La legislatura de Colorado considerará en su sesión 2021, que comenzará en febrero, varios proyectos de ley para permitir que ciertos inmigrantes indocumentados accedan a licencias profesionales y puedan registrarse para trabajar legalmente en este estado, indicaron este martes legisladores latinos locales.

En rueda de prensa, el senador estatal Robert Rodríguez y el representante estatal Alex Valdez, ambos demócratas, sostuvieron que junto con salud y vivienda, los temas de inmigración forman parte de las prioridades para la nueva sesión del legislativo de Colorado, que tras las elecciones de noviembre pasado cuenta ahora con 13 hispanos entres sus 100 miembros.

Como resulta obvio, dijo Valdez, la máxima prioridad, compartida por todos los legisladores sin importar su afiliación política, será reducir el efecto que la pandemia de covid-19 tiene en el estado.

Pero entre los legisladores latinos, las gestiones se enfocarán en responder al “impacto desproporcionado” que el coronavirus ha tenido en esa comunidad y otros grupos minoritarios, comentó Valdez.

Y una forma de ayudar a que los hispanos se recuperen económica y socialmente de los problemas generados por la pandemia es permitir que ciertos inmigrantes indocumentados (por ejemplo “personas de buen carácter moral”) accedan a licencias ocupacionales, un proceso que comenzó en 2017 para ciertas profesiones y que podría eventualmente incluir la práctica de la abogacía, como ya sucede en el vecino estado de Utah desde enero de 2020.

En Colorado, según un estudio del Centro Mercatus de la Universidad George Mason, 17, 5 % de los trabajadores activos necesitan licencia para ejercer su profesión, incluyendo 24 ocupaciones con ingresos bajos o moderados (cosmetología, exterminio de plagas), que aun así requieren como mínimo un año de estudios.

El senador Rodríguez consideró que la medida propuesta es necesaria para “proteger los derechos de todos los trabajadores”, de la misma manera en que “por ejemplo, se protege a los trabajadores de los frigoríficos o de los supermercados”.

Otro proyecto de ley buscará expandir las oportunidades para que ciertos inmigrantes sin presencia permanente en el país (como los beneficiarios del programa de acción diferida por arribos infantiles, o DACA) puedan registrarse para trabajos hasta ahora reservados para ciudadanos o residentes permanentes. La lista de esos trabajos aún no se proporcionó.

Y otra iniciativa permitirá, de ser aprobada, que el actual programa que la Ciudad de Denver ofrece desde 2017 de asesoría legal gratuita para ciertos indocumentados que deben presentarse en corte sea expandido a todo el estado, sin usar fondos públicos para pagar por los servicios de abogados, pero usando fondos públicos limitados para los gastos operativos de las organizaciones no lucrativas que coordinan esa ayuda.

Por eso, advirtió el representante Valdez, este proyecto depende de que el presupuesto estatal cuente con los fondos que la iniciativa requiere.

Los legisladores demócratas gestionarán además la expansión del alcance de dos leyes aprobadas en 2020, una que protege a los inmigrantes (sin importar su situación legal) al alquilar viviendas, y otra que facilita el acceso de inmigrantes a ciertos cuidados médicos.

“Uno no puede cuidar su salud si no tiene un buen lugar donde vivir y no puede pagar cuidados de salud si no tiene lo suficiente ni para pagar la renta”, puntualizó Valdez.

La legislatura de Colorado se reunirá brevemente el 13 de enero para determinar en ese momento cuándo comenzarán sus sesiones regulares, pero se anticipa que no habrá sesiones antes de mediados de febrero y que las sesiones podrían iniciarse incluso después, dependiendo de la pandemia.

En Colorado, según la Oficina del Censo, 10 % de los 5,7 millones de habitantes nacieron en el extranjero. Y según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), en el estado residen unos 150.000 indocumentados.