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Todas Juntas: impulso para bienestar y emprendimiento de latinas en Filadelfia

“Todas Juntas” reunió a un grupo de destacadas panelistas para el evento. (Foto: Impacto staff)

En el marco del Mes de la Mujer, líderes comunitarias y organizaciones del área metropolitana de Filadelfia se unieron para realizar “Todas Juntas: Taller sobre finanzas, salud mental y comunidad”. El evento, celebrado el 24 de marzo en la Widener University, reunió a emprendedoras, empresarias y mujeres con ideas de negocios interesadas en fortalecer su independencia económica y bienestar integral.

Organizado por la Widener University, el Centro Integral de la Mujer Madre Tierra, Greenline Access Capital, Mujeres que Inspiran, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) y Esperanza Housing & Economic Development (EHED), este espacio buscaba ofrecer herramientas prácticas, acceso a recursos y conexiones clave para la comunidad latina.

Liliana Montero Salazar, consultora de negocios bilingüe del Centro de Excelencia para Hispanos de Widener University. (Foto: Impacto staff)

Liliana Montero Salazar, consultora de negocios bilingüe del Centro de Excelencia para Hispanos de la Widener University, destacó el propósito del evento: “Hicimos una planificación con mucho amor para traer a las mejores panelistas y hablar de salud mental, emprendimiento e independencia financiera”. Además, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas: “Estos eventos les dan herramientas a las mujeres para entender los sistemas, las regulaciones y los recursos disponibles, y así poder traspasar las barreras del idioma y del desconocimiento”.

Las organizadoras hicieron un llamado a la comunidad a informarse y aprovechar los recursos disponibles. “Infórmense: hay recursos en español que pueden facilitar el camino del emprendimiento”, expresó Montero.

Un espacio de apoyo, conexión y crecimiento

Mayorie Paredes, CEO de Mujeres que Inspiran. (Foto: Impacto staff)

El encuentro no solo brindó información, sino que también fomentó el networking entre mujeres con metas similares. Mayorie Paredes, CEO de Mujeres que Inspiran, resaltó el valor de estas conexiones: “Las mujeres conocen a otras con la misma visión, comparten inquietudes, aprenden una de la otra y crean amistades que con el tiempo se vuelven familia”.

Tomasina Sosa, del Instituto de Dominicanos en el Exterior. (Foto: Impacto staff)

Por su parte, Tomasina Sosa, del INDEX, enfatizó el impacto en la diáspora dominicana y latina: “Estamos trabajando con la salud mental y la calidad de vida de nuestra comunidad. Es muy importante que la gente sepa dónde encontrar recursos y apoyo en estos momentos”, aseguró.

Arianne Bracho participó en representación de Madre Tierra. (Foto: Impacto staff)

El evento también contó con la participación de organizaciones que trabajan desde distintos frentes. Arianne Bracho, del Centro Integral Madre Tierra, explicó: “Somos varias organizaciones articuladas para llevarle a la comunidad acceso a recursos, desarrollo de liderazgo y bienestar. Muchas veces las mujeres se quedan en segundo plano y necesitamos que también cuiden su salud mientras emprenden”.

Mónica Parrilla, gerente del Corredor Comercial para EHED. (Foto: Impacto staff)

Mónica Parrilla, gerente del Corredor Comercial para EHED y también propietaria de negocio, destacó la importancia de crear espacios de balance y apoyo para las mujeres emprendedoras: “Hoy estoy representando al Departamento de Desarrollo Económico de Esperanza porque creo que muchas mujeres dueñas de negocios necesitan tomar ese espacio de pausa en la vida. Somos empresarias, somos madres y es importante encontrar un balance entre el tiempo y la salud para poder dedicarnos a nosotras mismas y también a crecer como emprendedoras”.

Continuó afirmando que “este tipo de evento es importante para nuestra comunidad porque no somos las únicas. A veces pensamos: ‘Ay Dios mío, estoy sola, balanceando tantas cosas en mi vida’, pero no estamos solas. Tenemos una red de apoyo, tenemos networking, y cada persona tiene conexiones que pueden ayudarnos a relacionarnos y a recordar que no estamos solas”.

“A quienes quieran conocer más sobre este tipo de evento y también sobre Esperanza, les digo: conéctense con Esperanza. Nosotros trabajamos trayendo fondos del Gobierno de Filadelfia para emprendedoras y emprendedores y, también, conectando a la comunidad con organizaciones sin fines de lucro. En este evento, todos los patrocinadores estamos aquí, unos para otros”, concluyó.

“Todas Juntas: Taller sobre finanzas, salud mental y comunidad”, evento celebrado en la Widener University. (Foto: Impacto staff)
 

Información accesible para la comunidad

“Todas Juntas” integró paneles, mesas de recursos, networking guiado y una conferencia magistral de Varsovia Fernández, CEO de Pennsylvania CDFI Network, quien abordó el acceso al capital y el crecimiento de negocios liderados por minorías.

Las organizaciones participantes extendieron una invitación a la comunidad y, en especial, a las mujeres, a seguir sus redes sociales y mantenerse conectadas con las futuras iniciativas que continuarán fortaleciendo a las mujeres latinas en la región.

Colorado propone «Ley Tamal» para que cocineros caseros puedan vender alimentos

(Foto: EFE/Javier Etxezarreta/Archivo)

Una propuesta legislativa en Colorado conocida como la «Ley Tamal» busca beneficiar a cocineros caseros al permitirles vender alimentos perecederos elaborados en sus propias cocinas, algo que actualmente está prohibido en el estado

La «Ley Tamal, propuesta por congresistas de ambos partidos, se encuentra siendo debatida esta semana en el capitolio de Colorado con el objetivo de apoyar a emprendedores y a inmigrantes que usan sus habilidades culinarias para generar ingresos, pero que enfrentan multas bajo la legislación vigente.

La legisladora demócrata Mónica Durán, dijo a medios locales que la iniciativa, que ella encabeza, busca eliminar «regulaciones irrelevantes que dificultan que los cocineros vendan sus productos y generar mejores oportunidades de conseguir un salario digno».

Actualmente, la normativa de Colorado solo permite la venta de «alimentos caseros» no perecederos —como panes, miel y especias— producidos en cocinas domésticas no inspeccionadas.

La falta de permiso para vender tamales, jugos frescos, pasteles con crema o platos similares ha dejado a muchos cocineros como advirtieron comerciantes y cocinero que buscan expandir negocios independientes y que fueron entrevistados por el Washington Post.

El proyecto establece una serie de requisitos para garantizar la seguridad alimentaria: los alimentos deben estar preenvasados, no tocarse con las manos desnudas, los vendedores deben completar cursos de seguridad alimentaria, existir un límite de cinco productos diferentes por vendedor y una facturación anual máxima de 150.000 dólares.

Además, las autoridades sanitarias locales podrán recuperar los costos de las investigaciones en caso de incumplimiento.

Legisladores de ambos partidos han respaldado la medida, resaltando su potencial para abrir oportunidades y reducir barreras regulatorias.

La iniciativa fue aprobada en comités de la Cámara de Representantes de Colorado y ahora se encuentra pendiente de debate y votación en el pleno de la legislatura estatal.

Colorado cuenta con casi un inmigrante por cada diez habitantes, muchos de ellos trabajando en servicios de comida y emprendimientos caseros, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos publicados en 2024.

AP Explica: lo que se sabe sobre el accidente del avión militar que dejó 69 muertos en Colombia

Alfridis Julio, padre del soldado Kaleth Julio, quien falleció en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, se seca las lágrimas mientras habla con la prensa a las afueras del Instituto de Medicina Forense que devolverá los restos a las familias en Bogotá, Colombia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto: AP/Fernando Vergara)

Colombia está de luto por el accidente de un avión militar que cobró la vida de 69 miembros de la fuerza pública y dejó 57 heridos, mientras las autoridades investigan sus causas y analizan datos de la aeronave, la tripulación y las condiciones del lugar del siniestro.

En tanto, Medicina Legal trabaja en la identificación de los fallecidos que fueron trasladados desde el suroeste del país, donde ocurrió el accidente, hasta Bogotá. Al menos 12 cuerpos fueron identificados, según el último balance del miércoles.

En las afueras del instituto forense, Alfridis Julio esperaba el miércoles los restos de su hijo, el soldado Kaleth Julio Severiche, quien está en la lista de fallecidos. Tenía 19 años y el día del accidente iba a reunirse con su familia al salir de descanso.

“Tengo la cabeza grande, no sé qué hacer sino esperar”, dijo a The Associated Press.

En la noche, cerca de 100 ciudadanos y militares se reunieron en una vigilia en el Monumento a los Héroes Caídos, ubicado en centro-occidente de Bogotá, para rendir homenaje a los fallecidos, cuyos nombres se proyectaron en una pantalla gigante. Todos los presentes sostenían una vela mientras se escuchaba la marcha fúnebre y el sacerdote oraba.

“Es un sentimiento de pesar por nuestras fuerzas militares, pero también de agradecimiento por los soldados que quedaron con vida. Son sentimientos encontrados”, aseguró Édgar Barragán, familiar de un militar en servicio que no estuvo en el accidente. “Como familia (de un militar) siempre sentimos mucho cualquier tragedia a un soldado de Colombia”, agregó.

Esto es lo que se sabe y lo que falta por resolver del accidente.

Los familiares de un soldado que murió en un avión de carga que se estrelló poco después de despegar en Puerto Leguízamo se encuentran frente al Instituto de Medicina Forense que devolverá sus restos en Bogotá, Colombia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto: AP/Fernando Vergara)

Cómo ocurrió el accidente

El Hércules C-130 de matrícula FAC 1016 despegó el lunes desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, a las 9.40 de la mañana hora local y un minuto después se accidentó a 1,8 kilómetros de la pista del aeropuerto, según la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

La comunidad de la zona fue la primera en acudir, incluso en grabar imágenes que mostraban una nube negra de humo y llamas. Algunos civiles ayudaron a rescatar heridos y los llevaron a centros médicos en motocicletas.

El general Carlos Silva, comandante de la FAC, explicó la víspera en un consejo de ministros televisado que el avión se incineró e indicó que había una mezcla de combustible, fluidos hidráulicos y extintores.

Quiénes viajaban en el avión

El avión, que recogió a las tropas del ejército para transportarlas, se dirigía a Puerto Asís, un poblado cercano ubicado en el mismo departamento de Putumayo, que limita con Ecuador y Perú.

El Comando General de las Fuerzas Militares reportó que a bordo viajaban 126 personas, la mayoría soldados. La tripulación estaba compuesta por 11 miembros de la Fuerza Aérea, seis de los cuales fallecieron.

El ejército confirmó el deceso de 61 militares y la Policía Nacional de dos de sus agentes.

Según Silva, la tripulación era muy experimentada. El piloto, Jaime Fernández, acumuló 5.800 horas de vuelo en su carrera, de las cuales más de 900 fueron en aviones Hércules.

Estado del avión

Según la FAC, el Hércules C-130 que se accidentó fue fabricado en 1983 en Estados Unidos. Era una aeronave de transporte táctico militar capaz de operar desde pistas de tierra irregulares.

Llegó a Colombia en 2020 como parte de un programa de donación de artículos de defensa excedentes de Estados Unidos.

Según Silva, el Hércules fue recibido con más de 20.200 horas de vuelo disponibles, lo que le daba en sus cálculos años de vida útil por delante.

Tras su arribo la FAC lo sometió a un mantenimiento en el que se reemplazaron las piezas que ya habían cumplido su vida útil, lo que tuvo un costo de aproximadamente tres millones de dólares, agregó Silva. La última inspección fue en 2025.

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la aeronave accidentada era “vieja” y que fue un “regalo chatarra” de Estados Unidos, cuyo costo de mantenimiento es elevado, por lo que insistió en que Colombia debe reemplazar los tres Hércules restantes por unos nuevos.

La investigación

La FAC está realizando una investigación sobre el accidente, sin que se conozca un tiempo límite para su veredicto.

El avión accidentado contaba con dos grabadoras en su interior que permitieron registrar datos como la altura, la velocidad y la voz de la tripulación, que serán analizadas.

Las autoridades locales del lugar del accidente han llamado la atención sobre las malas condiciones del aeropuerto, vital para la población a la que sólo se puede acceder vía aérea o fluvial.

Sin embargo, Petro dijo que la pista era adecuada para la aeronave, capaz de operar en condiciones difíciles. También descartó que se tratase de un ataque de grupos ilegales e indicó que es posible que las fallas se debieran a que el avión era “demasiado viejo”, con una baja probabilidad de error humano.

Nueva Jersey prohíbe que agentes del ICE cubran su rostro con máscaras

(Foto: EFE/JUSTIN LANE/Archivo)

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, convirtió este miércoles en ley tres proyectos para proteger a sus residentes y limitar las acciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a quienes se les prohibirá cubrir su rostro con máscaras.

Una de las medidas exige que los agentes muestren su rostro y que presenten una identificación válida antes de detener a alguien.

Mientras que la nueva «Ley de Protección de la Privacidad” establece normas claras sobre cómo las agencias gubernamentales estatales y las locales recopilan y comparten cierta información personal, como el estatus migratorio.

La tercera ley promulgada convierte en ley la directiva del fiscal general titulada “Fortaleciendo la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes”, que busca fortalecer la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes, de acuerdo con un comunicado de la Gobernación.

“Con estas leyes dejamos claro que aquí, en Nueva Jersey, todavía seguimos y respetamos la Constitución y defendemos el Estado de derecho», señaló Sherrill, que asumió el cargo el pasado 20 de enero.

De acuerdo con la gobernadora y exfiscal federal, el paso que dio Nueva Jersey hoy responde a la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.

«Los agentes del ICE de Trump actúan sin entrenamiento, sin rendir cuentas y escondidos detrás de pasamontañas, poniendo en peligro a las personas. Por eso, en Nueva Jersey estamos protegiendo a nuestras comunidades; reforzando la protección de nuestras comunidades, prohibiendo que agentes del ICE se cubran el rostro y defendiendo la privacidad de nuestros residentes contra los abusos del gobierno federal», afirmó.

La pasada semana el Estado se sumó al municipio de Roxbury en una demanda contra el gobierno federal con miras a impedir que un almacén sea transformado en un centro de detención para albergar unos 1.500 inmigrantes.

El pasado mes la demócrata, expiloto de la Marina, firmó una orden que prohíbe que los agentes del ICE entren, accedan a o utilicen áreas no públicas del Estado para llevar a cabo operaciones, a menos que cuenten con una orden judicial.

Además, la fiscalía general creó un portal -www.njoag.gov/portal- para que los residentes del estado puedan reportar cualquier interacción con los agentes de ICE y la agencia rinda cuentas por sus acciones.

Sherrill también lanzó una página donde el público puede encontrar información sobre sus derechos al interactuar con agentes federales.

La Cámara de Representantes aprueba la Ley de Cuidado Familiar

Capitolio del Estado de Pensilvania. (Foto: Archivo)

Un proyecto de ley bipartidista propone un programa de seguro de ausencia familiar y médica en Pensilvania

HARRISBURG. — Con apoyo bipartidista, la Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley presentado por la representante estatal Jennifer O’Mara, demócrata por Delaware, para brindar estabilidad económica a más familias trabajadoras mediante la creación de un programa de seguro de permiso familiar y médico en Pensilvania.

El proyecto de ley HB 200 de la Cámara de Representantes, denominado Ley de Cuidado Familiar, pondría a Pensilvania a la par de más de una docena de otros estados que ofrecen permisos remunerados que garantizan que los trabajadores no tengan que elegir entre su trabajo y el bienestar de su familia tras el nacimiento de un hijo o durante una enfermedad grave.

«Me enorgullece ver que esta legislación da un importante paso adelante», dijo O’Mara. “Apoya tanto a las familias trabajadoras como a las pequeñas empresas que no pueden permitirse ofrecer este beneficio a sus empleados. He estado defendiendo este proyecto de ley junto con defensores de los niños y las familias que comprenden las dificultades a las que a veces se enfrentan las familias trabajadoras y la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal.”

Además, en los estados con programas similares, las pequeñas empresas se benefician porque reportan una mayor retención de empleados y una mayor productividad, dijo O’Mara.

Si bien la ley federal ofrece hasta 12 semanas de licencia sin goce de sueldo por motivos familiares y médicos, la licencia remunerada sigue siendo inalcanzable para muchos habitantes de Pensilvania. Casi 4 millones de habitantes de Pensilvania, o el 66 % de la fuerza laboral del estado, carecen de acceso a la licencia familiar y médica remunerada, señaló O’Mara.

“Muchas familias, especialmente en comunidades rurales y vulnerables, se encuentran peligrosamente cerca de que una sola emergencia médica les quite todo”, afirmó la representante Lindsay Powell, demócrata por Allegheny y copatrocinadora principal de la legislación. “La Ley de Atención Familiar garantizará la estabilidad económica y la protección del empleo para nuestros vecinos que se enfrentan a algunas de las emergencias más críticas y graves que uno puede experimentar. Esperamos continuar trabajando para que se apruebe esta legislación crucial”.

“Como madre trabajadora de tres hijos, puedo hablar desde la experiencia: compaginar una carrera profesional con formar una familia es un reto”, dijo la representante Natalie Mihalek, republicana por Allegheny/Washington, también copatrocinadora principal. “Esta medida mejora la calidad de vida de los futuros padres al darles un poco de respiro. La representante O’Mara fue una gran defensora de este tema, y me alegró trabajar con ella.”

Entre los estados vecinos que ofrecen permisos familiares y médicos remunerados se encuentran Nueva Jersey, que ofrece 12 semanas de permiso remunerado, y Delaware, que lanzó este año un nuevo programa que ofrece 12 semanas de permiso parental y seis semanas de permiso médico. En Maryland está previsto que en 2028 entre en vigor un programa de permisos remunerados que ofrece hasta 12 semanas.

En virtud del proyecto de ley H.B. 200, los empleados de Pensilvania que cumplan los requisitos podrían recibir hasta 12 semanas de sustitución parcial del salario por situaciones personales o familiares que cumplan los criterios.

Las empresas que cumplan los requisitos y participen en el programa podrán acceder a subvenciones estatales.

El proyecto de ley HB 200 pasa ahora al Senado para su tramitación.

Senado mexicano aprueba entrada de 35 militares de EE. UU. para capacitación del Mundial

Fotografía que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)

El Senado de México aprobó la entrada al país de 35 miembros militares de Estados Unidos para capacitar a integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas en técnicas de reacción, manejo de crisis y seguridad, como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

En declaraciones a medios, el senador Carlos Lomelí explicó que los instructores estadounidenses trabajarán con personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con el objetivo de fortalecer protocolos de seguridad de cara al evento internacional donde México tendrá sedes en la capital del país, Guadalajara y Monterrey.

“Son 35 elementos que vienen a capacitar a nuestras Fuerzas Armadas (…) para poder dar certeza y seguridad en el manejo de nuestro próximo evento, que es el Mundial”, señaló el legislador.

Lomelí subrayó que se trata de un proceso de adiestramiento especializado para reforzar la capacidad de reacción de las autoridades mexicanas ante posibles situaciones de crisis durante el torneo.

“Consideramos que es muy importante que este tipo de adiestramiento se reciba para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los visitantes, tanto internacionales como mexicanos”, afirmó.

El político detalló que la estancia del personal estadounidense tendrá una duración aproximada de 36 días, periodo en el que impartirán formación técnica y operativa.

Tras ello, añadió, las Fuerzas Armadas mexicanas continuarán colaborando “de manera muy estrecha” no solo con Estados Unidos, sino con otros países con los que México mantiene acuerdos de capacitación y cooperación en materia de defensa.

Destacó que la preparación de las Fuerzas Armadas es “para la paz y la tranquilidad del país”, especialmente ante la magnitud logística y de seguridad que representa el Mundial 2026, que por primera vez será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

“El personal que ingresa viene a impartir capacidad de reacción y manejo de una situación de crisis”, reiteró el senador, quien enfatizó que este tipo de cooperación es habitual en la relación bilateral en materia de seguridad.

La autorización ocurre luego de que en febrero pasado, el pleno del Senado avalara el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas entre febrero y abril, en el estado de Campeche (sur), y días después, la llegada de otros 12 elementos para participar en un ejercicio de “capacitación” conjunta.

Estas decisiones se dan en medio de tensiones recientes entre ambos países, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles acciones contra los carteles mexicanos y los reportes de sobrevuelos de drones estadounidenses en México.

ICE irá a juicio por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en Nueva York

Fotografía de miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Foto: EFE/SARAH YENESEL)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irá a juicio el próximo mayo por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York, que han sido calificadas como «inhumanas» por activistas.

El juicio, que comenzará el 26 de mayo ante el juez Lewis Kaplan de la corte federal para el distrito Sur de Nueva York, es en respuesta a una demanda presentada el pasado agosto por la ONG Make The Road, la Unión de Libertades Civiles y el bufete Wang Hecker, que alegan que los inmigrantes fueron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y que se les negó el acceso a un abogado, de acuerdo con el diario digital The City.

Según la demanda, la agencia federal violó la Primera Enmienda de la Constitución al no darles acceso a un abogado, así como la Quinta Enmienda porque fueron sometidos a «condiciones de confinamiento punitivas» sin el debido proceso.

Muchos inmigrantes han sido detenidos cuando han acudido a sus citas en la corte de inmigración o a un trámite relacionado con su estatus legal, y posteriormente trasladados a una oficina de ICE en el 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga varias agencias del Gobierno federal.

Un video dado a conocer en julio pasado por la Coalición de Inmigración de Nueva York mostró a un grupo de personas hacinadas, durmiendo en el suelo, y según las denuncias, compartiendo dos inodoros sin privacidad, sin acceso a duchas y con acceso limitado a comida y medicinas.

ICE negó en varias ocasiones el acceso al edificio a congresistas pese a su derecho a visitar las instalaciones federales.

El Departamento de Seguridad Nacional negó que la oficina fuera un centro de detención.

Tras los continuos arrestos, en agosto se presentó la demanda conjunta en nombre de cualquier persona que haya sido o vaya a ser detenida dentro del 26 Federal Plaza. Poco después hubo una orden del juez Kaplan para que ICE mejorara las condiciones de los detenidos.

En los meses transcurridos desde la orden del juez, defensores de los inmigrantes y abogados de la Administración del presidente Donald Trump han intercambiado información durante el proceso de recopilación de pruebas, tomando declaración a altos funcionarios del ICE y solicitando registros sobre los inmigrantes detenidos, de acuerdo con The City.

Un grupo de migrantes camina por el sur de México para buscar trabajo en otras zonas del país

Migrantes caminan por la carretera que atraviesa el municipio de Huehuetán, estado de Chiapas, México, el miércoles 25 de marzo de 2026, después de haber salido de Tapachula la noche anterior. (Foto: AP/Edgar H. Clemente)

Unos 500 migrantes caminaban el miércoles por el sur de México para denunciar la lentitud de los trámites migratorios en esa región y pedir que les permitan avanzar a otras zonas del país donde hay más posibilidades de encontrar empleo.

El grupo partió la noche del martes de la ciudad de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, que siempre ha sido una localidad con gran población en tránsito y, en los últimos meses, ha recibido también a nacionales de terceros países, sobre todo cubanos, deportados por la administración de Donald Trump. El gobierno no ha ofrecido cifras al respecto.

Este tipo de salidas a pie han sido una constante en esta región del país aunque ya sin pretender llegar a Estados Unidos. En el último año los grupos que partieron caminando fueron de pocos centenares de personas y se disolvieron en cuestión de días sin salir del sur de país.

«Aquí sin papeles no hay oportunidad y nos sentimos los migrantes como presos en Tapachula”, dijo Joandri Velázquez Zaragoza, un cubano de 40 años con su esposa y dos hijos en Cuba a los que quiere ayudar debido al creciente empeoramiento de la situación en la isla por los apagones masivos y la falta de alimentos.

El pastor evangélico que también trabaja como albañil llegó a la ciudad en agosto de 2024 e intentó obtener una cita de CBP One —la plataforma en línea para pedir asilo al gobierno estadounidense— pero no tuvo suerte. Tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la cancelación del programa, el cubano emprendió una petición de asilo en México que también fue rechazada aún cuando solicitó una revisión de su caso.

El grupo avanzaba seguido de patrullas de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y corporaciones de policías locales, que no intentaron detenerlos.

El mismo día que el grupo empezó su marcha, el gobierno mexicano anunció un acuerdo para impulsar la inclusión laboral de personas en situación de movilidad en los estados del sur como Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, que integra a organizaciones de la sociedad civil que observan el fenómeno migratorio, alertó esta semana que las personas en tránsito llegan a pagar hasta 40.000 pesos mexicanos (unos 2.300 dólares) por la gestión de sus trámites, muchos de los cuales deberían ser gratuitos.

También denunció que el aumento de la militarización de la frontera sur y del triángulo norte de Centroamérica ha incrementado los riesgos y abusos de la población migrante.

El lunes, autoridades mexicanas localizaron a 229 migrantes en un camión que cruzaba Veracruz, un estado del Golfo de México, cuando el vehículo estaba en un depósito policial por un reporte de robo y los extranjeros atrapados en su interior empezaron a gritar y pedir auxilio.

El flujo migratorio a través de México cayó drásticamente desde el inicio de la administración de Trump en enero de 2025 y hace meses que no se daban situaciones como la del camión con migrantes, lo que podría indicar que está empezando a cambiar la tendencia.

Jurado declara responsables a Instagram y YouTube en histórico juicio por adicción a redes sociales

Mark Lanier, el abogado de la parte demandante en el juicio sobre redes sociales, llega a los tribunales en Los Ángeles el 12 de marzo del 2026. (Foto: AP/Damian Dovarganes)

Un jurado declaró responsables a Meta y a YouTube en una demanda sin precedentes que buscaba responsabilizar a las plataformas de redes sociales por los daños a niños que usan sus servicios, y concedió a la demandante 3 millones de dólares en indemnización.

Tras más de 40 horas de deliberación a lo largo de nueve días, el jurado en California decidió que Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño o funcionamiento de sus plataformas. Determinó además que la negligencia de cada empresa fue un factor sustancial en el daño a la demandante, una mujer de 20 años que afirma que su uso de redes sociales cuando era niña la volvió adicta a la tecnología y agravó sus problemas de salud mental.

El veredicto aumentará ya que el jurado concluyó que las empresas actuaron con malicia, o con una conducta sumamente reprochable, lo que significa que pronto escucharán nuevas pruebas y volverán a la sala de deliberaciones para decidir sobre daños punitivos.

Meta y YouTube, propiedad de Google, eran los dos demandados que quedaban en el caso después de que TikTok y Snap llegaran a acuerdos antes de que comenzara el juicio.

“Respetuosamente discrepamos del veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”, declaró Meta en un comunicado.

Durante casi un mes, el jurado escuchó alegatos de abogados, testimonios y pruebas, y oyeron a la propia demandante, identificada como KGM en los documentos, o Kaley, como la han llamado sus abogados durante el juicio, así como a los líderes de Meta Mark Zuckerberg y Adam Mosseri. El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, no fue llamado a testificar.

Kaley afirma que comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, y le dijo al jurado que, cuando era niña, estaba en redes sociales “todo el día”.

Los abogados que representaron a Kaley, encabezados por Mark Lanier, tenían la tarea de demostrar que la negligencia de las empresas fue un factor sustancial en el daño sufrido por Kaley. Señalaron características específicas de diseño que, según dijeron, estaban pensadas para “enganchar” a los jóvenes, como la naturaleza “infinita” de los feeds que permite un suministro interminable de contenido, las funciones de reproducción automática e incluso las notificaciones.

Los jurados recibieron instrucciones de no tomar en cuenta el contenido de las publicaciones y los videos que Kaley vio en las plataformas. Esto se debe a que las empresas tecnológicas están protegidas de la responsabilidad legal por el contenido publicado en sus sitios gracias a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

Meta sostuvo que Kaley había tenido dificultades de salud mental al margen de su uso de redes sociales, y señaló su turbulenta vida en el hogar. Afirmó además, en un comunicado posterior a los alegatos finales que “ni uno solo de sus terapeutas identificó a las redes sociales como la causa” de sus problemas de salud mental. Pero los demandantes no tenían que probar que las redes sociales causaron las dificultades de Kaley, sino únicamente que fueron un “factor sustancial”.

YouTube se centró menos en los expedientes médicos de Kaley y su historial de salud mental, y más en su uso de YouTube y en la naturaleza de la plataforma. Argumentaron que YouTube no es una red social sino una plataforma de video similar a la televisión, y señalaron la disminución del uso de YouTube a medida que Kaley crecía. Según sus datos, desde su creación, ella pasó en promedio alrededor de un minuto al día viendo YouTube Shorts. YouTube Shorts, que se lanzó en 2020, es la sección de la plataforma de videos cortos y verticales con la función de “presentación infinita” que según los demandantes era adictiva.

Los abogados que representaron a ambas plataformas también señalaron de forma reiterada las funciones de seguridad y las barreras de protección que cada una tiene para que las personas supervisen y personalicen su uso.

El caso es considerado ejemplar, es decir, su resultado podría influir en cómo se desarrollen miles de demandas similares presentadas contra empresas de redes sociales.

Laura Marquez-Garrett, abogada del Social Media Victims Law Center y representante legal registrada de Kaley, indicó durante las deliberaciones que este juicio era “un vehículo, no un resultado”.

“Este caso es histórico pase lo que pase porque fue el primero”, afirmó Marquez-Garrett subrayando la importancia de incorporar al registro público documentos internos de Meta y Google.

Las empresas de redes sociales “no están retirando de los estantes el talco cancerígeno”, , dijo Marquez-Garrett en aparente referencia a otro caso en el que Lanier y su firma trabajaron, logrando un veredicto de varios miles de millones de dólares. “Y no lo van a hacer porque están ganando demasiado dinero matando niños”.

Aun así, el Social Media Victims Law Center y los padres que culpan a las redes sociales por los problemas de sus hijos seguirán luchando, apuntó Marquez-Garrett, quien llevaba varias pulseras de goma en honor a las víctimas que no se ha quitado desde que comenzó el juicio.

El juicio fue uno de varios a los que se enfrentarán las empresas de redes sociales este año y en adelante. Son la culminación de años de escrutinio sobre las plataformas en relación con la seguridad infantil y sobre si las empresas las vuelven adictivas y ofrecen contenido que conduce a la depresión, los trastornos alimentarios o el suicidio.

Algunos expertos consideran que la controversia recuerda a los casos contra las grandes corporaciones tabacaleras y de opioides, y los demandantes esperan lograr resultados similares.

La Cámara de Representantes de Pensilvania aprueba el proyecto de ley de Rep. Estatal Matzie para mejorar la seguridad ferroviaria

Cámara de Representantes
Pennsylvania State Capitol. (Photo: File)

La Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó hoy un proyecto de ley presentado por el representante estatal Rob Matzie, demócrata por Beaver, para mejorar la seguridad ferroviaria tanto de los trabajadores como de las comunidades por las que circulan los trenes.

“Han pasado tres años desde la catástrofe de East Palestine. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que vuelva a ocurrir”, afirmó Matzie, presidente del caucus mayoritario de la Cámara de Representantes. “Me alegra que la Cámara haya tomado medidas para prevenir el próximo desastre ferroviario y hacer que nuestras comunidades y familias estén más seguras al aprobar este proyecto de ley. H.B. 1191 es una forma en que podemos empezar a reducir los descarrilamientos y proteger a los trabajadores, los equipos de primera respuesta y los residentes de la comunidad”.

Matzie presentó el proyecto de ley H.B. 1191 para mejorar la seguridad pública en los cruces ferroviarios. El proyecto surge a raíz del descarrilamiento de un tren ocurrido en febrero de 2023 en East Palestine, Ohio, que provocó el derrame de sustancias químicas tóxicas y generó una gran preocupación por el medio ambiente y la salud.

Este proyecto de ley:

  • Prohibir que los trenes bloqueen los cruces, lo que podría retrasar la llegada de los servicios de emergencia. Esto puede garantizar tiempos de respuesta más rápidos.
  • Limitar la longitud de los trenes de mercancías o de trabajo a 8.500 pies, es decir, aproximadamente 1,6 millas.
  • Exigir niveles de dotación de personal seguros para los trenes o locomotoras ligeras, incluyendo un mínimo de dos personas en la tripulación de cada tren o locomotora ligera.
  • Autorizar a un representante sindical a supervisar las prácticas de seguridad y las operaciones de un ferrocarril, lo que permitiría a dicho representante tomar fotografías y llevar a cabo investigaciones sin ser acusado de allanamiento.
  • Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de detección en vía. Se trata de sensores situados junto a las vías que avisan cuando los trenes se sobrecalientan debido a problemas que pueden provocar un descarrilamiento.
  • Reforzar la supervisión exigiendo estudios, un sistema de notificación y precauciones adicionales para los trenes que transportan materiales peligrosos o residuos.
  • Imponer sanciones civiles por el incumplimiento de estas normas.

Un proyecto de ley similar presentado por Matzie, el H.B. 1028, fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2023, pero nunca se sometió a votación en el Senado estatal.

«A pesar de las promesas de las empresas y del gobierno federal, nada ha cambiado realmente desde el accidente de 2023, y todo indica que la resolución de estos problemas quedará en manos de los estados», dijo Matzie. «La Cámara de Representantes tomó medidas hoy; es hora de que el Senado dé un paso al frente y haga lo mismo».

El proyecto de ley se dirige ahora al Senado para su consideración.