El fin de la emergencia pública por COVID-19 significa que a partir del 11 de mayo, servicios relacionados a la prevención y tratamiento de la infección podrán limitarse, especialmente para los latinos indocumentados o de bajos recursos.
El fin oficial de la Emergencia de Salud Pública por COVID-19 en Estados Unidos, el 11 de mayo, traerá cambios en la cobertura de salud para millones de personas que viven y trabajan en el país, sobre todo indocumentados y migrantes que verán afectados los beneficios disponibles en los últimos tres años.
“Cuando llegué a la frontera estaba embarazada y no lo sabía. Luego me hicieron pruebas de COVID y salí positiva. Allí mismo me aislaron y me dieron tratamiento con una medicina», contó a la Voz de América, Yoselín Almaguer, una cubana que entró a EEUU desde México, por la localidad de Eagle Pass, en Texas, en diciembre de 2022.
Junto a su esposo, Almaguer recibió asistencia médica para tratar el virus en uno de los centros de salud comunitarios que atienden a personas sin seguro médico y a migrantes. «Por suerte el refugio donde estaba me llevó a una clínica y no tuve que pagar, porque no tenía dinero en ese momento”, recordó.
Elier Martínez, otro cubano llegado a la Florida hace poco menos de dos años, no ha podido regularizar su situación migratoria y sólo tiene un formulario I-220A y un proceso de asilo pendiente. Mientras, vive sin seguro médico, y cuando contrajo el virus se dirigió a la clínica comunitaria de la Pequeña Habana, en Miami, para recibir tratamiento.
«Tuve que ir al médico porque me las vi negras. Luego, me puse las vacunas, todo gratis, y aunque me volvió a dar (el COVID-19), no fue tan fuerte como la primera vez», aseguró.
Bajo las disposiciones de la Emergencia de Sanidad Pública, el gobierno federal adquirió pruebas de diagnóstico para COVID-19 y tratamientos contra la enfermedad, con los que abasteció a clínicas y departamentos de salud locales, facilitando el acceso a estos servicios a personas de bajos recursos y migrantes indocumentados.
Ahora, tras el fin de la política sanitaria, la situación podría ser muy diferente para cientos de miles de latinos en EE. UU.
Los inmigrantes y comunidades desfavorecidas «verán el mayor impacto en el costo de las vacunas, las pruebas y el tratamiento, el cual varía según el estado y el tipo de seguro», advirtió la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes (MCN en inglés).
La MCN asiste a quienes lo necesiten a encontrar una clínica en la comunidad de destino, agenda las citas, transfiere historiales médicos y en general apoya toda la operación, sin costo para el migrante.
«Durante la pandemia, gracias a los múltiples esfuerzos federales y estatales que se llevaron a cabo, las comunidades desfavorecidas, como la comunidad de inmigrantes, pudieron tener un mayor acceso a los servicios de salud. Con el fin de estas declaraciones de emergencia, el progreso que se consiguió con arduo trabajo puede verse ampliamente afectado y retroceder», destacó la red.
Acceso a vacunas y tratamientos
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés), aseguró que a partir del 11 de mayo ocurrirá una transición a la cobertura de atención médica tradicional y “muchos seguirán sin pagar nada de su bolsillo por la vacuna contra el COVID-19″.
En su última compra, el gobierno adquirió 105 millones de dosis de las que aún tiene en inventario. Proveedores de salud que tengan estos materiales tienen prohibido cobrar o negar servicio a los pacientes, sin importar si estos tienen seguro médico o no.
Una vez se acabe el inventario del gobierno de dosis compradas, se espera que Pfizer y Moderna, las principales farmacéuticas desarrolladoras de la vacuna, comiencen a vender sus productos en el mercado privado como cualquier otro tratamiento. Esto no implicaría un costo para el bolsillo de quienes tienen acceso a seguros médicos, obligados a cubrir servicios preventivos como la vacunación.
El precio de la vacuna de Pfizer en el mercado privado aumentaría a unos 110 dólares por dosis, confirmó la farmacéutica a la VOA. Esto representa un incremento significativo de los 30.48 dólares que la administración de Joe Biden pagó por millones de inyecciones.
“Pacientes asegurados no tendrán que cubrir este costo pues estará incluido en sus beneficios de vacunación regular según su plan médico”, dijo el portavoz de Pfizer.
Para las personas sin seguro médico, según la Fundación de la Familia Kaiser, “los costos pueden convertirse en una barrera”, por lo que tendrán que pagar el precio completo de la vacuna o buscar vacunación de bajo costo en clínicas comunitarias. “Si no pueden encontrar una opción gratuita o de bajo costo, algunos pacientes sin seguro pueden verse obligados a saltarse las vacunas o las pruebas”, advierte la Fundación.
En el caso de los menores de edad, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por siglas en inglés), mantienen en efecto el programa Vacunas para Niños, que provee acceso a los menores a inmunización en unos 44.000 proveedores de salud en todo el país.
En cuanto al tratamiento antiviral PAXLOVID, utilizado para combatir el COVID-19, el gobierno estadounidense continuará supervisando su distribución de manera gratuita mientras duren las dosis adquiridas con fondos públicos.
Una vez termine ese suministro, se desconoce cómo será comercializado el medicamento, sin embargo, Pfizer aseguró que “ trabajaremos para garantizar que se implementen los programas de apoyo al paciente apropiados para facilitar el acceso rápido a los pacientes elegibles”.
Según HHS, los programas de Medicaid, el programa de salud subsidiado por el gobierno, continuarán cubriendo los tratamientos de COVID-19 sin costo compartido hasta el 30 de septiembre de 2024. Después de eso, la cobertura y el costo compartido pueden variar según el estado.
¿Quién pagará por las pruebas de COVID-19?
La cobertura de las pruebas será uno de los cambios más significativos. A partir del 11 de mayo, terminará la obligación de las compañías privadas de seguros de cubrir el costo de las pruebas de COVID-19, tanto de laboratorio como de venta libre. Dependerá de cada aseguradora decidir si continuará incluyendo este beneficio en sus planes.
Los programas estatales de Medicaid, por otro lado, sí deberán continuar la cobertura sin costo de las pruebas diagnóstico.
Personas sin acceso a seguro médico podrán seguir encontrando pruebas caseras en clínicas gratuitas, centros de salud comunitarios y otras organizaciones según el estado. El gobierno estadounidense continuará distribuyendo pruebas gratuitas a través del Servicio Postal y otros socios comunitarios mientras dure el inventario.
«El gobierno federal está estableciendo un programa llamado Bridge Access que ayudará a las personas que no tienen seguro a tener acceso al tratamiento, pero aún no se ha implementado, por lo que no sabemos cómo se verá», indicó a la VOA el doctor y profesor de salud pública en George Washington University, Jeffrey Levi.
Pese a que el gobierno asegura que el fin de la emergencia no implicará cambios “significativos” en el futuro inmediato, expertos como la doctora Eileen Crimmins, catedrática de gerontología de la Universidad del Sur de California, explicó que “las cosas definitivamente serán más difíciles después del 11 de mayo” debido a los requisitos bajo los que se podrá a acceder a los servicios.
“Todos deberían estar al día con las vacunas antes de esa fecha. Un gran número de no vacunados en una comunidad pondrá en riesgo a los inmunocomprometidos”, agregó Crimmins en diálogo con la VOA.
Aumento de la desigualdad
«Las desigualdades que se han visto debido al COVID-19 se harán aún más grandes», subrayó la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes.
Aquellos que tengan «un buen seguro médico, un lugar de trabajo flexible y una buena relación con sus proveedores de salud seguirán vacunándose, haciéndose las pruebas y teniendo acceso a tratamientos como PAXLOVID».
Mientras, quienes «viven en la pobreza, sin seguro médico, con un trabajo inestable y con miedo o desconfianza en la comunidad médica, tendrán poco o ningún acceso a los servicios de salud, lo que aumentará su riesgo de contraer la enfermedad y morir por COVID-19», advirtió la organización.
La Red de médicos insistió en que el acceso a las vacunas «pasará a estar determinado por los ingresos y la capacidad de acceso», mientras que aunque se espera que sigan disponibles para los niños a través del Programa de Vacunas para Niños (Vaccines for Children en inglés), es posible que haya que pagar tasas administrativas.
«En el futuro, el acceso a todas las vacunas esenciales puede mejorar. La Administración de Biden ha anunciado su intención de presupuestar un programa de Vacunas para Adultos (Vaccine for Adults en inglés). Por ahora, sin embargo, el acceso a las vacunas sigue siendo incierto», matizó la MCN.
La organización subrayó que las comunidades desfavorecidas son las «que tienen más probabilidades de sufrir las consecuencias directas del fin de la declaración de emergencia», debido a que los centros de salud y grupos de alcance comunitario «tendrán que redoblar sus esfuerzos para llegar a las comunidades de difícil acceso y proveer de un mayor financiamiento para cubrir los costos de prevención y tratamiento contra COVID-19».
Un problema de todos
La reducción del acceso a tratamientos y vacunas asequibles a los bolsillos de personas de bajos recursos e indocumentados, podría llevar a consecuencias más graves, advierten los especialistas.
Para el doctor Levi, «el desafío, bajo cualquier circunstancia, de tener personas sin seguro y que no pueden acceder a atención gratuita, es que es menos probable que busquen tratamiento. Pueden terminar estando mucho más enfermos, pero lo que es más importante, si se trata de una enfermedad infecciosa, como el COVID-19 pueden infectar a otras personas» .
«Es un problema para toda la comunidad cuando hay personas que no pueden acceder ni a una vacuna, ni a una prueba para definir que pueden infectar a otros y, por lo tanto, deben quedarse en casa o recibir un tratamiento que podría acortar el curso y la propagación del virus», dijo.
Ante el inminente fin del beneficio, el profesor de la George Washington University advirtió que las personas deberían acercarse a sus proveedores de salud antes que sea tarde.
«Dondequiera que haya estado obteniendo las pruebas de COVID-19, pruebas caseras, debería abastecerse de ellas porque tienen una larga vida. Lo otro que haría es que si no ha recibido el refuerzo (de la vacuna) y es elegible, debería obtenerlo. Se ha demostrado que es muy eficaz», aconsejó el doctor Levi.
