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La minoría decide por la mayoría, este 7 de noviembre es una oportunidad de revertirlo en Pensilvania

Cortesia PAGOV

Falta solo unos días para que en Pensilvania se voten diversos cargos de gobierno y judiciales. Los números de votos siguen siendo bajos, inclusive tanto como un 30% de los que podrían ejercer su derecho a votar, a la falta de interés de los ciudadanos, en buena parte desilusionados por la clase política independientemente del partido, se suma otro problema: La rotación de personal en las oficinas electorales locales genera desafíos y riesgos.

Las oficinas electorales llevan años sin personal suficiente, pero 2020 fue un punto de inflexión, con todos los desafíos relacionados con la pandemia antes de la votación presidencial y la hostilidad posterior en medio de afirmaciones falsas de una elección robada.  Siguió una ola de jubilaciones y renuncias, creando un vacío de conocimiento institucional en todo el país.

Los expertos en el campo dicen que la inexperiencia generalizada crea riesgos en un entorno donde los teóricos de la conspiración pueden convertir el más mínimo error relacionado con la votación o el recuento de votos en un complot nefasto para subvertir el voto.

Esto está sucediendo en las oficinas electorales de todo el país, la rotación ha afectado a las oficinas electorales locales desde 2020.

Un informe de The Associated Press encontró que en Pensilvania los funcionarios estiman que 40 de las 67 oficinas electorales de condado del estado tienen nuevos directores o subdirectores desde 2020.

Hay unas 10.000 jurisdicciones electorales en el país que administran las elecciones a nivel local. A menudo se trata de oficinas de condado, pero en algunos estados pueden ser ciudades o pueblos. A menudo estos funcionarios son elegidos, pero también pueden ser nombrados.

En el 2024 se esperan unas elecciones nuevamente muy cerradas, y lo que suceda en estas elecciones será un ensayo general y sentará bases de lo que se puede esperar en las próximas elecciones presidenciales, en donde Pensilvania, seguirá jugando un papel destacado en el panorama nacional.

Este es un breve vistazo de lo que se está por elegir.

Corte Suprema del Estado

Para el tribunal superior del estado, los votantes decidirán quién sucederá al juez Max Baer en la Corte Suprema de Pensilvania. Baer murió en septiembre de 2022, lo que hizo que la corte pasara de una mayoría demócrata de 5-2 a una de 4-2.

Daniel McCaffery (D) se enfrenta a Carolyn Carluccio (R) por el asiento libre. McCaffery, un veterano del ejército que fue elegido miembro del Tribunal Superior de Pensilvania en 2019, anteriormente se desempeñó como abogado y asistente del fiscal del distrito en Filadelfia. Carluccio se ha desempeñado como jueza en el Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Montgomery desde 2010. Anteriormente, se desempeñó como fiscal federal adjunta y defensora pública principal del condado de Montgomery.

He aquí un desglose de la Corte Suprema de Pensilvania y por qué es importante.

Tribunales intermedios de apelación

En el Tribunal Superior de Pensilvania, dos jueces se presentan a elecciones de retención no partidistas. El juez Vic Stabile (R), busca un segundo mandato en el Tribunal Superior de Pensilvania. El juez presidente Jack Panella (D) busca un tercero.

También se elegirán dos escaños del Tribunal Superior para cubrir la vacante creada por la jueza Jacqueline Shogan, quien se jubiló en 2022, y la próxima vacante creada por el juez John T. Bender, quien alcanzará la edad de jubilación obligatoria de 75 años en noviembre. Compiten por los escaños los republicanos María Battista y Harry Smail y las demócratas Jill Beck y Timika Lane.

Otro escaño está en juego en la Corte de la Commonwealth de Pensilvania debido a la vacante dejada por el juez Kevin Brobson (R), quien fue elegido miembro de la Corte Suprema del estado en 2021. La republicana Megan Martin se enfrenta al demócrata Matt Wolf.

En Filadelfia se decide el alcalde y el gobierno municipal

En Filadelfia, los exconcejales Cherelle Parker (D) y David Oh (R) compiten por convertirse en el alcalde número 100 de la ciudad.

También en la boleta están los escaños generales del Concejo Municipal, para los cuales los votantes no pueden elegir más de cinco. En una ciudad de mayoría demócrata hay dos republicanos que fueron elegidos por su partido para representarlos:

Jim Harrity (D)

Katherine Gilmore Richardson (D)

Isaías Tomás (D)

Nina Ahmad (D)

Calle Landau (D)

Jim Hasher (R)

Drew Murray (R)

Kendra Brooks (PMA)

Nicolas O’Rourke (PMA)

A nivel de distrito, están en votación 10 escaños del Concejo Municipal. Titulares Mark Squilla (D-1), Kenyatta Johnson (D-2), Curtis Jones (D-4), Jeffery Young Jr. (D-5), Michael Driscoll (D-6), Quetcy Lozada (D-7) , Cindy Bass (D-8) y Anthony Phillips (D-9) se postulan sin oposición.

Eso deja dos distritos con carreras por el Concejo Municipal a seguir: en el Distrito 3, el titular Jamie Gauthier (D) se enfrenta al retador Jabari Jones (West is Best). En el Distrito 10, el concejal Brian O’Neill (R), que ha ocupado el puesto del consejo del Extremo Noreste durante 43 años, se enfrenta al retador demócrata Gary Masino.

Más abajo en la boleta, John Sabatina Jr. (D) se enfrenta a Linwood Holland (R) en la carrera por convertirse en el registro de testamentos de Filadelfia; La titular Rochelle Bilal (D) se enfrenta al retador republicano Mark Lavelle en la carrera por el puesto de sheriff; y Christy Brady (D) y Aaron Bashir (R) compiten por convertirse en el próximo controlador de la ciudad de Filadelfia. Los comisionados municipales Lisa Deeley (D), Omar Sabir (D) y Seth Bluestein (R) se postulan sin oposición.

Oficinas judiciales en toda la ciudad

En el Tribunal de Apelaciones Comunes de Filadelfia, los siguientes candidatos se presentan a elecciones partidistas:

Jessica Brown (D)

Dámaris García (D)

Chesley Lightsey (D)

Brian McLaughlin (D)

John Padua Jr. (D)

Natasha Taylor-Smith (D)

Carolina Turner (D)

Tamika Washington (D)

Samantha Williams (D)

Kay Yu (D)

Estos jueces del Tribunal de Apelaciones Comunes se presentan a elecciones de retención:

Anne Marie B. Coyle

Giovanni O. Campbell

Holly J. Ford

J. Scott O’Keefe

Jacqueline F. Allen

Jose Fernando

Joel Johnson

Nina N Wright Padilla

Paula A. Patricio

Ramy I. Djerassi

Rayford A. significa

Calle Sierra Tomás

Timika Lane

Los votantes también elegirán a dos jueces del Tribunal Municipal de Filadelfia. Corren McIntyre Osborne (D), Barbara Thomson (D) y Rania Major (R).

Varios jueces del Tribunal Municipal también se presentan a elecciones de retención:

Brad Moss

David Shuter

Karen Simmons

Marissa Brumbach

Marvin Williams

Lobo Mate

William Meehan Jr.

Esta historia es parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo administrado por The Lenfest Institute for Journalism. El apoyo principal lo proporciona la Fundación William Penn con fondos adicionales del Instituto Lenfest, Peter y Judy Leone, la Fundación John S., James L. Knight, Harriet y Larry Weiss, y la Fundación Wyncote, entre otros. Para obtener más información sobre el proyecto y ver una lista completa de colaboradores, visite www.everyvoice-everyvote.org. El contenido editorial se crea independientemente de los donantes del proyecto.

Philadelphia prison escape unnoticed because of unrepaired fence, sleeping guard, prosecutor says

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PHILADEPHIA (AP) — An unrepaired fence, switched-off motion sensors and a sleeping guard are among the factors that helped two men escape from a city prison earlier this year and led to their absence being unnoticed for 19 hours, Philadelphia’s prosecutor said Wednesday.

Ameen Hurst, now 19, and Nasir Grant, 24, escaped from the Philadelphia Industrial Correction Center in northeast Philadelphia on May 7. Hurst, who had been charged with four counts of murder, was arrested after 10 days. Grant, held on conspiracy drug and weapons charges, was taken into custody four days after the escape.

The two escaped through a gap cut in the fence that had been there for nearly seven weeks and had been noticed by prison staffers at least four days before the escape, District Attorney Larry Krasner told members of the Philadelphia City Council, The Philadelphia Inquirer reported.

Krasner played video showing the inmates opening cell doors that were supposed to be locked with inmates inside for the night, then showed them walking down a hallway and crawling toward a door as another prisoner — also out of his cell — acted as a lookout, the newspaper said.

One guard post in the cellblock was unoccupied and another guard monitoring the unit also had to watch two other areas, Krasner said. Another guard later reported for duty but fell asleep, then didn’t conduct required prisoner counts, which allowed the long delay in detecting the escape, Krasner said. Also, a motion detection system plagued by many false alarms due to geese landing in the area had been «turned off for more than a decade,” he said.

Commissioner Blanche Carney of the city prisons department cited a staffing shortage in the aftermath of the coronavirus pandemic as a major problem. She said changes in executive leadership had been made and she had asked state prison officials for a security assessment. Carney also said the jails had installed additional razor wire and hoped to upgrade video systems and install new technology such as armbands offering real-time location on those incarcerated, the Inquirer said.

Four people have been charged with helping the escapees. Krasner didn’t announce any new arrests on Wednesday but said the investigation was ongoing, and that he would present council members with more details in private.

Biden se reunirá con el presidente dominicano en la Casa Blanca por la cumbre de la APEP

(Foto: EFE/JIM LO SCALZO/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este jueves una reunión bilateral con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en la Casa Blanca, informó hoy el Gobierno estadounidense.

La reunión se producirá un día antes de que tenga lugar la primera Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), una iniciativa de Washington para abordar la desigualdad económica y fomentar la integración regional.

Los mandatarios «hablarán sobre la estrecha colaboración entre EE. UU. y la República Dominicana en una serie de prioridades compartidas, incluida la profundización de los lazos económicos bilaterales, la promoción de los principios democráticos y los derechos laborales» dijo la portavoz gubernamental, Karine Jean-Pierre.

Además, ambos líderes tratarán la situación de seguridad en Haití, país vecino de República Dominicana, y cuyo comercio con Santo Domingo se restauró parcialmente el pasado 11 de octubre después de casi un mes de fronteras cerradas.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por fin a comienzos de octubre, tras semanas de negociaciones, el despliegue por un año (prorrogable) de una fuerza multinacional de asistencia a la Policía de Haití, una petición del propio Gobierno haitiano ante la incontrolable violencia de los grupos criminales.

La resolución salió adelante tras un mes largo en que circuló el borrador preparado por EE. UU. y Ecuador, con las negociaciones más difíciles en la parte de la limitación de la venta de armas al país, que China quería que fuera lo más extensa posible y Washington abogaba por limitar a ciertas bandas criminales conocidas, señalaron a EFE fuentes del Consejo.

Abinader llegó este miércoles a la capital estadounidense. Además de Biden, el mandatario se reunirá con otros presidentes latinoamericanos presentes en el foro de la APEP y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, informó la Presidencia dominicana.

Por su parte, el mandatario estadounidense mantendrá reuniones el jueves con el presidente chileno, Gabriel Boric, y con la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

¿Qué es el “duelo migratorio” y cómo afecta la vida de los inmigrantes?

Yelismar Chourio La Rosa, una migrante venezolana de 15 años, llora desde el bus que la trasladará hacia Nicaragua hoy, en Paso Canoas, población fronteriza entre Panamá y Costa Rica. EFE/Bienvenido Velasco

Millones de latinoamericanos continúan dejando atrás sus países para labrarse oportunidades en otras tierras, las condiciones forzadas por diferentes causas llevan también un rosario de dificultades emocionales que en situaciones graves pueden desarrollar el llamado Síndrome de Ulises.

El joven nicaragüense Moisés Leiva siente ansiedad y estrés constante ante la difícil situación que encara para adaptarse a la vida en Estados Unidos. Su experiencia migratoria comenzó en febrero, cuando fue expatriado de su país tras ser sacado de prisión y enviado a la nación norteamericana junto a unos 222 expresos políticos liberados.

Salir a flote en EE. UU. no es fácil, dice, mientras se mantiene conectado con todos los medios posibles a Nicaragua, donde está su familia.

“Todo esto trae estrés, dolor de cabeza, ansiedad, y te hace sentir que no estás en tu país, y que tu tierra está allá tan lejos, y esa ansiedad es algo tremendo; justo ahora estoy pasando por una situación horrible”, comenta en conversación telefónica con la Voz de América.

Sus mudanzas han sido constantes desde que llegó a Washington y posteriormente se movió, por recomendaciones, a Miami, donde existe desde la década de 1980 una fuerte comunidad nicaragüense.

Moisés encaja en el término «duelo migratorio» que utilizan los expertos en sicología social, o sea, el proceso de adaptación que enfrentan los inmigrantes a su llegada al país de acogida para sobrellevar el tiempo de adaptación a un nuevo entorno.

Los expertos en salud mental consideran hasta cierto punto “normal” el duelo migratorio, pero en condiciones severas puede avanzar a una escala grave denominada “Síndrome de Ulises”, término que acuñó en 2002 el siquiatra español Joseba Achotegui en alusión al héroe de la mitología griega que estuvo perdido durante 20 años buscando la ruta para volver a su hogar, castigado por los dioses.

La sicóloga Gloria Chamorro, experta en resolución de conflictos y quien trabaja en atención de inmigrantes desde una organización en San José, Costa Rica, dijo a la Voz de América que el duelo migratorio es la primera etapa de un proceso que puede dejar secuelas de por vida.

“El desplazamiento forzado, la migración, deja secuelas profundas y duraderas, en algunos casos para toda la vida en la persona que las experimenta”, dice la experta, que cree que al dejar el país el emigrante lleva de fondo “la ruptura del tejido social, la fragmentación de la estructura familiar y cultural”.

Agrega que, a partir de los talleres en que trabaja especialmente con migrantes nicaragüenses, observa que las emociones que enfrentan los inmigrantes tienden a acentuarse “en la desesperanza, en el agobio y la frustración” como parte del complejo proceso, que de no ser tratado oportunamente puede agravarse.

El Síndrome de Ulises

Yessenia, una madre salvadoreña con dos hijos que tuvo que dejar El Salvador en abril de 2015, cuenta a la VOA cómo la situación, tanto por perder a su esposo en un acto de violencia en su país, como por tener que afrontar la migración forzada, la llevó al colapso emocional y hasta contemplar las terroríficas ideas del suicidio.

Esto a pesar de estar en un país con la misma lengua y cultura, con algunas redes de apoyo de organizaciones que le dieron acogida, pero que, a pesar de eso –dice- el proceso emocional lleva sus propios caminos internos.

No puede contener el llanto al recordar la experiencia vivida, y cómo las fechas importantes de aquel primer año de calvario emocional las vivió en solitario, en un túnel sin ver luz al final, algo que felizmente pudo superar gracias a personas altruistas y al tesón propio.

«Decidí por mis hijos que me iba levantar y luchar”, recuerda.

El inmigrante Julio Medina, quien reside en la periférica ciudad de Baltimore, cercana a Washington, le dice a la VOA que “aquí es fácil caer en depresión por la soledad. Nuestra vida de hispanos es más de contacto con la gente en el barrio, se habla, se mira todos los días, se conversa con la familia, aquí todo es muy diferente, lo rutinario (…) sólo el trabajo y la casa, son muchos factores por lo que uno cae en la ansiedad, el estrés y todo eso”.

Julio lleva dos años de vivir en Estados Unidos, ha buscado soluciones por cuenta propia para no caer en el abismo emocional, reconoce que “no es fácil”, sobre todo porque es una situación que “no se habla” por pertenecer al plano muy personal.

La sicóloga Chamorro dice que “tomar conciencia de la situación es el primer paso”, porque solo ese reconocimiento puede llevar a la conclusión que lo que está pasando a la persona “no es normal” en un proceso de adaptación, “las personas ven normal estar mal y eso no es lo correcto”, apunta.

Al hablar del Síndrome de Ulises, los “sentimientos de desesperanza, de desolación y de agotamiento físico y mental y espiritual”, pueden superar toda la voluntad de la persona.

“Cuando la persona deja de realizar actividades que hacía con normalidad, como ir a un trabajo, o si se ha insertado a la educación en el país de acogida, y si la persona deja voluntariamente de acudir al trabajo, estudio o incluso relaciones interpersonales, si la persona ya no es funcional en lo que antes era, es un signo de alarma y debe buscar ayuda profesional urgente”, dice la experta.

El inmigrante ecuatoriano Neptali Chiluisa mira afuera de una estación de tren el 25 de octubre de 2021 en Nueva York. Chiluisa, estuvo detenido una semana con su hijo de 14 años, y confesaba incertidumbre sobre la posibilidad de obtener estatus legal.

Navegadores, brújula para nuevos inmigrantes

Los jóvenes Selene Lara, Simón Santodomingo y Jonathan Nolasco diseñaron, a partir de sus propias experiencias como inmigrantes, un programa denominado “Navegadores” en el Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN) en Washington para apoyar a los migrantes, en su mayoría venezolanos, que llegan en los autobuses enviados desde la frontera sur a la capital estadounidense.

Jonathan Nolasco explica que ante los numerosos casos de personas que atienden en condición de necesidades económicas y emocionales es importante de alguna manera mantener distancia, sin perder empatía para ayudarlos.

“Hemos recibido entrenamiento adecuado para poder responder a este tipo de situaciones”, dice a VOA, para atender a primeros auxilios sicológicos, “estamos preparados para manejar estas situaciones de una manera profesional y bien humana, nosotros sentimos y conectamos con estas familias, pero a la vez no podemos involucrarnos tanto, tenemos cierto límite de las cosas que podemos hacer”.

Su colega Simón Santodomingo agrega que la experiencia de ayudar a navegar a los inmigrantes recién llegados plantea retos, y en su caso personal entiende como venezolano la situación que empuja a esas familias.

“Las personas que llegan aquí no tienen recursos para conseguir una vivienda y muchas veces incluso para comprar comida”, de ahí se puede deducir un abanico de emociones que conlleva, dice.

Su colega Selene Lara opina que la migración masiva de venezolanos también muestra una diferencia con las olas migratorias anteriores, pues estos grupos llegan a Estados Unidos sin redes de apoyo, diferente o los centroamericanos que en su mayoría tienen algún contacto familiar o amistades y para luego conseguir trabajo.

“La migración no es fácil para nadie, sabemos que migrar a un país donde hay una cultura diferente un sistema diferente genera un trauma, y esto sin contar que en el camino ellos pasan por muchísimas dificultades, hemos notado que llegan estresados, que se sienten estancados en la situación del momento”, opina.

Lo previsto antes de salir del país de origen con la realidad que se encuentra en el país de llegada puede agudizar los sentimientos de impotencia y aumentar el estrés, agrega su compañero Jonathan.

Pues mucha gente al llegar en este caso a Estados Unidos “pensaban que era más fácil todo aquí, y la realidad les muestra que no es así” sobre todo en una ciudad como Washington donde el precio de la vivienda es alto e incluso donde se ve a muchas personas sin hogar, explica.

“Muchas familias han visto cierta parte de lo que es Estados Unidos, y cuando vienen acá se topan con una realidad diferente a lo que se habían imaginado o lo que les pudieron haber contado, muchas personas al darse cuenta de esto no saben cómo reaccionar y cómo superarlo”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los retos para atender la salud de los migrantes.

«Los refugiados y los migrantes siguen figurando entre los miembros más vulnerables de la sociedad, y a menudo se enfrentan a la xenofobia, la discriminación, las malas condiciones de vida, de vivienda y de trabajo, y el acceso inadecuado a los servicios de salud, a pesar de que sufren frecuentemente problemas de salud física y mental», ha dicho el organismo.

Publicada originalmente el 6 de octubre 2023 en VOA ¿Qué es el “duelo migratorio” y cómo afecta la vida de los inmigrantes? (vozdeamerica.com)

Cerca de trece millones de niños afectados por la inseguridad alimentaria en 2022 en EE. UU.

(Foto: EFE/RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo)

La inseguridad alimentaria en los hogares estadounidenses aumentó en 2022 con cerca de trece millones de niños viviendo en una familia que tuvo problemas para conseguir alimentos en algún momento ese año, reveló este miércoles un informe del Departamento de Agricultura (USDA).

Al menos 12,8% de las familias en EE. UU. -17 millones de hogares- tuvieron problemas para conseguir alimentos en 2022, un aumento del 2,6 con respecto al 2021 (10,2%) y de 2,3 con el porcentaje de 2020 (10,5%).

El incremento de 2022 rompió una tendencia de reducción de inseguridad alimentaria constante entre 2011 y 2021, destacó el informe de USDA.

Esta cifra, incluye siete millones de hogares que enfrentaron una seguridad alimentaria muy baja, que es el rango más grave de clasificación de USDA en el que uno o más miembros del hogar experimentan una ingesta reducida de alimentos en ocasiones debido a la escasez de dinero y otros recursos para obtener alimentos.

El 8,8% de los hogares con niños -3,3 millones de familias- sufrieron inseguridad alimentaria en algún momento en el 2022, frente al 6,2% (2,3 millones de hogares) en 2021.

«Estos hogares con inseguridad alimentaria entre los niños no pudieron en ocasiones proporcionar alimentos adecuados y nutritivos a sus hijos», dice el informe.

Los investigadores de USDA subrayaron que de 2021 a 2022 hubo aumentos estadísticamente significativos en la inseguridad alimentaria en casi todos los subgrupos de clasificaciones de hogares, como los encabezados por madres solteras o de grupos minoritarios.

Al respecto, Lisa Davis, vicepresidenta de Share Our Strength, que encabeza la campaña «No Kid Hungry», calificó las cifras como «una realidad desgarradora y una tragedia evitable».

Davis advirtió de que todo el progreso logrado, incluso durante la pandemia se ha deteriorado desde que se pusieron fin a programas de inversión para luchar contra el hambre en los niños y las familias de bajos recursos.

Defendió la inversión en programas de nutrición, comidas escolares y de verano, y beneficios tributarios, que en algunos casos fueron cancelados después de la pandemia

«Este tipo de inversiones son especialmente críticas para las comunidades de color que experimentan disparidades persistentes», dijo la activista.

Más de 210.000 nuevos empleos, el saldo de las inversiones en energía limpia de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. (Foto: EFE/Chris Kleponis/Archivo)

Las inversiones en energía limpia de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada en agosto del año pasado por los demócratas han creado más de 210.000 nuevos empleos en todo Estados Unidos, según un nuevo informe del grupo Climate Power.

Muchos de estos trabajos, además, se localizan en comunidades rurales, que han recibido más de 35.000 millones de dólares en nuevas inversiones desde que entró en vigor la ambiciosa ley de gasto climático y sanitario, impulsada por el Gobierno de Joe Biden.

«En los pueblos pequeños, las grandes ciudades, y cualquier sitio entre medias, los estadounidenses se están beneficiando de nuestra economía de la energía limpia en alza», dijo en un comunicado el asesor de Climate Power Alex Wall.

En concreto, desde que se aprobó la ley, se han puesto en marcha 388 proyectos de energía limpia a lo largo de todo el país (incluido Puerto Rico), entre plantas de fabricación de baterías, fábricas de vehículos eléctricos, o plantas solares y de energía eólica.

En las comunidades rurales, el número de proyectos puestos en marcha desde agosto del año pasado alcanza ya 70, lo que ha supuesto la creación de 33.578 nuevos puestos de trabajo.

El grupo destaca en su informe que muchos de estos proyectos se encuentran en distritos representados en el Congreso por republicanos, que desde que recuperaron la mayoría en la Cámara Baja, en noviembre del año pasado, han tratado de revertir las inversiones en energía limpia de los demócratas.

Logran el apoyo de tres congresistas republicanos al proyecto de estatus de Puerto Rico

Fotografía de archivo de la representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, Jenniffer González. (Foto: EFE/Thais Llorca)

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció este miércoles que otros tres congresistas republicanos se han sumado como coautores a la Ley de Estatus de Puerto Rico H.R.2757, que busca celebrar un referendo sobre el futuro político de la isla.

El apoyo de Nicole Malliotakis, del distrito 11 de Nueva York; Bill Posey, del distrito 8 de la Florida, y James Moylan, delegado del territorio americano de Guam, puede suponer un impulso debido a que mayoritariamente son los republicanos los que se muestran más reacios a aprobar este proyecto de estatus.

«Siempre dije que aumentar el apoyo a favor de la causa de la ‘estadidad’ (anexión de Puerto Rico a Estados Unidos) sería parte central de mi agenda legislativa, y así lo hemos cumplido», dijo la comisionada en un comunicado.

González Colón y el Partido Nuevo Progresista (PNP) al que pertenece apoyan la «estadidad», pero el proyecto de ley incluye también en el eventual referendo las opciones de independencia y soberanía en libre asociación.

La comisionada agradeció a los congresistas republicanos su respaldo a «este importante proyecto de ley para los ciudadanos americanos en Puerto Rico».

«Seguiré a paso firme recabando dentro y fuera del Congreso apoyo para las aspiraciones de igualdad expresadas por nuestra gente, según el mandato que nos dieron al respaldar mayoritariamente la ‘estadidad’ en el plebiscito (no vinculante) de noviembre del 2020», agregó.

La semana pasada, González Colón, tras sostener conversaciones y reuniones con congresistas en Washington, anunció que los republicanos Milke Lawler del estado de Nueva York, Bill Huizenga del estado de Míchigan, y Amata Coleman Radewagen de American Samoa se sumaron igualmente como coasupiciadores de la medida.

La Ley de Estatus de Puerto Rico, conocida de manera técnica como H.R. 2757, volvió a introducirse formalmente el pasado abril, después de que la victoria de los republicanos en el Congreso obligara a iniciar el proceso pese a que el proyecto original había sido aprobado en diciembre de 2022.

El siguiente paso sería que el proyecto fuera estudiado y votado en el Comité de Recursos Naturales para que luego hubiera un voto en el pleno, pero el proceso se encuentra estancado.

Pennsylvania court permanently blocks effort to make power plants pay for greenhouse gas emissions

In this file photo from June 10, 2021, a flume of emissions flow from a stack at the Cheswick Generating Station, a coal-fired power plant, in Springdale, Pa. Pennsylvania cannot enforce a regulation to make power plant owners pay for their planet-warming greenhouse gas emissions, a state court ruled Wednesday, Nov. 1, 2023, dealing another setback to the centerpiece of former Gov. Tom Wolf's plan to fight global warming. (Photo: AP/Keith Srakocic/File)

HARRISBURG, Pa. — Pennsylvania cannot enforce a regulation to make power plant owners pay for their planet-warming greenhouse gas emissions, a state court ruled Wednesday, dealing another setback to the centerpiece of former Gov. Tom Wolf’s plan to fight global warming.

The Commonwealth Court last year temporarily blocked Pennsylvania from becoming the first major fossil fuel-producing state to adopt a carbon-pricing program, and the new ruling makes that decision permanent.

The ruling is a victory for Republican lawmakers and coal-related interests that argued that the carbon-pricing plan amounted to a tax, and therefore would have required legislative approval. They also argued that Wolf, a Democrat, had sought to get around legislative opposition by unconstitutionally imposing the requirement through a regulation.

The court agreed in a 4-1 decision.

It would be up to Wolf’s successor, Democratic Gov. Josh Shapiro, to decide whether to appeal the decision to the state Supreme Court. Shapiro’s administration had no immediate comment on the ruling, and Shapiro hasn’t said publicly if he would follow through on it.

Republican lawmakers hailed the decision and urged Shapiro not to appeal it. Critics had said the pricing plan would raise electricity bills, hurt in-state energy producers and drive new power generation to other states while doing little to fight climate change.

Opponents also included natural gas-related interests in the nation’s No. 2 gas state, industrial and commercial power users and labor unions whose members work on pipelines and at power plants and refineries.

The regulation written by Wolf’s administration had authorized Pennsylvania to join the multistate Regional Greenhouse Gas Initiative, which imposes a price and declining cap on carbon dioxide emissions from power plants.

Backers of the plan had called it the biggest step ever taken in Pennsylvania to fight climate change and said it would have generated hundreds of millions of dollars a year to promote climate-friendly energy sources and cut electricity bills through energy conservation programs.

The plan’s supporters included environmental advocates as well as solar, wind and nuclear power producers.

Ahyda Esther Anaya de García 1938-2023

Impacto le extiende nuestro más sentido pésame a la familia García Anaya, en especial a Eduardo García, nuestro compañero y amigo, por la sensible perdida de su madre la señora Ahyda Esther Anaya de García, que el 31 de octubre del 2023 partió a mejor vida.

La familia García Anaya, originaria de Colombia, entre las muchas contribuciones que han dado su descendencia, está Impacto, periódico de origen comunitario y administración familiar, dirigido por Napoleon por casi dos décadas, que, junto con sus hermanos, posicionaron el semanario en el Valle Delaware.

Agradecidos por sus continuas contribuciones a la comunidad latina de Filadelfia, les abrazamos en su perdida, y les deseamos pronta resignación, con el alivio que les da, el que doña Ahida vivió una vida plena, de servicio, y que sus frutos hablan de su fe en Cristo Jesús. En paz descanse.

Editorial Roundup: Pennsylvania

LNP/LancasterOnline. October 27, 2023

Editorial: Automatic voter registration in Pennsylvania boosts GOP voter rolls. Will Republicans now back other pro-democracy measures?

We have been saying this all along: Measures that make voter registration and casting ballots easier benefit both parties and, most importantly, benefit democracy.

This is why last month we lauded Shapiro’s implementation of automatic voter registration as a great step forward. And it’s why we continue to champion no-excuse mail-in voting, which Republicans also favored in 2019 when they voted with Democrats to enable it under Pennsylvania law.

Unfortunately, since Donald Trump lost the 2020 presidential election, many Republicans have sought to cast suspicion on measures that expand voter access.

So we weren’t surprised that Republican state Rep. David Zimmerman of East Earl Township decried the implementation of automatic voter registration. As WITF’s Robby Brod reported, Zimmerman called the new system “quite the cover for what could be making a gateway for illegal aliens to vote.”

That is a ridiculous assertion.

Secretary of the Commonwealth Al Schmidt, who formerly served as a Philadelphia city commissioner, is the rare modern-day Republican who is eager to make the democratic process more accessible. Before taking on the role of overseeing Pennsylvania’s elections, Schmidt led the nonpartisan good-government group the Committee of Seventy. In a news release last month, Schmidt called registering eligible commonwealth residents to vote during their visits to PennDOT centers “a commonsense action,” with an “extremely secure” verification process.

In an interview with The Philadelphia Inquirer, Schmidt noted that automatic voter registration would improve “voter access and election integrity at the same time.”

He and other election officials pointed out that if a noncitizen or anyone ineligible to vote applies for a driver’s license or photo ID, the option to register to vote will simply not appear on the PennDOT screen.

There is reason to trust Schmidt on this. In the face of death threats, he was a courageous defender of democracy and the legitimacy of the 2020 presidential election when other Republicans pushed the Big Lie that it had been stolen from Trump.

And, as the Inquirer reported, Schmidt was — as a longtime Philadelphia Republican commissioner overseeing elections in that city — “the main voice in Pennsylvania pushing for changes to the state’s motor voter registration process to prevent noncitizens from getting onto the voter rolls. The Department of State said it fixed the issue in 2017.” And Schmidt said he’s now confident that it has indeed been fixed.

Just as there are plenty of reasons to trust Schmidt when he vouches for automatic voter registration, there are plenty of reasons to distrust Zimmerman’s claims denouncing it.

Zimmerman’s record on democracy is abysmal. He voted against the 2019 law that enabled no-excuse mail-in voting. He was a 2020 presidential election denie r who joined other GOP state lawmakers in calling for the creation of an investigatory committee with subpoena power to conduct an unnecessary audit of the 2020 election results. And in opposing automatic voter registration, he has proven himself to be wrong again.

It’s too early to say whether making it more convenient to register to vote will lead more people to actually cast ballots in Pennsylvania. But it can’t hurt.

We’d like to see other measures implemented to encourage voter participation.

Some possibilities were laid out in a Sept. 24 Sunday LNP ‘ LancasterOnline column written by Pat Christmas, the former chief policy officer of the Committee of Seventy. Among them: counting mail-in ballots that are returned without inner privacy envelopes or a handwritten date on the outer return envelope. As Christmas wrote, “These issues are immaterial to ballot integrity, yet upward of 16,000 Pennsylvanians didn’t have their votes counted in the 2022 midterms because of one or the other issues.”

To reject a mail-in ballot because the voter made a minor mistake is wrong and antidemocratic.

At a news conference Oct. 19, Schmidt said county election officials should do “everything they can” to help remedy mistakes made in mail-in ballots for the Nov. 7 municipal election, including sending corrected ballots to voters.

This is particularly relevant in Lancaster County, where erroneous instructions relating to the envelopes in the mail-in ballot materials were sent to about 24,000 voters.

As LNP ‘ LancasterOnline reported, the Lancaster County Board of Elections announced a policy allowing voters who believe they may have made a mistake caused by the inaccurate instructions to receive a new ballot, but only if they come to the Lancaster County Government Center by Nov. 6 with proper ID and an election worker verifies that their ballot contains an error related to the faulty instructions.

The county decided against sending replacement ballots to the affected voters — even though county officials clearly failed in the proofreading and quality control process to spot the erroneous instructions before they were mailed to voters. The offered remedy is minimal.

The onus remains on voters to take action if they believe the bungled instructions caused them to make an error in the way they returned their mail-in ballots. As Mary Grill of the League of Women Voters of Lancaster County told the county elections board at its Oct. 18 meeting, the board’s supposed remedy is “kind of disingenuous because we’re asking the voter for more responsibility than the people in this room.”

She was right, of course.

Other Pennsylvania counties allow what is known as ballot curing; that is, they permit voters to fix minor errors on their ballots. But not Lancaster County, where Democratic Commissioner John Trescot’s ballot curing proposal was rejected last spring.

Here, mistakes only can be overlooked when they’re made by county officials. And measures to make the voting process easier — from registration to making sure that ballots are counted — continue to face resistance and suspicion, to the detriment of democracy.

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Pittsburgh Post-Gazette. October 25, 2023

Editorial: Pandemic-era Medicaid and CHIP enrollments must stay

Children are once again at the front lines of pandemic-era social service cuts, this time in the form of Medicaid restarting its annual eligibility checks, which has resulted in many eligible children losing their benefits.

Altogether, around half of the children losing Medicaid have done so for administrative reasons, not because they have been proved ineligible. The state must ensure the accuracy of Medicaid enrollments, but it shouldn’t be doing so by carelessly erring on the side of ending benefits for vulnerable people who may well still be eligible.

The state’s “unwinding” of the pandemic rules, which allowed continuous coverage without renewal procedures, has resulted in a messy administrative backlog since the process began nationwide in April. In particular, families who moved during the pandemic, switched jobs or are receiving other government benefits are now getting lost in a bureaucratic maze trying to receive the care they previously had access to.

But other Medicaid recipients — in Pennsylvania, a maximum of 100,000 people may have been affected — have gotten kicked off the rolls because the state’s automatic system doesn’t assess eligibility on an individual basis, but only through households. This led the state, and 30 others, to incorrectly remove coverage from entire families if even just one person in the household is ineligible.

Caseworkers now have to manually collect data to approve each individual case. As of Oct. 23, no one in Pennsylvania affected by the glitch had been re-enrolled.

The hope was that children losing Medicaid might transition to other forms of coverage. However, CHIP (Children’s Health Insurance Program) enrollment has stayed flat, indicating that children getting removed from Medicaid remain uninsured, or that their parents are opting for pricier private coverage.

Restoring automatic renewals based on reliable data the government already collects would be the obvious and least labor-intensive solution, at least until a better eligibility assessment system can be built. Right now, only 4% of Pennsylvania’s renewals go through this automatic process, the third-lowest rate in the nation.

Children’s health insurance doesn’t have to be this complicated. In late September, the Biden administration sent a letter to all states ordering 12 months of continuous Medicaid coverage for children, regardless of parents’ fluctuating incomes, starting in January 2024. This will buy time for states to staff up and fix their own Medicaid systems. However, families who have already been removed, or are currently in administrative limbo, won’t find relief until then.

The benefits of health insurance — benefits which help not just the child and family but society — are undermined when coverage is inconsistent. Developing relationships with primary care providers and removing the price burden for routine appointments results in better health outcomes and fewer emergency room visits.

Governor Josh Shapiro has emphasized streamlining government agencies, and the failure in “unwinding” Medicaid is a conspicuous example of the inadequacy of the bureaucracy he inherited. The state must provide support for families who have been erroneously removed from the rolls through the end of the year — while building out a modern, efficient and above all accurate system for determining eligibility moving forward. Children’s well-being depends on it.

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Pittsburgh Tribune-Review. October 29, 2023

Editorial: Should Pennsylvania require schools to have armed security?

Whether we are talking about individual incidents or the attacks with high casualty numbers like those in Uvalde, Texas, or Newtown, Conn., everyone agrees that children should be safe at school.

They just don’t agree on how to make that happen. Some want more gun control. Some want more mental health solutions. Others want more guns but in different hands.

On Tuesday, the Senate Education Committee approved a measure introduced by state Sen. Mike Regan, R-Cumberland/York. If adopted, Senate Bill 907 would require a school to “certify to the School Safety and Security Committee that an armed school security personnel” be present during the regular instructional day. A district could make its own decisions about security for extracurricular hours.

The personnel might be police officers, school resource officers or security guards. That would accommodate places that have their own police departments, relationships with municipal departments or contracts for private armed security. It would force the issue for districts that don’t use any such options.

Sometimes that is because there are opponents of having armed personnel in schools. They may argue that such a presence didn’t help at the 2018 Parkland, Fla., shooting in which a school resource officer was on site but faced negligence and felony child neglect charges when he failed to act. He was acquitted in June.

But arguing whether a proactive measure would help is not productive. Taking any steps to protect kids is worth discussing.

The real issue is the logistics.

Not every district has that kind of room in the budget. In fact, few do, making this yet another unfunded state mandate. It’s easy to demand action when you aren’t paying the bill. Making this a requirement could force districts to pull the money from elsewhere, possibly affecting education.

Then there is the fact schools already are having trouble finding people for other jobs like substitutes and bus drivers. For that matter, so are police departments and prisons, other government agencies that would pull from the same pool.

One line in the bill says “school security personnel may have other duties as assigned by the school entity.” Would that allow the district to satisfy the law by having a teacher or janitor deputized to fulfill the requirement and carry a weapon?

Regan seems aware there are issues.

“Is it perfect? No. Is it going to be comprehensive? No. But it will give our kids a chance if there’s an armed intruder or an armed person within the school,” he told Pennlive.com.

No solution will be perfect, and we should never let striving for perfection stand in the way of just doing better. But it is important to consider whether all 500 Pennsylvania school districts could provide what would be required — especially as more police departments are closing for lack of funds and personnel.

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Uniontown Herald-Standard. October 26, 2023

Editorial: This is no time to move up the 2024 Pennsylvania presidential primary. But what about for 2028?

Despite Pennsylvania’s recurring importance in picking the president in the general election, the state falls considerably short when it comes to deciding the nominees.

Joe Biden became the presumptive 2020 Democratic nominee in April – about two weeks before the Pennsylvania primary was scheduled. The primary had been moved up a month to allow voters a better shot at meaningful participation, but the COVID-19 pandemic interfered, and the primary took place in June.

Donald Trump became the 2016 Republican nominee about a week after the Pennsylvania primary, but that was largely semantic. Of 56 primaries and caucuses in U.S. states and territories that year, Trump won 41. Hillary Clinton didn’t secure her Democratic slot until June 2016.

The state has made nods to this over the years. While off-year primaries take place in mid-May, presidential primaries are moved up to April in an effort to be part of the conversation.

In 2024, however, the move to April 23 has a second problem. It will put people going to the polls during Passover, which some – including Gov. Josh Shapiro – worry could depress participation. That has prompted questions about moving the primary even earlier. The House of Representatives would like April 2; the state Senate would prefer March 19.

But the County Commissioners Association of Pennsylvania said in a letter to lawmakers and the governor that it just won’t work.

“While we thank the General Assembly and the administration for their thoughtful discussions around this matter, at this date counties can no longer guarantee there will be sufficient time to make the changes necessary to assure a primary on a different date would be successful,” Executive Director Lisa Schaefer wrote.

This is an all-too-common issue with government. Enthusiasm for an idea has to be balanced with the ability to implement it – or the wherewithal to overcome those limitations.

The state might make the decisions about when an election is held and set certain rules about it, but making it happen falls to the counties.

That is not to say Pennsylvania shouldn’t consider moving primaries to early April, March or even earlier. But this isn’t a decision to make in late 2023 for 2024. It’s a decision to think about now regarding 2028. Passover will be April 10-18 that year, so it will only be a factor if the primary is moved up without adequate consideration. The desire to be more active in the presidential nominating process will still be on the table.

Changes need to happen thoughtfully, proactively and with enough time to see them implemented without an undue burden on the counties.

END