El Plan Control Territorial del Gobierno salvadoreño se ha conocido por partes, mientras que las nuevas revelaciones sobre supuestas negociaciones con las pandillas sugieren otras causas de la caída de las muertes violentas.MADRID — 

Adelantando que faltaba “muchísimo por hacer”, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuiteó el sábado 4 de septiembre que el país ahora tenía, “en un mes, menos homicidios de los [que] antes tenía en un solo día”.

Bukele citaba un tuit del criminólogo y experto en seguridad pública, Ricardo Sosa, quien publicó que “el 15 de agosto del 2015 se registraron 57 homicidios en El Salvador. Y en el mes de agosto 2021 fueron 53”.

Ambos datos son ciertos a la luz de las cifras oficiales, pero las razones detrás de esa reducción pueden ir más allá de los triunfos que el Gobierno celebra en materia de seguridad.

Según le confirmó Sosa a la Voz de América, las cifras que compartió son de fuentes como la Policía Nacional Civil. Aunque la web de la institución lleva caída varios días a la fecha de publicación de este artículo, ambos datos se corresponden con dos comunicados del 1 y 3 de septiembre por parte de la Presidencia, que en ambos cita a la propia Policía.

Sosa, sin embargo, advierte que los datos más recientes suelen ser preliminares. En El Salvador, la Policía, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal “llevan sus propias estadísticas”, pero desde 2005 trabajan en conjunto a través de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios, que publica cifras unificadas de cada mes.

La seguridad es prioritaria para Bukele

Bukele ha considerado la seguridad como una prioridad durante su gobierno desde 2019. Para ello lanzó entonces Plan Control Territorial (PCT). Incluso en febrero de 2020 irrumpió con policías y militares en la Asamblea Legislativa con el objetivo de forzar a los diputados para que aprobaran el préstamo que financiaría esa ofensiva contra el crimen organizado.

El Gobierno de Bukele le atribuye la caída de las cifras de muertes violentas en el país al PCT. Los asesinatos, efectivamente, se redujeron de 231 en junio de 2019, cuando se posesionó, a 117 en mayo de 2021, mes del informe más reciente de la Mesa Técnica Interinstitucional.

Ricardo Sosa, que trabaja como consultor e investigador, está de acuerdo con el presidente: “Los avances son significativos en las cifras de los principales delitos de alto impacto en la sociedad salvadoreña”, refiriéndose a la violencia homicida y feminicida, pero también a otros como la extorsión, fuente de financiación de las pandillas, que son el principal tipo de victimario en el país.

Con el PCT, el Gobierno busca recuperar el control de las cárceles, cortar la financiación del crimen organizado y fortalecer los cuerpos de seguridad. Sin embargo, Bukele ha introducido cada una de sus siete fases solo cuando las va a implementar, no detalla su funcionamiento y los resultados que se ofrecen son generales.

La cuarta fase, denominada “Incursión”, fue anunciada en julio y consiste en incorporar militares a las labores de seguridad en los territorios que dominan las pandillas y duplicar los efectivos hasta los 40.000 en cinco años.

Entre la “mano dura” y las negociaciones

Por esa falta de claridad y el peso de las propias pandillas, la analista de Centroamérica para la consultora Control Risks, Valeria Vásquez, considera que detrás de la reducción de los asesinatos hay “muchas cosas más”.

Salvadoreña y con una maestría en Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Universidad Carlos III de Madrid, para Vásquez el problema más grave es la “falta de control”, en referencia a la suma de problemas de transparencia con el Plan, el manejo de los datos relativos a la violencia y el verdadero poder de estos grupos criminales.

Con esa visión coincide la postura de Pamela Ruiz, doctora en Justicia Criminal por la John Jay College de la City University of New York. Para su tesis defendida en 2019, sobre la que cedió a la Voz de América el enlace a una presentación completa a modo de consulta, Ruiz analizó sobre el terreno la evolución de las dos principales pandillas, el Barrio 18 y la MS-13, en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La investigadora y consultora observó en los tres casos que las instituciones sobreestimaban la de por sí gran presencia de las pandillas, frente al papel de otros actores. También que no eran capaces de desagregar lo suficiente los datos tanto de asesinatos como de extorsión, según causas y actores involucrados, además del posible subregistro, sobre el que Valeria Vásquez pone el ejemplo de las denuncias por desapariciones.

Respecto a El Salvador, Ruiz dio cuenta de que la tregua entre las pandillas que el primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes había facilitado entre 2012 y 2014 les otorgó una entidad política que no tenían, pues para entonces eran la autoridad en distintos territorios.

Con el pacto roto, ya con Salvador Sánchez Cerén de presidente llegaría el pico de 918 asesinatos en mayo de 2015, año en que el país llegó a ser el más peligroso del mundo con 6.656 muertes violentas y una tasa de 103 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque el Gobierno logró reducir los casos ante “el clamor popular y nacional”, como recuerda Ricardo Sosa, a la impopularidad de las treguas se sumó Bukele.

En campaña, el entonces candidato criticó esa política y prometió otra que recordaba a la “mano dura” de los gobiernos de ARENA en el cambio de siglo, que también aumentaron los asesinatos.

Sin embargo, el periódico El Faro ha revelado desde 2020 y hasta el pasado agosto que, además del PCT, el Ejecutivo supuestamente habría negociado con las pandillas, entre otras, beneficios carcelarios a cambio de que redujeran los asesinatos. Bukele ha desestimado las acusaciones.

La popularidad del presidente frente a las pandillas

Entretanto, un informe del International Crisis Group publicado en julio de 2020 sobre la violencia de las pandillas en El Salvador evaluó las posibles razones del descenso de los asesinatos después del primer año del Gobierno actual.

El documento menciona la política carcelaria, que ha incluido desde el estado de emergencia hasta la mezcla de los miembros de pandillas rivales, o el proyecto “Cubo” incluido en el PCT, por el que se han construido centros culturales para alejar a los jóvenes de las calles.

Sin embargo, aunque no se suma a la versión de las negociaciones, el estudio habla de un “entendimiento informal” entre las autoridades y los pandilleros. Este entendimiento incluía gestos de Bukele en rueda de prensa y la apertura de un líder pandillero en una entrevista, la disminución de las hostilidades por parte de la policía por una directiva de limitar el uso de la fuerza o el cambio de liderazgo en las pandillas.

El informe también muestra que la violencia disminuía cuando las pandillas se quedaban con el dominio de un territorio respecto a cuando había enfrentamientos, y recalca, entre otras recomendaciones, que la pandemia puede prestarse para acercar posturas o, por el contrario, alterar el equilibrio que mantenían con las autoridades.

Bukele, por su parte, se ha mantenido como el presidente más popular de Centroamérica con más del 70% de aprobación, llegando al 87% el pasado 18 de agosto, de acuerdo con una encuesta de CID-Gallup publicada por varios medios salvadoreños.

Sin embargo, las recientes protestas en pleno bicentenario de la independencia regional por sus medidas contra la separación de poderes y para implementar el bitcóin como moneda oficial despiertan la duda de si Bukele podrá sostener esa popularidad en los próximos meses.