
El presidente Trump prometió en campaña medidas migratorias estrictas, incluyendo la deportación “más grande de la historia” de Estados Unidos.
En su discurso inaugural declaró la emergencia nacional en la frontera sur y durante sus primeras horas de mandato firmó diversas órdenes ejecutivas incluyendo la de “Asegurar nuestras fronteras” poniendo fin, entre otras, a las políticas de “captura y liberación” y restableciendo la de “Permanecer en México”.
¿Qué continuidad tendrán las jurisdicciones santuario del área Tri-estatal bajo estas políticas?
Las cartas que America First Legal Foundation (presidido por Stephen Miller, subdirector de política de Trump en el nuevo gobierno), envió a funcionarios estatales y locales de áreas santuario las pasadas navidades dan un indicio.
Según señala el Brennan Center for Justice “Que los gobiernos locales tengan que cumplir o no con las políticas migratorias federales depende, en gran medida, de las leyes estatales”.
La Constitución de los Estados Unidos otorga a los estados la responsabilidad de formular y hacer cumplir las políticas de inmigración del gobierno federal. La ley federal de inmigración impide a los estados promulgar políticas migratorias propias diferentes de las federales. Sin embargo, conforme a la Décima Enmienda, los estados retienen su autoridad policial dentro de sus propias fronteras y, de alguna forma podrían negarse a ayudar a los agentes de ICE.
Los líderes politicos del área Tri–estatal, coinciden en mostrarse dispuestos a colaborar con la nueva administración (dentro de ciertos límites), sin realizar declaraciones que induzcan a tenerlos abiertamente en contra de cooperar con el gobierno federal en materia de inmigración.
Delaware y New Jersey han implementado medidas proinmigrantes como las tarjetas de manejo privilegiadas. La fiscal general de Delaware Kathy Jennings, se ha unido a otros doce estados (incluyendo New Jersey) para defender en los tribunales el acceso de los DREAMers a un seguro médico y ha copresentado una demanda de inconstitucionalidad contra la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento junto con los fiscales de otros diecisiete estados (incluyendo a New Jersey, además de Washington, D.C. y San Francisco). La gran ausente, Pensilvania, aunque tiene un gobernador demócrata, Josh Shapiro, ya que el nuevo Fiscal del estado es MAGA, Dave Sunday.

El nuevo gobernador de Delaware, Matt Meyer, en su posición anterior emitió la orden “Safe and Inclusive Communities”, prohibiendo a la policía de New Castle detener, interrogar, registrar o arrestar a una persona debido a su estatus migratorio, y a los funcionarios del condado cooperar con las operaciones federales de control de inmigración.
En su discurso de juramentación (al día siguiente del presidencial), Meyer dijo que trabajaría “con cualquiera, de cualquier partido…pero … si el presidente o su Administración intentan… entrar en nuestras comunidades para acosar a las personas que vinieron a nuestro país y a nuestro estado en busca de una vida mejor… utilizaré todos los poderes que me han otorgado como gobernador para proteger a nuestros residentes…”
En Filadelfia organizaciones proinmigrantes se han manifestado para requerir que los líderes de la ciudad mantengan su estatus de santuario. La alcaldesa Cherelle Parker no ha confirmado si lo mantendrá. “La orden ejecutiva de 2016 para la ciudad de Filadelfia continua en vigor, yo estoy a favor de esa política”, dijo recientemente.
El fiscal de distrito, Larry Krasner declaró que “…si ICE hace redadas en Filadelfia consistentes con la ley no van a tener ningún problema conmigo, pero si los agentes llegan con la mentalidad de que pueden hacer lo que les dé la gana, porque Donald Trump es el presidente, no”.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, al ser cuestionado sobre las deportaciones masivas ha dicho que “hay que esperar y ver”, añadiendo que “nunca dejaría de defender las libertades que me eligieron para proteger”, asegurando defendería la democracia y los derechos fundamentales, pero sin identificar a ningún grupo amenazado ni ofrecer detalles sobre cómo defendería esos derechos.
Similar postura en New Jersey la del gobernador Phil Murphy, quien señaló en su discurso sobre el Estado del Estado que «Nunca me echaré atrás en mi colaboración con la Administración Trump en los casos en que nuestras prioridades coincidan», añadiendo a continuación «pero, lo que es igual de importante, nunca me echaré atrás en la defensa de nuestros valores de New Jersey, si y cuando se pongan a prueba».
Antes de su reelección Murphy prometió hacer de New Jersey un refugio seguro para los inmigrantes indocumentados. «Seremos un santuario, no solo una ciudad, sino un estado.
En 2018, el entonces fiscal general Gurbir Grewal, emitió la Directiva de Confianza para los Inmigrantes prohibiendo a la policía estatal y local cooperar con las autoridades federales de inmigración.
En general, los líderes locales que se resisten a la cooperación con las fuerzas federales aducen pruebas del impacto negativo de la mano dura migratoria a nivel comunitario, sobre la seguridad y la salud públicas (“Barrio y Paz” de Belhú Sanabria y otros).
El senador Chris Coons (D-DE) ha publicado un artículo reconociendo que “la inmigración ilegal en nuestra frontera sur es un problema”, mostrando su apoyo a la deportación de criminales peligrosos porque “es un objetivo importante y los demócratas como yo lo apoyaremos”. Pero se mostró contrario a una deportación masiva que traería consecuencias económicas muy negativas.
Según estudio de la profesora Martha F. Davis, la opción por convertirse en un santuario “silencioso”, con la esperanza de eludir la atención si no se anuncian abiertamente sus políticas es un método que probablemente no logre aplacar el miedo de las personas inmigrantes en sus comunidades.
Mientras tanto, los grupos de derechos de los inmigrantes educan a estos sobre sus derechos y qué hacer si los agentes de inmigración llaman a su puerta.