Personas alzan la bandera de México en una marcha contra decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre temas migratorios, frente del Capitolio en Denver (EE. UU.). (Foto: EFE/Todd Pierson)
Un nuevo proyecto comunitario en Colorado busca desde este miércoles cambiar la percepción negativa sobre los inmigrantes mediante documentales que retratan «la vida, la esperanza y la resiliencia» de estas comunidades y que, además, buscan contrarrestar la «cobertura sensacionalista» sobre la inmigración.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) presentó hoy ‘The Colorado Story’, una iniciativa en línea que a través de entrevistas con decenas de residentes busca demostrar que «las historias de los inmigrantes no son solamente historias de inmigrantes, sino historias de Colorado».
La idea es «confrontar y desmantelar directamente las narrativas dominantes y perjudiciales que rodean a los inmigrantes y a los recién llegados», expresó a EFE Karen Orona, portavoz de CIRC.
«Durante décadas, los opositores a la justicia para los inmigrantes han moldeado el debate migratorio utilizando afirmaciones engañosas que generan miedo, siembran confusión y dividen a las comunidades», agregó.
Agregó que los documentales buscan responder a la «cobertura sensacionalista» sobre inmigración en algunos medios de comunicación y crear conciencia sobre cómo las desigualdades raciales y problemas sistémicos, como la precariedad laboral, afectan a los inmigrantes.
Uno de los cortometrajes, que se centra en Luis, a quien se le negó el pago de trabajos realizados en Colorado debido a su situación migratoria irregular, destaca «la facilidad con la que se puede abusar» de inmigrantes sin protección legal.
Sandra, quien lleva 30 años en Estados Unidos, relata en otro que pese a múltiples gestiones, todavía no ha podido regularizar su situación migratoria. Su historia refleja «el desgaste emocional y el abuso silencioso» de vivir «sin estabilidad ni un camino claro hacia el futuro».
‘The Colorado Story’ «se fundamenta en la creencia de que las historias tienen el poder de cambiar corazones y mentes. A través de narrativas humanas y reales, buscamos transformar la manera en que las personas perciben la inmigración y a sus vecinos recién llegados», afirmó Orona.
El proyecto incluye además un sitio web donde los interesados pueden compartir sus propias experiencias o colaborar en la producción de nuevos documentales, como una forma de «fortalecer los valores que siempre han definido a Colorado: equidad, comunidad y oportunidad».
Según CIRC, esa participación comunitaria es necesaria porque, mientras persistan percepciones erróneas sobre los inmigrantes y no se reconozcan plenamente sus contribuciones, «la historia de Colorado seguirá sin cumplirse.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la agencia de cambio social SE2 y de la productora Degotelo Studios, se presenta a través de YouTube.
Jenniffer González Colón habla tras tomar posesión como gobernadora fuera del Capitolio, en San Juan, Puerto Rico, el 2 de enero de 2025. (Foto: AP/Alejandro Granadillo/Archivo)
La gobernadora de Puerto Rico anunció el miércoles un estado de emergencia para combatir un aumento de la erosión costera a lo largo de la costa norte de la isla, que forma parte del territorio de Estados Unidos.
La gobernadora Jenniffer González indicó que la orden ejecutiva permitiría que su administración acelere proyectos para proteger los recursos naturales y a las comunidades costeras vulnerables. El gobierno señaló en un comunicado que el aumento del nivel del mar, las marejadas ciclónicas y otros factores han intensificado la erosión costera en Puerto Rico.
González se comprometió a ayudar a municipios del norte, entre ellos, Loiza, donde se ha evacuado a personas y han caído al océano trozos de asfalto de carreteras costeras tras fuertes oleajes.
La orden se firmó apenas unos días antes del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.
Aún no se ha determinado el costo de los proyectos.
En la imagen, tomada de un video proporcionado por la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri, Brayan Rayo Garzon, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mira hacia una cámara de vigilancia en la cárcel del condado Phelps en Rolla, Missouri, el 7 de abril de 2025, poco antes de morir por suicidio. (Foto: AP/Patrulla de Caminos del Estado de Missouri)
Brayan Rayo Garzon se sentía angustiado. Tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comenzaba su cuarto día de aislamiento en una cárcel de Missouri mientras combatía las fiebres y los escalofríos provocados por el COVID-19.
Su solicitud de tratamiento de salud mental se había pospuesto, según muestran los registros, y el personal le prohibió hacer su llamada nocturna a su madre como precaución para evitar la propagación de la enfermedad.
Les rogó a sus carceleros en notas escritas a mano que organizaran una conversación con ella. “Siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí”, escribió.
Un guardia recogió la nota y se alejó. En menos de una hora, según los registros de la cárcel, lo encontraron inconsciente en su celda. Una autopsia determinó que se suicidó.
La muerte de Rayo, ocurrida en abril de 2025, fue la primera en un repunte de suicidios entre los detenidos por el ICE, un hecho que ha alarmado a autoridades de salud pública y expertos en cárceles. Señalaron que el número sin precedentes de fallecimientos por suicidio es un indicio de que las autoridades no supervisan adecuadamente la detención de decenas de miles de inmigrantes atrapados en la agresiva estrategia de deportación del gobierno del presidente Donald Trump.
The Associated Press encontró que al menos 10 detenidos, todos varones, han muerto por suicidio desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, un ritmo que supera ampliamente el crecimiento de la población detenida, según una revisión de datos del ICE, informes de autopsias, dictámenes forenses y registros policiales. Desde octubre, siete muertes han sido clasificadas como suicidios, una cifra que ya es la mayor para cualquier año fiscal en la historia de la agencia. En general, el ICE ha registrado una o ninguna de esas muertes al año.
“Algo está saliendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o de salud mental”, afirmó el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y coautor de un estudio en el que se documenta el aumento de la mortalidad y de las tasas de suicidio entre los detenidos por el ICE. “Este es uno de esos aumentos repentinos y alarmantes”.
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NOTA DEL EDITOR: En esta historia se hace mención del suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible por teléfono o enviando un mensaje de texto al 988.
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Nueve de las muertes fueron de hombres hispanos que llegaron a Estados Unidos provenientes de cuatro países, según hallazgos de la AP. Un hombre era ciudadano chino. Su edad promedio era de 32 años. Aunque Trump ha caracterizado a quienes enfrentan la deportación como “lo peor de lo peor”, siete de los 10 no tenían antecedentes de delitos violentos en Estados Unidos.
Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes bajo custodia del ICE desde enero de 2025. La mayoría de esas muertes fueron por causas naturales, y expertos dicen que muchas de ellas se habrían podido evitar con atención médica oportuna.
La secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, dijo que las muertes por suicidio bajo custodia del ICE siguen siendo “extremadamente raras”.
La funcionaria indicó que el personal de detención sigue protocolos para proteger a los detenidos que muestran señales de autolesionarse y que el ICE exige capacitación anual en prevención del suicidio. Añadió que los detenidos reciben atención médica integral, incluidos servicios de salud mental.
En reacción a la investigación de la AP, el presidente colombiano Gustavo Petro escribió el miércoles en X que la cancillería del país debería emitir una protesta formal por la muerte de Rayo y que el gobierno de Estados Unidos debería “reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”.
En la imagen, proporcionada por la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri, se muestra la nota escrita por Brayan Rayo Garzon, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde solicita llamar por teléfono a su madre, en la cárcel del condado Phelps en Rolla, Missouri, el 7 de abril de 2025, poco antes de morir por suicidio. (Foto: AP/Patrulla de Caminos del Estado de Missouri)
Existen violaciones a los estándares de detención del ICE, según la investigación
Las razones detrás de cualquier suicidio son complejas, y cada muerte suele tener múltiples factores coadyuvantes, dicen los expertos. Los detenidos por el ICE reportan un estrés intenso después de ser detenidos, miedo a ser devueltos a países donde su seguridad podría estar en riesgo, y frustración y soledad por la incapacidad de comunicarse debido a barreras lingüísticas.
Los detenidos también pueden sentir impotencia por la complejidad que rodea la ley migratoria. A diferencia de quienes están en el sistema de justicia penal, la mayoría de los detenidos no tiene abogados y su detención por infracciones migratorias no pretende ser punitiva.
El ICE se vuelve responsable de su bienestar cuando son detenidos, y los expertos dicen que los centros de reclusión bien administrados deberían tener pocos o ningún suicidio. Eso se debe a que el personal puede tomar medidas para mitigar las probabilidades de que los detenidos se hagan daño al identificar a quienes están en riesgo, brindarles atención y vigilarlos de cerca, explicaron los expertos.
En su investigación, la AP encontró que los centros de detención del ICE han quedado repetidamente por debajo de lo esperado de maneras que violan los propios estándares de la agencia.
En un examen de las 10 muertes por suicidio se reveló que los hombres murieron a lo largo de la red de detención del ICE, incluidos centros administrados desde hace tiempo por contratistas privados y cárceles de condados que recientemente se convirtieron en socios del organismo. La AP encontró que el personal de las instalaciones ignoró señales de angustia, retrasó el tratamiento de salud mental y no vigiló a detenidos que ya habían sido considerados en riesgo. También permitió que los detenidos tuvieran acceso a materiales que podrían usarse para autolesionarse, según la revisión de la AP de informes de inspección de ICE y registros de muertes.
En algunos casos, encarcelaron a detenidos angustiados en aislamiento, lo que puede agravar sentimientos de humillación e impotencia, según expertos.
El ICE ha afirmado repetidamente que evalúa a los detenidos dentro de las 12 horas posteriores a su llegada para detectar padecimientos médicos, dentales y de salud mental.
Al menos tres de las nueve instalaciones donde detenidos por el ICE murieron por suicidio han tenido dificultades para cumplir ese estándar, según informes de inspección de la agencia y registros carcelarios.
El doctor Homer Venters, exdirector médico de las cárceles de la ciudad de Nueva York que anteriormente asesoró al ICE sobre la prevención de muertes de detenidos, calificó de aterrador el aumento de suicidios.
El incremento “refleja fallas en la forma en se opera el sistema, y en particular, fallas en cómo ocurren las primeras etapas de ingreso a detención, de modo que las personas no son evaluadas adecuadamente”, señaló el especialista. “Y luego, si esa evaluación inicial detecta señales de alerta, no se actúa de una manera que reduzca el riesgo de que tengan una muerte prevenible”.
Del cruce fronterizo a la detención
Entre quienes se quitaron la vida había un joven de 19 años originario de México que fue detenido tras una parada de tráfico por una falta menor mientras conducía su scooter.
Otro era un trabajador de restaurante de 36 años que perdió contacto con sus familiares en Nicaragua después de que el ICE lo detuvo en Minnesota y lo envió a un campamento abarrotado en Texas. Un tercero era un hombre de 45 años que cruzó repetidamente la frontera entre Estados Unidos y México de manera ilegal y tenía un largo historial delictivo.
Rayo, quien se quitó la vida tras suplicar hablar con su madre, era un veterano del Ejército colombiano que había trabajado como vendedor ambulante en su país. Una semana después de cumplir 26 años en 2023, su familia cruzó la frontera de Estados Unidos en California. Estuvo detenido durante tres meses antes de que se le permitiera establecerse con familiares en St. Louis, según muestran registros y entrevistas.
Su madre, Adriana Garzon, contó que Rayo se adaptó rápidamente a la vida en Estados Unidos, hacía amigos con facilidad y trabajaba como pintor de casas y repartidor de comida. Quería ahorrar dinero para contratar a un abogado que lo ayudara a quedarse en el país después de que un juez ordenó en 2024 que fuera enviado de regreso a Colombia, explicó.
Fue arrestado en marzo de 2025 por la policía de St. Louis después de que lo sorprendieran usando una tarjeta de crédito robada, que había obtenido de un amigo, en una tienda de vapeo, según registros judiciales. Luego, el ICE lo tomó bajo custodia. En un registro de la agencia obtenido por la AP se clasificó a Rayo como un trabajador manual que representaba un bajo riesgo para la seguridad pública.
El ICE colocó a Rayo en la cárcel del condado de Phelps en Rolla, Missouri, a unos 160 kilómetros (100 millas) de St. Louis.
Los suicidios revelan deficiencias en toda la red de detención del ICE
Las muertes han revelado lagunas en el tratamiento y la supervisión en todo el sistema del ICE, donde la población detenida se ha disparado un 50% hasta llegar a 60.000 durante el segundo mandato de Trump.
Cinco personas murieron en centros administrados por CoreCivic y el GEO Group, socios de detención del ICE de larga data. Un sexto murió en un campamento operado por un contratista sin experiencia que la agencia reemplazó posteriormente. Tres murieron en cárceles administradas por alguaciles, y uno en una prisión federal.
“Nos entristece profundamente y tomamos muy en serio el fallecimiento de cualquier persona bajo nuestro cuidado”, dijo el portavoz de CoreCivic, Brian Todd.
El portavoz de GEO Group, Christopher Ferreira, señaló que la empresa capacita al personal en prevención del suicidio y busca “mantener un entorno seguro y protegido en cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos por el gobierno federal”. Funcionarios de las tres cárceles declinaron hacer comentarios o no respondieron a los mensajes.
Leo Cruz Silva, un hombre de 34 años que ingresó repetidamente de manera ilegal al país desde México, sufrió una crisis aguda de salud mental tras su detención luego de un arresto por intoxicación pública el otoño pasado en un suburbio de St. Louis, según muestran los registros.
Durante dos noches en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, en Missouri, Cruz gritó, se escondió debajo de su cama y reportó alucinaciones, según un informe del ICE sobre su muerte. Sin embargo, no recibió ayuda con rapidez.
Una enfermera ordenó medicamentos antipsicóticos y planeó conseguirle tratamiento la semana siguiente, se indica en el informe del ICE.
Al tercer día, lo encontraron muerto en su celda.
Chaofeng Ge ingresó en estado de angustia mental bajo custodia del ICE el verano pasado en una instalación de Pennsylvania administrada por el GEO Group, tras haberse declarado culpable de un fraude menor con tarjetas de regalo e intentar suicidarse bajo custodia estatal, dijo David Rankin, un abogado que representa a la familia de Ge.
En cinco días en la instalación, no recibió tratamiento de salud mental ni pudo comunicarse porque nadie hablaba mandarín, afirmó Rankin. Finalmente, Ge quedó sin vigilancia antes de que lo encontraran colgado en un cubículo de ducha.
“Está claro que el ICE ha tomado muy pocas medidas para garantizar la seguridad de estas personas”, sostuvo el abogado. “Parece que quieren hacer este proceso lo más cruel e inhumano posible. Es completamente inaceptable”.
En Camp East Montana en El Paso, Texas, Victor Diaz, de 36 años, murió en enero por suicidio en una sala de retención médica, según un informe del ICE. Lo habían trasladado a aislamiento después de reportar acoso por parte de otros detenidos, indicó el informe.
Días antes, en la misma instalación, Geraldo Lunas Campos murió por asfixia después de que el ICE dijera que los guardias lo inmovilizaron tras un intento de suicidio. Un médico forense clasificó su muerte como homicidio y funcionarios del gobierno de Trump dijeron que el FBI investiga las circunstancias.
Inspectores del ICE visitaron la instalación en febrero y documentaron 49 violaciones a los estándares de detención en la que en ese momento era la mayor instalación de la agencia destinada a ese propósito, según su informe.
En el informe se encontró que el personal no registró las “revisiones requeridas para prevenir autolesiones significativas y suicidio”, mientras que los inspectores hallaron herramientas y equipos sin asegurar y sin control en toda la instalación que podrían usarse para causar daño. Las llamadas al 911 muestran que varios detenidos más habían intentado suicidarse allí.
En el momento de las muertes y las inspecciones, Acquisition Logistics era el contratista que operaba la instalación. Desde entonces, el ICE ha reemplazado a la empresa por otro contratista. Acquisition Logistics no respondió a los mensajes en los que se solicitaban comentarios.
El detenido pasó sus últimos días enfermo y aislado
La cárcel del condado de Phelps había empezado a recibir detenidos del ICE un mes antes de la llegada de Rayo. El alguacil Michael Kirn, republicano en un condado donde los votantes apoyaron abrumadoramente la reelección de Trump, dijo a los comisionados que el presupuesto de su departamento estaba resentido y que asociarse con el ICE podría generar millones de dólares en ingresos.
Los registros muestran que los problemas de Rayo comenzaron de inmediato. A la cárcel le tomó 35 horas realizar la evaluación médica inicial que el ICE promete en un plazo de 12 horas, según registros carcelarios obtenidos por la AP en virtud de la ley de acceso a registros públicos.
Rayo presentaba dificultad para respirar y le dijo a una enfermera que se sentía ansioso y quería recibir tratamiento de salud mental.
Una enfermera que no hablaba español usó un “traductor de mano” para evaluar a Rayo y concluyó que él negó tener pensamientos suicidas y depresión, según los documentos recopilados por la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri durante una investigación sobre la muerte del detenido.
Ella recomendó que se lo integrara en la población general, diciendo que su condición física y mental eran estables, según los registros. Y lo derivó para una cita rutinaria de salud mental.
Dos días después, reportó dolor de cabeza y dolores corporales. El personal se enteró de que había dado positivo a exposición a la bacteria de la tuberculosis. Fue enviado a un hospital, donde le diagnosticaron COVID-19. Regresó a la cárcel al día siguiente.
La cita de salud mental fue programada pero cancelada debido a “tiempo de clínica de salud mental y personal”, según muestra un registro de la cárcel. Dos días después, volvieron a cancelar su cita, esta vez mencionando su infección por coronavirus.
Los retrasos violaron un estándar del ICE que exige tratamiento de salud mental dentro de una semana después de una derivación.
Bis, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que Rayo recibió “atención médica de alta calidad durante su tiempo bajo custodia de ICE”.
Para aliviar su ansiedad, Rayo llamaba a su madre antes de dormir para compartir una bendición católica. La madre, cuyo nombre de pila, Adriana, estaba tatuado en el brazo de su hijo, dijo que ella le daba fuerza.
A medida que la salud Rayo empeoraba con náuseas, escalofríos y dolores, el personal lo trasladó a una celda de aislamiento de bloques de cemento con una cámara de vigilancia en el techo para una supervisión más estrecha y para evitar la propagación de la enfermedad. No se le permitió llamar a su madre.
En su cuarto día de aislamiento, Rayo deslizó dos notas por debajo de su puerta, suplicando a los guardias que lo dejaran hablar con su mamá. En una, que fue revisada por la AP, apeló a la humanidad del guardia diciéndole, “Yo sé que tú tienes familia y sabes que ellos se preocupan por nosotros”, escribió. “Que Dios te bendiga”.
El agente, que hablaba inglés, usó el teléfono de un colega para traducir las notas y escribió en un informe que planeaba dar seguimiento.
En menos de una hora, los guardias encontraron a Rayo inconsciente en su cama con una sábana alrededor del cuello.
Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo y lo trasladaron a un hospital. Fue entonces cuando un funcionario llamó a la madre de Rayo, para informarle que su hijo estaba en muy mal estado y que sería trasladado en avión a un centro médico de St. Louis. En el hospital, un médico le dio la devastadora noticia: su hijo había muerto.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estudia suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de las denominadas ciudades santuario, medida que busca presionar a autoridades locales para que cooperen con su política migratoria y que podría afectar gravemente al tráfico aéreo internacional a pocas semanas del inicio del Mundial de fútbol.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó en una entrevista con Fox News el martes que su departamento «está elaborando planes» para dejar de procesar vuelos internacionales en ciudades cuyos gobiernos limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Sus declaraciones se producen tras las protestas del fin de semana en Nueva Jersey, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes que mantienen una vigilia frente al centro de detención Delaney Hall y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.
«Están impidiendo, mediante barricadas, que nuestros empleados entren y salgan de las instalaciones. Entonces, ¿por qué estamos procesando vuelos internacionales en el aeropuerto de ese lugar?», añadió.
No obstante, aclaró que la iniciativa todavía no ha sido puesta en marcha ni aprobada de forma definitiva.
La propuesta afectaría potencialmente a aeropuertos internacionales de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, donde las autoridades locales restringen su colaboración con el ICE.
Según Mullin, las jurisdicciones que no colaboran con la aplicación de las leyes migratorias federales no deberían beneficiarse de los servicios federales de procesamiento internacional.
«No quieren que hagamos cumplir las leyes de inmigración, pero sí quieren que procesemos los trámites de inmigración en sus instalaciones. Nada de eso tiene sentido para mí», señaló el funcionario.
La decisión de prohibir la entrada de viajeros internacionales en estas ciudades, donde están algunos de los aeropuertos más concurridos del país como el JFK en Nueva York, ha generado preocupación en la industria turística estadounidense, especialmente a pocas semanas del inicio del Mundial de fútbol que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos (que acogerá el 70 % de partidos) y prevé cientos de miles visitantes extranjeros.
Las elecciones primarias de segunda vuelta celebradas este martes en Texas reflejaron el impacto del rediseño electoral impulsado por los republicanos, que reconfiguró distritos con gran porcentaje de latinos y afroamericanos, y alteró el equilibrio interno del Partido Demócrata en varias regiones urbanas del estado.
El nuevo mapa, aprobado por la Legislatura de Texas, de mayoría republicana, buscó reforzar las posibilidades del Partido Republicano para mantener su control de la Cámara de Representantes federal, en línea con las presiones del presidente Donald Trump para consolidar la mayoría conservadora en Washington.
En ese contexto, el rediseño no solo modificó la composición de los distritos, sino que también concentró a los votantes demócratas en menos distritos, reduciendo el número de escaños claramente favorables al partido y obligando a que varias figuras demócratas compitieran entre sí.
Uno de los casos más representativos ocurrió en el Distrito 35 de Texas, que agrupa zonas de San Antonio y áreas periféricas de los condados de Bexar, Guadalupe, Wilson y Karnes, con una importante presencia latina.
Allí, el alguacil adjunto del condado de Bexar, Johnny Garcia, ganó la segunda vuelta demócrata frente a la activista y terapista sexual Maureen Galindo.
Garcia enfrentará en noviembre al republicano Carlos De La Cruz, quien venció en la segunda vuelta de su partido al legislador estatal John Lujan.
La campaña demócrata estuvo marcada por controversias en torno a algunos comentarios de Galindo sobre la influencia de Israel en la política estadounidense que fueron tildados de «antisemitas» por parte del liderazgo del partido.
El Distrito 35 fue rediseñado de forma significativa, dejando fuera al actual representante demócrata Greg Casar y modificando casi por completo su composición electoral, con menos del 10 % del electorado anterior dentro de los nuevos límites.
Casar, un político progresista, decidió presentarse como candidato en el distrito 37, y se enfrentará a la republicana Lauren Peña.
Otro de los distritos afectados fue el Distrito 18, donde el representante estatal demócrata Christian Menefee derrotó al congresista Al Green, una figura histórica de Houston, legislador desde el 2005 y una de las figuras más críticas al Gobierno de Donald Trump desde el Congreso.
La contienda surgió después de que el nuevo mapa electoral eliminara el Distrito 9 de Green, un bastión demócrata con amplia diversidad racial y una significativa población afroamericana e hispana en el área de Houston.
Green, que llevaba más de dos décadas en el Congreso, anunció entonces su candidatura por el Distrito 18, otro distrito urbano de mayoría demócrata.
Los nuevos mapas electorales fueron aprobados el año pasado en medio de presiones de Trump para que los republicanos en Texas reforzaran la mayoría del partido en la Cámara de Representantes.
En los comicios de medio término, que se celebran en noviembre, se renuevan todos los 434 escaños de la Cámara de Representantes -actualmente controlada por los republicanos- y un tercio del Senado.
En la imagen, tomada de un video proporcionado por la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri, Brayan Rayo Garzon, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mira hacia una cámara de vigilancia en la cárcel del condado Phelps en Rolla, Missouri, el 7 de abril de 2025, poco antes de morir por suicidio. (Foto: AP/Patrulla de Caminos del Estado de Missouri)
Brayan Rayo Garzon was distraught. Detained by Immigration and Customs Enforcement, he was on his fourth day of isolation in a Missouri jail as he battled the fevers and chills of COVID-19.
His request for mental health treatment had been put off, records show, and staff had forbidden Rayo from making his nightly call to his mother as a precaution intended to prevent the spread of illness.
He pleaded with his jailers in handwritten notes to arrange a conversation with her. “I feel in my heart that she’s very worried about me,” he wrote in Spanish.
A guard collected the note and walked away. Within an hour, jail records show, he was found unconscious in his cell. An autopsy determined he killed himself.
Rayo’s April 2025 death was the first suicide in a spike among ICE detainees that has alarmed public health officials and jail experts. They said the unprecedented number of suicide deaths is an indication that authorities are failing to properly oversee the detention of tens of thousands of immigrants swept up in the Trump administration’s aggressive deportation strategy.
An Associated Press investigation found that at least 10 detainees, all men, have died by suicide since President Donald Trump took office in January 2025, a pace that far exceeds the growth in the detainee population, according to a review of ICE data, autopsy reports, coroners’ rulings and police records. Since October, seven deaths have been classified as suicides, a number that is already the most for any fiscal year in the agency’s history. ICE has usually recorded one or no such deaths annually.
“Something is going profoundly wrong from any kind of public health or mental health perspective,” said Dr. Sanjay Basu, a University of California-San Francisco epidemiologist who cowrote a study documenting the increase in mortality and suicide rates among ICE detainees. “This is one of those alarming, sudden increases.”
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EDITOR’S NOTE: This story includes discussion of suicide. If you or someone you know needs help, the national suicide and crisis lifeline in the U.S. is available by calling or texting 988.
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Nine of the deaths were of Hispanic men who had arrived in the U.S. from four countries, the AP found. One man was a Chinese citizen. Their average age was 32. While Trump has characterized those facing deportation as the “worst of the worst,” seven of the 10 had no record of violent crimes in the U.S.
The suicides account for nearly a fifth of the 51 deaths in ICE custody since January 2025. The majority of those deaths were from natural causes and experts say many of them would have been preventable with timely medical care.
Department of Homeland Security acting assistant secretary Lauren Bis said suicide deaths in ICE custody remain “extremely rare.”
Bis said detention staff follow protocols to protect detainees who show signs of self-harming and that ICE requires annual suicide prevention training. She said detainees receive comprehensive healthcare, including mental health services.
Reacting to AP’s investigation, Colombian President Gustavo Petro wrote Wednesday in a post on X that the country’s foreign ministry should issue a formal protest regarding Rayo’s death and that the U.S. government should “reflect on how its immigration policy is killing Americans and Latin Americans.”
Investigation finds violations of ICE detention standards
The reasons behind any suicide are complex, and each death often has multiple contributing factors, according to experts. ICE detainees report intense stress after being detained, fear of being returned to countries where their safety may be jeopardized, and frustration and loneliness over the inability to communicate due to language barriers.
Detainees can also feel helplessness because of the complexity surrounding immigration law. Unlike those in the criminal justice system, most detainees do not have lawyers and their detention on immigration violations is not meant to be punitive.
ICE becomes responsible for their well-being when they enter detention, and experts say well-run lockups should have few, if any, suicides. That’s because staff can take steps to mitigate the chances that detainees harm themselves by identifying those at risk, getting them care and monitoring them closely, the experts said.
AP’s investigation found that ICE detention centers have repeatedly fallen short in ways that violate ICE’s own standards.
An examination of the 10 suicide deaths found the men died across ICE’s detention network, including at centers long run by private contractors and county jails that recently became ICE partners. The AP found that staff in the facilities ignored signs of distress, delayed mental health treatment and failed to monitor detainees who were already deemed at risk. They also permitted detainees to have access to materials that could be used for self-harm, according to AP’s review of ICE inspection reports and death records.
In some cases, they jailed distressed detainees in isolation, which can exacerbate feelings of humiliation and helplessness, according to experts.
ICE has repeatedly asserted that it screens detainees within 12 hours of arrival for medical, dental and mental health conditions.
At least three of the nine facilities where ICE detainees died by suicide have struggled to meet that standard, according to ICE inspection reports and jail records.
Dr. Homer Venters, former chief medical officer of New York City jails who previously consulted with ICE on preventing detainee deaths, called the rise in suicides terrifying.
The increase “reflects failures in how the system’s being operated, and particularly failures in how the first stages of coming into detention are happening so that people aren’t being assessed adequately,” Venters said. “And then if that receiving screening picks up red flags, they’re not acted on in a way that reduces the risk of them having preventable death.”
From border crossing to detention
Among those who took their own lives was a 19-year-old from Mexico who had been detained following a misdemeanor traffic stop while riding his scooter.
Another was a 36-year-old restaurant worker who lost contact with his relatives in Nicaragua after ICE detained him in Minnesota and sent him to a crowded camp in Texas. A third was a 45-year-old who had repeatedly crossed the U.S.-Mexico border illegally and had a long criminal record.
Rayo, who took his own life after pleading to talk to his mother, was a veteran of the Colombian military who had worked as a street vendor in his home country. A week after he turned 26 in 2023, his family crossed the U.S. border in California. He was detained for three months before being permitted to settle with family in St. Louis, records and interviews show.
His mother, Adriana Garzon, said Rayo caught on quickly to life in the U.S., making friends easily and working as a housepainter and food delivery driver. He wanted to save money to hire a lawyer to help him stay in the country after a judge in 2024 ordered that he be sent back to Colombia, she said.
He was arrested in March 2025 by St. Louis police after being caught using a stolen credit card, which he had obtained from a friend, at a vape shop, court records show. ICE then took him into custody. An ICE record obtained by AP classified Rayo as a laborer who was a low risk to public safety.
ICE placed Rayo in the Phelps County jail in Rolla, Missouri, about 100 miles (160 kilometers) from St. Louis.
Suicides reveal shortcomings across ICE’s detention network
The deaths have revealed holes in treatment and oversight across ICE’s system, where the detained population has spiked by 50% to 60,000 during Trump’s second term.
Five died in centers run by longtime ICE detention partners CoreCivic and the GEO Group. A sixth died at a camp operated by an inexperienced contractor that ICE has since replaced. Three died in jails run by sheriffs, and one at a federal prison.
“We are deeply saddened by and take very seriously the passing of any individual in our care,” CoreCivic spokesperson Brian Todd said.
GEO Group spokesperson Christopher Ferreira said the company trains staff on suicide prevention and seeks “to maintain a safe and secure environment in compliance with the standards and requirements set by the federal government.” Officials at the three jails either declined comment or didn’t return messages.
Leo Cruz Silva, a 34-year-old who had repeatedly illegally entered the country from Mexico, suffered an acute mental health crisis following his detention after an arrest for public intoxication last fall in a St. Louis suburb, records show.
For two nights in Missouri’s Ste. Genevieve County Jail, Cruz screamed, hid under his bed and reported hallucinations, according to an ICE report on his death. Yet he did not get help quickly.
A nurse ordered antipsychotic medications and planned to get him treatment the next week, the ICE report said.
On the third day, he was found dead in his cell.
Chaofeng Ge arrived in ICE custody last summer at a Pennsylvania facility run by the GEO Group in mental distress, having pleaded guilty to a minor gift card fraud and attempted suicide in state custody, said David Rankin, an attorney representing Ge’s family.
In five days at the facility, he did not get mental health treatment and was unable to communicate because no one spoke Mandarin, Rankin said. Ultimately, Ge went unmonitored before he was found hanged in a shower stall.
“It’s clear that ICE has taken very few steps to ensure the safety of these people,” Rankin said. “They appear to want to make this process as cruel and inhuman as possible. It’s completely unacceptable.”
At Camp East Montana in El Paso, Texas, 36-year-old Victor Diaz died by suicide in a medical holding room in January, according to an ICE report. He had been moved into isolation after reporting harassment by fellow detainees, the report said.
Days earlier at the same facility, Geraldo Lunas Campos died of asphyxia after ICE said guards restrained him following a suicide attempt. His death was ruled a homicide by a medical examiner and Trump administration officials said the FBI was investigating its circumstances.
ICE inspectors visited the facility in February, documenting 49 violations of detention standards at what was then ICE’s largest detention facility, according to their report.
The report found that staff did not record “required checks to prevent significant self-harm and suicide” while inspectors found tools and equipment unsecured and unaccounted for throughout the facility that could be used for harm. Calls to 911 show several other detainees had attempted suicide there.
At the time of the deaths and inspections, Acquisition Logistics was the contractor running the facility. ICE has since replaced Acquisition Logistics with another contractor. Acquisition Logistics did not return messages seeking comment.
Detainee spent final days sick and isolated
The Phelps County Jail had started taking ICE detainees a month before Rayo’s arrival. Sheriff Michael Kirn, a Republican in a county where voters overwhelmingly supported Trump’s reelection, told commissioners his department’s budget was hurting and partnering with ICE could generate millions in revenue.
Records show Rayo’s trouble started immediately. It took the jail 35 hours to conduct the initial medical screening ICE promises within 12 hours, according to jail records obtained by the AP under the open records law.
Rayo exhibited labored breathing and told a nurse he was anxious and wanted mental health treatment.
A nurse who didn’t speak Spanish used a “handheld translator” to assess Rayo, concluding he denied thoughts of suicide and depression, according to the documents compiled by the Missouri State Highway Patrol during an investigation into Rayo’s death.
She recommended him for the general population, listing his physical and mental condition as stable, records show. And she referred him for a routine mental health appointment.
Two days later, he reported head pain and body aches. Staff learned he was positive for exposure to tuberculosis bacteria. He was sent to a hospital, where he was diagnosed with COVID-19. He was returned to jail the following day.
The mental health appointment was scheduled but canceled due to “mental health clinic time and staff,” a jail record shows. Two days later, they again canceled his appointment, this time citing his coronavirus infection.
The delays violated an ICE standard requiring mental health treatment within a week of a referral.
Bis, the DHS spokesperson, said Rayo received “high-quality medical care during his time in ICE custody.”
To ease his anxiety, Rayo called his mother before bed to share a Catholic blessing. “I gave him strength,” said Garzon, whose first name, Adriana, was tattooed on her son’s arm.
As Rayo grew sicker with nausea, chills and aches, staff moved him into a cinderblock isolation cell with a surveillance camera overhead for closer monitoring and to prevent the spread of disease. He was not allowed to call his mother.
On his fourth day of isolation, Rayo passed two notes under his door, begging guards to let him talk to his mom. In one, which was reviewed by AP, he appealed to the guard’s humanity. “I know you have family, and you know that they worry about us,” he wrote in Spanish. “God bless you.”
The English-speaking guard used a colleague’s phone to translate the notes and wrote in a report that he planned to follow up.
Within an hour, guards found Rayo unconscious on his bed with a sheet around his neck.
Emergency responders tried to revive him, transporting him to a hospital. That’s when an official called Rayo’s mother — to let her know her son was in very bad shape and would be flown to a St. Louis medical center. At the hospital, a doctor gave her the devastating news: Her son was dead.
With profound sadness, Impacto joins the community in mourning the passing of Gretjen Clausing, founding executive director of PhillyCAM and a key figure in the community media movement in Philadelphia.
Clausing dedicated nearly three decades to advocating for public access to media and freedom of expression, becoming a tireless champion of art, culture, film, and community creativity. For 17 years, she led PhillyCAM—an organization she helped co‑found—transforming it into a vital space where thousands of residents could learn, create, connect, and share their own stories.
Her impact extended far beyond PhillyCAM. She was actively involved in national campaigns supporting community media through the Alliance for Community Media and contributed to strengthening local journalism as an ally of Free Press. She also played a role in co‑founding WPPM 106.5 FM, helping to expand community radio in Philadelphia.
Those who worked closely with her remember not only her visionary leadership but also her generosity as a collaborator, mentor, and advocate for community voices. Known for her warmth and ability to build meaningful connections, she created a supportive environment for creators and emerging leaders.
Her passing, described by those close to her as sudden, has deeply affected the community. Colleagues recall her lasting influence and the powerful legacy she leaves behind—one rooted in empowerment, inclusion, and storytelling.
Impacto extends its deepest condolences to her family, as well as to the staff, members, volunteers, and partners of PhillyCAM and PhillyCAM Latino during this difficult time. The organization has expressed gratitude for the outpouring of support and will soon share information on how to honor Clausing’s life and legacy.
Her work will continue to live on in every story told, every voice amplified, and every community strengthened through media.
Con profunda tristeza, Impacto se une al duelo por el fallecimiento de Gretjen Clausing, directora ejecutiva fundadora de PhillyCAM y una figura clave en el movimiento de medios comunitarios en Filadelfia.
Clausing dedicó cerca de tres décadas a la defensa del acceso público a los medios y la libertad de expresión, convirtiéndose en una incansable promotora del arte, la cultura, el cine y la creatividad comunitaria. Durante 17 años lideró PhillyCAM, organización que ayudó a cofundar, consolidándola como un espacio vital donde miles de residentes pudieron aprender, crear, conectarse y contar sus propias historias.
Su impacto se extendió más allá de PhillyCAM. Fue parte activa de campañas nacionales por el acceso a medios comunitarios a través de la Alliance for Community Media y apoyó el fortalecimiento del periodismo local junto a organizaciones como Free Press. Asimismo, participó en la creación de WPPM 106.5 FM, contribuyendo al desarrollo de la radio comunitaria en la ciudad.
Quienes trabajaron de cerca con ella la recuerdan no solo como una líder visionaria, sino como una colaboradora comprometida, una mentora generosa y una firme defensora de la comunicación como herramienta de justicia social. Su calidez humana, su capacidad de construir comunidad y su apoyo constante a nuevos liderazgos dejaron una marca profunda en colegas y creadores.
Su fallecimiento, descrito por sus allegados como repentino, ha generado un profundo impacto en la comunidad. “Deja un legado enorme”, expresaron colaboradores cercanos, destacando su corazón solidario y su dedicación incansable al fortalecimiento de voces comunitarias.
Impacto extiende sus más sinceras condolencias a su familia, así como al equipo, miembros, voluntarios y aliados de PhillyCAM, y PhillyCAM Latino, que hoy atraviesan un momento de gran dolor. La organización ha señalado que próximamente compartirá información sobre cómo honrar su vida y legado.
El trabajo de Gretjen Clausing perdurará en cada historia contada desde las comunidades, en cada espacio abierto a la expresión, y en la red de personas que continúan su misión.
Un paquete de información y una bandera estadounidense se ven en una silla en la oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía en Miami, el 17 de agosto de 2018 en Miami. (Foto: AP/Wilfredo Lee/Archivo)
Cuando el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que exigiría a quienes buscan una tarjeta de residencia permanente que presenten la solicitud desde sus países de origen en lugar de hacerlo en Estados Unidos, el teléfono de la abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd no dejó de sonar, con clientes preocupados por cómo podría afectarles.
Lloyd no estaba segura de qué decirles, pero sabía que la confusa nueva política ralentizaría las solicitudes.
“Tiene un efecto paralizante porque tenemos algunos casos con los que íbamos a seguir adelante y ya veo que deberíamos esperar y ver qué ocurre”, explicó Lloyd.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció el viernes que los extranjeros en Estados Unidos que quieran una “green card”, como se conoce el permiso de residencia, tendrán que salir del país y solicitarla en su país de origen, salvo algunas excepciones no especificadas.
El anuncio, que potencialmente afecta a cientos de miles de solicitantes al año, era una nueva medida política migratoria presentada por el gobierno republicano de Trump que sorprendía y desconcertaba a abogados, defensores e inmigrantes. También forma parte de un giro del gobierno para apuntar a las vías legales de inmigración, después de centrarse desde el año pasado principalmente en los migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal.
El abogado de inmigración Charles Kuck señaló que “esto es simplemente un intento de tratar de limitar y asustar a la gente para que se aleje del proceso de inmigración legal”, y añadió que esperaba acciones legales contra el cambio. “Esto es una táctica de intimidación”.
Mientras inmigrantes preocupados y sus empleadores inundan las oficinas de abogados de inmigración con preguntas, no está claro cuál será el efecto, qué excepciones podrían permitirse y cómo se aplicará la política en la práctica.
Algunos solicitantes de residencia permanente ya habían enfrentado preguntas sobre por qué se les debería permitir solicitarla desde Estados Unidos.
Una implementación confusa de la nueva política
Durante más de medio siglo, los extranjeros con estatus legal han podido solicitar y completar el proceso de residencia permanente en Estados Unidos, incluidas personas casadas con ciudadanos estadounidenses, titulares de visas de trabajo y de estudiante, y refugiados y solicitantes de asilo político, entre otros.
Eso pareció cambiar de forma repentina el viernes, cuando el USCIS anunció el cambio en su sitio web.
“De ahora en adelante, un extranjero que esté en Estados Unidos temporalmente y quiera una Green Card debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”, indicó la agencia. En respuesta a preguntas de The Associated Press, USCIS dijo únicamente que las personas que aporten un “beneficio económico” o un “interés nacional” probablemente podrían solicitarla desde Estados Unidos.
La agencia afirmó que los no inmigrantes, como estudiantes o trabajadores temporales, están en Estados Unidos de manera temporal y deberían irse cuando ese periodo termine.
USCIS también emitió un documento interno más detallado concebido como guía para su personal, que decide estos casos. Expertos en inmigración que intentaban interpretar la noticia dijeron que el memorando tenía más matices, lo que generó confusión sobre lo que realmente implicaba el cambio.
Una firma de abogados de inmigración, Boundless Immigration, dio su interpretación de la política en una entrada de blog en su sitio web y señaló que se estaba indicando a los funcionarios que aplicaran “los estándares discrecionales existentes con mayor rigor”, pero la firma entendía que la política no detenía por completo el proceso de ajuste de estatus para “solicitantes elegibles”, dependiendo de la categoría de visa que tuvieran.
La empresa citó documentos internos anteriores sobre la adquisición de la ciudadanía que no habían provocado medidas más severas en la práctica.
Firmas y defensores de inmigración intentan determinara quién afectará
Shev Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que la guía podría estar dirigida a personas que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, como el padre de un ciudadano estadounidense que permaneció después de que venciera una visa, un empleado de una empresa que fue transferido a Estados Unidos o personas en el país con visas específicas para clérigos y otros trabajadores religiosos.
“Parece que quizá a quienes están apuntando es potencialmente a aquellos cuyo periodo de estancia venció mientras estaban aquí”, indicó Dalal-Dheini.
Kevin Miner, socio del bufete de inmigración Fragomen, dijo que esperaba que las personas con visas basadas en empleo, como las H-1B, quedaran exentas. Estas visas, conocidas como de “doble intención”, permiten que personas con visas de no inmigrante en Estados Unidos soliciten una “green card”. Esas visas de doble intención se mencionaron específicamente en el memorando como áreas de posible excepción.
“Esos probablemente son casos que seguirán como de costumbre y no veremos un impacto significativo”, afirmó Miner, y agregó que el anuncio del viernes tomó a la gente por sorpresa.
Matthew Soerens, director en Estados Unidos de movilización de iglesias para World Relief, una organización que ayuda a reasentar refugiados en Estados Unidos, dijo que la mención en el documento interno sobre casos en los que los inmigrantes tienen que ajustar su situación en Estados Unidos le da a la organización “esperanza” y “expectativa” de que la guía no se aplique a los refugiados.
Los refugiados son personas que huyen de su país de origen y que cumplen un conjunto específico de criterios para ser admitidas en Estados Unidos tras un prolongado proceso de verificación. Están obligados a realizar ese trámite de “green card” un año después de llegar a Estados Unidos y no pueden regresar a su país por los riesgos que enfrentarían allí, explicó Soerens.
El gobierno de Trump ha recortado drásticamente este año el número de refugiados admitidos en Estados Unidos y los ha limitado a sudafricanos blancos.
Soerens indicó que las personas que ingresaron al país bajo un permiso provisional humanitario —que permite a los presidentes admitir a personas por razones humanitarias y que el gobierno demócrata del presidente Joe Biden amplió de manera drástica— también podrían verse afectadas.
Muchas de esas personas quizá ya tenían familia en Estados Unidos o se casaron con un ciudadano estadounidense, dos situaciones que potencialmente les dan vías para solicitar una “green card” que ahora podrían complicarse.
Dalal-Dheini dijo que todos estos matices complican ofrecer asesoría legal general a las personas.
“Va a ser algo muy específico, caso por caso”, manifestó.
Grupo dice que inmigrantes enfrentan preguntas sobre sus solicitudes
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración dijo que con el nuevo protocolo, varias personas que tuvieron entrevistas de «green card» el martes enfrentaron preguntas que antes no se les habían hecho a los solicitantes.
A una persona que solicitaba la residencia permanente basada en su matrimonio con un ciudadano estadounidense le preguntaron por qué solicitó ajustar su estatus en Estados Unidos en lugar de regresar a su país de origen y solicitarla en la embajada allí. Le preguntaron si había algún factor que le impidiera solicitarla en su país de origen y si todavía tenía familia allí.
A otra persona le pidieron presentar un formulario para demostrar por qué se le debería permitir solicitarla desde Estados Unidos y le dijeron que las pruebas debían demostrar que no sería una carga financiera o una “carga pública” para Estados Unidos, y que podían incluir su declaración de impuestos de 2025, una carta de un empleador indicando su salario y estados de cuenta bancarios.
Lloyd, la abogada de inmigración, dijo que ha enviado correos electrónicos a sus clientes corporativos y no corporativos para decirles que está monitoreando la situación y que se comunicará con ellos tan pronto como tenga más orientación y aplicaciones prácticas.
Afirmó que cree que la política disuadirá a algunas empresas de tramitar “green cards” para sus clientes.
“No quiero que todo el mundo entre en pánico. Mi consejo para ellos es esperar y ver”, señaló Lloyd.
Fotografía que muestra a varias mujeres en un refugio secreto para mujeres maltratadas en Ciudad Juárez (México). (Foto: EFE/Favia Lineli)
Redes de refugios para mujeres de México, Estados Unidos y Canadá lanzaron este martes una campaña regional rumbo al Mundial de fútbol 2026 para alertar sobre el aumento de violencia de género durante megaeventos deportivos y exigir mayores medidas de prevención y protección.
Bajo el lema ‘La violencia contra las mujeres no es parte del juego’, la iniciativa busca generar conciencia, promover la cero tolerancia a las violencias machistas y fortalecer rutas de apoyo antes, durante y después de la Copa del Mundo.
La campaña articula esfuerzos de la Red Nacional de Refugios (RNR), en México; Women’s Shelters Canada, en Canadá, y National Network to End Domestic Violence, en Estados Unidos, los tres países sede del Mundial 2026.
«No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias», afirmó Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.
Como parte de la iniciativa, la RNR informó que brindará acompañamiento gratuito y especializado tanto a mujeres mexicanas como extranjeras que enfrenten situaciones de violencia durante el evento.
Las organizaciones alertaron además sobre el riesgo de incremento de distintas formas de violencia contra las mujeres durante eventos masivos, entre ellas violencia familiar, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas.
“La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, la protección y prevención tampoco debería hacerlo”, señaló Figueroa Morales, al remarcar que la seguridad de las mujeres “no puede quedar fuera de la conversación”.
Según datos de ONU Mujeres, durante grandes eventos deportivos las llamadas de emergencia por violencia familiar pueden aumentar hasta un 30 %.
Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, los casos de violencia familiar aumentaron a nivel nacional, de acuerdo con la RNR.
A ello se suma que Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, las sedes mexicanas del Mundial 2026, se encuentran entre los estados con más reportes de violencia familiar en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En ese contexto, la organización cuestionó que las estrategias rumbo al Mundial continúen enfocadas en turismo, infraestructura y promoción internacional, mientras siguen siendo insuficientes las acciones de prevención, atención y protección para mujeres y niñas.
«La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego», reiteró Figueroa Morales.
En México, alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte de los casos se investiga como feminicidio, según cifras oficiales y de organizaciones civiles.
