HARRISBURG, Pensilvania. Cientos de inmigrantes, líderes religiosos, organizaciones defensoras de los derechos civiles y aliados se congregaron el pasado miércoles 29 de julio frente al Capitolio estatal de Pensilvania para exigir al gobernador Josh Shapiro acciones concretas que fortalezcan la protección de las comunidades inmigrantes, pongan fin a la colaboración del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ordenen el cierre del Centro de Detención para Menores Abraxas.
La manifestación fue convocada por la Pennsylvania Immigration Coalition (PIC), que en un comunicado explicó que la movilización buscó presionar al gobierno estatal para adoptar medidas que fortalezcan la protección de las comunidades inmigrantes y reduzcan la colaboración de Pensilvania con las autoridades federales de inmigración. La protesta reunió a personas de distintas comunidades y organizaciones que denunciaron el impacto de las políticas migratorias y pidieron al gobierno estatal asumir un papel más activo en la defensa de los derechos de los inmigrantes que viven en Pensilvania.
Durante la protesta, los organizadores presentaron tres demandas principales al gobernador Shapiro:
- Emitir una orden de emergencia para cerrar el Centro de Detención Infantil Abraxas.
- Poner fin a la colaboración de Pensilvania con U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
- Reforzar las protecciones para las comunidades inmigrantes en todo el estado.
Los manifestantes señalaron que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad y la dignidad de miles de familias inmigrantes, en un contexto de creciente preocupación por las políticas federales de inmigración y el aumento de las detenciones.
La movilización se realizó poco después de que el gobernador Josh Shapiro anunciará que ICE no seguirá adelante con los planes para convertir dos almacenes ubicados en Upper Bern Township y Tremont en centros de detención para inmigrantes. Para los organizadores, esa decisión demuestra que la presión comunitaria puede influir en las políticas públicas y evitar la expansión de la infraestructura de detención en el estado.
«Hoy nos reunimos personas de distintas religiones y orígenes para alzar nuestras voces por la justicia. Permanecemos unidos porque creemos que cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y merece vivir con dignidad, seguridad y libertad», expresó la hermana Sharon White, de St. Joseph Philadelphia, durante la concentración.
Los organizadores afirmaron que esos principios representan los valores que debe defender la Mancomunidad de Pensilvania y sostuvieron que el gobernador tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, sean tratadas con respeto y tengan acceso a condiciones de vida seguras.
Asimismo, reiteraron que continuarán impulsando campañas de organización comunitaria y movilizaciones para exigir políticas que protejan a las familias inmigrantes y limiten la cooperación entre las autoridades estatales y federales en materia migratoria.
La manifestación concluyó de manera pacífica y formó parte de una serie de acciones promovidas por organizaciones comunitarias y de derechos humanos para presionar a las autoridades estatales a adoptar una postura más firme en defensa de las comunidades inmigrantes en Pensilvania.
