El pasado 25 de septiembre, la Administración del presidente Donald Trump propuso cancelar 56.1 millones de dólares del programa de Asistencia de Asesoramiento de Vivienda (Housing Counseling Assistance Program) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). La medida formaba parte de una iniciativa para rescindir cerca de 1,000 millones de dólares en fondos federales previamente aprobados por la Cámara y el Senado y firmados por el presidente.

El programa financia servicios de asesoría que ayudan a personas y familias a tomar decisiones sobre vivienda: desde comprar su primera propiedad y entender una hipoteca hasta prevenir ejecuciones hipotecarias y encontrar alternativas de vivienda.

La propuesta generó un fuerte rechazo bipartidista en el Congreso, donde fue considerada una maniobra ilegal. El 30 de septiembre de 2026, una coalición de organizaciones, liderada por la National Urban League, interpuso una demanda de emergencia. Al día siguiente, la jueza de distrito Jia M. Cobb bloqueó temporalmente el recorte de fondos y congeló la fecha de vencimiento del presupuesto para evitar que los recursos regresaran al Tesoro mientras el caso se resolvía formalmente ante los tribunales. Por ahora, el futuro de estos fondos sigue sujeto al proceso judicial.

UnidosUS, una organización sin fines de lucro y apartidista, reconocida como la mayor organización hispana de defensa y derechos civiles del país, también presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de los demandantes y de las familias que dependen de la asesoría de vivienda.

La National Low Income Housing Coalition (NLIHC), una organización nacional que aboga por políticas de vivienda asequible, ha instado a los defensores de la vivienda a que contacten a sus representantes en el Congreso y les pidan que protejan los recursos federales. Con el Congreso en receso hasta su regreso previsto para el 9 de noviembre, octubre representa una oportunidad para que organizaciones y ciudadanos expresen sus preocupaciones a los legisladores.

Además, el financiamiento temporal del Gobierno federal se prolonga hasta el 11 de diciembre, una fecha clave para las negociaciones presupuestarias. Aunque este plazo no constituye, por sí mismo, una fecha límite para resolver el litigio sobre los fondos para el asesoramiento de vivienda, sí incrementa la presión sobre las prioridades del gasto federal.

La asequibilidad de la vivienda sigue siendo una preocupación nacional. Los elevados precios de la vivienda, las tasas de interés hipotecarias y los costos de alquiler aumentan la presión sobre las familias. Organizaciones sin fines de lucro advierten que los recortes de financiación las obligarían a reducir los servicios de asesoría que ayudan a las familias a evitar ejecuciones hipotecarias, a acceder a viviendas asequibles y a convertirse en propietarias. Esta posible reducción podría limitar algunos servicios de asesoría, pero no necesariamente implicaría recortes directos en la construcción de viviendas asequibles ni afectaría por igual a todas las agencias.

En Filadelfia, la pregunta sigue abierta: ¿qué consecuencias tendría la pérdida de estos recursos para las familias que dependen de los servicios de asesoría habitacional?