El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales en escuelas que enseñan lo que él considera «teoría crítica de la raza» y otros contenidos relacionados con la raza y la identidad de género.
Aquellos centros educativos que no cumplan con esta medida podrían perder su financiación federal.
La orden, dirigida a las escuelas para estudiantes de entre 5 y 18 años, establece que los fondos federales no pueden destinarse a la «adoctrinación» de los niños con «ideologías antiestadounidenses», como la «ideología de género radical y la teoría crítica de la raza».
«Imponer ideologías antiestadounidenses, subversivas, dañinas y falsas en los niños de nuestra nación no solo vulnera en muchos casos las leyes de derechos civiles contra la discriminación, sino que también usurpa la autoridad básica de los padres», señala el documento firmado por Trump.
El término «teoría crítica de la raza» ha sido utilizado por sectores conservadores de EE. UU. para englobar una gran variedad de contenidos educativos que rechazan. Sin embargo, en el ámbito académico, esta teoría estudia cómo el racismo está arraigado en las leyes e instituciones estadounidenses.
Además, la orden instruye a la futura secretaria de Educación, Linda McMahon, y a otros altos funcionarios del Gobierno a desarrollar, en un plazo de 90 días, una estrategia para «eliminar el adoctrinamiento» en las escuelas.
McMahon, una exejecutiva de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment, tiene que recibir aún la aprobación del Senado para poder asumir el cargo de secretaria de Educación.
Durante su campaña para las elecciones de noviembre, Trump prometió que nada más llegar a la Casa Blanca firmaría una orden ejecutiva, como la suscrita hoy, para recortar la financiación federal de las escuelas que promuevan la teoría crítica de la raza o contenidos que considera inapropiados.
El Gobierno federal, sin embargo, tiene un poder limitado en el día a día de las escuelas de Estados Unidos, que reciben la mayor fuente de financiación de fuentes estatales y locales.
Allentown, PA – Three afterschool and summer camp programs in the Lehigh Valley will be able to expand, helping to keep kids safe and providing them with enrichment opportunities, thanks to new state funding from the Shapiro-Davis Administration.
State and local officials visited the Casa Guadalupe Center in Allentown today to celebrate the new “Building Opportunity through Out-of-School Time” (BOOST) initiative, which is providing $11.6 million in grants to 46 programs (44 local and two statewide) across the Commonwealth.
Easton Area Community Center (Northampton County) – $182,206
Casa provides a comprehensive, culturally appropriate, bilingual program during the school year and summer. They will use their grant funding to serve approximately 25 percent more students and support two new teachers and two teacher assistants.
Fine Feather provides creative arts-based initiatives through their Excelsior Afterschool Program, and they will use their grant to expand to two more schools, serving 50 additional at-risk students.
Easton Area Community Center provides afterschool and summer programs, and they will use their grant to provide transportation, increase their capacity and add new programs.
In addition, Lehigh Valley Hospital, in coordination with Promise Neighborhoods of the Lehigh Valley, received a $950,000 VIP grant to continue their Cure Violence partnership in Allentown and other communities in central eastern Pennsylvania.
“The BOOST program represents a significant investment in students’ afterschool opportunities – providing critical homework support, fostering new skills, and building peer connections,” said state Sen. Nick Miller. “I strongly supported this initiative in last year’s budget and joined Lieutenant Governor Davis in Allentown to announce the funding last July. Now, as a member of the School Safety and Security Committee of PCCD, I’m honored to help announce these impactful investments in the Lehigh Valley and across the Commonwealth. This program exemplifies our commitment to creating safe, supportive environments for students, and I look forward to working with Lieutenant Governor Davis and my colleagues to further strengthen resources that protect and empower our communities.”
“BOOST was designed to do something we desperately needed: Give kids better opportunities to get supervised care, instruction and play,” said state Rep. Mike Schlossberg. “Now – more than ever – we need to invest in the chance for our kids to interact face-to-face, learn new skills and just be kids. I’m proud to have written the law that funded BOOST to begin with and to partner with the Lieutenant Governor and Governor. Investing in our kids is an investment in our future.”
“I am proud to have voted for the Shapiro-Davis budgets,” said state Rep. Josh Siegel. “Together we have hired hundreds of additional state police, provided tens of millions in grants for to help hire and retain local police and made major investments in violence prevention programs like the BOOST initiative. The Shapiro-Davis Administration has demonstrated a serious commitment to preventing crime by investing in our community safety, while ensuring that we have the resources to keep our streets safe.”
Since taking office in January 2023, the Shapiro-Davis Administration has been laser-focused on reducing the epidemic of gun violence across Pennsylvania. Gov. Shapiro and Lt. Gov. Davis have secured millions in state funding to make our communities safer, including:
Awarding $85 million in violence intervention and prevention funding for 131 VIP and Coordinated Community Violence Intervention (CCVI) strategies grant projects;
Delivering $4 million in federal Community Violence Intervention and Prevention Initiative Grant funds to expand hospital-based violence intervention programs (HVIPs) statewide; and
Providing more than 800 technical assistance sessions to 135 community-based violence prevention groups receiving PCCD grant funding through the PA Peace Alliance.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habla con empleados del departamento a su cargo el martes 28 de enero de 2025, en Washington. (Foto: AP/Manuel Balce Ceneta)
El gobierno del presidente Donald Trump revocó una decisión que habría protegido contra la deportación a unos 600.000 venezolanos, informó el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
En “Fox and Friends”, Noem dijo que revirtió la decisión tomada por su sucesor, Alejandro Mayorkas, en los últimos días del gobierno del expresidente Joe Biden, que extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
“Antes de que se fuera de la ciudad, Mayorkas firmó una orden según la cual, durante 18 meses, extenderían esta protección a personas con estatus de protección temporal, lo que significaba que podrían quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses”, dijo Noem. “Nosotros detuvimos eso”.
La funcionaria agregó que los estadounidenses quieren a «estas basuras» fuera del país, en referencia a los migrantes irregulares acusados de crímenes que han sido arrestados en los últimos días.
La medida entraría en vigor de inmediato. En el aviso de seis páginas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se indica que la decisión del gobierno de Trump restaura el statu quo anterior a la decisión del gobierno de Biden de extender las protecciones para los venezolanos hasta octubre de 2026. Ahora, la expiración del TPS sería en abril de 2025, su fecha original.
Previamente, el gobierno de Biden extendió las protecciones a más de 230.000 salvadoreños, 103.000 ucranianos y 1.900 sudaneses que ya viven en Estados Unidos. Noem no dijo qué sucedería con ellos, y el aviso del DHS solo se refiere a los venezolanos.
La designación de TPS otorga a las personas la autoridad legal para permanecer en el país, pero no proporciona una vía a largo plazo hacia la ciudadanía. Las personas dependen de que el gobierno renueve su estatus cuando expira. Los críticos han dicho que, con el tiempo, la renovación del estatus de protección se vuelve automática, independientemente de lo que suceda en el país de origen de la persona.
El cambio de política fue reportado por primera vez el martes por The New York Times.
Los venezolanos que tenían la protección ahora podrían ser expulsados del país, aunque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita las opciones de deportación. Otros países que no reciben deportados son Cuba y Nicaragua, pero Noem dijo que el presidente Donald Trump “claramente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que estos países los reciban de vuelta”.
La Administración de Donald Trump evalúa utilizar instalaciones para migrantes en la base militar de Guantánamo para retener a migrantes en situación irregular en Estados Unidos que las autoridades buscan deportar a sus países de origen, afirmó Kristi Noem.
El campo de detención de la base de Guantánamo fue abierto en 2002 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) para retener a acusados de terrorismo en el marco de la «guerra global contra el terrorismo» tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Aunque los migrantes son retenidos en un área separada, se encuentran en un limbo legal dentro de una base militar que opera al margen de las leyes migratorias estadounidenses.
La situación ha sido históricamente opaca, con poca información pública sobre lo que ocurre allí.
Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por The New York Times, basado en informes internos del Gobierno, reveló que los detenidos enfrentan condiciones precarias en Guantánamo, incluyendo denuncias de que son obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, que sus llamadas con abogados son monitoreadas y que algunas instalaciones están llenas de ratas.
Fotografía de la Base Naval de Guantánamo, el 5 de Noviembre 2023, en Guantánamo (EEUU). EFE/ Marta Garde
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren de desastres naturales o conflictos civiles, otorgando a las personas autorización para trabajar en periodos de hasta 18 meses a la vez.
Cerca de 1 millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, entre ellos, personas provenientes de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano. Los venezolanos son algunos de los mayores beneficiarios, y la extensión autorizada por el gobierno de Biden les habría permitido quedarse desde abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
El TPS enfrenta un futuro incierto en el régimen de Trump, que intentó limitar drásticamente su uso en su primer mandato. Las regulaciones federales permitirían que las extensiones se terminen anticipadamente, aunque eso rara vez se ha hecho y activistas prometen movilizarse para buscar formas legales de que estos sigan siendo vigentes, al menos hasta el 2026.
(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo)
¿Qué sucede ahora?
La revocación de la extensión implica que el DHS retornará a la guía emitida en octubre de 2023, que dejaba el TPS vigente hasta el 10 de septiembre de 2025.
Es decir, quienes tienen sus protecciones en vigor, continuarán así hasta el día de expiración reflejado en su caso.
Una vez terminado ese periodo, según establece la ley estadounidense, los beneficiarios del TPS vuelven al «mismo estatus o categoría migratoria que tenían antes del TPS, si lo tenían» o a «cualquier otro estatus o categoría migratoria obtenidos legalmente que recibieron mientras estaban registrados para el TPS».
Si ninguno de estos casos aplica, quedarían indocumentados. Algunos podrían ser elegibles para asilo, sin embargo deben demostrar que han sido perseguidos debido a su afiliación política, religión, grupo étnico, condición de minoría o pertenencia a un grupo específico, por lo que algunos de los beneficiarios del TPS tienen menos de 60 días para buscar otras alternativas migratorias.
Entre las otras opciones se incluyen procesos de petición familiar, contratos laborales o solicitudes de asilo.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus le dijo a la Voz de América que este anuncio «no sorprende», pues era una promesa de campaña para Trump.
«La gente está muy asustada, muy aterrada… lo más importante que debe saber la comunidad es que las personas que tienen TPS en este momento, está vigente. Su permiso de trabajo está vigente», apuntó Ferro.
Gustavo Garagorry, presidente del Venezuelan-American Republican Club en Florida, opinó que esto es parte de la «estrategia política» del presidente Trump.
«Creo que tenemos una migración que ha llegado a hacernos daño, a hacerle daño al gentilicio venezolano y obviamente como delincuentes que son, y como entraron pr una frontera que básicamente estaba a puertas abiertas, donde ninguno de los programas que se crearon funcionaron de forma correcta, hay que hacer algo», dijo Garagorry.
Darren Soto, congresista demócrata de Florida, lo tildó de «indignante».
«Venezuela es actualmente una dictadura violenta. Miles de personas han huido a Florida para reunirse con sus familiares aquí a través del Programa TPS. Están ayudando a nuestra economía y a parte de nuestra comunidad. Esto será una sentencia de muerte para muchos», escribió Soto en sus redes sociales.
El DHS, bajo instrucción del entonces presidente Joe Biden, justificó la extensión del TPS para los venezolanos debido a «la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano» del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
En los últimos años, miles de venezolanos han llegado a EE.UU buscando mejores oportunidades económicas y huyendo de las crisis social y política que atraviesa el país.
Según datos de ACNUR, más de 7,7 millones de personas han salido del país, lo que la convierte en la mayor crisis de desplazamiento del continente.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y diversas organizaciones políticas y sociales de la isla urgieron este miércoles al Gobierno puertorriqueño a tomar medidas y defender los derechos humanos de los migrantes, ante la política migratoria de Donald Trump. Imagen de archivo. (Foto: EFE/THAIS LLORCA)
San Juan.- La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y diversas organizaciones políticas y sociales de la isla urgieron este miércoles al Gobierno puertorriqueño a tomar medidas y defender los derechos humanos de los migrantes, ante la política migratoria de Donald Trump.
«Decidimos formar este frente para la crisis humanitaria que han generado las ordenes implantadas por el presidente Trump en enero de 2025 y para exigir que el Gobierno de Puerto Rico proteja los derechos humanos de nuestra población», explicó Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR, en una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de San Juan.
Esta conferencia se llevó a cabo después de que, debido a la política de migración del líder republicano, las autoridades federales en la isla realizaran operativos y detuvieran a varios dominicanos indocumentados.
En este contexto, Martínez hizo hincapié en que «ninguna persona es ilegal» y que «cruzar una frontera no convierte a una persona en un delincuente», por lo que todas las personas deben ser «tratadas con dignidad y respeto».
«Esta obligación de proteger se extiende a toda la población migrante, tengan documentos o no. Así que nosotros como frente estamos exigiendo que en Puerto Rico, aunque parezca loco, este es el momento del Gobierno de Puerto Rico de adoptar una política clara de adopción de la población migrante y de sus familias», clamó Martínez.
Por su parte, la activista Hilda Guerrero, cofundadora de la organización Comuna Caribe, subrayó que «las personas migrantes son profetas de cambio» y criticó «las políticas de terror» que obligan a los migrantes de Puerto Rico a «vivir con miedo».
Asimismo, Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud en Puerto Rico, denunció que «muchos niños y niñas se ausentaron de las escuelas» por la política migratoria de Trump.
Por ello, Santana solicitó a las autoridades que velen por los derechos de los menores y rogó que no se realicen «intervenciones en las escuelas, centros de cuido e iglesias».
Las calles y negocios de zonas como Barrio Obrero en San Juan, epicentro de la comunidad dominicana en la isla y blanco de las redadas, están vacías debido al miedo a ser detenidos de los migrantes, muchos de los cuales no se han presentado en sus trabajos.
La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera, dijo por otro lado que «el perfil racial» va a ver en los puertorriqueños «personas sospechosas».
«Vamos a seguir viendo personas detenidas en Puerto Rico por puro racismo, xenofobia y por toda esta discriminación y con toda esta visión en contra de la diversidad, la equidad y la inclusión», señaló Rivera.
Varias organizaciones como Ayuda Social Puerto Rico, Abogados de Inmigración de Puerto Rico y Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico han puesto a disposición de los migrantes abogados para brindar ayuda tras las redadas efectuadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).
Una persona envuelta en una bandera venezolana camina con un grupo de migrantes que salen de la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, México, la madrugada del 6 de junio de 2022. VOA
Autoridades migratorias de EE. UU. confirmaron el miércoles de la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a venezolanos que les otorgaba protecciones por 18 meses, pero algunos abogados dicen que podrían enfrentarse a resistencias legales.
WASHINGTON — Estados Unidos canceló el miércoles la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) a venezolanos, una medida tomada por la administración anterior que otorgaba a estas migrantes 18 meses adicionales de protección contra deportación y permisos de trabajo.
El TPS es una medida destinada a personas cuyo país de origen ha sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro acontecimiento extraordinario. Venezuela sufre una crisis política, social y económica que ha empujado a emigrar a 7,7 millones de venezolanos en los últimos años, según cifras de ACNUR.
La decisión de EE. UU. de poner fin a la extensión del TPS para venezolanos lo confirmó en entrevista con Fox News la nueva secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem.
Al extender las protecciones, la administración del expresidente Joe Biden estimaba que serían elegibles aproximadamente 600.000 beneficiarios actuales del TPS de Venezuela.
¿Qué sucede ahora?
La revocación de la extensión implica que el DHS retornará a la guía emitida en octubre de 2023, que dejaba el TPS vigente hasta el 10 de septiembre de 2025.
Es decir, quienes tienen sus protecciones en vigor, continuarán así hasta el día de expiración reflejado en su caso.
Una vez terminado ese periodo, según establece la ley estadounidense, los beneficiarios del TPS vuelven al «mismo estatus o categoría migratoria que tenían antes del TPS, si lo tenían» o a «cualquier otro estatus o categoría migratoria obtenidos legalmente que recibieron mientras estaban registrados para el TPS».
Si ninguno de estos casos aplica, quedarían indocumentados. Algunos podrían ser elegibles para asilo, sin embargo deben demostrar que han sido perseguidos debido a su afiliación política, religión, grupo étnico, condición de minoría o pertenencia a un grupo específico.
El TPS es un estatus migratorio temporal otorgado por EE. UU. que permite a personas de ciertos países quedarse y trabajar en territorio estadounidense. En la actualidad, el programa cubre a más de un millón de personas de 17 nacionalidades.
Noem dijo que el Departamento de Estado sigue trabajando con otros países sobre la devolución de sus ciudadanos y que «el presidente claramente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que estos países los reciban de regreso».
Consultada sobre si se había descartado el uso del centro de detención de la base naval de Guantánamo, en Cuba, Noem dijo: «Estamos evaluando y hablando de eso ahora mismo. Así que, la decisión es del presidente, pero es un activo, y vamos a seguir buscando cómo podemos utilizar todos nuestros activos para mantener a Estados Unidos seguro».
Primeras reacciones
Al conocerse el anuncio de la revocación, legisladores, abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes expresaron su rechazo.
John De La Vega, abogado de inmigración, dijo a la Voz de América que «ciertamente la preocupación está en nuestra comunidad venezolana porque son más de 600.000 venezolanos protegidos bajo el TPS y hay algunos a los que se les empieza a vencer en abril de 2025».
Es decir, según el abogado, algunos de los beneficiarios del TPS tienen menos de 60 días para buscar otras alternativas migratorias.
Entre las otras opciones se incluyen procesos de petición familiar, contratos laborales o solicitudes de asilo.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus, agregó a la Voz de América que este anuncio «no sorprende», pues era una promesa de campaña para Trump.
«La gente está muy asustada, muy aterrada… lo más importante que debe saber la comunidad es que las personas que tienen TPS en este momento, está vigente. Su permiso de trabajo está vigente», apuntó Ferro.
Darren Soto, congresista demócrata de Florida, lo tildó de «indignante».
«Venezuela es actualmente una dictadura violenta. Miles de personas han huido a Florida para reunirse con sus familiares aquí a través del Programa TPS. Están ayudando a nuestra economía y a parte de nuestra comunidad. Esto será una sentencia de muerte para muchos», escribió Soto en sus redes sociales.
La Casa Blanca rescindió este miércoles la orden promulgada en la víspera de congelar de forma inmediata todas las subvenciones y préstamos federales, una medida que ya había sido bloqueada temporalmente por un juez.
«El memorando M-25-13 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, en inglés) queda rescindido», indicó esta oficina en un nuevo memorando dirigido a los «jefes de departamentos y agencias ejecutivas».
La orden de congelar ayudas y préstamos había creado cierto caos y confusión en su implementación, provocando incluso la caída de los portales de pagos federales del programa de seguro de salud público Medicaid.
El Gobierno había justificado la medida argumentando la necesidad de garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
La pausa ordenada por Trump ponía en riesgo el desembolso de miles de millones de dólares para diversos programas, incluidos los préstamos estudiantiles, y podía tener un impacto negativo en la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y la financiación de organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad.
Asimismo, la medida podría afectar la ayuda destinada a las zonas devastadas por incendios en California e inundaciones en Carolina del Norte, regiones que Trump visitó la semana pasada y donde había prometido apoyo federal.
Horas después de publicar la orden, un juez federal bloqueó el martes temporalmente su implementación durante una semana.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho este miércoles por la mañana que el Gobierno de Trump estaba «preparado para librar esta batalla en los tribunales».
Más tarde en sus redes aclaró que la revocación es sobre la pausa temporera en las subvenciones federales, no en la Orden Ejecutiva que amenaza la otorgación de fondos federales en aquellos programas estatales/municipales, que se demuestre va en contra de la filosofía de Trump.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que Trump «tratará de buscar otra manera» de hacerlo, pero se congratuló por la decisión de rescindir la orden: «Los estadounidenses se defendieron y Donald Trump reculó», afirmó.
Inmigrantes sin récord criminal han caído en las redadas y deportaciones durante los primeros días de la Presidencia de Donald Trump, lo que se prevé será el ‘daño colateral’, como lo llaman los mismos agentes migratorios estadounidenses y pese a que no son por ahora la prioridad.
Christopher Harris, que dirigió el sindicato de la Patrulla Fronteriza en la frontera de California por más de una década, dijo a EFE que los agentes de inmigración están llamando ‘daño colateral’ a los migrantes que están siendo arrestados prácticamente «por encontrarse en el lugar y la hora equivocada».
«Pasadas administraciones han tenido lo que se llama ‘prioridades’ de deportación enfocándose solamente en aquellos con récord criminal», explicó Harris.
Sin embargo, considera que Trump terminó con estas prioridades tras firmar una orden ejecutiva en su primer día como presidente, aunque la Administración enfatiza siempre que los primeros expulsados serán criminales.
Esto significa que cuando agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza lleven a cabo una redada, un operativo o una detención buscando a una persona sospechosa de un crimen, interrogarán a todas las que se encuentren en el lugar o dentro de un auto.
«Arrestando por igual a personas con récord criminal o no», agregó el exagente federal.
Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera, advirtió el fin de semana pasado de que «cualquier inmigrante indocumentado debe temer ser arrestado en cualquier momento, no importa que no tenga o no un récord criminal», según dijo al canal ABC.
Sin embargo, durante estas primeras redadas también se han reportado arrestos incluso de ciudadanos estadounidenses.
Un veterano puertorriqueño del Ejército estadounidense fue detenido durante un operativo de ICE en un negocio en Newark (Nueva Jersey), donde solicitaron ver los «papeles» de todos los trabajadores.
«Arrestos criminales»
Según datos divulgados por el canal NBC, al menos el domingo un poco más de la mitad del millar de los arrestados (52 %) fueron «arrestos criminales», inmigrantes con antecedentes penales o casos pendientes en sus países de origen.
El resto serían inmigrantes que solo habrían cruzado de forma ilegal la frontera, lo cual no está tipificado como delito penal.
De acuerdo con cifras publicadas de ICE en redes sociales, desde que Trump asumió la presidencia se han arrestado entre 200 y 1.100 migrantes diarios.
«Pueden llamar estos arrestos como ‘daño colateral’, yo lo considero una infamia, están separando familias, deportando personas que no han cometido ningún delito, buscar una vida mejor y escapar de la violencia es un derecho humano, mundial y Trump se los está negando», se lamentó la activista Isabel García.
La directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona calificó estas detenciones como «secuestros» de migrantes.
«Llegan en camionetas de color negro, rodean el lugar, arrestan a cualquiera que se encuentran a su paso y se van, sembrando el temor y el terror entre la comunidad», dijo.
Relató que la comunidad en la ciudad de Tucson ha reportado que ICE ha «visitado» varios negocios hispanos pidiendo documentos a sus trabajadores.
Hay además más camionetas de la Patrulla Fronteriza recorriendo las calles y deteniendo autos, particularmente en barrios con un alto porcentaje de población latina.
«Estamos hablando de personas que no han cometido ningún delito, que están trabajando, para dar una vida mejor a sus familias, contribuyendo a este país y aun así los están deteniendo», enfatizó.
La abogada asegura que las órdenes de deportaciones masivas de Trump están violando la Constitución, en particular la Enmienda 4, la cual protege de registros e incautaciones injustificadas.
El Gobierno Trump está usando por primera vez en la historia de la frontera aviones militares para deportar a migrantes y no ha escatimado en divulgar imágenes.
Con el lema «promesa hecha, promesa cumplida», agencias como la Patrulla Fronteriza Sector Tucson en Arizona han publicado fotos de las deportaciones masivas.
La Administración ha enviado a soldados para asistir a la Patrulla Fronteriza en la frontera y ha cerrado cualquier camino legal para que los migrantes puedan solicitar asilo en los puertos de entrada.
El Gobierno de México informó el lunes de que durante la primera semana del mandato de Trump han recibido a más de 4.000 migrantes deportados, en su mayoría mexicanos, a través de vuelos militares y vía terrestre.
First Class in 2025 Off to a Great Start, Thanks in Part to Ease ofNew Online Application
Annville, PA – The Keystone State ChalleNGe Academy (KSCA) is accepting applications for its next class of cadets which begins in July 2025. There is no tuition cost to attend. Meals, housing, uniforms, and school supplies are provided at no charge.
The academy is now offering a new online Eligibility Checker, which will lead to the link to the full application for an easier and quicker application process. New applicants also have the option of having an application mailed to them by emailing the academy at RA-MVPACHALLENGE@pa.gov, or by calling 717-861-7767 or 717-861-8831.
The program is off to a great start in January 2025, as we welcomed 55 incoming cadets for the current class,” said Steve Grossman, KSCA director. “It is truly incredible to watch our cadets grow into exceptional young men and women while here at the academy. I encourage anyone who has interest in our program to consider submitting an application or calling for more information.”
The KSCA is designed to give academically challenged teens a second chance at obtaining their basic education, learn leadership, self-discipline, and responsibility to build a better life.
The opening of the academy at Fort Indiantown Gap (FTIG) in Lebanon County in July 2022 formally established the National Guard Bureau’s Youth ChalleNGe Program in Pennsylvania.
The program is open to 16- to 18-year-old Pennsylvania residents who are failing to progress in high school or may not be on a clear path to graduating. Applicants must be willing to be drug free, free of felony convictions, and voluntarily commit to the program. The first 22-weeks of the program consists of residential training at FTIG followed by 24-months of mentorship back in their home communities.
The KSCA conducts two classes a year, one starting in mid-July and the other in mid-January. Applications are accepted all year long.
The KSCA is a joint effort between the Pennsylvania Department of Military and Veterans Affairs (DMVA) and the National Guard Bureau in consultation with the Pennsylvania Department of Education (PDE).
Cadets are introduced to the military structure and focus on eight core components: Academic Excellence; Physical Fitness; Leadership/Followership; Responsible Citizenship; Job Skills; Service to the Community; Health and Hygiene; and Life Coping Skills. Graduates often receive high school credits, credentials, or a GED.
Since the program’s inception in 1993, more than 200,000 cadets have graduated from Youth Challenge academies nationwide (including programs no longer in operation).
This award-winning program has been recognized as one of the nation’s most effective and cost-efficient programs for targeting youth who have dropped out of school or are at the greatest risk for not satisfactorily progressing, or are unemployed or under employed.
The National Guard Youth ChalleNGe Program currently operates 38 Youth ChalleNGe sites in 29 states and territories. The program is both federally and state funded.
Miembros de la Iglesia Menonita. (Foto: Leticia Roa Nixon)
El martes 28 de enero por la mañana, al norte de la ciudad de Filadelfia, alrededor de 10 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) detuvieron a varias personas para revisar su documentación. Las que pudieron comprobar su presencia legal en el país, por ejemplo, con una licencia de conducir de Pensilvania, las dejaron ir, mientras se llevaron a siete personas, de las cuales seis mexicanos y un dominicano.
La redada efectuada alrededor de las diez de la mañana se llevó a cabo en el negocio de lavado de autos «Complete Autowash Philly», en la esquina de las calles H y Hunting Park en el vecindario de Juniata. Los agentes vestían ropa regular con chalecos de ICE y según reportaron algunos testigos, con los de la Policía de la ciudad.
Se desconoce la cantidad de los que dejaron ir cuando comprobaron que eran residentes.
Docenas de líderes religiosos se opusieron públicamente a las acciones de ICE. (Foto: Leticia Roa Nixon)
Personal de Protección del Consulado de México se aprestó a brindar asistencia legal a los seis mexicanos, habiendo sido notificados, sin embargo, no habían obtenido información detallada sobre los connacionales del parte del ICE, como lo solicitaron, y se ignora hasta el momento si los 6 detenidos tenían o no antecedentes penales, o fueron detenidos solamente por no poder comprobar sus estatus.
Líderes religiosas de diferentes denominaciones. (Foto: Leticia Roa Nixon)
En la primera conferencia de prensa de la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt reiteró que, “EE. UU. ya no tolerará la inmigración ilegal» y resaltó que, “Si usted es un individuo, un ciudadano extranjero, que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, es por definición un criminal y, por lo tanto, está sujeto a deportación”. Además, desde el 28 de enero, podrán arrestar a inmigrantes en las cortes.
Por la tarde, Peter Pedemonti y Blanca Pacheco, cofundadores del Nuevo Movimiento Santuario, convocaron a sus congregaciones aliadas a una acción frente a la oficina de ICE en la calle 8 número 114.
Ahí habló la rabina Linda Holtzman, líder de la sinagoga Tikkun Olam Chavura que precisó que esa redada fue algo inconcebible en la llamada “Ciudad del Amor Filial” y siete familias fueron impactadas. La Rev. Hannah Capaldi, de la Sociedad Unitaria de Germantown, afirmó «esto es inaceptable y tendremos que ser valerosos y justos en los días por venir.»
Julio Rodriguez de la Coalición de Inmigración de Pensilvania expresó que el presidente Trump firmará la ley Lanken Riley este miércoles 29 de enero, que resultará en que cualquier persona que sea acusada de un delito será detenida sin derecho a fianza. El líder exhorto a los participantes a llamar a las oficinas de los funcionarios demócratas, senador John Fetterman y al representante estatal Brendan Boyle del Segundo Distrito, quienes votaron en favor de esa ley.
Esto es alarmante porque en las redes sociales personas simpatizantes de MAGA, sugieren que las personas denuncien a potenciales indocumentados cuando sospechen que lo sean, inclusive se están creando grupos para organizarse; pero la “cacería” va más allá. Según el Bill 1484 de la Cámara de Representantes, el estado de Misisipi crearía el Programa de Hunter Certificado para Extranjeros Ilegales, que pagaría una recompensa de 1.000 dólares a los cazarrecompensas registrados por cada deportación exitosa que faciliten; teniendo una mayoría republicana, es posible que pase la ley.
En la misma manifestación tempestiva en Filadelfia, el pastor Jay Bergen, de la Iglesia Menonita de Germantown exhortó a «la alcaldesa Cherelle Parker esté dispuesta a correr riesgos y proteger a la gente de la ciudad como los que lavan autos en el norte de la ciudad, a los que enseñan en el sur, los que trabajan en restaurantes en el noreste y a los que trabajan en el centro»
También aseveró que el Estado no legitima su fe que proviene de la comunidad, «cuando nos reunimos , es dónde veo el trabajo de mi Dios».
Eric Jenkins miembro de Alternativa Socialista. (Foto: Leticia Roa Nixon)
Otro orador fue Eric Jenkins, exmaestro y ahora organizador de tiempo completo para la organización internacional «Alternativa Socialista». Enfatizó que «el problema no son los inmigrantes sino los ultraderechistas de la Casa Blanca como el fascista Elon Musk haciendo el saludo nazi a Trump. Los demócratas no supieron cómo derrotar a Trump, pero nosotros sí», arremetió.
El Rev. Ray Schellinger, consultor global de los Ministerios Internacionales proinmigrantes y refugiados, señaló que no hay que dejar que se tenga miedo de los inmigrantes ni deshumanizarlos, ni demonizarlos, sino dar a conocer sus historias y amplificar sus voces.
Lenore Ramos Juárez, organizadora de Juntos. (Foto: Leticia Roa Nixon)
Lenore Ramos Juarez, organizadora de defensa comunitaria de Juntos informó que, al mismo tiempo que recibían numerosos informes sobre la redada, se enteraron de que Víctor, uno de los miembros de su organización, que estaba detenido en el Centro Moshannon Valley, fue deportado sin conocimiento de su equipo legal. Quedó separado de su hija menor.
«Llamamos a esto una táctica del Estado para generar violencia diseñada para desestabilizar a nuestra comunidad», subrayó la líder.
Por último, Peter Pedemonti expresó conmovido que este dolor por la redada, » nos movilizará a la acción y a seguir adelante.»
De acuerdo con una encuesta reciente del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press, sólo alrededor del 37% de los adultos de Estados Unidos están a favor de deportar a los migrantes que se encuentren en el país sin estatus migratorio regular, que no han sido condenados por un delito.
Al cierre de esta edición, se han propagado rumores sobre presencia del ICE en varios negocios principalmente del norte de la ciudad que estaremos verificando antes de reportar.
El martes, los dueños de un reconocido restaurante puertorriqueño, Boricua Restaurant compartieron en sus redes su experiencia con los agentes de ICE que quisieron sin éxito, inspeccionar su cocina.
La mañana de este miércoles, también hubo un operativo en Norristown PA. y aún no se sabe con exactitud los detalles de sobre los detenidos, pero según reportes preliminares, al menos uno de los detenidos tenía un DUI.
Hay muchas organizaciones locales y regionales que están ofreciendo información y ayuda legal; y en Impacto seguiremos informando cuanto tengamos la información verificada.
Fotografía del 24 de enero de 2025 de un grupo de migrantes deportados tras bajar de un avión de la Fuerza Aérez de Estados Unidos. (Foto: EFE/STR)
La Organización No Gubernamental (ONG) Elementa DDHH advirtió este martes del creciente reto en la ciudad fronteriza de Tijuana que encaran las autoridades para proteger la salud mental de los migrantes ante las deportaciones masivas, y evitar así que terminen en una situación de calle y en el consumo problemático de sustancias.
Renata Demichelis Ávila, directora en México de la organización, explicó en un encuentro con medios de comunicación que esta medida va más allá de los programas de protección que se instrumentaron para los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, y su razón deriva en la crisis de opioides que se vive en esta zona fronteriza.
En este sentido, destacó que, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), las principales características de las personas usuarias de sustancias en Tijuana “son hombres, la mayoría migrantes que habían intentado cruzar la frontera o que fueron deportados de Estados Unidos”.
Por lo cual, remarcó la necesidad y urgencia de que las autoridades “lleven a cabo una política real de salud mental”, ya que es un tema que en Baja California, y en particular Tijuana, las autoridades del gobierno estatal lo tienen bien identificado y documentado.
“No es algo nuevo, el mismo gobierno del estado tiene ya documentado el cómo el fenómeno de la migración, particularmente el de la deportación, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias, por lo que ya deberían tener respuestas a esa situación”, expuso.
Todo ello, agregó, “como consecuencia de la frustración, la depresión y la caída del estado de ánimo tras haber sido repatriados contra su voluntad”.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que México recibió a 4.094 personas deportadas de Estados Unidos en la primera semana del Gobierno de Donald Trump,
En el país preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.
Por su parte, Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, destacó que las organizaciones de la sociedad civil como PrevenCasa, en Tijuana, y Verter, en Mexicali, han asumido esos roles de atención a la problemática de opioides en general, pero “no se dan abasto para atender a toda la población”.
“El gobierno debe asumir que, si no se prepara una política pública que entienda la probabilidad de que todas las personas que vayan a regresar forzadamente, que vendrán en contra de su voluntad, puedan terminar en una de estas situaciones, van a contribuir a la crisis de consumo de sustancias problemáticas que ya existe en el estado”, resaltó.
Reiteró que no solo se trata de brindarles las condiciones básicas a estas a las personas, sino entender también la prioridad de la salud mental porque, ante la vulnerabilidad a la que muchas se van a enfrentar, resultarán presas fáciles para el crimen organizado que utiliza a las personas en situación de calle o que los recluta también contra su voluntad.
“Hay un tema de seguridad, pero hacia la persona migrante, entendemos la parte de la seguridad general, pero cómo realmente les van a abrir las puertas a las personas. Creo que una tarjeta de dos mil pesos no es la solución, sino que se necesitan políticas públicas claras sustentadas en estos contextos”, sentenció. EFE
