Desde el inicio de la segunda Administración Trump, las ciudades que se han distinguido por su apertura y su defensa de los inmigrantes sin importar su estatus legal se han encontrado a enfrentarse al temor y sobresaltos ante las amenazas de la Casa Blanca de que les pueden recortar las ayudas federales a causa de su declarada disposición a no colaborar, por ejemplo, con las redadas del ICE.

Pensilvania es un estado que se ha caracterizado por acoger la inmigración y, en especial, la de países hispanos, en una creciente comunidad latina, que en muchos casos ha revitalizado ciudades que sufrían un claro declive demográfico; ha reactivado la economía en pueblos pequeños y en ciudades intermedias y grandes, y ha provisto fuerza de trabajo para una amplia gama de oficios que se hallaban descubiertos durante décadas.

Por eso ha causado preocupación la lista de municipalidades, ciudades y estados que el Gobierno juzga como “no cooperantes” con sus medidas antinmigración, y que por lo tanto están siendo amenazadas de un recorte de los recursos que reciben para su funcionamiento.

No existe una definición oficial de lo que constituye una “ciudad santuario” o un estado o jurisdicción. En general, se refiere a una política que limita o define el grado en que un gobierno local o estatal compartirá información con los funcionarios de la ley federal de inmigración.

Las políticas de santuario no significan que la policía local oculta o protege a inmigrantes indocumentados de la detección por las autoridades federales. Tampoco que la Policía local protege indocumentados inmigrantes de la deportación o el procesamiento por actividades delictivas. La Policía estatal y local sigue haciendo cumplir las leyes penales estatales y locales en contra de inmigrantes que están acusados ​​de cometer un delito.

La historia de las ciudades santuario se centra en el término santuario, como un lugar seguro, y no siempre se refiere a temas relacionados con la inmigración. En 1971, Berkeley, California, se convirtió en la primera ciudad en reclamar ese estatus. Berkeley se declaró un lugar seguro para los soldados de la Marina de los EE. UU. que resistieron la guerra de Vietnam.

El Movimiento Santuario es parte de una campaña política y religiosa que comenzó en la década 1980, para ayudar a los refugiados centroamericanos que huían de la guerra. El movimiento comenzó cuando seis iglesias declararon públicamente que brindarían santuario a los centroamericanos. Congregaciones se declararon “santuarios” y proporcionaron refugio, protección, bienes materiales y asesoramiento jurídico a los refugiados. Muchas denominaciones participaron y algunos todavía lo hacen hoy, incluidos luteranos, católicos romanos, la Iglesia Unida de Cristo, bautistas, metodistas, presbiterianos, ortodoxos orientales, cuáqueros, unitarios universalistas y judíos.

Pittsburgh y Filadelfia, las dos mayores ciudades del estado aparecieron en el listado original que publicó el DHS, causando sorpresa, en especial en Filadelfia, que a pesar de haberse declarado “ciudad santuario” durante la anterior Administración, bajo el gobierno de la alcaldesa Parker ha optado por llamarse solamente “Welcoming City”, y oficialmente no ha declarado ninguna postura de oposición clara a las acciones de la Presidencia.

Publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, la lista incluye varias jurisdicciones locales de Pensilvania, y los condados de Delaware, Chester y Montgomery. Nueva Jersey y Delaware también figuraron como jurisdicciones santuario a nivel estatal, al igual que varias ciudades y condados ubicados dentro de sus límites.

Las ciudades incluidas en la lista podrían enfrentar recortes en la financiación federal, aunque es probable que esta medida genere litigios que podrían retrasar dicho resultado. Además, aún no está claro cómo se elaboró ​​la lista, y se especula que se volvió a hacer uso del ChatGPT; lo cierto es que estas jurisdicciones se encuentran ante la disyuntiva de querer ser al menos una ciudad que no exponga innecesariamente a su comunidad inmigrante, y la posibilidad de perder fondos federales; sin embargo también entra en consideración si el resistirse a “colaborar” ampliamente con el Ejecutivo en sus políticas persecutorias, hace que la comunidad a la que intenta proteger se vuelva aún más un target, como podría parecer ante la aparente intensificación de operativos vistosos del ICE en la región.

La Administración Trump amenaza a condados vulnerables a que perderán los recursos que tan urgentemente necesitan, en especial porque la carestía lejos de disminuir va en aumento y con los aranceles los productos básicos subirán aún más. Ante esta estrategia que muchos consideran maquiavélica, crece la disyuntiva.