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Josh Sweat y Milton Williams encabezan lista de agentes libres de la NFL tras ganar el Super Bowl

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El linebacker Josh Sweat de los Eagles de Filadelfia tras derribar a Pat Mahomes, el quarterback de los Chiefs de Kansas City, en el Super Bowl, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto: AP/Matt Slocum)

Los equipos de la NFL pueden comenzar a reestructurar sus planteles al firmar agentes libres esta semana. Hay mucha atención en los quarterbacks, incluidos Sam Darnold, Russell Wilson y Justin Fields. Aaron Rodgers técnicamente no es un agente libre, pero los Jets de Nueva York ya dijeron que planean liberarlo, por lo que está libre para encontrar un nuevo equipo.

Los agentes libres pueden comenzar a negociar con los equipos a partir de las 12 de la tarde (tiempo de la costa este) del lunes, cuando se abre el período legal. Los jugadores no pueden firmar oficialmente nuevos contratos hasta el inicio del nuevo año de la liga a las 4 de la tarde del miércoles.

Aquí hay un vistazo a 25 jugadores que no son mariscales de campo y que estarán disponibles:

1. Josh Sweat, edge rusher, Eagles de Filadelfia

Sweat está listo para obtener una gran compensación tras una actuación impresionante en la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre los Chiefs en el Super Bowl. Tuvo dos derribos y medio sobre Patrick Mahomes. Sweat ha promediado ocho derribos por temporada desde que se convirtió en titular en 2021.

2. Davante Adams, wide receiver, Jets de Nueva York

Adams atrapó 85 pases para 1.063 yardas y ocho touchdowns en un año difícil con los Raiders y Jets. Es un tres veces All-Pro que ha promediado 103 recepciones, 1.290 yardas y 11 touchdowns en las últimas siete temporadas.

3. Milton Williams, defensive tackle, Eagles de Filadelfia

Williams consiguió dos derribos en el Super Bowl y demostró que está listo para desempeñar un papel importante en la línea defensiva después de sobresalir como jugador de rotaciones con los Eagles.

4. Charvarius Ward, cornerback, 49ers de San Francisco

Ward, un All-Pro de segundo equipo en 2023, enfrentó adversidades la temporada pasada tras la muerte de su hija.

5. Carlton Davis, cornerback, Lions de Detroit

El veterano de siete años estabilizó la secundaria de Detroit en su primer año con los Lions después de pasar los seis primeros en Tampa Bay.

6. Chris Godwin, wide receiver, Buccaneers de Tampa Bay

Después de una espantosa lesión en el tobillo que lo obligó a perderse los últimos diez juegos, Godwin, de 29 años, puede que no obtenga el gran contrato que estaba en camino cuando tuvo 50 recepciones para 576 yardas en apenas siete partidos

7. Drew Dalman, centro, Falcons de Atlanta

Un titular confiable para una de las mejores líneas ofensivas, Dalman es el mejor centro en el mercado abierto.

8. D.J. Reed, cornerback, Jets de Nueva York

Permitió solo dos touchdowns la temporada pasada y los mariscales de campo rivales completaron apenas el 46,3% de sus pases contra él.

9. Dre Greenlaw, linebacker, 49ers de San Francisco

Greenlaw debería estar completamente recuperado y volver a su antigua forma tras regresar de una lesión en el tendón de Aquiles el año pasado.

10. Haason Reddick, edge rusher, Jets de Nueva York

Antes de que su demora para firmar afectó su temporada 2024, Reddick logró 27 derribos en dos temporadas en Filadelfia.

11. Byron Murphy, cornerback, Vikings de Minnesota

Murphy tuvo su mejor temporada el año pasado con un récord personal de seis intercepciones y permitió un rating de pasador de 62.0.

12. Amari Cooper, wide receiver, Bills de Buffalo

Cooper ha tenido siete temporadas de recepción de 1.000 yardas en diez años. Estuvo limitado por lesiones cuando dividió su tiempo entre los Browns y los Bills el año pasado.

13. Nick Bolton, linebacker, Chiefs de Kansas City

Es un jugador de tercer down y fue un líder para la sólida defensa de Steve Spagnuolo.

14. Jevon Holland, safety, Dolphins de Miami

A pesar de una temporada difícil en 2024, Holland es el mejor safety en el mercado.

15. Will Fries, escolta derecho, Colts de Indianápolis

A pesar de haber jugado solo cinco partidos debido a una fractura de tibia, Fries debería conseguir un contrato significativo.

16. Khalil Mack, edge rusher, Chargers de Los Ángeles

Tiene 34 años y su total de derribos cayó de 17 a seis la temporada pasada, pero Mack aún puede proporcionar un impulso a los equipos que necesitan un especialista en presión al quarterback.

17. Justin Reid, safety, Chiefs de Kansas City

Un líder comprobado que sería una gran mejora para una secundaria.

18. Cam Robinson, tackle izquierdo, Vikings de Minnesota

Varios equipos podrían usar un ancla sólida para proteger el lado ciego de su mariscal de campo.

19. Stefon Diggs, wide receiver, Texans de Houston

Diggs viene de una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo limitó a ocho juegos, pero el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl podría adaptarse bien a un rol de slot.

20. Tre’von Moehrig, safety, Raiders de Las Vegas

Después de registrar un récord personal de 104 tacleadas y diez pases defendidos en 2024, Moehrig aumentó su valor en el mercado.

21. Mekhi Bechton, escolta derecho, Eagles de Filadelfia

Bechton se trasladó de tackle a escolta y revivió su carrera en Filadelfia en una de las mejores líneas de la liga.

22. Tevin Jenkins, escolta ofensivo, Bears de Chicago

Jenkins es otro titular sólido que debería encontrar rápidamente un hogar en la agencia libre.

23. Asante Samuel Jr., cornerback, Chargers de Los Ángeles

Es un jugador clave a pesar de las críticas que recibe por sus tacleadas.

24. Jamien Sherwood, linebacker, Jets de Nueva York

Fue el mejor jugador en una defensa decepcionante llena de talento estelar.

25. Josh Myers, centro, Packers de Green Bay

Myers permitió solo un derribo el año pasado y ha sido titular en 50 de los últimos 51 partidos.

Noem identifica a filtradores y nombra nuevos líderes del Servicio de Inmigración con miras a acelerar deportaciones

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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem en la Casa Blanca en Washington el 29 de enero del 2025. (Foto: AP/Alex Brandon)

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció el domingo un nuevo liderazgo en la agencia encargada de la aplicación de la inmigración, al tiempo que se comprometió a aumentar las pruebas de polígrafo a los empleados para identificar a aquellos que puedan estar filtrando información sobre las operaciones a los medios de comunicación.

“Las autoridades que tengo bajo el Departamento de Seguridad Nacional son amplias y extensas, y planeo utilizar cada una de ellas para asegurarme de que estamos cumpliendo con la ley, que seguimos los procedimientos establecidos para mantener a las personas seguras y que estamos asegurándonos de cumplir con lo que el presidente Trump ha prometido”, declaró Noem a “Face the Nation” de CBS.

Si bien estos exámenes de polígrafo generalmente no son admisibles en los procedimientos judiciales, son utilizados frecuentemente por las agencias federales de la ley y para autorizaciones de seguridad nacional.

Funcionarios de la Casa Blanca han expresado anteriormente frustración con el ritmo de las deportaciones, culpando en parte a gente que revela las ciudades donde las autoridades planean llevar a cabo operaciones.

A finales de febrero, el Gobierno de Trump cesó al anterior director interino, Caleb Vitello, que fue elegido por el mismo presidente, debido a la creciente frustración por un ritmo de deportaciones lento, y también fueron destituidos otros dos altos cargos previamente.

Noem, además, dijo en su comunicado que durante los últimos cuatro años se ha «impedido» a los empleados del ICE hacer su trabajo y señaló que el servicio «necesita una cultura de rendición de cuentas de la que se le ha privado bajo la Administración Biden».

Todd Lyons, el exdirector asistente de operaciones de campo del brazo de aplicación de la agencia, servirá como director interino de ICE. Madison Sheahan, secretaria del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana y exasistente de Noem cuando era gobernadora de Dakota del Sur, ha sido designada como directora adjunta de la agencia.

Noem y el llamado «zar de la frontera» de Trump, Tom Homan, han culpado de los números de detenciones más bajos de lo proyectado a este tipo de filtraciones sobre cuándo y en qué ciudades se iban a producir redadas de inmigración.

Noem también anunció el viernes que la agencia ha identificado y planea procesar a dos “filtradores de información”.

El domingo, aseveró que estas dos personas “estaban filtrando nuestras operaciones de aplicación que habíamos planeado y que íbamos a llevar a cabo en varias ciudades y expusieron vulnerabilidades”. Afirmó que podrían enfrentar hasta 10 años de prisión federal.

Un portavoz del DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

China aprende de la primera guerra comercial de Trump y cambia su táctica ante nuevos aranceles

China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano del presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión en un aparte de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

WASHINGTON— Los líderes de Canadá y México hablaron por teléfono con el presidente Donald Trump la semana pasada para buscar soluciones después de que él impusiera aranceles a sus países, pero parece poco probable que el presidente de China haga una llamada similar pronto.

Beijing, que a diferencia de los cercanos socios y vecinos de Estados Unidos lleva años inmersa en una guerra comercial y tecnológica con el país, ha adoptado una estrategia diferente hacia Trump en su segundo mandato, dejando claro que cualquier negociación debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones.

Los líderes de China dicen que están abiertos a conversaciones, pero también han hecho preparativos para los mayores aranceles estadounidenses, que han aumentado un 20% desde que Trump asumió el cargo hace siete semanas. Con la intención de no verse sorprendidos como en el primer mandato de Trump, las autoridades chinas tenían listas sus medidas de represalia, y la semana pasada impusieron sus propios impuestos a importaciones agrícolas clave y otros productos de Estados Unidos.

“A medida que Washington intensifica el arancel, Beijing no ve otras opciones que no sean represalias”, dijo Sun Yun, directora del programa de China en el Stimson Center, un grupo de expertos con sede en Washington. “No significa que Beijing no quiera negociar, pero no puede dar la impresión de que está mendigando negociaciones o misericordia”.

Como la segunda economía más grande del mundo, China aspira a ser una gran potencia tanto en el ámbito regional como global y exige respeto de todos los países, especialmente de Estados Unidos, como prueba de que el Partido Comunista ha hecho de China un país próspero y fuerte.

Después de que Estados Unidos impusiera la semana pasada otro arancel del 10%, además del 10% impuesto el cuatro de febrero, el Ministerio chino de Exteriores emitió su respuesta más contundente hasta ahora: “Si la guerra es lo que quiere Estados Unidos, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final”.

El duro lenguaje recordó a comentarios similares en 2018, cuando Trump lanzó su primera guerra comercial con China y esta se apresuró a preparar acciones de represalia. Desde entonces, los líderes de Beijing han desarrollado un conjunto de herramientas que incluyen aranceles, restricciones a las importaciones, controles a las exportaciones, sanciones, revisiones regulatorias y medidas para limitar a las empresas en hacer negocios en China.

Todas están diseñadas para infligir dolor a la economía y a las empresas estadounidenses en respuesta a las medidas americanas.

Eso permitió al gobierno chino reaccionar rápidamente al reciente aumento generalizado de los nuevos aranceles sobre los productos chinos por parte de Trump, implementando un conjunto de medidas de represalia que incluyen gravar muchos productos agrícolas estadounidenses hasta en un 15%, suspender las importaciones de madera de Estados Unidos y poner en la lista negra a 15 empresas estadounidenses.

Beijing mostró moderación en su respuesta para dejar espacio para la negociación, dicen los analistas.

El liderazgo de Xi Jinping en el Partido Comunista gobernante abarca ambos mandatos de Trump, lo que le da a Beijing más continuidad en su planificación. Él es quien decidió que aún no es el momento de hablar con Trump, dijo Daniel Russel, vicepresidente de seguridad internacional y diplomacia en el Asia Society Policy Institute.

“Eso no es un problema de programación, es una ventaja para China”, dijo Russel, quien trabajó en el pasado como subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y del Pacífico. “Xi no se presentará a una llamada si hay una posibilidad de que sea acosado o humillado y, por razones tanto políticas como estratégicas, Xi no asumirá el papel de suplicante”.

“En cambio, China está respondiendo de manera rápida —pero juiciosa— a cada conjunto de aranceles”, dijo Russel.

En su conferencia de prensa anual el viernes, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo que “ningún país debería fantasear con que puede suprimir o contener a China mientras desarrolla buenas relaciones con el país”.

“Actos tan hipócritas no solo son perjudiciales para la estabilidad de las relaciones bilaterales, sino que tampoco construirán confianza mutua”, dijo Wang. Agregó que China da la bienvenida a la cooperación con Estados Unidos, pero señaló que “si continúan presionando, China responderá firmemente”.

Scott Kennedy, presidente del consejo de administración en negocios y economía china en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, dijo que esta vez las autoridades chinas “no están psicológicamente sorprendidas” por las tácticas de “shock y asombro” de Trump.

“Ya han visto esto antes”, dijo Kennedy. “Este tipo de cosas las han anticipado”.

La economía de China se ha desacelerado, pero aún crece a un ritmo anual de casi el 5%, y bajo Xi, el partido está invirtiendo fuertemente en tecnología avanzada, educación y otras áreas. Tiene vínculos comerciales más fuertes con muchos otros países que durante el primer mandato de Trump y ha diversificado de dónde obtiene productos clave, por ejemplo, comprando la mayor parte de su soja a Brasil y Argentina en lugar de a Estados Unidos.

A su vez, el porcentaje de productos chinos vendidos a Estados Unidos ha caído.

“Están mejor preparados para absorber el efecto de los choques, en comparación con hace varios años”, dijo Kennedy.

Mientras tanto, más del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, y Canadá envía allí el 75% de sus exportaciones.

China ha aprendido de sus tratos anteriores con Trump, dijo Russel. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se enfrentan a una reversión de las políticas comerciales anteriores de Trump, con aranceles impuestos y luego pospuestos dos veces sobre al menos algunos productos.

“Beijing ha visto lo suficiente para saber que apaciguar a Trump no funciona”, dijo Russel. En la primera ronda, Trudeau y Sheinbaum “ganaron un poco de tiempo, pero la presión solo regresó con más fuerza”.

Trudeau voló a Mar-a-Lago para reunirse con Trump en diciembre después de que el presidente electo amenazara con aranceles. Pero al anunciar aranceles de represalia el martes, Trudeau advirtió con firmeza: “Este es un momento para responder con fuerza y demostrar que una pelea con Canadá no tendrá ganadores”.

Sheinbaum también ha dicho que “nadie gana con esta decisión”.

Gobierno de Trump prevé despedir a la mayoría de los 80.000 trabajadores federales de salud

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El secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., camina hacia la Cámara de Representantes, en el Capitolio en Washington, el 4 de marzo de 2025. (Foto: AP/José Luis Magaña)

La mayoría de los 80.000 trabajadores federales responsables de investigar enfermedades, inspeccionar alimentos y administrar Medicare y Medicaid bajo los auspicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) recibieron un correo electrónico con una oferta para dejar su trabajo a cambio de un pago de hasta 25.000 dólares como parte de los recortes del gobierno del presidente Donald Trump.

Los trabajadores tienen hasta las 5 p.m. del viernes para enviar una respuesta a la llamada oferta de separación voluntaria. El correo electrónico fue enviado al personal de todo el departamento, que incluye los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), así como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ambos en Maryland.

El correo masivo se envió a una “amplia población de empleados del HHS”, llegando a sus bandejas de entrada días antes de que los jefes de las agencias deban presentar planes para reducir sus plantillas. El Departamento de Salud es una de las agencias federales más costosas del gobierno, con un presupuesto anual de aproximadamente 1,7 billones de dólares que se gasta principalmente en la cobertura de atención médica para millones de personas inscritas en Medicare y Medicaid.

No hubo comentarios inmediatos el domingo por parte del HHS.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de salud de Trump, ha insinuado planes para realizar recortes profundos en el personal. El año pasado, prometió despedir de inmediato a todos los 600 empleados del NIH, el brazo de investigación biomédica del país. No ha llegado tan lejos, pero en una entrevista el mes pasado, poco después de asumir el cargo, Kennedy dijo que quería eliminar a algunos trabajadores de las agencias de salud pública.

“Tengo una lista en mi cabeza”, dijo Kennedy sobre los posibles despidos en la agencia. Afirmó que algunos trabajadores “tomaron decisiones realmente malas” sobre las pautas de nutrición.

La administración Trump, con la ayuda del multimillonario Elon Musk, ha estado tratando de despedir a trabajadores federales en un esfuerzo por reducir costos. En enero, la mayoría de los empleados federales recibieron una oferta de renuncia diferida que incluía ocho meses de salario. Miles de empleados en período de prueba también han sido despedidos en diversas agencias federales, incluido el Departamento de Salud.

El último movimiento para reducir el número de trabajadores de salud federales se produce mientras los CDC están asistiendo en un brote mortal de sarampión en el oeste de Texas y Nuevo México, y mientras los legisladores debaten recortes profundos a Medicaid en el presupuesto federal.

Los trabajadores del HHS son dirigidos en el correo electrónico a comunicarse con su oficina local de recursos humanos para solicitar la separación voluntaria.

Manifestantes en Día Internacional de la Mujer exigen igualdad de derechos y fin de violencia sexual

Personas sostienen un bordado con la frase 'Vivas y libres nos queremos', durante una manifestación este sábado en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Marina Villén

Las consignas contra el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump dominaron las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos, donde cientos de personas salieron a las calles en las principales ciudades del país.

La convocatoria más popular era de la Women’s March, la misma organización que movilizó a grandes multitudes en protesta por el primer mandato de Trump (2017-2021), unos 4 millones en todo el país, pero en esta ocasión, bajo el lema ‘Unite and Resist’ (‘Únete y resiste’), las cifras de asistentes fueron notablemente menores.

Una de las más destacadas fue Nueva York, con más de un millar de personas, sobre todo mujeres adultas y blancas, en una marcha desde la plaza de Washington Square Park hasta Union Square que desembocó tras en un mítin político en rechazo al Gobierno de Trump, al que describieron como «fascista».

Se vieron pancartas centradas en la igualdad de las mujeres, los derechos reproductivos y la comunidad LGTBI, pero también otras dirigidas al Gobierno, como: ‘Sin inmigrantes, Trump no tendría esposa’, ‘El régimen fascista de Trump debe irse’ o ‘Despidan a Musk’, y letreros de apoyo a Ucrania y Palestina.

Allí, mientras un grupo de chicas bailaban «Dancing Queen», de ABBA, una organizadora denunciaba a través de un altavoz la «purga» de empleados federales del Gobierno de Trump, el perdón a los «insurreccionistas» del asalto al Capitolio o el rechazo a la lucha contra el cambio climático.

La jornada por los derechos de la mujer transcurrió de manera pacífica, y en la plaza donde terminó la manifestación había menos de una decena de policías y ningún gran medio estadounidense, a diferencia de otras concentraciones reivindicativas de los últimos años.

En total, según su página web, la organización Women’s March había convocado unos 300 eventos a lo largo de todo el país, a los que apuntaron unas 37.000 personas; según medios locales, se vieron protestas de un millar de asistentes en ciudades como Boston y Los Angeles, pero ninguna convocó masas.

En Boston, otra marcha recorrió una de las arterias de la ciudad y los manifestantes incluso hicieron una actuación de baile espontánea (‘flashmob’) en protesta por el peso en el Gobierno de Trump del magnate Elon Musk, que está al frente del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), según NBC.

Manifestantes de Sudamérica denuncian feminicidios

En Sudamérica, algunas protestas fueron organizadas por grupos que denunciaron los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios.

Cientos de mujeres en Ecuador marcharon por las calles de Quito al son de los tambores y sostuvieron letreros para denunciar la violencia y el “sistema patriarcal”.

“¡Justicia para nuestras hijas!”, gritaban algunas manifestantes en apoyo a las mujeres que han sido asesinadas en los últimos años.

En Bolivia, miles de mujeres comenzaron a marchar el viernes por la noche, y algunas pintaron grafitis en las paredes de los tribunales exigiendo que sus derechos sean respetados y denunciaron la impunidad en los feminicidios, en los que menos de la mitad de los casos llegan a sentencia.

Decenas de personas participan en una manifestación este sábado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Plaza Washington Square Park de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Reivindican los derechos de las mujeres inmigrantes en Puerto Rico ante políticas de Trump

La concentración convocada en Puerto Rico por el Día de la Mujer estuvo este sábado dedicada a la comunidad inmigrante, que está sufriendo persecución en el marco de las políticas de la Administración estadounidense de Donald Trump.

Bajo el lema ‘Diversas, combativas y unidas en resistencia’, los actos tuvieron lugar en la Plaza Antonio R. Barceló, en Barrio Obrero, donde vive una parte importante de la comunidad dominicana de la isla.

Barrio Obrero ha sido de hecho el escenario de los principales operativos para detener inmigrantes llevados a cabo desde enero pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

«En este momento, las mujeres más golpeadas son las mujeres migrantes», dijo a EFE Romelinda Grullón, fundadora y directora del Centro de la Mujer Dominicana, que ayuda a mujeres víctimas de violencia machista.

Grullón explicó que muchas migrantes no están saliendo de sus casas ni acudiendo a sus puestos de trabajo, ya que hay «una gran población que está indocumentada y que corre mucho riesgo de que la arresten y la deporten».

«Muchas de esas mujeres tienen niños y niñas que han nacido aquí y hay un miedo, un temor, una desorientación muy grande», lamentó la activista, quien calificó la situación de «muy dolorosa».

La Coalición 8 de Marzo, organizadora del evento, está ayudando a muchas de estas mujeres y, gracias a ello, según Grullón, «Puerto Rico se ha convertido en una forma indirecta en santuario para la mujer migrante».

En la concentración, también se denunciaron las condiciones laborales injustas que exponen a la comunidad migrante a explotación y marginación, exigiéndose derechos laborales básicos como salarios justos, condiciones seguras y acceso a servicios esenciales.

Otro de los reclamos es, según indicó Liza Gallardo, portavoz de la Coalición 8M y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, «una reforma migratoria justa que garantice derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo digno, y que ponga fin a la criminalización de las personas migrantes».

La jornada incluyó la música autóctona puertorriqueña de la bomba, de la mano de las Barrileras del 8M, una comparsa de la Colectiva Feminista en Construcción, música en vivo de ‘Nómadas’ y lectura de poesía.

También hubo una cadena humana de bordados, en la que destacaba uno con la frase ‘Vivas y libres nos queremos’, en alusión a los feminicidios, una lacra en la isla, donde ha habido cuatro desde comienzos del año.

Además, se enarbolaron lemas como ‘Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas’, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en rechazo a los intentos de restringir el aborto.

En el lado asiático de la ciudad más poblada de Turquía, Estambul, una manifestación en Kadikoy reunió a miembros de decenas de grupos de mujeres que escucharon discursos, bailaron y cantaron bajo el sol. La colorida protesta estuvo supervisada por una gran presencia policial, incluidos agentes con equipo antidisturbios y un camión de cañón de agua.

El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan declaró 2025 como el Año de la Familia. Los manifestantes se opusieron a la idea de que el papel de la mujer se limite al matrimonio y la maternidad, llevando pancartas que decían “La familia no nos atará a la vida” y “No seremos sacrificadas a la familia”.

Los críticos han acusado al gobierno de supervisar restricciones a los derechos de las mujeres y de no hacer lo suficiente para abordar la violencia contra ellas.

En 2021, Erdogan retiró a Turquía de un tratado europeo, conocido como la Convención de Estambul, que protege a las mujeres de la violencia doméstica. La Plataforma “Detendremos los Femicidios” de Turquía afirma que 394 mujeres fueron asesinadas por hombres en 2024.

“Hay acoso en el trabajo, presión de maridos y padres en casa y presión de la sociedad patriarcal. Exigimos que esta presión se reduzca aún más”, dijo Yaz Gulgun, de 52 años de edad.

Decenas de personas participan en una manifestación este sábado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Plaza Washington Square Park de Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Mujeres de toda Europa y África marchan contra la discriminación

En muchos otros países europeos, las mujeres también protestaron contra la violencia, exigieron un mejor acceso a la atención médica específica de género, igualdad salarial y otros temas en los que no reciben el mismo trato que los hombres.

En Polonia, activistas abrieron un centro frente al Parlamento de Varsovia donde las mujeres pueden ir a hacerse abortos con pastillas, ya sea solas o acompañadas por otras mujeres.

La apertura del centro en el Día Internacional de la Mujer frente al Parlamento fue un desafío simbólico a las autoridades en la nación tradicionalmente católica romana, que tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa.

Desde Atenas hasta Madrid, París, Múnich, Zúrich y Belgrado, y en muchas más ciudades del continente, las mujeres marcharon para exigir el fin del trato como ciudadanas de segunda clase en la sociedad, la política, la familia y en el trabajo.

Un soldado de la guardia de honor entrega flores a una mujer durante las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer en San Petersburgo, Rusia, el sábado 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)

En Madrid, los manifestantes sostuvieron grandes dibujos hechos a mano que representaban a Gisele Pélicot, la mujer que fue drogada por su ahora exesposo en Francia durante una década para que pudiera ser violada por docenas de hombres mientras estaba inconsciente. Pélicot se ha convertido en un símbolo para las mujeres de toda Europa en la lucha contra la violencia sexual.

En la capital nigeriana, Lagos, miles de mujeres se reunieron en el Estadio Mobolaji Johnson, bailando, cantando y celebrando su feminidad. Muchas estaban vestidas de púrpura, el color tradicional del movimiento de liberación de las mujeres.

En Rusia, las celebraciones del Día de la Mujer tuvieron un tono más oficial, y los soldados de la guardia de honor presentando tulipanes amarillos a niñas y mujeres durante una celebración en San Petersburgo.

El presidente de Alemania advierte sobre retroceso frente a avances ya logrados

En Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier pidió esfuerzos más fuertes para lograr la igualdad y advirtió sobre las tendencias a retroceder en el progreso ya alcanzado.

“A nivel global, estamos viendo a partidos populistas tratando de crear la impresión de que la igualdad es algo así como una idea fija de las fuerzas progresistas”, señaló. Dio un ejemplo de “grandes empresas tecnológicas que durante mucho tiempo se han enorgullecido de su modernidad y que ahora, a instancias de un nuevo gobierno estadounidense, están estableciendo programas de diversidad y hablando de una nueva ‘energía masculina’ en las empresas y la sociedad”.

New Jersey man sentenced to 40 months in prison for stealing COVID-19 unemployment benefits

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(Foto: Ilustrativa/Pexels)

TRENTON, N.J. – A New Jersey man was sentenced to 40 months in prison for his role in a conspiracy to illegally obtain over $570,000 in COVID-19 unemployment benefits, U.S. Attorney John Giordano announced.

Jose Tavares, 37, of Englewood, New Jersey, was convicted on Oct. 28, 2024, on one count of conspiracy to commit wire fraud after a five-day jury trial before U.S. District Judge Robert Kirsch. Judge Kirsch imposed the sentence in Trenton federal court. Tavares’ conspirators, Yanira Abreu, 43, of Keasbey, New Jersey, and Christopher Valerio, 34, of Perth Amboy, New Jersey, were each sentenced previously by Judge Kirsch in the same scheme.

According to documents filed in this case and statements made in court:

From July 2020 through February 2021, Tavares, Valerio, Abreu and others submitted fraudulent applications for unemployment insurance benefits to the New York Department of Labor (NYDOL) through fictitious online profiles that they created using personally identifiable information, including names, dates of birth, and Social Security numbers of other individuals without their consent. Once the NYDOL processed and approved the fraudulent applications, Tavares and his conspirators obtained debit cards with the illegally obtained funds totaling over $570,000, which they used for personal gain, including vacations, luxury retail purchases, and cosmetic surgery.

In addition to the prison term, Judge Kirsch sentenced Tavares to 3 years of supervised release and ordered Tavares to pay in $570,077 in restitution.

U.S. Attorney Giordano credited special agents of the U.S. Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations, under the direction of Special Agent in Charge Ricky J. Patel in Newark; Special Agents of the U.S. Department of Labor, Office of Inspector General, Northeast Region, under the direction of Special Agent in Charge Jonathan Mellone, and postal inspectors of the U.S. Postal Inspection Service, under the direction of Postal Inspector in Charge Christopher A. Nielsen, Philadelphia Division, with the investigation that led to the sentencing.

The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Matthew Stark and Benjamin D. Bleiberg of the Economic Crimes Unit in Newark.

The District of New Jersey COVID-19 Fraud Enforcement Strike Force is one of five strike forces established throughout the United States by the U.S. Department of Justice to investigate and prosecute COVID-19 fraud. The strike forces focus on large-scale, multi-state pandemic relief fraud perpetrated by criminal organizations and transnational actors. The strike forces are interagency law enforcement efforts, using prosecutor-led and data analyst-driven teams designed to identify and bring to justice those who stole pandemic relief funds.

Anyone with information about allegations of attempted fraud involving COVID-19 can report it by calling the Department of Justice’s National Center for Disaster Fraud Hotline at 866-720-5721 or via the NCDF Web Complaint Form at: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

Sixteen individuals charged for their roles in drug trafficking organization

Migrant
(Foto:. Ilustrativa/Pexels)

NEWARK, N.J. – A federal grand jury in the District of New Jersey returned a 12-count indictment against three New Jersey men yesterday for their alleged roles in a drug trafficking organization that distributed fentanyl, cocaine, and methamphetamine in Newark, U.S. Attorney John Giordano announced.

George Lopez, 50, of Newark, New Jersey, Reinaldo Cruz, 45, of Elizabeth, New Jersey, and Joel Hernandez, 28, of Parlin, New Jersey, are each charged by indictment with one count of conspiracy to distribute methamphetamine, cocaine, and fentanyl.  In addition, George Lopez was charged with one count of possession with intent to distribute methamphetamine and cocaine, two counts of illegal possession of firearms and ammunition by a convicted felon, and one count of possession of firearms in furtherance of a drug trafficking crime.  Reinaldo Cruz was charged with two counts of possession with intent to distribute fentanyl, one count of possession with intent to distribute fentanyl and cocaine, and one count of illegal possession of firearms and ammunition by a convicted felon.  Finally, Joel Hernandez was charged with one count of possession with intent to distribute methamphetamine and cocaine, one count of possession with intent to distribute cocaine, one count of possession of a firearm and ammunition by a convicted felon, and one count of possession of a firearm in furtherance of a drug trafficking crime.

According to the indictment and other documents previously unsealed in the District of New Jersey, Reinaldo Cruz and Joel Hernandez distributed controlled substances on behalf of the drug trafficking organization (“DTO”) in and around Essex and Union Counties, New Jersey, specifically from several drug distribution locations.  George Lopez, in turn, provided advice and connections regarding sources of supply of controlled substances from jail while he and his wife received cash from the DTO.  Lopez and Cruz are associates of the Latin Kings street gang.

During the investigation, law enforcement intercepted wire and electronic communications, used mobile and fixed surveillance, conducted controlled purchases and seizures of narcotics, and analyzed telephone records.  The investigation has revealed that the DTO distributed more than 500 grams of methamphetamine, 5 kilograms of cocaine, and 40 grams of fentanyl.

The methamphetamine and cocaine conspiracy count carries a mandatory minimum penalty of 10 years in prison, maximum potential penalty of life in prison, and a $10 million fine.  The fentanyl conspiracy count and methamphetamine and cocaine possession count against George Lopez each carries a mandatory minimum penalty 5 years in prison, maximum potential penalty of 40 years in prison, and a $5 million fine.  The remaining drug possession counts each carry a maximum potential penalty of 20 years in prison and a $1 million fine.  The illegal possession of firearms and ammunition counts each carry a maximum potential penalty of 15 years in prison and a $250,000 fine.  The possession of firearms in furtherance of a drug trafficking crime counts each carry a mandatory minimum penalty of 5 years in prison, which must run consecutively to any other sentence imposed.  

U.S. Attorney Giordano credited special agents of the Drug Enforcement Administration, under the direction of Special Agent in Charge Cheryl Ortiz in Newark, the Union County Prosecutor’s Office, under the direction of Prosecutor William A. Daniel and Chief Harvey A. Barnwell, and the Elizabeth Police Department, under the direction of Chief Giacomo Sacca, with the investigation leading to the charges.  U.S. Attorney Giordano thanked the Union County Police Department, under the direction of Officer in Charge, Captain John DaSilva, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Newark Field Division, under the direction of Special Agent in Charge L.C. Cheeks Jr., Homeland Security Investigations Newark, under the direction of Special Agent in Charge Ricky J. Patel, the Essex County Sheriff’s Department, under the direction of Sheriff Amir D. Jones, Hudson County Department of Corrections, under the direction of Director Becky Scott, the Cranford Police Department, under the direction of Chief Matthew R. Nazzaro, the Bloomfield Police Department, under the direction of Chief George Ricci, the New Jersey State Police SWAT Team, under the direction of Col. Patrick J. Callahan, the Newark Police Department, under the direction of Public Safety Director Emanuel Miranda, the Hudson County Regional SWAT Team, under the direction of Prosecutor Esther Suarez, and the U.S. Marshals Service, under the direction of Special Agent in Charge Juan Mattos Jr., for their assistance.

The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Eli Jacobs of the Organized Crime and Gangs Unit and John Mezzanotte of the Economic Crimes Unit of the U.S. Attorney’s Office.

The charges and allegations contained in the complaint are merely accusations, 

Office of Public Safety Announces New Grant Fund for Philadelphians Disproportionately Impacted by the Overdose Crisis

Overdose
(Foto: Ilustrativa/Pexels)

The $3.6 million will fund community organizations providing programming, education, and other forms of life-saving work related to overdose prevention

The Office of Public Safety is pleased to announce the establishment of a new grant opportunity dedicated to serving communities in Philadelphia, that are most disproportionately impacted by the overdose crisis, including Kensington and North Philadelphia. With an allocation of $3.6 million, this program places essential funding directly in the hands of trusted community-based organizations engaged in a diverse array of programming, education and other life-saving work to create a safer, cleaner, greener Philadelphia with economic opportunity for all. 

“It is critical that the City of Philadelphia continues funding community groups working tirelessly day and night to restore our city to a state of health and dignity it deserves,” said Chief Public Safety Director Adam Geer. “Their commitment to our city is the backbone of our public safety work and this investment will guarantee our residents continue to have access to their important services.”

The new grant program is part of Mayor Cherelle L. Parker’s vision for addressing the overdose crisis and supporting those communities most impacted by it. To guarantee funding is allocated where it is most impactful, the Office of Public Safety will continue to foster relationships with vetted community organizations making a tangible difference combatting the overdose crisis throughout the city.

“I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic,” said State Senator Christine Tartaglione. “Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”

Mayor Parker’s administration is dedicated to ensuring this funding has a meaningful and lasting impact on Philadelphia and looks forward to collaborating with community leaders and those most impacted by the overdose crisis. Announcements of grantees are forthcoming in 2025. For more information about the program, please contact osp@phila.gov.

Support for the grant fund provided by majors takeholders and partners

  • State Senator Christine Tartaglione: “I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic. Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”
  • State Representative Jose Giral: “I support the Parker administration’s plans to get funding more directly into the hands of community organizations that need it, as they do the essential work of serving neighbors and individuals impacted by the opioid epidemic. It’s a smart, proactive approach to supporting these organizations, and I support it whole heartedly.”
  • Casey O’Donnell, CEO Impact Services: “Mayor Parker and her team are showing up for Kensington. They are taking responsibility for deploying resources to both simplify processes and align solutions to these complex problems. This is the Mayor being accountable to Philadelphians.”

The $3.6 million will fund community organizations providing programming, education, and other forms of life-saving work related to overdose prevention

The Office of Public Safety is pleased to announce the establishment of a new grant opportunity dedicated to serving communities in Philadelphia, that are most disproportionately impacted by the overdose crisis, including Kensington and North Philadelphia. With an allocation of $3.6 million, this program places essential funding directly in the hands of trusted community-based organizations engaged in a diverse array of programming, education and other life-saving work to create a safer, cleaner, greener Philadelphia with economic opportunity for all. 

“It is critical that the City of Philadelphia continues funding community groups working tirelessly day and night to restore our city to a state of health and dignity it deserves,” said Chief Public Safety Director Adam Geer. “Their commitment to our city is the backbone of our public safety work and this investment will guarantee our residents continue to have access to their important services.”

The new grant program is part of Mayor Cherelle L. Parker’s vision for addressing the overdose crisis and supporting those communities most impacted by it. To guarantee funding is allocated where it is most impactful, the Office of Public Safety will continue to foster relationships with vetted community organizations making a tangible difference combatting the overdose crisis throughout the city.

“I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic,” said State Senator Christine Tartaglione. “Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”

Mayor Parker’s administration is dedicated to ensuring this funding has a meaningful and lasting impact on Philadelphia and looks forward to collaborating with community leaders and those most impacted by the overdose crisis. Announcements of grantees are forthcoming in 2025. For more information about the program, please contact osp@phila.gov.

Support for the grant fund provided by majors takeholders and partners

  • State Senator Christine Tartaglione: “I fully support Mayor Cherelle L. Parker’s plan to tackle the opioid crisis with real, meaningful action, including a new and comprehensive grant fund for communities hit hardest by this epidemic. Communities like Kensington have suffered for too long, and this approach prioritizes the resources and accountability needed to bring lasting change. These investments are about saving lives, restoring dignity, and rebuilding neighborhoods.”
  • State Representative Jose Giral: “I support the Parker administration’s plans to get funding more directly into the hands of community organizations that need it, as they do the essential work of serving neighbors and individuals impacted by the opioid epidemic. It’s a smart, proactive approach to supporting these organizations, and I support it whole heartedly.”
  • Casey O’Donnell, CEO Impact Services: “Mayor Parker and her team are showing up for Kensington. They are taking responsibility for deploying resources to both simplify processes and align solutions to these complex problems. This is the Mayor being accountable to Philadelphians.”

Shapiro-Davis Administration Highlights Importance of Proposed 2025-26 State Budget Investment

Shapiro-Davis

The Shapiro-Davis Administration proposed a $9 million investment for the Victims Compensation Assistance Program in the 2025-26 budget to provide critical funding for victims of crime

Since 2023, PCCD has paid more than $29 million for over 16,000 claims to financially support victims of crime with medical costs, counseling, relocation, and more

Lancaster, PA —  The Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency (PCCD)Victim/Witness Services of the Lancaster District Attorney’s Office, and other local victim service providers highlighted the importance of supporting victims and survivors of crime and to encourage support for the Shapiro-Davis Administration’s proposed $9 million investment in the Victims Compensation Assistance Program (VCAP) in the 2025-26 state budget. 

“No crime victim should have to worry about how they’ll afford medical bills. No family should have to struggle with funeral expenses for a loved one lost to violence. And no sexual assault survivor should have to worry about costs of counseling to overcome their trauma,” said Kathy Buckley, Director of PCCD’s Office of Victims’ Services. “That’s why VCAP is so essential— it’s more than just financial assistance; it’s a lifeline. We need to continue raising awareness about the vital impact of this program and the importance of the Shapiro-Davis budget investment in VCAP to ensure it remains available for Pennsylvanians who need it most.”

VCAP serves as a critical financial lifeline for people who have experienced crime victimization. Each year, the program receives an average of 12,000 claims for eligible expenses including medical and counseling expenses, loss of earnings, loss of support, stolen cash, relocation, funeral costs, crime scene cleanup, and more. Over the past five years, PCCD has paid more than 67,000 VCAP claims totaling $67 million in eligible expenses for citizens across all 67 Pennsylvania counties. 

In recent years, VCAP’s expenses have exceeded deposits into the fund, depleting it to a critically low level. Governor Shapiro’s proposed $9 million investment in VCAP for the 2025-26 state budget is pivotal to help stabilize the fund, ensuring continued support for Pennsylvanians when they need it most.

“Every year, Lancaster County Victim Witness Services files VCAP claims for victims of all types of crimes, from harassment to homicide. Regardless of the crime, many victims sustain financial losses which can very quickly impact their lives, leaving them in a state of crisis,” said Deanna Weaver, Director of Victim/Witness Services. “We rely on VCAP as a critical resource to address these financial burdens in hopes that we can prevent housing and food instability, emotional despair, damaged credit, and lifelong effects of trauma.”

Lancaster Victim Witness Services provides information, support, and advocacy to victims of crime and witnesses for trials and submits the largest number of victim compensation claims in Lancaster County. In Lancaster alone, VCAP has paid more than 2,400 compensation claims totaling over $3 million in expenses in the last five years.

Supporting Survivors of Sexual Assault

“The Victims Compensation Assistance Program is crucial for victim-survivors of sexual abuse, harassment, and assault in Lancaster County. Our clients rely on the program to cover the costs of medical care, transportation to our services, and ongoing therapeutic support, among other things,” said Mandy Billman, Director of YWCA Lancaster’s Sexual Assault Prevention and Counseling Center. “Funding services to address the rights and well-being of victim-survivors is critical.”

The YWCA Lancaster’s Sexual Assault Prevention and Counseling Center is the designated rape crisis center in Lancaster County. The center provides no-cost counseling, therapy, medical advocacy, legal advocacy, and access to a 24-hour sexual assault hotline for victim-survivors and non-offending individuals impacted by sexual abuse, harassment, and assault. The center also provides prevention and education initiatives through empowerment groups and other outreach services to Lancaster County schools, churches, community groups, businesses, and organizations. In the last three years, PCCD has paid over 1,000 sexual assault counseling claims, totaling more than $4 million statewide.

Supporting Survivors of Gun Violence

Some expenses incurred by victims of gun violence and covered by VCAP include medical and counseling expenses, loss of earnings, funeral costs, loss of support, relocation, crime scene clean-up, and transportation costs. In the last three years, VCAP has paid over 1,800 claims, where the incident involved gun violence, totaling more than $9.5 million statewide.

Supporting Survivors of Child Sexual Abuse

The Lancaster County Children’s Alliance serves as the Children’s Advocacy Center (CAC) for Lancaster County and provides a coordinated, evidence-based response for children experiencing abuse. For cases of child sexual abuse, CACs often file claims for forensic rape exams to obtain evidence against the perpetrator. VCAP covers the costs of forensic rape exams as well as counseling and medical costs for children who have experienced abuse.

Supporting Survivors of Domestic Violence

Community Action Partnership is the local domestic violence program for Lancaster County providing a 24/7 hotline and text line, emergency shelter, counseling, children’s programming, legal advocacy and representation, and transitional housing. The VCAP program can provide vital support for victims and survivors of domestic violence including covering costs for relocation, medical and counseling expenses, loss of earnings, and more. In the last three years, PCCD has paid over 860 claims, related to domestic violence incidents, totaling more than $2 million statewide.

For more information on VCAP, visit the PCCD website. If you or someone you know was affected by a crime, visit the PA Crime Victims website for information and resources. 

Orden de Trump impediría condonar préstamos estudiantiles a ciertos empleados de ONG

Imagen ilustrativa (Pexes)

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado cambios en el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público que descalificarían a los trabajadores de grupos sin fines de lucro que se considere están involucrados en actividades “impropias”.

Una orden ejecutiva firmada el viernes ordena al Departamento de Educación modificar el programa para negar alivio por préstamos a algunos beneficiarios. Las personas cuyo trabajo esté relacionado con la inmigración ilegal, grupos terroristas extranjeros u otra actividad ilegal estarían excluidas del programa.

El Congreso creó el programa en 2007 para fomentar carreras en el gobierno o en grupos sin fines de lucro. Ofrece cancelar cualquier deuda estudiantil restante después de que los prestatarios realicen pagos durante 10 años mientras trabajan en el sector público. Está abierto a trabajadores del gobierno, maestros, policías, pastores religiosos y algunos empleados de organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

Más de 2 millones de estadounidenses cubren el requisito de empleo y tienen préstamos estudiantiles abiertos, según datos de diciembre del Departamento de Educación.

En su audiencia de confirmación en el Senado, la secretaria de Educación, Linda McMahon, se comprometió a continuar con el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público tal como lo ordenó el Congreso. “Esa es la ley”, dijo en respuesta a preguntas del senador demócrata Tim Kaine.

De acuerdo con las reglas actuales, las organizaciones sin fines de lucro son elegibles si se enfocan en ciertas áreas, incluyendo el derecho de interés público, la salud pública o la educación. La orden de Trump parece estar dirigida a aquellos que trabajan en ciertos campos que chocan con su agenda política, incluida la inmigración.

En el pasado, los defensores del programa han acudido a los tribunales para defender el programa y es muy probable que la acción de Trump enfrente impugnaciones jurídicas. Mientras tanto, recibió una rápida reacción negativa de los activistas.

“Amenazar con castigar a los estadounidenses trabajadores por las opiniones políticas percibidas de sus empleadores es una violación tan flagrante de la Primera Enmienda como se puede imaginar”, comentó Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal de Estudiantes.

Generalmente, el Departamento de Educación tiene que pasar por un largo proceso de elaboración de normas federales para actualizar los requisitos del programa. Cualquier nueva regulación que comience este año no entraría en vigor hasta 2027.

El programa de condonación de préstamos ha sido objeto de una lucha política desde el primer mandato de Trump, cuando los prestatarios comenzaron a alcanzar la meta de 10 años.

La mayoría de la personas que presentaron solicitudes al programa en 2017 fueron rechazadas porque se encontró que se habían inscrito en planes de pago que no cubrían los requisitos o no cumplieron con otros criterios. Una investigación realizada por un grupo de control federal concluyó que el Departamento de Educación no había logrado aclarar los requisitos del programa.

Bajo el mando del expresidente Joe Biden, el Departamento de Educación flexibilizó las reglas del programa a través de un proceso de elaboración de normas federales, ampliando los criterios de elegibilidad a personas que anteriormente no habrían cumplido con los requisitos.

En sus últimas semanas, el gobierno de Biden anunció que había otorgado alivio a más de 1 millón de personas a través del programa, en comparación con los 7.000 que recibieron la cancelación de sus préstamos durante el primer mandato de Trump.

Los cambios implementados por el gobierno de Biden fueron criticados por legisladores republicanos que afirmaron que sólo el Congreso tenía la autoridad para cambiar las reglas del programa.

Biden también presionó por una cancelación más amplia de préstamos estudiantiles, pero fue bloqueado por la Corte Suprema y por varias impugnaciones jurídicas presentadas por estados gobernados por republicanos.

Los republicanos se han opuesto firmemente a la cancelación de préstamos estudiantiles, diciendo que transfiere injustamente el costo a los contribuyentes que ya pagaron sus préstamos o que no asistieron a la universidad.

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La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Las normas de AP para trabajar con filántropos, la lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas se encuentran en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.