Un hombre hispano no identificado realiza un saludo militar frente al mural con la imagen de Vanessa Guillén, ubicado en un vecindario del sur de Houston, Texas (Estados Unidos). EFE/Alicia L. Pérez/Archivo

Ocho meses después del asesinato de la soldado Vanessa Guillén, el Ejército de Estados Unidos anunció el martes el relevo o suspensión de 14 oficiales, dos de ellos generales, y la aplicación de nuevos protocolos para la investigación del abuso sexual y la desaparición de militares en sus filas.

Guillén, de 20 años y que revistaba en Fort Hood (Texas), fue vista con vida por última vez el 22 de abril y los restos de su cuerpo mutilado fueron hallados cerca del Río León el 30 de junio, semanas después que su familia denunció la desaparición de la joven, que les había comentado que era víctima de acoso sexual en la base.

El secretario del Ejército, Ryand McCarthy, dijo en una conferencia que la investigación identificó «graves fallas en los mecanismos para atender las denuncias de acoso y abuso sexual, y un clima que tolera esos abusos».

«Estoy profundamente decepcionado porque los mandos no han tratado a los soldados con el debido respeto», añadió el funcionario, quien afirmó que a partir de mayo se aplicarán en el Ejército nuevas normas para el manejo de los casos de acoso y abuso sexual, y para la localización expedita de los soldados ausentes.

Entre los oficiales sancionados por el ejército se cuenta el general Scott Effland, quien estaba al mando de la base de Fort Hood cuando Guillén desapareció, y el general Jeffrey Broadwater, comandante de la Primera División de Caballería en Fort Hood.

Aaron Robinson, de 20 años, principal sospechoso en la muerte de Vanessa se suicidó el 1 de julio cuando la policía iba a detenerlo. Cecily Aguilar, de 22 años, la novia de Robinson fue acusada de ayudar al sospechoso en la disposición de los restos de Guillén.

McCarthy había ordenado a mediados de julio la formación de una comisión investigadora encabezada por cinco civiles que por meses hicieron entrevistas y revisaron documentación en Fort Hood.

La comisión independiente de investigación realizó 647 entrevistas de las cuales 503 fueron a mujeres. Según el reporte, hay 217 acosos sexuales no reportados, y de los 93 abusos sexuales, solo 59 fueron reportados y con pocos resultados, pues el silencio es resultado de la impunidad.

Este año al menos 31 soldados en esa base han muerto en circunstancias violentas o en accidentes.

La muerte de Guillén y lo que su familia ha denunciado como negligencia en la investigación castrense llamaron la atención pública acerca de la persistencia del acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas y en los medios sociales se publicaron numerosas denuncias de ese abuso.

Los cinco miembros del comité independiente que investigó el asesinato de la soldado Vanessa Rodríguez en Fort Hood, Texas, presentaron el miércoles 70 recomendaciones para cambiar la cultura castrense, en su testimonio ante el Subcomité de Personal Militar de la Cámara de Representantes.

Los investigadores describieron un «clima deficiente en Fort Hood, incluida la aplicación inefectiva del programa de prevención y respuesta a los asaltos y acosos sexuales».

El informe de los investigadores «es una acusación grave contra Fort Hood y sus mandos», declaró en la apertura de la audiencia la representante Jackie Speier, demócrata de California y presidenta del subcomité.

Fort Hood es la mayor base militar de EE.UU. en el mundo al albergar más de 45.000 soldados en un predio de 87.000 hectáreas al sur de Austin, Texas.

Queta Rodríguez, miembro del grupo civil que investigó el caso, indicó que había hecho 647 entrevistas individuales, 503 de ellas con mujeres, y recibió 93 informes creíbles de asalto sexual, de los cuales solo 59 fueron denunciados. Además, señaló que los investigadores recibieron 217 informes creíbles de acoso sexual.

El presidente del comité investigador, Chris Swecker, dijo a los legisladores que los miembros de la División de Investigaciones Criminales (CID) dentro de Fort Hood carecían de experiencia, y solo tres o cuatro de ellos tenían más de tres años en esa labor.

En la audiencia se mencionó como ejemplo el caso del sargento Elder Fernandes, quien desapareció de Fort Hood el 17 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado colgado de un árbol el 25 de agosto en Temple, Texas.

Fernandes era parte de una investigación de abuso sexual después que, según CID, había denunciado que alguien le había agarrado el trasero. CID concluyó que la denuncia no tenía sustento pero en la audiencia de hoy salió a luz que el caso se cerró solo sobre la base de un examen con polígrafo al acusado. Los miembros del comité coinciden en que jamás debe usarse una prueba de detección de mentiras como razón única para desechar un caso.

La muerte de Guillén y lo que su familia ha denunciado como negligencia en la investigación castrense llamaron la atención pública acerca de la persistencia del acoso sexual en las Fuerzas Armadas, y en los medios sociales se publicaron numerosas denuncias de abusos.

El informe de los investigadores determinó que los oficiales de Fort Hood no manejaron de manera apropiada el acoso y el abuso sexuales en la base. «Ningún general comandante o comandantes de rangos subordinados eligió intervenir de manera activa y mitigar los riesgos conocidos de crimen, asalto sexual y acoso sexual», sostuvo el informe.

Según McCarthy, Fort Hood tiene algunas de las tasas más altas de homicidio, acoso y abuso sexual en el Ejército, y un informe del Departamento de Defensa en 2018 indicó que los asaltos sexuales en las Fuerzas Armadas se habían incrementado en los dos años previos.

«Las deficiencias se extienden asimismo a los casos de soldados desaparecidos, un escenario en el cual nadie reconoce las omisiones en los procedimientos de revista, y los oficiales no comisionados no están dispuestos o carecen de la capacidad para llevar la cuenta de sus subordinados», indicó el informe.

La representante Sylvia García, demócrata de Texas y copatrocinadora de un proyecto de ley para proteger al personal militar, emitió un comunicado en el que aseveró que el informe «es solo un primer paso para asegurar que lo que le ocurrió a Vanessa Guillén no le ocurra nunca a otro soldado”.

Señaló que el informe “no determinó quién en la estructura de comando fue negligente en el caso de Vanessa”, y que la investigación “no aborda la necesidad de tener una vía independiente y confidencial para reportar la violencia sexual” en las Fuerzas Armadas.

En tanto, durante una rueda de prensa en Houston, Texas, Mayra Guillén, hermana de Vanessa, aseguró el martes que los familiares están “satisfechos” con el reporte de la investigación del Ejército, pero que seguirán pidiendo que se lleve ante la justicia a los responsables de la muerte de la joven.

“Para mí esto es un paso; faltan varios. Quiero que se descubra qué fue lo que realmente pasó con mi hija. Fue un ser humano inocente. Fort Hood es lo peor”, dijo a su vez Gloria Guillén, madre de la soldado, quien asegura que a pesar de las sanciones ella lo que pide es que los responsables sean encarcelados.

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