Algunos gobernadores y legisladores republicanos en varios estados de EE. UU. ya están proponiendo iniciativas que podrían facilitar el cumplimiento de Trump de deportar a millones de personas.
Mientras el presidente electo Donald Trump forma su gabinete, gobernadores y legisladores republicanos en algunos estados ya están presentando propuestas que podrían ayudarlo a cumplir su promesa de deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos de forma no autorizada.
Legisladores en un número creciente de estados están proponiendo otorgar a las fuerzas del orden locales el poder de arrestar a personas que ingresaron al país ilegalmente, reflejando leyes recientes en Texas y otros lugares que han sido suspendidas mientras los tribunales evalúan si usurpan inconstitucionalmente la autoridad federal.
Otra legislación presentada antes de las sesiones legislativas del próximo año requeriría que las agencias locales de aplicación de la ley notifiquen al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando detengan a alguien que está en el país ilegalmente, incluso si los cargos no tienen nada que ver con su estado migratorio.
Aunque no fueron solicitadas específicamente por Trump, muchas de las propuestas estatales complementarían sus políticas de inmigración.
“Encontraríamos a personas que están violando esta ley, y las entregaríamos de manera directa al puerto de deportación más cercano para que puedan ser removidas de manera segura y ordenada”, dijo el senador estatal de Missouri, Curtis Trent, quien está patrocinando una de las propuestas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calcula que 11 millones de migrantes no autorizados vivían en el país en 2022, según las últimas estadísticas disponibles. Durante su campaña, Trump habló de crear “el programa de deportación masiva más grande de la historia” y propuso usar la Guardia Nacional y las fuerzas policiales domésticas en la medida.
Algunos estados liderados por demócratas ya están mostrando resistencia. La Asamblea Legislativa de California ha convocado una sesión especial para intentar proteger a las personas de las posibles políticas de Trump, incluido el aumento de la ayuda legal para los migrantes que enfrentan la deportación.
Es probable que legisladores en numerosos estados intenten frustrar o cooperar con la agenda de inmigración de Trump, dijo el lunes Tim Storey, director general de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
En Missouri, el proyecto de ley de Trent otorgaría a los agentes locales el poder de arrestar a personas por un nuevo delito estatal de “entrada indebida por un extranjero”, punible con una multa de hasta 100.000 dólares y un traslado ordenado por la corte a la frontera de Estados Unidos.
Otro proyecto de ley, propuesto por el senador estatal electo de Missouri, David Gregory, también crearía un delito estatal y ofrecería una recompensa de 1.000 dólares a los informantes que alerten a la policía sobre personas que están en el país ilegalmente. Permitiría que cazadores de recompensas privados los encuentren y detengan.
Si bien algunas jurisdicciones se niegan a cooperar con los funcionarios de inmigración federales, “estamos dando un paso adelante y encontrando una manera de ayudar”, dijo Gregory en un comunicado el martes.
El gobernador electo republicano de Missouri, Mike Kehoe, no ha respaldado un plan legislativo específico después de hacer campaña contra la inmigración ilegal y la plaga de fentanilo que se contrabandea a través de la frontera de Estados Unidos. Pero le dijo a The Associated Press: “Si están aquí ilegalmente, definitivamente eso debería activar algo más de lo que lo hace actualmente”.
Los grupos de defensa de los migrantes ya están expresando alarma sobre algunas propuestas estatales. El sistema de recompensas propuesto en Missouri “crearía un caos absoluto y división”, dijo Ashley DeAzevedo, presidenta de American Families United, un grupo que aboga por ciudadanos estadounidenses casados con extranjeros.
Aunque muchos estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía para las personas que viven en Estados Unidos ilegalmente, el respaldo a la deportación también ha crecido.
Más de 4 de cada 10 votantes dijeron que la mayoría de los migrantes que están en Estados Unidos ilegalmente deberían ser deportados al país del que vinieron, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120.000 votantes en las elecciones de este año. Eso es un aumento respecto a aproximadamente 3 de cada 10 en 2020.
Más de la mitad de los votantes dijeron que la mayoría de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente deberían tener la oportunidad de solicitar un estatus legal, una disminución respecto a aproximadamente 7 de cada 10 que afirmaron esto en 2020, según AP VoteCast.
Muchos republicanos señalan a Texas como un modelo para la aplicación de la ley de inmigración. Su programa Operation Lone Star de 11 mil millones de dólares ha erigido alambre de púas y otras barreras a lo largo de la frontera con México, ha estacionado a policías estatales y miembros de la Guardia Nacional de Texas en ciudades fronterizas y ha enviado en autobús a miles de migrantes a ciudades “santuario” lideradas por demócratas como Nueva York, Chicago, Denver, Filadelfia y Washington.
Los agentes de Texas también han hecho decenas de miles de arrestos, incluidos muchos por invasión de propiedad privada.
Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, visitó Texas el mes pasado y dijo que sus tácticas de seguridad fronteriza pueden ser un modelo para el gobierno de Trump. La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que ha estado en contacto regular con el equipo de Trump sobre estrategias.
Siguiendo el ejemplo de Texas, las legislaturas lideradas por republicanos en Iowa, Louisiana y Oklahoma aprobaron medidas que permiten a los agentes arrestar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente.
Poco después de la elección de Trump, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, anunció que estaba trabajando en un plan para deportar a algunos de los más de 500 migrantes que actualmente están en prisiones de Oklahoma y que no son ciudadanos con estatus legal.
Los votantes de Arizona también aprobaron el mes pasado una medida electoral que permite a la policía local arrestar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente desde México, aunque no entrará en vigor hasta que una ley similar en Texas u otro estado haya estado en vigor durante 60 días consecutivos.
Otras medidas estatales republicanas buscan aumentar la cooperación entre los oficiales de la ley locales y los funcionarios de inmigración federales.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció recientemente una iniciativa para mejorar la coordinación con los funcionarios federales para identificar a los migrantes indocumentados en el sistema de justicia penal del estado y entregarlos para su deportación. Cox dijo que habrá “tolerancia cero” para “aquellos que demuestren ser una amenaza para la seguridad pública mientras están en el país ilegalmente”.
Una ley de Georgia promulgada a principios de este año requiere que los carceleros verifiquen el estatus migratorio de los reclusos y soliciten ayuda para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
La medida ganó tracción después del asesinato de la estudiante de la Universidad de Georgia, Laken Riley. Un hombre venezolano que había ingresado a Estados Unidos ilegalmente fue condenado por matarla y sentenciado a cadena perpetua.
La asamblea legislativa controlada por los republicanos de Carolina del Norte el mes pasado anuló un veto del gobernador demócrata Roy Cooper para promulgar una ley que ordena a los jefes de policía locales cumplir con las solicitudes de los agentes de inmigración federales para retener a los reclusos. Esto ocurrió después de que varios jefes de policía demócratas de condados urbanos se negaran a cooperar con el ICE.
Otros gobernadores demócratas que enfrentan legislaturas lideradas por republicanos están resistiendo la posibilidad de planes de deportación generalizados. La gobernadora demócrata de Kansas, Laura Kelly, dijo que apoya la deportación de personas que cometen delitos mientras viven en Estados Unidos ilegalmente, pero no enviará a la Guardia Nacional para ayudar a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, quien también enfrenta una asamblea legislatvia liderada por republicanos, dijo que los migrantes indocumentados “son una parte realmente importante de nuestra economía” en sectores como la agricultura y la manufactura.
“Tratar de sacarlos del país es irracional”, dijo Evers. “Así que haremos todo lo posible por evitarlo”.
