Al inicio de esta década, América Latina se precipitaba hacia la izquierda. Los progresistas, aprovechando la indignación pública por las arraigadas desigualdades agravadas por la pandemia, llegaron al poder en muchas de las principales economías de la región, entre ellas Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Sin embargo, ahora se está gestando una reacción política contraria. Aunque las tasas de homicidios han disminuido en términos generales en toda América Latina en comparación con hace una década, los repuntes registrados en algunos países y el incremento regional de otros delitos, especialmente la extorsión, han creado las condiciones para que populistas conservadores sumen votos con la promesa de tácticas de mano dura contra la delincuencia y la inmigración.

Los discursos electorales que presentan a los migrantes como delincuentes y promueven estrategias de seguridad de mano dura popularizadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han conseguido el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para candidatos conservadores y han movilizado a sus desencantados votantes, pese a la preocupación de que ese tipo de tácticas puedan alentar abusos de derechos humanos o amenazar la democracia.

“Tenemos una derecha emergente que colabora mucho en toda la región y con Estados Unidos a través del movimiento MAGA, que también ha usado la delincuencia como grito de guerra para la movilización política”, explicó Enrique Roig, vicepresidente de la organización sin fines de lucro Human Rights First y exfuncionario del Departamento de Estado estadounidense. “Es más fácil vender la idea de encerrar a la gente que abordar las razones por las que, principalmente, los hombres jóvenes se unen a las pandillas en países como El Salvador”.

Promesas de mano dura influyen en el voto

Aunque la política populista ha arrojado buenos resultados en todo el espectro ideológico, solo la derecha ha ofrecido soluciones de seguridad a corto plazo que harán que los votantes “se sientan más seguros en seis meses”, aunque tengan que “sacrificar la democracia y los derechos humanos”, señaló Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la organización Washington Office on Latin America.

Las propuestas de la izquierda, como programas comunitarios para la prevención de la violencia, la mejora de la formación policial y reformas judiciales y penitenciarias, tardan más en dar frutos, explicó.

“Es absolutamente lo que se debería hacer, pero la paciencia de la gente se agota”, comentó Isacson acerca de las propuestas a largo plazo. “Entonces aparecen los Bukele del mundo diciendo ‘¿Quieres sentirte mejor? Nosotros nos encargamos’”.

En Colombia, donde amplias zonas del campo se han visto sumidas de nuevo en el conflicto, el empresario proTrump Abelardo de la Espriella lidera las encuentras antes del balotaje del domingo, mientras sigue el ejemplo de Bukele.

En Perú, donde la extorsión se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años, Keiko Fujimori se metió en el balotaje presidencial del 7 de junio con una campaña de ley y orden, prometiendo desplegar a militares en las cárceles y las fronteras, mientras se apoya en el legado autoritario de su difunto y desacreditado padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Los costarricenses, consternados por niveles récord de asesinatos vinculados a las drogas, eligieron en febrero a la populista conservadora Laura Fernández por su plataforma de mano dura contra la delincuencia. El empresario hondureño Nasry Asfura arrasó en los comicios de diciembre tras recibir el respaldo de Trump como socio en la lucha contra los “narco-comunistas”.

El crimen organizado se expande y alimenta más violencia

América Latina y el Caribe registraron el año pasado una caída de más del 5% en su tasa promedio combinada de homicidios en comparación con 2024, con una media que rondó los 17,6 por cada 100.000 personas, según InSight Crime, un centro de estudios especializado en el crimen organizado en América.

Pero hay algunas excepciones clave. Los asesinatos relacionados con el narcotráfico han aumentado en Perú y Colombia —los principales productores de cocaína del mundo—, así como en el vecino Ecuador, cuyos grandes puertos son considerados por los traficantes como una puerta de entrada a los mercados europeos.

El año pasado, las autoridades contabilizaron 2.400 homicidios en Perú y 14.780 en Colombia, cifras récord en ambas naciones desde al menos 2020. En Ecuador, los asesinatos aumentaron un notable 31% interanual, hasta los 9.216.

A las pandillas se les atribuye gran parte de la violencia que empezó a dispararse en Ecuador durante la pandemia del COVID-19, cuando cárteles de México, Colombia y los Balcanes ampliaron sus operaciones y contrataron a población local, desatando una lucha letal por las rutas del narcotráfico. Sus disputas territoriales incluyen las cárceles, donde cientos de reclusos han sido asesinados desde 2021.

Las autoridades ecuatorianas también registraron más de 16.100 casos de extorsión el año pasado, frente a los 23.000 de 2024, aunque los expertos dicen que es un delito poco denunciado.

Populistas aprovechan la oportunidad

Hace cuatro años, los votantes chilenos rechazaron al legislador ultraconservador José Antonio Kast en favor del expresidente Gabriel Boric, un joven tatuado que dirigió protestas estudiantiles y que buscaba abordar las desigualdades sociales endémicas de Chile. El año pasado, sin embargo, los temores ante el aumento de la delincuencia, y su frecuente asociación en la prensa con la creciente población de migrantes venezolanos del país, beneficiaron a Kast, devolviéndolo al poder.

A medida que organizaciones criminales venezolanas como la banda Tren de Aragua aprovechaban la ola de migración masiva de su país para infiltrarse en redes de trata de personas tras la pandemia, Chile, que durante mucho tiempo uno de los países más seguros de América Latina, fue testigo de una explosión sin precedentes de robos de autos, secuestros y tiroteos.

La tasa de homicidios aumentó un 30%, hasta un pico de 6,7 por cada 100.000 personas entre 2021 y 2022, según el Ministerio del Interior chileno. Desde entonces ha bajado, pero se ha mantenido por encima de los niveles previos a 2021. Otros delitos violentos siguen en aumento, como los secuestros, que han crecido casi un 180% en los últimos cuatro años.

Inspirándose en Bukele, cuyas megacárceles en El Salvador recorrió durante la campaña, Kast derrotó con holgura a su rival comunista en diciembre con promesas de construir un enorme muro fronterizo, endurecer las condiciones carcelarias para miembros de pandillas y deportar a cientos de miles de migrantes sin permisos legales. A cambio de sus promesas de seguridad, los votantes restaron importancia a su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, así como a su defensa de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.

En Perú, pese al polémico legado del condenado Alberto Fujimori, la candidatura de su hija ha aprovechado el repunte de la violencia cuatro años después de perder los comicios frente al maestro Pedro Castillo.

Con el lema “Perú con orden”, Keiko Fujimori fue la más votada en la primera vuelta de abril. Los resultados del balotaje del 7 de junio todavía la muestran en un empate técnico con el heredero político del encarcelado Castillo, el nacionalista Roberto Sánchez.

Los expertos señalan que el apetito de la ciudadanía por las tácticas duras —históricamente asociadas con las dictaduras de derechas del siglo XX en la región— ha crecido a la par de la disminución de su confianza en las instituciones estatales y de su ambivalencia cada vez mayor respecto de la democracia.

“El razonamiento suele ser: ‘La democracia no ha podido mantenerme a mí y a mi familia a salvo, así que quizá la democracia sea parte del problema’”, sostuvo Eduardo Moncada, director del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Columbia.

Eso plantea un gran desafío para la izquierda latinoamericana, que en muchos países ha gestionado economías estancadas, ha lidiado con escándalos de corrupción y no ha cumplido sus promesas de reformas sociales en los últimos años.

Incluso progresistas como Jeannette Jara en Chile y Sánchez en Perú se han adaptado a la corriente política. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó el modelo de Bukele como un ejemplo digno de un estudio más profundo. El gobierno guatemalteco de centroizquierda declaró este año un estado de emergencia para reprimir la violencia de las pandillas y acogió con satisfacción la ayuda del gobierno de Trump para luchar contra los narcotraficantes.

Las promesas de campaña chocan con la realidad

Las ambiciones conservadoras de los políticos elegidos recientemente, sin embargo, han chocado con las exigencias prácticas de gobernar democracias complejas y con escasez de recursos como Ecuador y Chile. No se parecen en nada al pequeño El Salvador, donde el partido de Bukele tiene una supermayoría legislativa.

Las promesas del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su campaña de 2023 incluían encerrar a líderes de pandillas en barcazas y construir megacárceles. Tras asumir el cargo, abandonó la propuesta de prisiones flotantes, y su gobierno tardó hasta noviembre en abrir la primera megacárcel.

“Construir megacárceles no ha sido tan fácil ni tan directo porque el país está en muy mal estado financiero y porque el presidente Daniel Noboa todavía se ve a sí mismo como un demócrata”, manifestó Beatriz García Nice, analista de políticas del centro de estudios Stimson Center de Washington.

Casi tres meses después del inicio del mandato de Kast, las encuestas indican que una población escéptica no ve diferencias entre su ofensiva de seguridad y la de su predecesor izquierdista. Su gobierno ha organizado solo dos vuelos de deportación después de prometer detener y expulsar de inmediato a los más de 300.000 inmigrantes sin estatus legal en Chile. Un tono distinto, más tímido, se ha colado en sus discursos. El mes pasado, fue criticado por calificar la promesa de deportación masiva como “una metáfora”.

Incluso durante la presentación de nuevas medidas de seguridad en un discurso del 1 de junio —incluyendo la prohibición de que quienes sean condenados por atacar a la policía reciban beneficios sociales— intentó moderar las expectativas desmesuradas de sus seguidores.

“Gobernar, como muchos de ustedes saben, significa asumir la responsabilidad de la realidad, especialmente cuando es difícil”. afirmó. “Estoy avanzando paso a paso porque esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana”.