed.

Gov. Kathy Hochul visited victims as young as 12 in a hospital Tuesday night. One was on his way to class at Borough of Manhattan Community College when he was hit by either a bullet or shrapnel and needed surgery, the governor said.

Guatemala’s Foreign Ministry said an 18-year-old Guatemalan national, Rudy Alfredo Pérez Vásquez, was hospitalized but “out of danger” Wednesday after being injured in the attack.

James detonated two smoke grenades and fired at least 33 shots with a 9 mm handgun in the subway car, which was packed with commuters, police said.

When the first smoke bomb went off, a passenger asked what he was doing, according to a witness account to police.

“Oops,” James said, set off a second, then brandished the gun and opened fire, Chief of Detectives James Essig said.

When the train stopped at a station and terrified riders fled, James apparently hopped another train — the same one many were steered to for safety, police said. He got out at the next station, disappearing into the nation’s most populous city.

But James left behind numerous clues at the crime scene, including the gun — which he bought in Ohio in 2011 — ammunition magazines, a hatchet, smoke grenades, gasoline, a bank card in his name and the key to a U-Haul van that he rented Monday in Philadelphia, according to police and a court complaint.

Tucked in an orange workers’ jacket, which he apparently tossed on a subway platform, was a receipt for Philadelphia storage unit. Authorities found ammunition, targets and a pistol barrel in the storage locker and learned he’d been there on Monday, the complaint said.

The van was found, unoccupied, near a station where investigators determined the gunman had entered the subway system.

Surveillance cameras captured the van arriving from Philadelphia early Tuesday, and a man wearing what appeared to be the same orange jacket leaving the vehicle near that same subway stop.

James was born in New York but had lived recently in Philadelphia and Milwaukee, authorities said. Bruce Allen, a neighbor near a Philadelphia apartment where James stayed for the last couple of weeks, said the man never spoke to him, even when moving in.

James has worked at a variety of manufacturing and other jobs, according to his videos. Police said he’d been arrested 12 times in New York and New Jersey between 1990 and 2007 on charges ranging from disorderly conduct to possession of burglary tools, but he has no felony convictions.

His hours of disjointed, expletive-filled videos range from current events to his life story to bigoted remarks about people of various backgrounds. James is Black.

Some videos complain about Adams, about mental health care that James says he got in New York City years ago, and about the conditions of city’s subways. In one post, he fulminates about trains filled with homeless people, the court complaint noted.

In another, he denounces the treatment of Black people in the U.S. and says, «The message to me is: I should have gotten a gun, and just started shooting.”

The Brooklyn subway station where passengers fled the attack was open as usual Wednesday morning, less than 24 hours after the violence.

Jude Jacques, who takes the subway to his job as a fire safety director two blocks from the shooting scene, said he prays every morning but had a special request Wednesday.

“I said, ‘God, everything is in your hands,’” Jacques said. “I was antsy, and you can imagine why. Everybody is scared because it just happened.”

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Balsamo reported from Washington. Associated Press writers Deepti Hajela, Jim Mustian and Nardos Haile in New York, Claudia Lauer in Philadelphia, Carrie Antlfinger in Milwaukee and Todd Richmond in Madison, Wisconsin contributed.

Mortalidad de latinos de Los Ángeles supera la de blancos desde la pandemia

(Foto: EFE/JUSTIN LANE/Archivo)

Los Ángeles, EE.UU.– Por primera vez en la última década, la tasa de mortalidad de los latinos residentes de Los Ángeles (California) superó la de los residentes blancos a partir de 2020, el primer año de la pandemia de la covid-19, de acuerdo con un análisis del condado.

Durante años los expertos en salud pública han observado que los residentes latinos tenían una mejor tasa de mortalidad que los blancos pese a tener mayor probabilidad de ingresos bajos, problemas crónicos de salud y menor acceso a atención médica.

Ahora, la pandemia ha trastocado la «paradoja latina» en el condado de Los Ángeles.

Los latinos también experimentaron el mayor aumento porcentual en las tasas de muerte por todas las causas entre los cuatro grupos analizados entre 2019 y 2021, según el análisis al que tuvo acceso el diario Los Angeles Times.

La mortalidad para los latinos se elevó 48 % en el periodo del estudio, pasando de una tasa de 511 muertes por cada 100.000 residentes de este grupo a una de 756. El incremento duplicó el aumento en la tasa de mortalidad para todos los residentes, que fue de 23 %.

Los afroamericanos han tenido desde hace mucho la tasa más elevada de mortalidad en Los Ángeles, la cual se elevó durante la pandemia de 835 a 1.027 decesos por cada 100.000 residentes de ese grupo, lo que representa un incremento de 23 %. La tasa de los estadounidenses de origen asiático ser elevó 22 %.

La tasa de muertes para los residentes blancos fue la que menos aumento registró (7,5 %), pasando de 630 a 678 muertes por cada 100.000 residentes de esa comunidad.

Funcionarios de salud del condado sostienen que la mayor parte del aumento en muertes totales está directamente relacionada con la pandemia.

El doctor Don García, director médico de la Clínica Romero, citado por el rotativo, dijo que los datos sobre los latinos deben ser desglosados para revelar disparidades aun más profundas dentro de esta comunidad, incluyendo a grupos marginados como «inmigrantes indocumentados, personas sin seguro y sin acceso» a atención médica.

El experto solicitó una audiencia pública, una fuerza de tarea dedicada al tema e incluso una reunión de todos los líderes para analizarlo como «cualquier tipo de emergencia catastrófica».

La angustia de una sobreviviente de trata por recuperar a sus hijos en México

Estrella, victima de trata, habla con Efe, el 11 de abril de 2022, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Alex Cruz)

Ciudad de México, .- Estrella tiene 23 años y vivió tres de su corta vida siendo víctima de la trata de personas en México. Fue prostituida por el padre de sus gemelos y aunque él está ahora en la cárcel, denuncia que la familia de su pareja se llevó a sus hijos, que están desaparecidos.

Los niños José Alexander y José Leonardo Berrueco Castillo están en busca desde hace ocho meses. Fueron vistos por última vez por su madre en agosto de 2021 en Tlaxcala, en el centro del país.

“Son casi ocho meses que no sé nada de mis hijos y es muy frustrante. Una mamá hace lo que sea por sus hijos, es súper difícil”, relata Estrella (nombre ficticio por seguridad) este martes en entrevista con Efe.

Estrella era una joven de 18 años que vivía con su familia en el céntrico estado de Hidalgo cuando fue de viaje al estado vecino de Puebla y se enamoró de Francisco.

Muy pronto se fue a vivir con él y aunque los padres de Estrella no estaban convencidos, la familia de él logró convencerlos de que la joven pareja estaría muy bien en el municipio de Tenancingo, en el estado contiguo de Tlaxcala.

Lo que no pudieron advertir en ese momento es que toda la familia, comandada por la señora Reyna y el señor José Luis, funcionaban como una pequeña organización que, siendo un secreto a voces en el municipio, buscaba a mujeres jóvenes -incluso menores de edad, aseguró Estrella- para prostituirlas.

Esta familia, acusada de ser presuntos tratantes y vendedores de droga, se llevó a los hijos de Estrella cuando Francisco fue detenido y encarcelado en la capital mexicana.

Estrella, victima de trata, habla con Efe, el 11 de abril de 2022, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Alex Cruz)

PROSTITUIDA 15 DÍAS DESPUÉS DE PARIR

“A lo mucho 15 días después de mi cesárea, (Francisco) me manda a trabajar a la Ciudad de México”, relata la joven, cuyos gemelos tienen ahora tres años.

Aunque al principio desconocía cuál sería su trabajo, pronto supo que estaría obligada a ser trabajadora sexual en las calles de la capital. Al principio se negó pero Francisco la amenazó y le dijo que sin dinero sus hijos no iban a estar bien.

Ese era el “modus operandi” de la familia, según cuenta Estrella: la señora Reyna -quien trabaja en una escuela, lo que representa un peligro para muchas jóvenes- seleccionaba a las jóvenes a las que le «veía potencial», alguno de sus cinco hijos -Francisco, Israel, Santiago, José María y Ángel- las conquistaba y las embarazaba.

“Tienen hijos regados por todas partes, las embarazaban para que ese fuera un gancho”, relata la joven. Con la familia conviven al menos otros tres menores, según Estrella, y tampoco nadie los ha rescatado.

La joven vivió tres años de su vida siendo víctima de trata y casi a diario debía dar dinero a Francisco.

Por si fuera poco, cuando llegaba a Tlaxcala (trabajaba en la ciudad un mes y una semana estaba con sus hijos), Reyna le cobraba una “especie de cuota” por cuidar a sus hijos, quienes, según atestiguó Irma, la madre de la joven, ni siquiera estaban en buenas condiciones.

Cada vez Estrella sentía más miedo por sus hijos, pero también por su integridad física, porque en la zona donde trabajaba llegaron a asesinar a dos compañeras.

MIEDO Y HUIDA

Cuando en una ocasión le comentó al padre de sus hijos que ya no quería seguir prostituyéndose, Francisco le aseguró que buscarían a otra chica, pero posteriormente le avisó de que esto tendría consecuencias negativas para sus hijos.

Mientras todo esto pasaba, Irma y su esposo apenas se comunicaban con su hija. Ella les decía que con dos bebés tan pequeños tenía mucho trabajo.

Hasta que un día Estrella llamó por teléfono a su madre y le dijo que ya no quería estar con Francisco, por lo que se iba a escapar y necesitaba ayuda. Cuando estuvieron juntas, le relató todas las penurias que había pasado.

Así fue como, por primera vez, pudo alejarse de la familia política y del pueblo, donde, asegura, la trata de personas está tan normalizada que llegó a escuchar a niños de 8 años decir que de mayores querían ser “padrotes” (explotadores sexuales).

Sin embargo, pocas semanas después, Irma llegó a casa y Estrella ya no estaba. Supo por ella y por Francisco que lo iban a intentar de nuevo. Pero “esta vez no lo creí. Lo creí anteriormente porque no sabía lo que estaba pasando”, dijo Irma en entrevista con Efe.

RESCATADA PERO SIN SUS HIJOS

Después de esto Estrella llegó a trabajar a la Ciudad de México y mantuvo el mínimo de contacto con su madre, quien aprovechó la ocasión para buscar ayuda.

A través de una abogada conocida, logró contactar con personal de la Guardia Nacional, quien rápidamente, mientras Irma denunciaba, acudieron a la calle donde trabajaba Estrella y la rescataron.

“Cuando la veo se me reinicia la vida, pero el detalle es que mis nietos no estaban”, comparte Irma.

Y fue entonces, hace unos ochos meses, cuando inició la batalla infructuosa por recuperar a los gemelos.

Irma, su esposo y sus hijos recurrieron a fiscalías, a la comisión de derechos humanos y hasta a la presidencia de México.

Pero denuncian que han estado solos en la búsqueda. Recientemente consiguieron un oficio para que la Guardia Nacional buscase a los niños, pero la respuesta de esta corporación fue que no disponen de los medios y que no entra dentro de sus atribuciones.

Solos, han buscado en las calles de Tlaxcala, pero tienen la sospecha de que se encubren entre ellos, llegando incluso a dar dinero a las autoridades.

Estrella y su familia se sienten completamente desamparados.

“Son unos bebés de tres años que están en peligro. Estas personas no trabajan ni lo van a hacer nunca, siempre van a buscar quien trabaje”, dice Irma, que teme por la seguridad de sus nietos, quienes cuentan con alerta Amber como menores desaparecidos.

Estrella e Irma, en entrevista con Efe, piden que las autoridades atiendan su caso con urgencia y que, quien pueda, las ayude.

“Yo no quiero que llegue el momento en que tenga que ir a visitar a mis nietos a la cárcel porque nadie quiso hacer nada por ellos”, sentencia Irma.

Por su parte, Estrella envía un mensaje a la familia de su expareja: «Solamente pido que me regresen a mis hijos, y es lo único después de todo lo que pasó, solo pido eso, no pido más”.

Imputado en toma del Congreso responsabiliza a Trump

Una turba violenta toma por asalto el Congreso el 6 de enero del 2021 en Washington. Por primera vez, uno de los imputados en la insurrección responsabilizó a Donald Trump por sus actos. (Photo: AP/John Minchillo/File)

Washington, EE.UU. — Rara vez se habló de Donald Trump en los primeros juicios a imputados en la toma del Congreso del año pasado. Pero eso está cambiando: Uno de los acusados responsabiliza al expresidente y sus denuncias falsas de que le habían robado la elección.

Dustin Byron Thompson, un individuo de Ohio acusado de robarse un perchero del Capitolio, no niega haber sido parte de la turba que tomó por asalto el edificio el 6 de enero del 2021. Pero su abogado dijo que demostraría que Trump “autorizó” el ataque.

El abogado defensor Samuel Shamansy describió a Trump como un hombre sin escrúpulos ni integridad, que montó un complot “siniestro” y alentó a Thompson y a otros partidarios suyos para que “hiciesen el trabajo sucio”.

“Donald Trump escupió mentiras y usó su posición para autorizar esta toma”, dijo Shamansky a los jurados al abrirse el juicio el martes.

La fiscal Jennifer Rozzoni, por su parte, afirmó que Thompson sabía que estaba haciendo algo ilegal ese día.

“Decidió ser parte del caos”, sostuvo.

El abogado de Thompson intentó llamar a declarar a Trump y al exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. Un juez rechazó el pedido, pero dijo que se podrán ver videos de las arengas que pronunciaron antes de la toma.

El de Thompson es el tercero de cientos de juicios planeados en relación con la toma del Congreso. En los dos primeros, los imputados fueron hallados culpables de todos los cargos.

En febrero, Shamansky dijo que demostraría que Thompson seguía las órdenes de Trump y de “sus varios conspiradores”.

Los fiscales afirman que Thompson no puede demostrar que Trump o Giuliani tenían autoridad para “permitirle” cometer delitos.

Shamansky dijo que Thompson se quedó sin trabajo durante la pandemia del COVID-19 y que empezó a consumir ávidamente teorías conspirativas y las mentiras en torno al supuesto robo de las elecciones.

“Basura que Thompson escuchó día tras día”, expresó el abogado.

El juez de distrito Reggie Walton dijo en marzo que si Trump o Giuliani se presentaban en persona a declarar, podrían confundir a los jurados.

Más de 770 personas han sido acusadas de delitos relacionados con la toma del Congreso. Unas 250 se declararon culpables, en general de faltas menores.

Thompson es el quinto imputado por participar en disturbios, un cargo más serio.

El lunes, un jurado halló culpable a un expolicía de Virginia, Thomas Robertson, acusado de irrumpir en el Capitolio con otro agente fuera de servicio para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020.

El mes pasado, un jurado condenó a Guy Reffitt, de Texas, acusado de irrumpir en el Congreso con un arma enfundada.

Un juez decidió la suerte de otros dos imputados sin un jurado. El juez Trevor McFadden absolvió a uno totalmente y a otro parcialmente.

Robert Lyon, acusado junto con Thompson, se declaró culpable de participar en disturbios.

Thompson llevaba un chaleco antibalas al entrar al Congreso, de donde se llevó dos botellas de alcohol y un perchero, valuados en unos 500 dólares, según los fiscales.

Thompson y Lyon intercambiaron mensajes durante la toma.

“Ya murió una chica”, dijo Lyon en un mensaje, aludiendo seguramente a Ashli Babbitt, abatida por un agente.

“¿Quién, Pelosi?”, respondió Thompson, en referencia a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Agentes del FBI encontraron en el teléfono de Lyon un video en el que se ve a Thompson en una oficina del Congreso saqueada, gritando “¡Esta es nuestra casa!”.

El juez Walton dará a conocer la sentencia de Lyon el 3 de junio.

Editorial Roundup: Pennsylvania

Pittsburgh Post-Gazette. April 7, 2022.

Editorial: Lessons for Pennsylvania drug laws from Oregon, Portugal

Fourteen Pennsylvania counties are currently part of the Law Enforcement Treatment Initiative (LETI), a program launched by Attorney General Josh Shapiro that empowers law enforcement to guide drug offenders toward treatment for their addiction, rather than into the criminal justice system.

It’s a common-sense policy that increases the tools available to law enforcement, keeps some people struggling with addiction out of the dysfunctional criminal justice system, and saves that system money that can be diverted to treatment.

LETI is on a continuum of state drug policies that run from continuing to aggressively prosecute the war on drugs to Oregon’s decriminalization of all hard drugs.

Oregon’s Ballot Measure 110 created a new Class E “violation,” meaning that possession of hard drugs like heroin, LSD and others is no longer a misdemeanor or felony. The resulting $100 fine can even be waived if the person calls a hotline that opens the door to counseling and other health services.

The policy is based on a 2000 law in Portugal, a country that had jailed drug offenders at more than three times the rate of its European neighbors, which resulted in major drops in drug usage, deaths and incarceration. There are differences between the Oregon and Portugal measures, however, and the devil may be in the details.

The first several months of data from Oregon is in, and they’re not encouraging: From January to August last year, Oregon recorded 473 opioid overdose deaths, more than occurred in all 12 months of 2020. Only 1% of people who received citations rang the hotline and requested resources or treatment, about 20 people.

However, these numbers don’t tell the whole story.

The money saved from reductions in arrests, jail time and probation supervision is providing millions of additional dollars for treatment. According to the Oregon Council for Behavioral Health, 30% of jobs in the addiction and recovery workforce are still unfilled, which leads to long wait times for treatment. The new funding is helping address that gap and improve treatment options.

The spike in deaths, according to the Oregon Health Authority, is likely due to the increased availability of fentanyl, which is a nationwide scourge. The social isolation and dysfunction created by the COVID pandemic also played a role.

Still, it’s clear that simple decriminalization is not a cure-all. What about Portugal’s success, though? The Iberian country’s drug program includes “dissuasion commissions” that are much more aggressive about guiding offenders into treatment, including imposing fines, prohibitions on visiting certain venues or traveling, seizure of personal property and community service.

In Portugal, it wasn’t just about the removal of punishments, but the creation of a hybrid system that understands that when people are in the grips of addiction, asking nicely is usually not enough.

Here in Pennsylvania, LETI is clearly a step in the right direction, and we encourage other counties to join the program: In the southwest, only Fayette and Somerset are in. But the state should be cautious about going too far, too fast toward decriminalization. The lessons from Oregon and Portugal are that there’s no simple solution, and that the threat of punishment will always have a role to play.

Pittsburgh Tribune-Review. April 9, 2022.

Editorial: Avian flu precautions protect Pennsylvania economy

There is a pretty good chance that a chicken or egg eaten somewhere in the U.S. came from Pennsylvania.

The Keystone State is the fourth largest producer of poultry in America. The U.S. Department of Agriculture puts the number of chickens alone at 201 million, and that doesn’t count other farmed fowl such as turkeys and ducks. Poultry makes up more than 20% of the economic value of agriculture, the state’s largest industry.

Avian flu can be a huge threat. For 40 years, the periodic outbreaks have largely skipped Pennsylvania flocks, but that doesn’t make the potential impact any less scary.

It can be particularly alarming in the wake of covid-19. For decades, we were told another pandemic like the 1918 influenza outbreak could happen again, but as years came and went and it didn’t happen, it was easy to think it never would. Now we know for sure those threats can come to pass.

And it’s hard to get a mask on a chicken.

No, really, when it comes to avian flu, the idea of prevention is taken seriously because birds refuse to socially distance. That means one infected bird can result in culling the flock to prevent spread. More than 22 million U.S. birds have been killed in 2022, making it the worst outbreak in seven years.

That was the year the Department of Agriculture advised strict protocols for biosecurity that mirrored covid quarantines. If you went to a county fair in 2015, you probably didn’t see chickens. Many FFA and 4H groups competed with pictures or cutouts of their fowl because they weren’t allowed to bring them for fear of spreading disease.

There is no threat to human health from avian flu. The danger for people is all economic.

For farmers — especially small, independent ones — the idea of destroying a flock is like burning down a restaurant or store. It’s the destruction of livelihood, but it’s also the only way to preserve the potential to continue. That is why poultry farmers don’t pull punches when it comes to protecting their flocks.

The other impact is for consumers. If you think eggs and wings are expensive now with inflation spiking food prices, farmers forced to put down more and more birds will only drive the cost of a dozen eggs at the grocery store or a dozen wings at the bar all the higher.

That Pennsylvania hasn’t been hit by the flu yet is not a reason for the state to ignore precautions. It’s a reason to embrace them for the good of our largest industry and our individual grocery bills.

Scranton Times-Tribune. April 8, 2022.

Editorial: High price of profiling

For the second time in five years, state police have settled a lawsuit alleging racial profiling in traffic stops and unlawful immigration enforcement.

This week, the PSP agreed to an $865,000 settlement regarding 10 traffic stops of Latino drivers for alleged traffic infractions, in which troopers then attempted to enforce civil immigration laws without jurisdiction.

In 2017, the PSP entered a $150,000 settlement with a Latino man who had filed a similar complaint.

The agency admitted no wrongdoing in the recent settlement but agreed to a policy precluding troopers from acting as immigration officers. The settlement is instructive because, for all of the common discourse about “illegal” immigrants, immigration most often is a matter of civil, rather than criminal, law.

Both settlements flowed from the PSP decision in 2012 to stop collecting racial profiling data. An independent study of pre-2012 data by researchers at the University of Cincinnati found no consistent evidence that troopers stopped drivers based on race, but that troopers were two to three times more likely to search Black or Hispanic drivers than white drivers. They also found that searches of white drivers were far more likely to yield illegal substances.

The agency has resumed data collection on its traffic stops. Gov. Tom Wolf should ensure that the data is used to ensure that state police react to conduct rather than appearances.

Uniontown Herald-Standard. April 8, 2022.

Editorial: Pa. Turnpike needs more transparency

It has been about eight months since an internal Pennsylvania Turnpike report disclosed that more than $104 million in tolls went uncollected in 2020 – information that Turnpike officials initially concealed from the public.

That reluctance by the Turnpike’s hierarchy was due to embarrassment that the switch to all-electronic tolling had not gone as planned and that losses seemed destined to continue piling up.

Transparency regarding the huge loss would only make the embarrassment more problematic, the hierarchy surmised, and those officials subsequently were proven correct.

The Associated Press finally broke through the Turnpike’s initial silence by way of a Right-To-Know Law request. However, the public – especially the traveling public – mostly has been kept out of the proverbial loop on “interesting” financial developments since then, and right-thinking individuals should regard that as unacceptable.

Even work by a House panel in Harrisburg has been lacking in terms of fully opening a window to what is happening at Turnpike Commission headquarters about the $104 million. There is no acceptable excuse for secrecy to prevail on such an important issue involving so much money, but an absence of relevant data persists nonetheless.

What to do? Here is a starter worth implementing immediately:

One good means by which to force Turnpike officials to do a better job in collecting the money owed from an estimated 11 million rides is requiring the Turnpike Commission to provide a report to the public quarterly on collection activity.

Quarterly reporting would provide insight into how seriously the Turnpike regards its obligation to collect as much of the outstanding money as possible – money that could be used for a significant variety of purposes benefiting the toll road.

Or, rather than making real progress in terms of collection, has the commission allowed the number of unpaid tolls to increase markedly instead?

Such a situation would be a slap in the face to all responsible Turnpike travelers who pay their tolls, never expecting a free ride, especially not one resulting from flimsy excuses.

Responsible toll-payers can reasonably ask how the Turnpike cannot feel embarrassed about seeking its annual toll increases when it allows toll scofflaws to prevail on such a large scale.

Does the Legislature have any new or updated collection-strategy suggestions that might provide an incentive for toll scofflaws to come forward with the overdue money, or was all of that talk and criticism of the toll road agency in the legislative chambers in recent months merely shallow dialogue?

The number of toll scofflaws could be indicative of widespread belief among motorists that Pennsylvania is a toothless victim regarding non-payment. The amount of money at the center of the issue is ample evidence also.

The Pennsylvania Turnpike is considered the “granddaddy of superhighways.”

Among “granddaddy-hood” is the capacity for wisdom and understanding.

Unfortunately, much of both has been missing in the embarrassing toll-collection debacle, and it is clear that a number of people are responsible for allowing that debacle to remain unresolved for so long.

Wilkes-Barre Citizens Voice. April 11, 2022.

Editorial: Try these amendments, legislators

It’s hard to say exactly when the Republican state legislative majorities abandoned the legislative process, since they didn’t do much with it even when Republican Gov. Tom Corbett was in office.

But the move from legislating to converting the state constitution into a legislative instrument is in full flower. According to the Spotlight PA amendment tracker, legislators have introduced an astounding 80 proposed constitutional amendments this session — more than in the previous five sessions combined.

This abuse is said to flow from Republican lawmakers’ frustration with Gov. Tom Wolf’s vetoes. But if they’re frustrated, just think how Pennsylvania taxpayers must feel about the lawmakers’ do-nothing obstructionism. To relieve that, here are a few amendments that the lawmakers should pass.

■ Allow adjustments of future pension benefits. Legislators contend that the state constitution precludes any change to the massive benefits that they have awarded themselves, and the merely major increases that they have bestowed upon other state employees and school employees.

In the real world, companies adjust pension benefits all the time, for future benefits not yet earned. But lawmakers, many of whom will be paid pension benefits higher than their current salaries, claim that the constitution precludes reducing even future, as-yet unearned benefits.

That’s most likely nonsense, but to make it clear, they should move an amendment plainly stating that the state can reduce future benefits to reduce the state’s $5 billion-plus annual pension bill.

■ Lawmakers should move an amendment to reduce by half the size of the nation’s largest allegedly “full-time” legislature from 203 representatives and 50 senators. Doing so would save scores of millions of dollars every year but, better yet, produce more competitive legislative races.

■ To prevent the careerism that drives the pension abuses noted earlier, introduce an amendment for legislative term limits. That, along with a smaller legislature, would produce legislators facing time limits to actually do something rather than pad their pensions.

■ Create a truly independent redistricting commission to end gerrymandering, increase electoral competition and ensure fair representation.

The amendment can work to the public good if it used to replace the people who abuse it.