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Larry Krasner wins Philly DA primary

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, habla durante una conferencia de prensa en Filadelfia. (Foto: AP/Archivo)

Philadelphia District Attorney Larry Krasner won Tuesday’s Democratic primary, according to projections by the Associated Press. Since no Republican candidates are registered for the general election in November, Krasner has a clear path to serve a third term as the city’s top prosecutor.

Krasner defeated former municipal judge Pat Dugan by a wide margin. Dugan had launched a strong campaign backed by substantial financial support and the influential Philadelphia Building Trades Council, a coalition of construction-related labor unions. However, his efforts to unseat Krasner fell short.

During his victory speech, Krasner made a lighthearted reference:

«I think in Kansas City they would like to call it a ‘three-peat.’ But in Philly, we do call it a ‘three-peat’,» he said, referring to the Kansas City Chiefs’ failed attempt to win a third consecutive Super Bowl against the Philadelphia Eagles.

For his part, Dugan posted a statement on social media congratulating his opponent:

“For the sake of our neighborhoods, our families, and the soul of this city—I truly hope he succeeds.”

It’s worth noting that Krasner, a progressive prosecutor, campaigned on promises to make the city “safer and freer.”

In an interview before the primary with local media outlets Impacto and Univision 65 Philadelphia, Krasner reaffirmed his commitments on several key issues:

On the case of Eddie Irizarry:
“What I can say is that we believe justice should apply to everyone, including the police.”

On the opioid crisis in Kensington:
“We need to enforce the laws, but also apply strategies.”

On sanctuary city policy and immigrant safety:
“What I try to do is protect that community like every other community, according to the laws of the Constitution.”

Who Is Larry Krasner?

Larry Krasner began his legal career as a public defender in Philadelphia in the late 1980s and founded his own law firm in 1993. As district attorney, he focused on supporting victims, exonerating innocent people, reducing mass incarceration, and holding police accountable, according to his campaign.

In 2021, he was re-elected with 71.8% of the vote in the general election, defeating Republican Chuck Peruto. That same year, he won the Democratic primary with 66.8% of the vote against Carlos Vega.

During his second term, Republican legislators in the Pennsylvania House of Representatives attempted to impeach Krasner over his policies, but the state Supreme Court ruled that the articles of impeachment had expired.

Critics argue that Krasner should be tougher on crime. However, Philadelphia police data shows a steady decline in homicides and violent crime since 2021.

What Does a District Attorney Do?

The district attorney (DA) is responsible for prosecuting crimes within the county and works in collaboration with law enforcement to ensure that laws are upheld and the public is protected.

The DA has authority over criminal investigations and prosecutions, including hearings, trials, plea deals, and appeals.

Election Process Continues

As part of the official vote count, the Philadelphia City Commissioners’ Office announced that the tabulation of both valid and challenged ballots will begin at 9:00 a.m. on Friday, May 23, at their office located at 11311 Roosevelt Boulevard, and will continue until completed.

If necessary, hearings will be held to resolve challenges to absentees, mail-in, or provisional ballots.

For more details, visit the Philadelphia City Commissioners’ official page.

Sources: Associated Press, Instagram judgeduganforda, Instagram larrykrasner, Philadelphia City Commissioners Office.

Este contenido forma parte de Every Voice, Every Vote, un proyecto colaborativo gestionado por The Lenfest Institute for Journalism. El apoyo principal para Every Voice, Every Vote en 2024 y 2025 lo proporciona William Penn Foundation con fondos adicionales de The Lenfest Institute for Journalism, Comcast NBC Universal, The John S. and James L. Knight Foundation, Henry L. Kimelman Family Foundation, Judy y Peter Leone, Arctos Foundation, Wyncote Foundation, 25th Century Foundation y Dolfinger-McMahon Foundation. Para obtener más información sobre el proyecto y ver una lista completa de los patrocinadores, visite Every Voice, Every Vote . El contenido editorial es creado sin intervención de los donantes del proyecto.

Larry Krasner gana su tercer mandato como fiscal del Distrito de Filadelfia

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, habla durante una conferencia de prensa en Filadelfia. (Foto: AP/Archivo)

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, ganó el pasado martes 20 de mayo, en las primarias del Partido Demócrata, según proyectó la agencia Associated Press esa noche. Dado que ningún candidato republicano se ha inscrito para las elecciones generales de noviembre, Krasner tendría el camino libre para ejercer un tercer mandato como fiscal de la ciudad.

Krasner derrotó al exjuez municipal Patrick Dugan, quien había lanzado una fuerte campaña con apoyo financiero notable y el respaldo del influyente Philadelphia Building Trades Council, una agrupación de sindicatos del sector de la construcción.

Durante su discurso de victoria, Krasner se permitió una broma deportiva: «Creo que en Kansas City les gustaría llamarlo un ‘three-peat’. Pero en Filadelfia, nosotros sí lo llamamos un ‘three-peat’», dijo, en referencia al intento fallido de los Kansas City Chiefs de ganar un tercer Super Bowl consecutivo frente a los Philadelphia Eagles.

Por su parte, Dugan publicó en sus redes sociales una declaración en la que felicitó a su oponente: “Por el bien de nuestros vecindarios, nuestras familias y el alma de esta ciudad, realmente espero que tenga éxito”.

Krasner, es un fiscal de perfil progresista que hizo campaña con la promesa de hacer de la ciudad un lugar «más seguro y más libre». En entrevista previa a las primarias con los medios locales Impacto y Univisión 65 Filadelfia, Krasner reafirmó sus compromisos con varios temas prioritarios:

Sobre el caso de Eddie Irizarry, joven que murió a manos de un policía:
“Lo que sí puedo decir es que creemos que la justicia debe aplicarse a todo el mundo, incluyendo a la Policía”.

En relación con la crisis de opioides en Kensington:
“Necesitamos aplicar las leyes, pero también estrategias”.

Sobre la política de ciudad santuario y protección de inmigrantes:
“Lo que intento hacer es proteger a esa comunidad como a todas las comunidades, según las leyes de la Constitución”.

¿Quién es Larry Krasner?

Larry Krasner inició su carrera como defensor público en Filadelfia a finales de los años 80, y en 1993 fundó su propio despacho legal. Como fiscal de distrito, ha enfocado su gestión en apoyar a las víctimas, exonerar a personas inocentes, reducir el encarcelamiento masivo y exigir responsabilidad a las fuerzas del orden.

En 2021, fue reelegido con el 71.8 % de los votos en las elecciones generales frente al republicano Chuck Peruto. En esa misma elección, venció en primarias a Carlos Vega con el 66.8 % de los votos.

Durante su segundo mandato, legisladores republicanos de la Cámara de Representantes estatal intentaron destituirlo debido a sus políticas, pero la Corte Suprema de Pensilvania declaró que los artículos de juicio político habían expirado.

Sus detractores sostienen que Krasner debería adoptar una postura más firme frente al crimen. Sin embargo, datos recientes de la policía de Filadelfia muestran una reducción sostenida en los homicidios y en los delitos violentos desde 2021.

¿Qué hace un fiscal de distrito?

El fiscal de distrito (DA, por sus siglas en inglés) es el encargado de procesar los delitos cometidos dentro del condado, trabajando en conjunto con las fuerzas del orden para asegurar que se cumplan las leyes y que la ciudadanía esté protegida.

El conteo oficial la Oficina del Comisionado Electoral de Filadelfia anunció que el escrutinio y cómputo oficial de los votos, tanto eliminados como válidos, comenzará el viernes 23 de mayo a las 9:00 a.m. en sus oficinas del 11311 Roosevelt Boulevard, y continuará hasta su finalización.

De ser necesario, se escucharán impugnaciones a papeletas de voto ausente, por correo o provisionales.

Para más información sobre el proceso electoral Philadelphia City Commissioners

Fuentes: Associated Press, Instagram @judgeduganforda, Instagram @larrykrasner, Oficina Comisionados de la ciudad de Filadelfia.

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Claman justicia en Filadelfia para Eddie Irizarry durante juicio contra expolicía que lo mató

(Foto: Impacto/Staff)

Eddie «Junito» Irizarry Jr., un joven puertorriqueño de 27 años perdió trágicamente la vida el 14 de agosto del 2023 durante una parada de tráfico cuando el entonces oficial de policía de Filadelfia, Mark Dial, le disparó fatalmente.

Filadelfia, PA- En su segundo día, el juicio con jurado contra el exoficial de la Policía de Filadelfia, Mark Dial, continuó generando gran atención pública y movilización social. Afuera del Tribunal de Justicia se llevó a cabo una manifestación convocada por la familia de Eddie Irizarry y por el Partido para el Socialismo y la Liberación (PSL), en demanda de justicia por el joven puertorriqueño abatido por la policía en agosto de 2023.

“Nosotros hemos organizado protestas y no importa cuánto tiempo pase, Filadelfia va a estar aquí exigiendo justicia”, declaró Xiomara Torres, vocera del PSL.

Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como «Ni uno más», «Justicia para Eddie», y «Fin a la brutalidad policial«. Entre ellos se encontraban familiares, amigos de la víctima y ciudadanos que sienten empatía con el caso. Una de ellas, la activista Rosalind “Roz” Pichardo, explicó su presencia: “Necesitaba y quise estar aquí apoyando a la familia. No es justo, se mató a una persona que no estaba haciendo nada malo”.

Roz no está sola en su sentir. Para muchos en la comunidad, la muerte de Irizarry ha dejado una profunda herida. Consideran que la actuación policial ha sido excesivamente agresiva y demandan un cambio en los procedimientos.

Eddie Irizarry fue abatido el 14 de agosto de 2023 por Mark Dial durante una parada de tráfico. En un principio, la Policía de Filadelfia afirmó que Irizarry había salido de su vehículo con un cuchillo e intentado atacar a los oficiales. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras corporales revelaron que Irizarry permaneció dentro del automóvil y que Dial disparó a través de la ventana cerrada del lado del conductor. Esta evidencia contradijo la versión oficial inicial y provocó la destitución de Dial, además de su procesamiento judicial.

Zoraida García, tía de Eddie, expresa su dolor, junto a Edwin Irizarry, el padre. (Foto: Impacto/Staff)

El lunes 19 se seleccionó al jurado y durante la jornada del martes testificaron varios oficiales, incluyendo el compañero de Dial, el oficial Michael Morris. Este declaró haber gritado “¡Cuchillo!” al acercarse al vehículo, y alegó que el arma blanca con un mango negro pudo haber sido confundida con un arma de fuego.

En la sala de audiencias, el señor Eddie Irizarry, padre de “Junito”, como le llamaban, mantuvo la compostura, pero expresó su frustración: “Ellos alegan que Eddie sacó un cuchillo, pero ciencias forenses demostró que nunca lo agarró. Se sigue probando que la Policía está mintiendo y manipulando el caso para proteger a un policía innecesariamente. Mark Dial cometió un error, y como cualquier persona que comete un error, debe asumir las consecuencias”.

Manifestantes protestan frente al Tribunal de Justicia de Filadelfia. (Foto: Impacto/Staff)

En la conversación con Don Eddie, este rompió en llanto al recordar las últimas palabras que su hijo le dijo antes del incidente.

“Nunca voy a olvidar que me dijo: ‘Papi, eres bien devoto, toma esta oración, rézale al Divino Niño’, y me dio un escapulario. Me dijo ‘tómalo, porque a mí lo que me quedan son dos recortes más’, en tono jocoso. Le agradezco a Dios, y me sigo aferrando a que pronto se hará justicia”.

El caso, que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad policial y la transparencia institucional, está ahora en manos de un jurado compuesto por 14 personas. Dial, que se encuentra en libertad bajo una fianza de $200,000, enfrenta un cargo de asesinato en tercer grado.

Aunque el juicio sigue su curso, el ritmo acelerado en la presentación de pruebas y alegatos ha generado expectativas de que el veredicto podría conocerse hacia finales de esta semana.

Líderes del sector tecnológico y musical en EE. UU. piden al Senado protección contra videos falsos

La cantante de música country Martina McBride, izquierda, y Mitch Glazier, director general de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, participan en una audiencia del panel sobre privacidad, tecnología y la ley de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre los videos falsos creados con inteligencia artificial, el miércoles 21 de mayo de 2025, en Washington. (Foto: AP/Jacquelyn Martin)

Líderes del sector tecnológico y del musical en Estados Unidos testificaron el miércoles sobre los peligros de los videos falsos creados con inteligencia artificial, instando a los legisladores a aprobar una ley que proteja las voces y las imágenes de las personas de ser reproducidas sin su consentimiento, permitiendo al mismo tiempo el uso responsable de la tecnología.

En declaraciones ante los miembros del panel sobre privacidad, tecnología y la ley de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, ejecutivos de YouTube y de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), así como la cantante de música country Martina McBride, defendieron la ley bipartidista llamada Ley No Fakes, que pretende crear protecciones federales para la voz, la imagen y el aspecto de los artistas contra los videos deepfake generados por IA sin autorización.

El grupo argumentó que los estadounidenses en general —ya sean adolescentes o artistas musicales de alto perfil— corren el riesgo de que sus retratos sean mal utilizados. La legislación, reintroducida en el Senado el mes pasado, combatiría los deepfakes responsabilizando a individuos o empresas si producen una réplica digital no autorizada de una persona durante una actuación.

“La tecnología de IA es asombrosa y puede usarse para muchos propósitos maravillosos”, le dijo McBride al panel. “Pero, al igual que todas las grandes tecnologías, también puede ser sujeto de abusos, en este caso robando las voces y las imágenes de las personas para asustar y defraudar a las familias, manipular las imágenes de las chicas jóvenes de formas que son chocantes por decir lo menos, hacerse pasar por funcionarios del gobierno o hacer grabaciones falsas haciéndose pasar por artistas como yo”.

La Ley No Fakes también responsabilizaría a las plataformas si sabían que una réplica no estaba autorizada, mientras que a la vez excluiría ciertas réplicas digitales de dicha cobertura con base en las protecciones que brinda la Primera Enmienda constitucional. También establecería un proceso de notificación y eliminación para que las víctimas de deepfakes no autorizados “tengan una vía para que las plataformas en línea eliminen el deepfake”, señalaron los patrocinadores del proyecto de ley el mes pasado.

Dicho proyecto legislativo abordaría el uso de réplicas digitales sin consentimiento en obras audiovisuales, imágenes o grabaciones de sonido.

Casi 400 artistas, actores e intérpretes han firmado en apoyo del proyecto de ley, según la Human Artistry Campaign —una organización que representa a creadores y que aboga por el uso responsable de la IA—, entre ellos LeAnn Rimes, Bette Midler, Missy Elliott, Scarlett Johansson y Sean Astin.

Los testimonios fueron proporcionados dos días después de que el presidente Donald Trump firmara la Ley Take It Down, una legislación bipartidista que impuso penas más estrictas en los casos de distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, a veces llamadas “pornografía de venganza”, así como deepfakes creados por IA.

Mitch Glazier, director general de la RIAA, dijo que la Ley No Fakes es “el siguiente paso perfecto para construir a partir de” esa ley.

“Proporciona un remedio a las víctimas de daños invasivos que van más allá de las imágenes íntimas abordadas por esa legislación, protegiendo a artistas como Martina de deepfakes no consensuados y clones de voz que traicionan la confianza que ha construido con millones de simpatizantes”, expresó, y añadió que “faculta a las personas para que los deepfakes ilegales sean eliminados en cuanto una plataforma pueda hacerlo, sin requerir que nadie contrate abogados o vaya a la corte”.

Suzana Carlos, directora de política musical en YouTube, añadió que el proyecto de ley protegería la credibilidad del contenido en línea. La regulación de la IA no debería penalizar a las empresas por proporcionar herramientas que puedan utilizarse para usos permitidos y no permitidos, señaló en un testimonio escrito, antes de dirigirse a la subcomisión.

La legislación ofrece una solución legal viable, neutral en cuanto a tecnología y completa, agregó, y agilizaría las operaciones globales para plataformas como YouTube, mientras que a la vez facultaría a músicos y titulares de derechos a gestionar su propiedad intelectual. Las plataformas tienen la responsabilidad de abordar los retos que plantea el contenido generado por IA, añadió.

“YouTube apoya en gran medida este proyecto de ley porque vemos la increíble oportunidad de la IA, pero también reconocemos esos daños, y creemos que la IA debe usarse de manera responsable”, expresó.

Lanzan campaña para exigir transparencia y justicia por abusos policiales en EE. UU.

(Foto: EFE/Erik S. Lesser/Archivo)

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones locales, lanzaron este miércoles una campaña en al menos siete estados del país encaminada a revelar acciones de mala conducta en los departamentos de Policía.

La iniciativa apunta a agencias policiales de Tennessee, Massachusetts, Nueva York, Arizona, Misisipi, Minesota y Kentucky, donde investigadores del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) confirmaron patrones generalizados de abuso policial y prácticas inconstitucionales y racialmente discriminatorias.

La campaña arranca justo cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, en inglés) anunció que pondrá fin a los acuerdos de supervisión y reforma policial en más de media docena de ciudades, que habían avanzado en la anterior administración.

Biden había impulsado los acuerdos de ejecución judicial con los departamentos de Policía de Louisville (Kentucky) y Mineápolis (Minesota), tras los asesinatos de los afroamericanos Breonna Taylor y George Floyd a manos de agentes en 2020.

El DOJ también cerrará sus investigaciones y se retractará de las conclusiones sobre violaciones constitucionales de las policías locales de Phoenix, Arizona; Trenton, Nueva Jersey; Memphis, Tennessee; Mount Vernon, Nueva York; Oklahoma City, Oklahoma, y la Policía Estatal de Luisiana.

“Hoy ponemos fin al fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de Policía con decretos de consentimiento fácticamente injustificados”, dijo en un comunicado Harmeet K. Dhillon, fiscal de la División de Derechos Civiles del DOJ, sobre la decisión de recular la investigación.

Para Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del proyecto sobre Policía de la ACLU, la decisión del Gobierno Trump de recular las investigaciones y el monitoreo a estos departamentos de Policía “pone en riesgo a las comunidades”, por lo que es necesario intervenir.

“El Departamento de Justicia, bajo la presidencia de Biden, determinó que la Policía agredía deliberadamente a las personas y que no se trataba de un problema de ‘manzanas podridas’, sino de fallas evitables en todo el departamento”, agregó Borchetta.

ACLU citó que de 2021 a principios de 2025, el Departamento de Justicia inició 12 investigaciones de «patrones o prácticas» en departamentos de Policía locales, que revelaron uso excesivo de fuerza de forma rutinaria por parte de los agentes y ataques a personas de color.

Asesinan a dos empleados de la embajada israelí fuera de un evento judío en Washington

(Foto: EFE/WILL OLIVER)

Un hombre y una mujer empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital (Washington DC), donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano (AJC).

«Dos empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados sin sentido esta noche cerca del Museo Judío de Washington DC (…) Estamos investigando de forma activa y trabajando para obtener más información que compartirles», afirmó la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, en una publicación en X.

La policía de Washington D.C, que recomienda evitar la zona aledaña al lugar del suceso, informó que está investigando este tiroteo, ocurrido frente a la oficina local del FBI, y que está trabajando ya en colaboración con la embajada de Israel.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que se han coordinado con el Departamento de Policía Metropolitana para conocer más detalles. Mientras que funcionarios de la propia oficina local del FBI publicaron en redes que «no existe una amenaza para la seguridad pública» actualmente en el área.

Según medios estadounidenses, un hombre armado gritó «Palestina libre» mientras era arrestado frente al citado museo y una de las víctimas fue trasladada inicialmente a un hospital local en estado crítico.

Las autoridades indicaron que irá compartiendo más información a medida que avance la investigación pero, de momento, el portavoz de la embajada de Israel, Tal Naim Cohen, ha escrito en redes sociales que los dos empleados de la delegación del Estado hebreo en Washington recibieron disparos a quemarropa.

Asimismo, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ha calificado ya el tiroteo como un «acto malvado de terrorismo antisemita» en una publicación en X.

«Hacer daño a la comunidad judía es cruzar una línea roja. Confiamos en que las autoridades estadounidenses tomen medidas enérgicas contra los responsables de este acto criminal. Israel seguirá actuando con determinación para proteger a sus ciudadanos y representantes en todo el mundo», declaró Danon.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo también en X que se ha desplazado hasta la zona junto a Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal adjunta del Distrito de Columbia.

«Oramos por las víctimas de esta violencia mientras trabajamos para conocer mejor lo que ha sucedido», añadió Bondi.

El director ejecutivo del AJC, Ted Deutch, confirmó que su comité había organizado este evento, que estaba destinado a reunir a profesionales judíos de entre 22 y 45 años con la comunidad diplomática de Washington.

«Estamos devastados por el acto de violencia atroz ocurrido fuera del recinto», expresó Deutch.

El Museo Judío de la Capital, en Washington DC, se define como el único que explora la historia de los judíos en el Distrito de Columbia para «hacer comunidad e inspirar la acción social».

Trial continues for former officer Mark Dial in the killing of Eddie Irizarry

(Foto: Impacto/Staff)

Eddie «Junito» Irizarry Jr., a 27-year-old Puerto Rican young man, tragically lost his life on August 14, 2023, during a traffic stop when he was fatally shot by then-Philadelphia Police Officer Mark Dial.

On the second day, the jury trial of former Philadelphia police officer Mark Dial continued to draw significant public attention and community mobilization. Outside the courthouse, a demonstration was held by the family of Eddie Irizarry and the Party for Socialism and Liberation (PSL), demanding justice for the young Puerto Rican man fatally shot by the police in August 2023.

“We have organized protests, and no matter how much time passes, Philadelphia will be here demanding justice,” said Xiomara Torres, a spokesperson for the PSL.

Protesters held signs with messages such as “Not One More,” “Justice for Eddie,” and “End Police Brutality.” Among them were family members, friends of the victim, and citizens who deeply relate to the case. One of them, Rosali Pichardo, shared her reason for attending: “I needed and wanted to be here supporting the family. It’s not fair that someone was killed who wasn’t doing anything wrong.”

Eddie’s aunt and father. (Photo: AP/File)

Rosali’s sentiment is shared by many in the community. Irizarry’s death has left a deep wound and raised broader concerns about what many see as increasingly aggressive policing. Community members are demanding changes to law enforcement practices.

Protesters at the Philadelphia Courthouse. (Photo: Impacto/Staff)

Eddie Irizarry was fatally shot on August 14, 2023, by Officer Dial during a traffic stop. Initially, the Philadelphia Police Department claimed that Irizarry had exited his vehicle with a knife and attempted to attack officers. However, body camera footage later revealed that Irizarry remained inside his vehicle and that Dial fired through the closed driver’s side window. This evidence directly contradicted the official version and led to Dial’s dismissal and subsequent criminal charges.

On Monday the 19th, the jury was selected, and during Tuesday’s session, several officers testified, including Dial’s partner, Officer Michael Morris. Morris stated that he shouted “Knife!” as they approached the vehicle and claimed the knife, which had a black handle, could have been mistaken for a firearm.

In the courtroom, Eddie Irizarry’s father, who was present during the testimony, remained composed but expressed his frustration: “They claim Eddie pulled a knife, but forensic evidence showed he never touched it. It continues to be proven that the police are lying and manipulating the case to protect an officer unnecessarily. Mark Dial made a mistake, and like anyone who makes a mistake, he must face the consequences.”

In a separate conversation with Impacto, Don Eddie—the victim’s father—broke down in tears as he recalled the last words his son shared with him before the incident:

“I’ll never forget when he said, ‘Papi, you’re very devout, take this prayer, pray to the Divine Child,’ and he gave me a scapular. He told me, ‘Take it, because I only have two haircuts left,’ jokingly. I thank God, and I hold on to the hope that justice will soon be served.”

The case has reignited a broader debate around police accountability and institutional transparency. The decision is now in the hands of a 14-member jury. Dial, who is currently free on $200,000 bail, faces a charge of third-degree murder.

Although the trial is still ongoing, the swift pace of the proceedings and the presentation of evidence and arguments have raised expectations that a verdict may be reached by the end of this week.

El impuesto a las remesas de EE. UU. angustia hasta a 40 millones de migrantes y sus familias

remesas
Una persona espera a que le atiendan en un local de envío de remesas en Downey, California. Imagen de archivo. EFE/Ana Milena Varón

Miami.- La propuesta de un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora la Cámara de Representantes, angustia a migrantes cuyas familias dependen de este dinero, con más de 40 millones personas que resultarían afectadas en el país.

El gravamen, atado al polémico presupuesto federal que discute este miércoles la Cámara de Representantes con un futuro incierto, inquieta a inmigrantes como la hondureña María Lorenza Carrasco, quien lleva 33 años en Florida, desde donde envía unos 1.300 dólares mensuales a sus dos hijas y a su hermano enfermo de cáncer.

«Es una ayuda que les doy yo a mis hijas y ellas sobreviven de eso, mi hermano, que tiene cáncer. Le van a hacer una operación ahorita a mi hermano, le han hecho tres operaciones en Honduras y le volvió el cáncer de nuevo», expuso la centroamericana a EFE.

La tasa afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con ‘green card’, y otros visados de no inmigrantes, según denunció el Caucus Hispano del Congreso (CHC).

«Claro, (estoy) muy preocupada. Eso no puede ser, no puede ser eso. Imagínese, yo no gano mucho en este país, yo me sacrifico para mandarles el dinero», relató la hondureña amparada con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Un 5 % con un alto costo

La iniciativa, parte del polémico plan presupuestario y fiscal que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, y que la Cámara Baja debate esta semana, aplicaría un gravamen del 5 % a las remesas transferidas desde EE.UU. al exterior.

Esto impactaría a países como México, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, y Nicaragua, Honduras y el Salvador, donde estos ingresos representan cerca de una cuarta parte de su producto interior bruto (PIB), según el Banco Mundial.

Aunque la tasa es del 5 %, esto se sumaría a otros gravámenes que ya se aplican, por lo que el costo de enviar 350 dólares de Estados Unidos a México pasaría de 6 a 23,5 dólares, según estimó una investigación del BBVA México.

Por estos datos, migrantes piden a sus gobiernos actuar contra el impuesto, como la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien denunció que el gravamen incumple un tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre EE.UU. y México, que recibió un récord de casi 65.000 millones de dólares en remesas en 2024.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, pidió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que reaccione, al citar datos del Banco Central que muestran que estas remesas son el 27 % del PIB hondureño.

«Este año vamos a superar los 10.000 millones (de dólares enviados) a pesar de todo esta incertidumbre y esta crisis que está habiendo de inmigración dentro de EE.UU. Pero, aún así, no tenemos esa reciprocidad, ese apoyo que nosotros nos merecemos y que pedimos a gritos», manifestó en una entrevista con EFE.

Un golpe contra los migrantes

Por ser el país con más inmigrantes, Estados Unidos es también la principal fuente de remesas del mundo, al concentrar una cuarta parte del envío total, con un estimado de más de 200.000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial actualizados a finales de 2022.

En este contexto, migrantes como la hondureña Dalila Galvez interpretan el impuesto como un golpe para su trabajo y otros países, pues los 300 dólares que ella envía cada mes a su familia representan «mucho, demasiado porque compran comida, pagan luz y pagan cuando se enferman».

«Nosotros (los migrantes) somos lo que trabajamos en el sol (…) no somos haraganes, no somos ladrones, solo venimos a tratar de ganar un poco más para subir, poder (ayudar) allá a nuestro país», contó en una entrevista.

Pero las voces de estos inmigrantes están lejos de escucharse, pues Trump ha puesto todo su empeño para hacer que la propuesta de ley que incluye el impuesto a las remesas se apruebe antes de julio.

EE. UU. oculta el destino de 8 inmigrantes; abogados denuncian expulsión a Sudán del Sur

inmigrantes
Composición de varias fotos cedidas por la Casa Blanca donde aparece el grupo de deportados del que no se sabe su paradero conformado por, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba, Thongxay Nilakout, de Laos, Jesús Muñoz Gutiérrez, oriundo de México, Dian Peter Domach, de Sudán del Sur, Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania, y Tuan Thanh Phan, de Vietnam. EFE/La Casa Blanca

San Antonio (EE. UU.).- El Gobierno de Estados Unidos se negó este miércoles a revelar el destino de un vuelo de deportación que partió la noche del martes con ocho inmigrantes a bordo. Según un grupo de abogados, los expulsados — entre ellos nacionales de países como México, Cuba y Vietnam— fueron enviados a Sudan del Sur.

En una conferencia de prensa en Washington, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó la salida del vuelo desde Texas, pero ocultó el «destino final» de estas personas por motivos de «seguridad» y aseguró que siguen en custodia del gobierno estadounidense.

Los migrantes son originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur y tienen todos antecedentes penales que van desde asesinato hasta robo con arma de fuego, según detalló el Gobierno.

«Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos (…) pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales», dijo McLaughlin a reporteros en Washington.

El grupo de deportados está conformado por Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez, ambos de Cuba; Jesús Muñoz Gutiérrez, oriundo de México; Thongxay Nilakout, de Laos; Kyaw Mya y Nyo Myint, de Birmania, Tuan Thanh Phan, de Vietnam y Dian Peter Domach, de Sudán del Sur.

Ayer en la noche, sin embargo, varias organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron un recurso de emergencia ante un tribunal en Massachussets para que interviniera y denunciaron iban a al menos dos de sus clientes iban a ser enviados a Sudán del Sur.

El país, al este de África, está envuelto en un conflicto armado y el propio Departamento de Estado de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos a no visitar y retiró a inicios de mayo al personal no esencial del gobierno estadounidense allí.

El juez federal Brian Murphy ordenó al Gobierno anoche a mantener la custodia de los migrantes y asegurarse que puedan ser devueltos a EE.UU. si la corte encuentra que las expulsiones fueron «ilegales».

En una audiencia de urgencia ayer, el juez Murphy señaló que el Gobierno podría haber violado una orden de su tribunal que prohíbe las deportaciones de migrantes a terceros países donde puedan estar en riesgo sin la posibilidad de defender sus casos en las cortes, según informó el diario The New York Times.

El vuelo de ayer representa el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno de Trump y el poder judicial, en torno a las medidas cada vez más agresivas para cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.

Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno estar ignorando el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una «crisis constitucional».

Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados del país.

A mediados de marzo, EE.UU. envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.

Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.