Santo Domingo. — Lo que ronda la cabeza de las activistas que piden la despenalización del aborto en República Dominicana es preocupación.
Luego de que el Senado diera una primera aprobación a un proyecto de Código Penal que mantiene la prohibición total a la interrupción del embarazo a finales de junio, decenas de personas se lanzaron a las calles el miércoles para exigir que se garanticen los derechos de las mujeres, de la niñez y de la comunidad LGBTQ, que —según diversas organizaciones de derechos humanos — se vulnerarían con los posibles cambios al documento.
“Nosotras seguimos en pie de lucha», dijo antes de la protesta la reconocida activista dominicana Sergia Galván.
Galván y otras feministas llevan décadas exigiendo que el aborto se despenalice bajo tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que criminalizan el aborto sin excepción. El Código Penal actual establece que cualquier persona que aborte enfrenta hasta dos años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.
El presidente dominicano, Luis Abinader, quien se reeligió en mayo pasado, se dijo dispuesto a respaldar la despenalización en sus dos campañas presidenciales, pero tras ganar ambas elecciones no volvió a mostrar su apoyo.
“Las organizaciones de mujeres estuvimos en reunión con él y dijo estar de acuerdo con las tres causales y que iba a trabajar para que en su partido hubiera una postura a favor», dijo Galván. “Realmente fue un engaño a la ciudadanía, a las mujeres y al pueblo”.
Tanto Galván como miembros de otros organismos locales e internacionales han denunciado que la prohibición absoluta del aborto tiene diversas ramificaciones. Alrededor de un 30% de las adolescentes carece de acceso a métodos anticonceptivos, no existe la educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufre violencia de género —como incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza incrementan los riesgos de enfrentar un embarazo no deseado.
“Queremos un Código que respete a las mujeres y a las niñas, que les permita decidir, que respete el oficio y el criterio de los médicos para decidir en caso de hacer un aborto, pero también queremos un Código que sancione la impunidad, esa corrupción burda que nos ha robado el futuro a muchos jóvenes”, dijo desde la protesta Nicole Pichardo, dirigente de un partido político minoritario.
Más allá de la despenalización, organismos como Human Rights Watch alertaron que el proyecto de Código Penal reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y excluye la orientación sexual de la lista de características protegidas contra la discriminación, lo que traería más vulneración a la comunidad LGBTQ.
“Estamos aquí, frente a la Presidencia de la República Dominicana, porque el Código Penal que aprobaron los senadores y está próximo a aprobarse por los diputados, no nos representa”, añadió desde la manifestación del miércoles Rosalba Díaz, miembro de la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom). “¿Qué significa eso? Que ahora las personas que vivimos con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, vamos a estar en riesgo de que constantemente nos discriminen”.
A la lista de preocupaciones de ciudadanos y activistas se suman otras cuestiones. El artículo 14, por ejemplo, exime de responsabilidad penal a las iglesias, lo que según activistas como Galván dejaría impunes crímenes de pedofilia, lavado de activos o encubrimiento entre los líderes de fe.
En la isla caribeña, la religión es fundamental. Es el único país del mundo con una Biblia en su bandera y el lema del Estado es “Dios, Patria y Libertad”.
Según activistas del sector conservador y que se oponen a la despenalización, su relación con algunos legisladores es cercana y miembros de organizaciones como 40 Días por la Vida dicen orar para que los congresistas mantengan los candados que impiden abortar o brindar educación sexual integral.
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