Nueva York vetó este martes por ley en todo el estado la cooperación entre los cuerpos de policía local y el Servicio de Inmigración (ICE) en los casos migratorios civiles con el fin de que los agentes no sean utilizados por el Gobierno de Donald Trump para «alcanzar sus cuotas» de deportaciones, según dijo la gobernadora, Kathy Hochul.
La gobernadora demócrata señaló que, con la entrada en vigor de la ley «Policía local, crímenes locales», ICE no podrá usar a los cuerpos de policía locales para ejecutar la «agresiva agenda migratoria» de Trump, sino que solamente asistirán a la agencia federal «si un delito real se ha cometido», algo que tanto ella como varios policías aseguraron era lo normal hasta hace poco.
Hochul argumentó que la policía local debe estar libre para «responder a casos en los que una persona rompe la ley, no para ir a una escuela, una iglesia o un Home Depot y ayudar a Stephen Miller (el asesor de Trump arquitecto de las políticas de inmigración) alcanzar sus cuotas».
Por su parte, el jefe de Policía de Albany, la capital estatal, Brendan Cox, advirtió que la «confianza se erosiona cuando se pide a las fuerzas locales realizar acciones federales migratorias civiles».
«Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan… todos estamos menos seguros», dijo.
Cox aseguró que desde que comenzó su carrera en 1994, el cuerpo local que ahora dirige «nunca» se dedicó a casos migratorios civiles, y cuestionó, junto a otros colegas, la aplicación de los acuerdos de cooperación federal conocidos como 287(g) precisamente cuando el crimen ha bajado en los últimos años en sus localidades, según afirmaron.
La gobernadora señaló que la ley que entra en vigor ha prevalecido en los tribunales frente a demandas locales, aseguró que 60 de los 62 condados del estado en la práctica ya la cumplen, y desafió a las entidades locales que quieran retarla.
Una de las excepciones es el condado de Nassau, una zona durante años asediada por la violencia de las pandillas, que tiene un gran número de votantes republicanos y donde el líder político local, Bruce Blakeman, busca reemplazar a Hochul en el cargo de gobernador en las próximas elecciones, para lo que ya ha sido respaldado por Trump.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley, un grupo de 15 alguaciles demandó al estado impugnando la norma. Hochul y la fiscal general del estado, Letitia James, indicaron en un comunicado que la acción legal es «un derroche frívolo de dinero» de los contribuyentes.
«Los tribunales ya se negaron a bloquear esta ley una vez, y confiamos en que lo harán de nuevo. Mientras tanto, esperamos que todas las agencias policiales de Nueva York cumplan con la ley», indicaron.
