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90% menos: la respuesta económica de Taiwán a la amenaza militar china

René F. Bolio es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Durante décadas se produjo una de las paradojas económicas y geopolíticas más extraordinarias de Asia: Taiwán colocó una parte sustancial de su capital industrial en China, precisamente la potencia comunista que reclama soberanía sobre la isla y que no ha renunciado al uso de la fuerza para imponer una reunificación.

Mientras aumentó constantemente la tensión en el Estrecho entre ambos países, empresarios taiwaneses construyeron en el continente fábricas, redes de proveedores y centros de producción que ayudaron a convertir a China en la gran plataforma manufacturera mundial.

Taiwán no ha desmantelado su presencia en China aún. A lo largo de las últimas décadas se aprobaron más de US$200 mil millones de inversiones taiwanesas en el continente, y todavía permanecen allí grandes fábricas, proveedores y millones de empleos vinculados directa o indirectamente con esas empresas. Pero el dato central es otro: China conserva buena parte del capital taiwanés del pasado, mientras pierde el capital taiwanés del futuro.

Taiwán está respondiendo no con una retirada abrupta, sino con una estrategia de diversificación. Primero apareció el modelo China+1: conservar la base productiva china, pero crear una segunda plataforma industrial capaz de responder a aranceles, interrupciones logísticas o conflictos políticos.

Ahora el modelo evoluciona hacia China+N. Taiwán reparte producción, inversión y tecnología entre varios territorios. Practica reshoring al regresar actividades estratégicas a la isla; nearshoring al acercar producción a Estados Unidos, particularmente mediante México; friendshoring al colocar capacidades sensibles en países políticamente confiables; sumado al de-risking al reducir la dependencia de una sola jurisdicción.

Dentro de esa estrategia encaja el modelo “China for China”. Las plantas que continúan siendo rentables pueden permanecer en territorio chino para abastecer al mercado local mientras lo haya, mientras Taiwán construye fuera de China una proporción creciente de la nueva capacidad destinada a Estados Unidos y otros mercados. Así, China puede conservar fábricas importantes y al mismo tiempo perder peso dentro de las cadenas globales de esas mismas empresas.

La nueva geografía industrial ya es visible. Taiwán recupera producción estratégica; Estados Unidos concentra nuevas inversiones en semiconductores e inteligencia artificial; Japón incorpora capacidad tecnológica; India gana ensamblaje de electrónica; Vietnam y la ASEAN atraen manufactura y proveedores; y México se consolida como plataforma norteamericana para servidores, electrónica y hardware relacionado con inteligencia artificial.

Taiwán no está aislado. También Japón redujo su inversión anual en China aproximadamente un 88% desde su máximo, aunque conserva alrededor de US$130 mil millones de inversión instalada. Corea del Sur pasó de invertir alrededor de US$8.5 mil millones en 2022 a poco más de US$1 mil millones en 2024.

Estados Unidos mantiene una gran presencia empresarial, pero su inversión se ha estancado y muchas de sus instalaciones responden cada vez más a la lógica de producir en China para el mercado chino. Europa presenta un panorama más mixto: grandes compañías continúan invirtiendo para competir localmente, pero también diversifican proveedores y protegen tecnologías sensibles.

La señal común es clara: las principales economías industriales reducen la cantidad de capital, tecnología y capacidad crítica que están dispuestas a concentrar en China. Con lo que también la trasferencia de tecnología legal disminuirá.

La desinversión taiwanesa encaja aquí como síntoma y multiplicador. Cuando Taiwán ejecuta su estrategia de desinversión, China pierde no sólo capital, sino también empleos, proveedores, tecnología y capacidad futura.

A todos esos factores se suma uno específicamente taiwanés: la creciente hostilidad de Pekín. La presión militar alrededor de la isla y la amenaza permanente de una anexión o reunificación forzada convierten la concentración productiva en un problema de seguridad nacional y empresarial.

Taiwán responde construyendo redundancia. El gigante tecnológico TSMC expande producción en Taiwán, Estados Unidos y Japón; Foxconn y otros fabricantes distribuyen actividades entre China, India, México, Taiwán y Estados Unidos. Esa diversificación protege el suministro, aunque cuesta más: exige duplicar fábricas, proveedores, personal especializado, inventarios y logística.

Esto tiene que ver también con seguridad. Semiconductores, servidores y otros componentes estratégicos pueden encarecerse, pero gobiernos y empresas están dispuestos a absorber parte de ese costo para reducir el riesgo de una interrupción catastrófica.

Y aquí aparece la paradoja política. Cuanto mayor es la presión de China para reducir el margen de autonomía de Taiwán, mayor es el incentivo de Taiwán para sacar capital, producción y personal de la jurisdicción china y construir vínculos industriales en otros países.

La consecuencia puede ser exactamente la contraria a la buscada por Pekín: la coerción destinada a acercar a Taiwán a una reunificación está ayudando a disminuir su dependencia económica de China, fortalecer sus vínculos con otras potencias y ampliar su margen estratégico internacional.

* René F. Bolio es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

Inspector federal revisará táctica de la DEA de permitir que fentanilo llegara a las calles

Pastillas de fentanilo en un laboratorio de la DEA, el martes 29 de abril de 2025, en Virginia. (Foto: AP/Mark Schiefelbein/Archivo)

El organismo interno de supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes la revisión de una táctica controvertida en la que las fuerzas del orden federales permitieron que el fentanilo llegara a las calles para construir casos más grandes contra traficantes de drogas.

La revisión examinará políticas gubernamentales e investigaciones con escuchas telefónicas en las que la Administración para el Control de Drogas (DEA) pudo haber tenido conocimiento de entregas de fentanilo antes de que ocurrieran, pero se abstuvo de actuar para no poner en riesgo procesamientos de mayor alcance.

Agentes actuales y anteriores señalaron que esa estrategia de investigación —conocida como permitir que las drogas “caminen”— equivale a una apuesta con la seguridad pública y pudo violar normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades de un opioide sintético que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.

La revisión se produce menos de dos meses después de que una investigación de The Associated Press encontró que agentes de la DEA monitorearon repetidamente —pero no incautaron— importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025. La medida se dio a conocer en un comunicado de prensa del inspector general del Departamento de Justicia, Don Berthiaume, una de sus primeras acciones oficiales desde que juramentó al cargo el viernes.

La DEA no respondió a una solicitud de comentarios. El administrador de la DEA, Terry Cole, pidió una investigación más acotada por parte del inspector general tras los reportajes de AP, incluida una revisión del manejo que hizo su agencia de una denuncia de un informante presentada por el agente David Howell.

Cole escribió en una declaración anterior que su solicitud de una investigación externa “no debe interpretarse como un reflejo de falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la DEA”.

Howell dijo a AP que las autoridades federales “envenenaron a nuestra comunidad para armar casos” en Nuevo México. Un informe interno de la DEA revisado por AP detalló cómo la agencia antidrogas observó y decidió no interceptar una entrega de fentanilo de 74.000 pastillas en un parque de casas móviles en Albuquerque.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos y mientras la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —“One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— que subrayaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales.

El inspector general indicó que la revisión se centrará en las acciones del Departamento de Justicia durante los últimos dos años. Podría determinar si la DEA permitió que ocurrieran envíos similares de drogas en otras ciudades.

Howell afirmó que espera que la revisión muestre que las autoridades federales “pusieron en peligro al público mediante una inacción deliberada”.

La nueva revisión se produce mientras las autoridades de Nuevo México siguen investigando si agentes de la DEA violaron la ley estatal al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque. El fiscal general Raúl Torrez, demócrata, amenazó recientemente con demandar al Departamento de Justicia después de que este se negó a proporcionar una lista de registros que él solicitó. La DEA tampoco ha permitido que Howell sea entrevistado por las autoridades estatales.

“El estado está soportando los daños sociales y financieros de una afluencia de fentanilo a sus comunidades”, escribió Torrez en una carta a las autoridades federales a principios de este mes.

En las últimas semanas, otros dos informantes de la DEA en Nuevo México se han presentado, incluido uno que dijo que sus colegas allí no incautaron 350.000 pastillas de fentanilo de las que se enteraron durante la primera llamada que interceptaron en una escucha telefónica de 2024. Ese envío formaba parte de una investigación que resultó en la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA. Los registros judiciales muestran que los agentes tuvieron la oportunidad de incautar miles de pastillas de fentanilo, pero permitieron que el tráfico continuara durante meses mientras investigaban.

El otro informante presentó una denuncia este mes en la que alega que sus colegas monitorearon —pero no arrestaron— a un mensajero de drogas que realizó entregas repetidas de fentanilo desde Phoenix hasta Albuquerque entre 2022 y 2023. Los agentes estimaron que cada entrega contenía entre 50.000 y 100.000 pastillas de fentanilo que no fueron incautadas.

Una cuenta que no debemos pagar

portada nota web
Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción.

El estado de Texas se ha convertido en el epicentro del debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras comunidades. En el condado de Pecos, Amazon acaba de adquirir un terreno para un nuevo centro de datos que se alimentará de una planta de gas natural, lo que podría convertirlo en la mayor fuente individual de contaminación ambiental en los Estados Unidos.

La planta usará 35 turbinas de gas para generar hasta 7,65 gigavatios de electricidad y tendrá permiso para emitir hasta 33 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, según reportó The New York Times. Para poner esa cifra en contexto, la planta más contaminante del país en este momento, la termoeléctrica de carbón James H. Miller Jr. en Alabama, emite alrededor de 16 millones de toneladas al año.

Amazon defendió la decisión y dijo que la planta de energía “generará lo necesario para mantener sus operaciones”. También reconoció que sus emisiones han aumentado en los últimos años y que los centros de datos de inteligencia artificial podrían impedirle cumplir sus propias metas climáticas.

Recordemos que fue Amazon quien cofundó el “Compromiso Climático” o Climate Pledge, cuya meta era alcanzar emisiones cero para el año 2040.

Lo que ocurre en Pecos no es un caso aislado. Es el modelo que se está imponiendo. Nuestra red eléctrica es incapaz de satisfacer la demanda de energía necesaria para los cientos de centros de datos que se planean construir en el país y las empresas prefieren edificar sus propias plantas en lugar de esperar años por una conexión.

La decisión sobre el tipo de energía con la que operan esas plantas es esencial para nuestras comunidades. Si optan por alimentarlas con combustibles fósiles, todos pagaremos el precio de ese cambio, porque lo que está en juego es nuestra salud y seguridad.

Los centros de datos se están multiplicando en estados donde la población latina es mayoría. Recientemente, Climate Power lanzó un indicador público que analiza los proyectos de centros de datos y los registros federales de contaminación.

Los resultados confirmaron lo que muchas familias ya sospechaban. Más de un tercio de los proyectos están en zonas donde las personas de color representan más del 40% de la población local, y cerca del 35% se ubica en comunidades clasificadas como desfavorecidas por su exposición a la contaminación.

En Texas, casi el 60% de los 53 centros de datos planificados se ubican en zonas donde la población hispana supera el 20%. Gobernadores como Greg Abbott han impuesto estándares para el desarrollo de estos centros, por ejemplo, que no afecten la “calidad de vida de sus residentes”.

Pero cuando llega la hora de definir “calidad de vida”, hay más preguntas que respuestas. ¿El aire que respiramos no es calidad de vida? ¿Prevenir el aumento de las inundaciones catastróficas alimentadas por el calentamiento global no es calidad de vida?

El presidente Trump no ha hecho más que facilitar el desarrollo de esta nueva crisis, liderando políticas federales diseñadas para acelerar la construcción de centros de datos y priorizar el petróleo, el gas y el carbón por encima de fuentes de energía no contaminantes, como la energía solar y eólica.

Para nuestra comunidad, este tema importa. En una encuesta reciente de Blue Rose Research, el 59% de los latinos dijo que los centros de datos deberían estar obligados a funcionar con energía limpia, incluso si eso retrasa su construcción.

Cuando se plantea el tema de las tarifas eléctricas, los votantes latinos se oponen a la construcción de centros de datos cerca de zonas residenciales por un margen de 40 puntos. Cuando se plantea en términos de consumo y escasez de agua, la oposición es de 31 puntos

Este es un tema de responsabilidad de todos los actores involucrados en este cambio tecnológico: gobierno, legisladores y empresarios. No puede ser que gigantes como Amazon se comprometan a limpiar nuestro aire y a disminuir las emisiones sólo cuando les resulta conveniente para su imagen pública y sus ganancias. ¿Están o no están comprometidos a reducir la contaminación y a impedir que el calentamiento global siga aumentando?

Nuestra gente lo ve. Las compañías de inteligencia artificial son el actor menos confiable de este debate para los votantes latinos, con una calificación neta de -38 puntos.

Los permisos que autorizan estas plantas, las reglas que definen quién paga la nueva infraestructura eléctrica y las protecciones que defienden nuestro aire y nuestra agua están en manos de funcionarios electos, comisiones estatales de servicios públicos y legisladores en el Congreso. Todos ellos responden, o deberían responder, a nosotros y en las elecciones de noviembre, ya estamos viendo quién tiene nuestros intereses en primera línea y quién no.

Históricamente, hemos pagado un precio demasiado alto por las decisiones que otras personas en posiciones de poder han tomado sobre nuestras comunidades. No podemos permitir que ocurra otra vez. Debemos exigir responsabilidad y respuestas concretas de todos los actores involucrados en este tema. De lo contrario, terminaremos pagando la cuenta otra vez.

*Antonieta Cádiz es la directora ejecutiva de Climate Power En Acción. Anteriormente, trabajó como corresponsal nacional para La Opinión y fue escritora política nacional para Univisión.

Burnout en el deporte: no confundir resistencia con invulnerabilidad

María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl.

Durante décadas, el deporte ha construido una imagen poderosa: la del atleta invencible. Aquel que nunca se detiene, que convierte el dolor en combustible y para quien descansar parece una señal de debilidad.

Es una imagen inspiradora, pero también incompleta. Detrás de los podios, las medallas y los récords existe una realidad que la ciencia lleva años documentando: el burnout en el deporte de alto rendimiento no es un caso aislado, sino un riesgo creciente para atletas de todas las edades.

En 2019, el Comité Olímpico Internacional publicó su primera declaración de consenso sobre salud mental en atletas de élite. Un metaanálisis publicado ese mismo año situó en el 33,6% la proporción de atletas de élite con síntomas de ansiedad o depresión. Por su parte, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) documentó que el 38% de los jugadores en activo presenta síntomas de depresión o ansiedad, y que más del 80% considera no haber recibido el apoyo suficiente para afrontarlos durante su carrera.

El problema tampoco comienza en la élite. La American Academy of Pediatrics estima, en su informe clínico de 2024, que cerca del 70% de los jóvenes abandona el deporte organizado hacia los 13 años. El sobreentrenamiento y el burnout son dos de las principales razones. En muchos casos, estamos agotando a los niños antes de que lleguen a la adolescencia.

No hablamos de atletas cualquiera. Simone Biles, Michael Phelps, Andrés Iniesta y Naomi Osaka son algunos de los deportistas más exitosos de la historia. Todos han hablado públicamente del impacto que el agotamiento mental tuvo en sus carreras.

Tras retirarse de varias finales en los Juegos de Tokio para proteger su salud mental, Biles reflexionó meses después sobre aquella decisión con una frase que cambió la conversación: “Aprendí lo valiente que soy: alzar la voz por mí misma y ponerme en primer lugar”.

Estos testimonios no son excepciones. Son la evidencia de un sistema que durante mucho tiempo confundió resistencia con invulnerabilidad. En el deporte existe un principio ampliamente conocido: el rendimiento no mejora únicamente durante el entrenamiento, sino durante la recuperación. Sin descanso suficiente, el cuerpo y la mente dejan de adaptarse, el desempeño disminuye y aumenta el riesgo de lesiones y agotamiento.

La evidencia lo respalda. Investigaciones lideradas por la especialista en sueño Cheri Mah, de la Universidad de Stanford, demostraron que extender las horas de sueño permitió a atletas universitarios mejorar de forma significativa su velocidad, precisión y tiempo de reacción, sin aumentar la carga de entrenamiento.

La recuperación no es una pausa en el rendimiento. Es el proceso que hace posible el rendimiento. Este cambio de paradigma ya está comenzando a materializarse. Recientemente, la Fundación Real Madrid y Vacation is a Human Right (VIAHR) firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la prevención del burnout y el bienestar emocional en programas deportivos y educativos.

Durante años admiramos a quienes parecían no detenerse nunca. Quizá haya llegado el momento de admirar también a quienes saben cuándo hacerlo. Porque el verdadero alto rendimiento no consiste en resistir hasta romperse, sino en construir una carrera que pueda sostenerse en el tiempo. El descanso no es la recompensa después del éxito, sino una de las condiciones para alcanzarlo.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://www.viahr.org/

Excongresista enemistada con Trump asegura que EE. UU. medita usar arma nuclear contra Irán

(Foto: EFE/ERIK S. LESSER/Archivo)

La excongresista Marjorie Taylor Greene, conocida por haberse enemistado con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras haber sido una fervorosa aliada, aseguró este lunes que el Gobierno del republicano está estudiando el posible uso de armas nucleares contra Irán para poner fin a la guerra y reclamó desechar semejante idea y poner fin al conflicto.

«Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, han leído bien. Es real. No estoy especulando. Es algo que sé», escribió Greene en un mensaje en X.

La ex representante de la Cámara de Representantes por un distrito de Georgia recordó las trágicas consecuencias en Japón, el único país atacado con armas nucleares en la historia, cuando EE.UU. lanzó en agosto de 1945 dos bombas que se estima que dejaron más de 200.000 muertos, incluyendo a víctimas que posteriormente fallecieron a causa de la radiación.

Greene, que abandonó su escaño en enero después de que Trump declarara una campaña contra ella debido a sus desencuentros en temas como la sanidad, los archivos del caso Epstein o la política exterior, afirmó que Trump decidió iniciar la guerra movido tan solo por unas afirmaciones de Israel contrarias a los análisis de la inteligencia estadounidense que descartaban que Irán estuviera cerca de desarrollar un arma nuclear.

«Y ahora es nuestro Gobierno el que está considerando reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán, a pesar de que Trump afirma haber ganado la guerra como 40 veces y dice que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz», aseguró la excongresista en su mensaje en redes sociales.

«Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero podría ser quien provoque un holocausto nuclear que probablemente arrastraría al mundo entero a un conflicto mayor, una depresión económica y un sufrimiento humano masivo nunca antes visto en nuestras vidas, y quizás en toda la historia. La gente debe alzar la voz y detener con valentía esta locura», añade el texto.

El mensaje de Green, cuya publicación coincide técnicamente con la expiración este lunes de un alto el fuego firmado por Washington y Teherán para negociar durante 60 días, concluye con este llamamiento: «No usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora».

Trump ha amenazado en varias ocasiones con lanzar ataques a gran escala contra Irán pero ha negado siempre que en sus planes esté el uso de armas nucleares.

Informe: 57 funcionarios de Trump son ultrarricos, con patrimonios de $100 millones o más

El presidente Donald Trump habla mientras se reúne con el presidente libanés Joseph Aoun en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 21 de julio de 2026, en Washington. (Foto: AP/Mark Schiefelbein)

La riqueza, quizá solo superada por la lealtad, ha sido un atributo apreciado por Donald Trump durante su segunda presidencia.

La cantidad de personas con un patrimonio de al menos 100 millones de dólares que el presidente republicano ha nombrado para su administración es más de cuatro veces el total combinado con los tres presidentes anteriores, según un informe del grupo defensor de los consumidores Public Citizen.

En el contexto de administraciones anteriores, destacan las cifras de la administración Trump en el informe de Public Citizen, publicado el lunes. En total, 57 funcionarios de Trump tienen un patrimonio de al menos 100 millones de dólares, incluidos 17 embajadores y los 40 restantes en cargos de alto nivel en todo el Poder Ejecutivo.

Basta con mirar el gabinete de Trump. Ocho de sus 23 integrantes encajan en esa categoría, en particular el secretario del Tesoro, Howard Lutnick, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, ambos multimillonarios.

El presidente, también multimillonario, ha descrito su inclinación a nombrar a los ultrarricos como una deferencia al éxito financiero. Y, sin embargo, Trump, que debe su regreso a la Casa Blanca al apoyo de estadounidenses de ingresos medios y trabajadores atraídos por su promesa de bajar el costo de vida, ahora enfrenta a un electorado mucho menos entusiasmado con su manejo de la economía de cara a las elecciones de noviembre.

Desde hace tiempo, los presidentes han buscado el consejo de las personas más ricas del país y han recurrido a algunas para puestos de liderazgo administrativo de alto perfil. Del mismo modo, los presidentes suelen recompensar a partidarios ricos e influyentes con embajadas.

Entre los ejemplos más notables está Andrew Mellon, el magnate del aluminio, el petróleo y la banca que estuvo entre el puñado de personas más ricas del país en la década de 1920 y fue secretario del Tesoro con tres presidentes.

Entre los funcionarios de Trump con un patrimonio de al menos 100 millones de dólares figuran el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, y la administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, quienes también son multimillonarios, así como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el enviado especial Steve Witkoff, ambos con patrimonios de cientos de millones de dólares.

En comparación, las administraciones del republicano George W. Bush y del demócrata Joe Biden incluyeron cada una a cinco integrantes con un patrimonio de 100 millones de dólares o más. La del demócrata Barack Obama incluyó a tres, señala el informe.

Un gobierno poblado por tantos integrantes de la élite económica plantea problemas potenciales, afirmaron los autores del informe.

“Cuando las personas que llevan las riendas del gobierno provienen abrumadoramente de las filas de los ultrarricos, eso conduce a incentivos equivocados y a la corrupción, y plantea la pregunta: ‘¿A qué intereses están sirviendo realmente?’”, manifestó Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen.

La lista no incluye a Trump, cuyo patrimonio neto Forbes estima en más de 6.000 millones de dólares. Tampoco incluye al gigante del espacio y las redes sociales Elon Musk, quien asesoró a Trump el año pasado en un esfuerzo por reducir el tamaño, el alcance y la fuerza laboral del gobierno federal y es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto que Forbes estima en unos 860.000 millones de dólares.

Las posturas de Trump están bien establecidas: el éxito financiero es evidencia de dominio ejecutivo y fortaleza negociadora.

“Esas personas tienen una gran competencia. Una competencia increíble. Algunos de los líderes empresariales más inteligentes”, dijo Trump el año pasado al explicar por qué daba un peso considerable a los consejos de ejecutivos empresariales.

También ha señalado las inversiones de personas ricas como una señal de crecimiento económico futuro. Para incentivar a los multimillonarios a cumplir, en su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump, impulsó políticas sobre inteligencia artificial y regulación financiera que podrían beneficiar a las personas adineradas, junto con recortes de impuestos y una reducción de las cargas regulatorias para inversiones a gran escala.

Aun así, el mes pasado, solo el 32% de los adultos en Estados Unidos aprobaba el manejo de la economía por parte de Trump, frente al 40% al inicio de su segundo mandato, mientras su Partido Republicano enfrenta vientos en contra en su intento de conservar ambas mayorías en el Congreso en las votaciones de noviembre.

Demócrata Nixon de Florida: no voy a permitir que me pinten como comunista o socialista

La representante estatal por Jacksonville (Florida) Angie Nixon (i), una de las dos aspirantes demócratas al escaño en el Senado de Estados Unidos que dejó el cubanoestadounidense Marco Rubio, habla con una persona durante un recorrido en la calle Ocho de la Pequeña Habana en Miami para pedir el voto cubano. (Foto: EFE/Pablo Urbón)

Angie Nixon, una de los dos aspirantes demócratas que este martes buscan en Florida la candidatura de su partido para el escaño al Senado que dejó el cubanoestadounidense Marco Rubio, asegura que no permitirá que sus adversarios la presenten como una candidata comunista o socialista.

En una entrevista con EFE en la Pequeña Habana en Miami, la legisladora estatal urgió un cambio democrático en Cuba a través de una diplomacia «agresiva» y la eliminación de acuerdos migratorios con las policías locales en Estados Unidos, al tiempo que abordó la necesidad de recobrar el contacto directo con los votantes para recuperar el terreno perdido por su partido en el condado Miami-Dade.

Contra las desigualdades

«No voy a permitir que me sigan pintando como comunista o socialista. Lo único que quiero es que la gente tenga oportunidades de estar sana, de prosperar, de estar segura, de trabajar duro y de tener algo que enseñar a cambio», asegura la aspirante afroestadounidense, de 42 años, del ala progresista.

Subraya que su «competidora» será Ashley Moody, quien se perfila como la candidata republicana, al sentirse segura de que ganará este martes en las primarias demócratas frente a Alex Vindman, un teniente coronel retirado que declaró como testigo en el primer juicio político contra el presidente Donald Trump.

Nixon acusó además a Moody, quien ocupa de forma interina el escaño de Rubio desde que él asumió como secretario de Estado, de destinar más fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), a cargo de la política migratoria, para «aterrorizar a nuestras comunidades y también para devolver a los cubanos a Cuba».

Por una diplomacia «agresiva» hacia Cuba

La candidata, quien se declara «totalmente en contra del comunismo, de la dictadura (y) de cualquier autoritarismo», defiende un mayor esfuerzo diplomático para impulsar cambios políticos en la isla, retomando los acercamientos con Cuba del expresidente Barack Obama (2009-2017).

«Necesitamos un enfoque diplomático agresivo, trabajar para asegurar que haya un cambio de régimen que pase a manos del pueblo», sostiene.

Considera, además, que las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos durante décadas a la isla no funcionaron. «El bloqueo es un fracaso y los cubanos pasan hambre. Lo están pasando mal. Están sufriendo. Los hospitales no funcionan a pleno rendimiento porque no pueden recibir el petróleo que necesitan», sostiene.

«Quiero volver a las políticas de la era de Obama, para que la gente pueda ir a ver a los suyos», explica.

La conquista del voto cubanoamericano

La candidata afroamericana reconoce que uno de sus principales retos es conectar con el electorado cubanoestadounidense, un sector que tradicionalmente respalda posiciones más duras hacia el Gobierno cubano.

Su estrategia, explica, pasa por demostrar que se preocupa tanto por los cubanos en Florida como por sus familiares en la isla.

«Voy a seguir hablando con la gente y trabajando para apoyar todos los esfuerzos diplomáticos que hagan falta para que la gente de allá no pase hambre, no sufra, tenga más oportunidades y su Gobierno no sea opresivo», afirma.

Nixon también establece paralelismos entre la situación en Cuba y la política migratoria estadounidense. «Nadie debería tener miedo de su Gobierno. Y ahora mismo la gente (en Estados Unidos) está empezando a temer al nuestro», asegura.

«Creo que la gente (en Cuba y en todas partes) solo necesita ser libre, libre de hacer lo que quiera hacer, y voy a pelear con todas mis fuerzas para que eso pase. El Gobierno no debería controlarlo todo, y es lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno en nuestro país», reitera.

Recuperar terreno en Miami-Dade

La organizadora comunitaria sostiene que la clave para recuperar el apoyo demócrata en el sur de Florida pasa por volver a conectar con los votantes y escuchar sus preocupaciones.

«Durante demasiado tiempo se ha cedido terreno», afirma Nixon, quien defiende una estrategia basada en el contacto directo con los ciudadanos, independientemente de sus afinidades políticas.

«Lo principal es ir y hablar con la gente, aunque sientas que no coincide contigo ideológicamente, porque quiero ser la senadora de Estados Unidos de todos», señaló Nixon durante un recorrido por la Pequeña Habana de Miami.

Sin Agua: Philadelphia’s Puerto Rican diaspora demands action

Rafael Alvarez Febo, co-founder of the Puerto Rican Professionals Network, addresses the crowd during the rally. (Photo: Taíno Studios)

As drought deepens water rationing across Puerto Rico, local organizers call for relief.

Philadelphia, PA – Puerto Ricans and allies gathered at the northeast corner of City Hall on August 13 to demand federal action as a severe drought and long-running failures in Puerto Rico’s water system leave communities facing repeated outages and 48-hour rationing.

The gathering was led by the Puerto Rican Professionals Network and supported by a coalition that included Asociación Puertorriqueños en Marcha, Ceiba, Concilio, Congreso de Latinos Unidos, Esperanza, LULAC Pennsylvania, Philly Boricuas, Taller Puertorriqueño and several elected officials.

Zoraida Cordero, Executive Director of SBN Philadelphia, waves a Puerto Rican flag as the community gathers outside City Hall. (Photo: Taíno Studios)

Organizers highlighted the lack of basic needs of the Puerto Rican population: people need water to drink, cook, bathe, wash clothes, clean dishes, flush toilets, and go through daily life routines. For older residents and people with disabilities, losing running water can also mean carrying heavy containers in dangerous heat.

“We are asking for the basic support and infrastructure that every citizen is entitled to,” Councilmember Quetcy Lozada told the crowd. “Pablo José Hernández Puerto Rico’s resident commissioner in Washington, D.C publicly urged Governor González Colón to formally ask the administration for an immediate emergency Federal response earlier this month. The governor deflected immediate accountability, as she has done in the past.”

Community members gather outside City Hall to demand action on Puerto Rico’s water crisis. (Photo: Taíno Studios)

Puerto Rico’s water emergency has intensified rapidly this summer. More than 180,000 people in parts of San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza, Juncos, Gurabo and Trujillo Alto have been placed on rotating schedules that can leave them without running water for 48 hours at a time. The seven municipalities depend heavily on the Carraízo reservoir and the Sergio Cuevas filtration plant.

The drought is real and severe. Federal drought officials reported widespread rainfall deficits across Puerto Rico after conditions dried sharply through May, June and July. San Juan experienced its driest July on record, and federal forecasts have warned of continued below-normal rainfall and above-normal temperatures. A strengthening El Niño is also expected to reduce some of the tropical activity that normally brings rainfall to the island.

But speakers in Philadelphia repeatedly reminded those in attendance that weather alone does not explain why families are struggling.

“What we are seeing today is a humanitarian crisis, made worse by a natural disaster, the drought,” said Maridarlyn González, Pennsylvania State Director of LULAC. “But the true culprit isn’t the weather. It is inadequate infrastructure, decades of deferred maintenance, and failed government oversight.”

That concern predates the current drought.

The American Society of Civil Engineers gave Puerto Rico’s drinking water infrastructure a D in its 2019 infrastructure report card. At the time, the organization found that about 59 percent of treated water became ‘non-revenue water’, a category that includes physical leaks, inaccurate meters and unauthorized consumption.

Puerto Rico’s government has taken some emergency steps and says major infrastructure investments are underway. Gov. Jenniffer González-Colón activated the Puerto Rico National Guard in June to assist with water distribution. Earlier this year, her administration announced the completion of a major dredging project at Carraízo intended to recover storage capacity. The Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority has also been advancing rehabilitation work at the Sergio Cuevas filtration plant as part of a broader capital improvement program.

A young attendee holds a sign declaring, “El agua es un derecho humano,” during the rally. (Photo: Taíno Studios)

Still, the rationing this summer has sharpened questions about how quickly those investments are reaching families.

“When we talk about Puerto Rico’s water crisis, we cannot only talk about infrastructure, reservoirs and our governments,” said Monica Parrilla, from NACOPRW Philadelphia. “We have to talk about nuestra gente.”

The Philadelphia coalition is calling for a federal emergency declaration, immediate federal technical and infrastructure assistance, faster implementation of already-funded projects, greater transparency around federal water infrastructure funding and protections for vulnerable residents affected by rationing.

Lozada directed part of her message to Pennsylvania’s U.S. senators, John Fetterman and Dave McCormick, urging them to use their influence over federal policy, disaster funding and emergency oversight affecting Puerto Rico.

“This cannot be reduced to politics,” Lozada said. “Human dignity is not partisan, and the responsibility to protect American citizens should not depend on whether those citizens live in Philadelphia, Pennsylvania or San Juan, Puerto Rico. We are United States citizens. We are not asking for special treatment. We are asking for our government to fulfill the responsibility to its people.”

Rafael Alvarez Febo, co-founder of the Puerto Rican Professionals Network and host of the evening, was more pointed in his frustration.

“It is ridiculous that we live in the United States, the richest country in the world that ships billions of dollars to fight wars, but not to refurbish,” de said. “Our tax dollars are used to build ballrooms and not pipes. This is where we’re at. We’re in a government that doesn’t respect us. That thinks we’re stupid.”

Pressure for federal involvement is also growing in Washington. On August 14, one day after the Philadelphia gathering, Puerto Rico Resident Commissioner Pablo José Hernández announced that he and 25 members of Congress had urged González-Colón to formally request a major federal disaster declaration from President Donald Trump.

Under the Stafford Act, that request must come from the governor. If approved, a declaration could open additional FEMA assistance, emergency response funding and federal support for affected infrastructure.

For organizers in Philadelphia, that federal process is part of why the diaspora matters.

“Pennsylvania is lucky to have a large concentration of Puerto Ricans,” said Will González, executive director of Ceiba. “With that comes a responsibility, and we are here bearing that responsibility to speak up for our pueblo.”

Puerto Ricans living on the island are U.S. citizens but cannot vote for president in the general election and do not have voting representation in the U.S. Senate. Puerto Rico’s resident commissioner can introduce legislation and participate in congressional committees but cannot vote on final passage on the House floor.

Vanessa Maria Graber, co-founder of Philly Boricuas, argued that the political imbalance places additional responsibility on Puerto Ricans living stateside.

“Puerto Ricans in Puerto Rico cannot vote for president. They lack voting representation in the U.S. Senate and the House of Representatives,” Vanessa said. “That is why we must be their voice.”

She also connected the rally to Philadelphia’s long history of Puerto Rican organizing, pointing to the Sin Colonias march in 1976 and local fundraising and relief efforts after hurricanes María and Fiona and the earthquakes in southern Puerto Rico.

“Don’t forget our history,” Vanessa said. “And don’t forget who we are and what we’re capable of achieving.”

Julia Rivera, co-founder of the Puerto Rican Professionals Network, said that responsibility should also include supporting organizations already doing work on the island.

“As a diaspora, we have an important responsibility to listen to the people and organizations already doing the work on the ground, to follow the leadership of communities and local people, and to put resources behind the work that is already happening,” Julia said.

She highlighted Plenitud PR’s Agua Segura program, which works on water security and sustainability through rainwater harvesting, filtration, education and community resilience.

“Our advocacy as a diaspora with real voting power and representation is invaluable,” Julia said, “but I’m here to remind everyone that our financial support and social capital are just as impactful.”

Readers who want to support Plenitud PR and its water security and community resilience work can donate directly at plenitudpr.org/donate

As the gathering closed, organizers urged attendees to contact members of Congress, continue sharing information about the crisis, ask organizations and employers to join the effort, support credible groups doing direct water-access work in Puerto Rico and stay engaged after the rally ended.

For Vanessa, the message was rooted in a phrase Puerto Ricans have relied on through disasters and government failures:

“El pueblo salva al pueblo.”

Breves de Impacto: resumen de noticias de Filadelfia del fin de semana del 15 y 16 de agosto

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Los temas dominantes del fin de semana de agosto fueron la seguridad pública y los tiroteos en la ciudad, la controversia sobre el centro de detención de Delaney Hall, el inicio de la pretemporada de los Eagles, la actividad de los Phillies y las alertas meteorológicas por lluvias e inundaciones.

Debate por centros de detención migratoria

Uno de los temas más destacados del fin de semana fue la controversia en torno al centro de detención de ICE en Delaney Hall (Newark, en el área metropolitana de Filadelfia). Se informó de la muerte de un tercer inmigrante vinculado a esa instalación, lo que reavivó las críticas de defensores de derechos humanos y líderes políticos que exigen investigaciones sobre las condiciones de detención.

Además, el Philadelphia Inquirer dedicó espacio a la historia de Edwin López-Cornejo, fallecido el 1 de agosto mientras estaba bajo custodia migratoria, un caso que continúa generando preguntas y demandas de transparencia.

Violencia armada en Filadelfia

El domingo 16 de agosto, un policía de Filadelfia que se encontraba fuera de servicio murió tras recibir múltiples disparos durante un tiroteo ocurrido cerca de un local nocturno. El hecho provocó una amplia reacción por parte de las autoridades y la comunidad.

También se registraron otros incidentes violentos durante el fin de semana:

  • Un hombre resultó herido al intentar defender a su primo durante el robo de un reloj Rolex valorado en unos 25.000 dólares en el norte de Filadelfia.
  • La policía investigaba la muerte de un padre y su hija en Port Richmond, un caso inicialmente tratado como un posible homicidio-suicidio.
  • Hubo varios tiroteos separados en el norte de la ciudad que dejaron heridos, uno de ellos en estado crítico.

Arresto de sospechoso vinculado a decenas de robos

Las autoridades anunciaron la captura en Florida de un hombre buscado por presuntamente cometer cerca de 30 robos comerciales en Filadelfia, además de delitos en Nueva Jersey y Georgia. La detención fue realizada por alguaciles federales.

Eagles inician la pretemporada con derrota

Los Philadelphia Eagles comenzaron la pretemporada de la NFL el sábado 15 con una derrota por 24-7 frente a los Baltimore Ravens. El partido sirvió para evaluar a novatos y jugadores que buscan ganarse un puesto en el roster antes del inicio de la temporada regular.

De La Cruz
El antesalista de los Filis de Filadelfia, Alec Bohm (centro), celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el domingo 16 de agosto de 2026, en Minneapolis. (Foto: AP/Bailey Hillesheim)

Phillies siguen siendo protagonistas

Los Phillies ganaron 9-1 el sábado y 7-5 el domingo, completando una barrida de tres juegos sobre los Twins. El domingo remontaron un déficit de 5-0; Alec Bohm conectó un jonrón de tres carreras y terminó con cuatro carreras impulsadas, mientras Bryan De La Cruz produjo las dos carreras que pusieron a Filadelfia arriba en la octava entrada.

Además, el sábado Bohm tuvo el primer juego de cinco hits de su carrera, por lo que fue uno de los nombres más destacados del fin de semana.

Philadelphia Union: remontada espectacular ante NYCFC

El domingo 16, el Philadelphia Union remontó un 0-2 para vencer 3-2 al New York City FC en Yankee Stadium. Cavan Sullivan tuvo una actuación destacada con dos asistencias y Bruno Damiani marcó los dos goles finales, incluido el de la victoria.

Clima: calor, humedad y riesgo de inundaciones

El viernes 14, la región experimentó temperaturas cercanas a los 90 °F y alta humedad. Los meteorólogos anticipaban un fin de semana dividido entre condiciones agradables el sábado y lluvias el domingo.

Para el domingo se emitieron alertas por lluvias intensas e inundaciones repentinas en algunas zonas del área metropolitana.

Regreso a clases

Diversas organizaciones y programas comunitarios distribuyeron mochilas y útiles escolares a familias de Filadelfia antes del inicio del ciclo escolar del Distrito Escolar.

EE. UU. revela acuerdo para que México le compre drones y antidrones para combatir a carteles

Imagen de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hablando durante una rueda de prensa en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reveló el domingo que ambos países firmaron un acuerdo que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, para combatir al crimen organizado.

En un mensaje en redes sociales, Johnson publicó que esta semana el secretario del Ejército de aquel país, Daniel Driscoll, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México «firmaron una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías».

Esto permitirá, dijo, a la Defensa de México, «acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos».

Además, dijo que esta tecnología «fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles» y para hacer frente a los retos de seguridad bilaterales.

En un segundo mensaje, Johnson indicó que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: «serán capturados y rendirán cuentas».

Esto, al informar que «en tan solo un día, autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos buscados en el país»: un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), buscado por un delito relacionado con armas de fuego en el estado de Guanajuato; un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas; y un tercero buscado por fraude.

El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos reanudó por completo sus actividades oficiales en el estado de Michoacán, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

Ese mismo día, Johnson reconoció al Gobierno mexicano, “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y la coordinación que hicieron posible la reanudación total, según un comunicado difundido en sus redes sociales.