La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el pasado 21 de mayo un paquete fiscal y de gasto llamado por el presidente Trump «One Big Beautiful Bill» (“Ley Única, Grande y Bella”), que ha generado mucha controversia. Bajo la apariencia de propuestas positivas, muchos temen que esta legislación oculte fuertes recortes a programas sociales esenciales como Medicaid y SNAP (ayudas alimentarias), mientras ofrece enormes beneficios fiscales a los sectores más ricos del país.

El proyecto de ley recorta 700 mil millones de dólares de Medicaid y otros 300 mil millones de SNAP, que son programas esenciales para la salud y la alimentación de millones de estadounidenses. Se estima que estas medidas podrían dejar a 13.7 millones de personas sin cobertura médica, afectando especialmente a comunidades rurales, hospitales pequeños y poblaciones vulnerables.

Actualmente, el Medicaid financia el 40% de los partos en el país, cubre a la mitad de los residentes en hogares de ancianos y apoya a personas con limitaciones físicas. Asimismo, el SNAP es un pilar para familias de bajos ingresos que enfrentan inseguridad alimentaria.

Dos tercios de los beneficiarios de Medicaid que pueden trabajar, ya lo hacen, lo cual contradice el argumento de que se trata de personas ociosas.

Los recortes llegarían en un momento crítico, cuando casi la mitad de los hospitales rurales ya operan con pérdidas, y en algunas regiones hasta un tercio están al borde del cierre. La reducción de fondos de estos programas podría forzarlos a su cierre definitivo.

Figuras conservadoras como el senador republicano Josh Hawley han criticado el plan, calificándolo de «moralmente incorrecto» y «políticamente suicida». Gobernadores demócratas, por su parte, han advertido que será imposible cubrir el vacío financiero que dejarán estos recortes.

Algunos expertos afirman que en un visible contraste con los recortes sociales, el proyecto canaliza la mayoría de sus beneficios hacia los más ricos, especialmente a través de reducciones fiscales para empresas, inversionistas, propietarios en zonas de altos impuestos y herederos.

Según análisis del Centro de Política Fiscal, el 60% de los recortes fiscales beneficiarán al 20% más rico de los hogares, y más de un tercio iría a quienes ganan más de $460,000 al año.

Los analistas también calculan que el 1% más rico ganará, en promedio, 63.000 dólares adicionales en 2027 gracias a la ley; mientras que el 20% más pobre (los que tienen ingresos menores a $14,000 al año) perdería en promedio $800 al año. Es decir, en 2027, los ingresos del 10% más pobre caerían un 2%, mientras los del 10% más rico aumentarían un 4%.

Además, se mantiene la tasa máxima del impuesto sobre la renta en 37%, como se fijó en la ley fiscal de 2017 bajo la Administración Trump. También se preserva el beneficio para inversionistas que inviertan en “zonas de oportunidad”, lo que les permitiría evitar impuestos sobre ganancias de capital.

El proyecto de ley también promete ciertos beneficios para hogares de bajos ingresos, como el aumento del descuento estándar, créditos fiscales temporales por hijos y deducciones fiscales sobre propinas e intereses de préstamos para autos.

Sin embargo, los analistas creen que muchos de estos beneficios son limitados o engañosos. Por ejemplo, un tercio de los trabajadores que reciben propinas no pagan impuestos federales sobre la renta, por lo que no se beneficiarían de una deducción fiscal estructurada como reducción de impuestos.

Además, se imponen requisitos laborales más estrictos para acceder a Medicaid y SNAP, lo cual afectará especialmente a quienes tienen trabajos informales, intermitentes o con condiciones laborales precarias.

Los estados más golpeados por esta legislación serían los de mayor pobreza y dependencia de programas federales, como Luisiana y Virginia Occidental, ambos con gobiernos republicanos. Paradójicamente, son estos estados los que podrían sufrir las consecuencias más graves del recorte a la red de seguridad social.

El paquete ahora pasará al Senado, donde podrían hacerse modificaciones, aunque, según los críticos, la base estructural, que es enriquecer a los más ricos a costa de los más necesitados, podría seguir intacta.

Por eso, opositores demócratas acusan a la “One Big Beautiful Bill” de ser, en esencia, una ley negativa, que favorece a los más ricos y pone en riesgo la salud de millones de personas, socavando los fundamentos de programas sociales esenciales. Es decir, que mientras se habla de “equilibrar el presupuesto”, se hace a costa de perjudicar a los que menos tienen.

Organizaciones sociales y religiosas están movilizándose en defensa de los más vulnerables, señalando que el acceso a la salud no debe ser un privilegio para los más ricos, sino un derecho universal, y apuntan su campaña de concientización hacia el Senado, que representa la última oportunidad para frenar esta legislación que podría causar daños irreparables a las familias más necesitadas.

Aunque el proyecto de ley ha desatado críticas principalmente de los demócratas, también desató la del más poderoso aliado de Trump, Elon Musk quien en días recientes lo ha criticado denunciando los aumentos excesivos en la deuda que provocará 2,4 billones de dólares en la próxima década. Musk calificó a la iniciativa como una “repugnante abominación”.

Desde entonces decenas de mensajes se desataron en las últimas horas entre los dos magnates. “La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon», escribió Trump en su red social.

«Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. (…) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie», dijo Trump ante la prensa.

Musk recurrió a X para dar su versión de los hechos; desmintió que estuviera al tanto del contenido de esa propuesta en su tiempo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un puesto que dejó el 30 de mayo, y criticó de hecho que ese plan fuera aprobado en plena noche, «tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo».

Lo cierto es que dicho proyecto será un termómetro de quiénes tienen el poder real, y cuáles son sus prioridades.