Rebecca Castro al llegar a un acuerdo sobre la demanda contra la Policía Estatal de Pensilvania. (Foto: Cortesía /ACLUPA)

En mayo del 2018, Rebecca Castro, su esposo y un joven trabajador de origen hondureño, se disponían a ir a trabajar en su camioneta, circulando en el condado de York en Pensilvania, donde aquella mañana había mucho tránsito vehicular. De pronto, al llegar a una intersección, un policía estatal los interceptó sin razón aparente y los dirigió hasta un camino anexo, ahí comenzó a cuestionarlos acerca de su estatus migratorio. Ella, de origen mexicano, mostró su licencia y demostró su ciudadanía, pero la ignoró e interrogó al resto de los pasajeros.

Rebecca le aclaró al policía que eso no era correcto porque ella era quien iba conduciendo, y todo asunto relacionado con una falta de tránsito debía resolverlo con ella; sin embargo, el policía le dijo que por ser un vehículo comercial tenía el derecho de inspeccionarlo, y continuó el interrogatorio; desafortunadamente, sus acompañantes no tenían como comprobar su estatus migratorio, y en un acto fuera de sus funciones y de discriminación,  ya que no había ningún motivo de tránsito real para haberlos detenido, el policía llamó al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y los comunicó con los acompañantes de Rebecca. Después de casi tres horas ICE llegó y se llevaron a su esposo y a su trabajador, y a ella la dejaron sola sin su vehículo a la orilla de la autopista.

Afortunadamente, sus empleadores fueron por ella y la ayudaron a sacar su camioneta del corralón. Su esposo fue liberado después de 15 días de detención, pero el joven fue deportado.

BUSCANDO JUSTICIA

Con la ayuda de Vanessa Stine, abogada de derechos de inmigrantes de ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) de Pensilvania, Rebecca se enteró que tal acto había sido un delito, y se unió a otras nueve personas en la misma situación. La abogada comenzó una investigación pues tenía el antecedente de que la policía estatal estaba haciendo detenciones injustificadas para perfilar a inmigrantes, Vanessa, entrevistó a más personas con este tipo de experiencias, pero solo se interpuso la demanda contra la Policía Estatal de Pensilvania en la corte federal en 2019, con 10 casos.

En palabras de la abogada, en Pensilvania la policía estatal o local no tiene permiso para forzar las leyes de inmigración, ya que no es un delito estar en este país sin estatus migratorio; por tanto, si la policía hace paradas con motivos migratorios, está actuando fuera de la ley, y entonces está incurriendo en un delito. Lo mismo ocurre con paradas por motivos raciales.

Actos ilegales de la policía, como este, también han ocurrido en la ciudad de Filadelfia, donde hoy todavía ACLU lucha por un caso que lleva más de 10 años.

Es importante evitar sentirse impotente ante el poder de la policía

Witold Walczak y Vanessa Stine de la ACLU de Pensilvania y Jonathan Feinberg de Kairys, Rudovsky, Messing, Feinberg & Lin LLP; Mark Taticchi, Emmanuel Brown, Elizabeth Casey, Charles Lange, y Amanda Pasquini de Faegre Drinker; y Seth Kreimer de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania, representantes de los demandantes en el caso de Rebecca Castro. (Foto: Cortesía/ACLUPA)

¿FINAL FELIZ?

Rebecca y las otras personas “ganaron” la demanda en 2022, aunque el policía no aceptó la culpabilidad, si llegaron a un acuerdo, que pudiera interpretarse como una aceptación implícita pero no explícita, pero lo importante es que también se logró cambios en las pólizas de la policía estatal.

“La gente debe saber que tiene derechos, con o sin licencia, y que, ante una parada de tránsito, si no les indican el motivo de la detención no deben mostrar su identificación, y si se les interroga acerca de su estatus migratorio, decir que no van a responder esas preguntas porque esa información no le compete”, dijo Vanessa, y adicionó que, además, los policías deben saber que cometer este tipo de paradas o detenciones no es legal.

Esta experiencia afectó mucho a Rebecca, al igual que a su esposo, a tal grado que ya no querían salir. Tenían miedo. A pesar de tener la ciudadanía, cuando ella conducía y veía que una patrulla se le acercaba empezaba a temblar. “Los oficiales no saben el daño que le hacen a las personas. No todos los inmigrantes vienen a causar problemas. Vienen para trabajar y tratar de sacar a su familia adelante”. Es por eso que en la conversación que puede ver completa en nuestra página web www.impactomedia.com, se mencionó la importancia de defender los derechos de los inmigrantes, con iniciativas como la del El Paro para el 1 de Mayo, Reciben a Biden con consignas y pancartas | Impacto (impactomedia.com) y la de las licencias para todos, que apoya ACLU.

ACLU

Es una organización sin fines de lucro y progresista de los Estados Unidos. Sus oficinas centrales se encuentran en Nueva York y su misión principal es defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona en este país por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.

La ACLU proporciona asesoría legal en los casos en los cuales considera que las libertades civiles podrían estar en riesgo. Participa en litigios, en la elaboración de legislación y educando a la comunidad. Además, generalmente interviene en los procesos como amicus curiae (“amigos de la corte” con presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio), y en actividades de lobby (“grupo de cabildeo”, que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad) y activismo político.

ACLU es una de las organizaciones que lucha por la obtención de licencias para los inmigrantes.

Para más información visite aclu.org

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