Durante años hablar de “salud mental” era tabú. El esfuerzo de muchos, (legisladores, líderes comunitarios, profesionales de salud mental y medios de comunicación como Impacto), ha incrementado el conocimiento, comprensión, diálogo y aprobación de legislación que mejora el acceso a recursos para quienes atraviesan el camino de la recuperación.

En este mes de “Concientización sobre la salud mental” tenemos la oportunidad de visibilizar este problema en la comunidad hispana (donde aunque las conversaciones sobre bienestar emocional han aumentado, se siguen afrontando barreras singulares para acceder a la atención médica (idioma, servicios limitados con enfoque cultural, etc.).

Redes sociales, polarización política y social, pérdida de un ser querido, vivir una situación de pobreza o vulnerabilidad, carecer de hogar, sufrir bullying, cyberbullying… son algunas de las situaciones que pueden abocarnos a sufrir trastornos psicológicos tales como ansiedad, depresión, etc. Además de estos, el término “salud mental” engloba otros muchos padecimientos y enfermedades que van desde el autismo a las adicciones. En todos ellos, la adecuada supervisión médica ayuda a la mejora o sanación, según los casos.

Mención especial merecen los jóvenes, quienes son especialmente vulnerables (aún más si han tenido trastornos psicológicos previos) por su exposición a redes sociales donde tienden a compararse con otros, algo que puede incrementar su situación de inseguridad y desesperanza. 

Familiares y pacientes, tienen este mes una oportunidad para reflexionar sobre cómo apoyar mejor la salud psicológica y emocional de un familiar (o de uno mismo). Para los legisladores es una oportunidad de desarrollar políticas públicas de apoyo.

Para la ex–educadora y actual senadora de Delaware Laura Sturgeon (D-Distrito 4) “La salud mental es tan importante como la salud física…ver las dificultades que afrontaban mis estudiantes me emocionó mucho para ayudar a aprobar una legislación que les brindaría herramientas, recursos y lenguaje para hablar sobre salud mental”.

Tan importante es el tratamiento como la prevención. Aquí entra en juego Medicaid, un programa conjunto federal y estatal que brinda cobertura médica a más de 80 millones de estadounidenses. Dentro de la cobertura general de salud que brinda, también se incluye la mental.

Un proyecto de ley de gastos propuesto recientemente en el Congreso de los Estados Unidos podría reducir la financiación de Medicaid. La aprobación de este recorte se incluye en la denominada conciliación presupuestaria (“Budget Reconciliation”) –procedimiento legislativo “especial” que permite la consideración acelerada de ciertos cambios legislativos específicos para alinear el gasto, los ingresos y el límite de deuda con los objetivos presupuestarios acordados–. Todo ello sometiéndolo a una consideración acelerada en el Senado, pudiendo aprobarse la legislación por mayoría simple.

Cabe precisar que los inmigrantes indocumentados no pueden inscribirse en la cobertura de Medicaid o CHIP, pero algunos estados ofrecen cobertura a embarazadas, independientemente de su estatus y utilizando también, solo fondos estatales para cubrir a ciertos grupos de inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.

Las encuestas sobre los recortes a Medicaid manejadas por los demócratas señalan gran oposición entre los votantes. Ellos explican que debido a esa impopularidad, los republicanos presentan esos recortes “como una forma de erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso, y de fortalecer el programa para los verdaderamente vulnerables».

“Eso no es apretarse el cinturón, eso es poner en peligro la vida”, dijo la representante Sarah McBride (D-Del) en su intervención en la Cámara de Representantes en Washington DC, el 15 de mayo al oponerse a esta propuesta de cortes históricos a Medicaid.

Para McBride, de aprobarse los recortes lo que sucedería es que se aumentarían los costes para las familias trabajadoras, mediante nuevos gastos, primas más altas y pérdida de cobertura; se generaría una burocracia excesiva, para pacientes, proveedores y gobierno estatal, diseñada para obstaculizar a las personas y expulsarlas del programa; y añadiría 3,7 billones de dólares al déficit, no con el fin de ampliar la atención médica ni invertir en los trabajadores, sino para financiar recortes de impuestos para los estadounidenses más ricos.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (órgano asesor no partidista del Congreso), esta propuesta presupuestaria privaría del seguro médico a casi 7.6 millones de personas.

Por el momento, el nombrado por el presidente como “proyecto de ley Único y Hermoso” (“One Big Beautiful Act”) continúa su avance legislativo. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-LA) intenta que se apruebe antes de Memorial Day, a pesar de las divisiones entre los republicanos, que mantienen el control de la Cámara Baja por un margen muy estrecho.

Este proyecto contiene un recorte de impuestos de 5 billones de dólares. Se pretende –según señala el proyecto de ley– compensar parcialmente esa cesación de ingresos con recortes en otras áreas (por ejemplo restricción de beneficios como Medicaid para los no ciudadanos), cambios en el código tributario, y destinar fondos, entre otros, a la propuesta migratoria de gran alcance prometida por Trump, que ampliaría las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), e implementaría medidas para asegurar la frontera estadounidense mediante un aumento de fondos y personal.

Según Memorándum del Consejo de Asesores Económicos (“Costo de oportunidad del seguro de salud si no se aprueba el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria propuesto para 2025”) que maneja la Casa Blanca –y en el que justifica su propuesta– entre 8,2 y 9,2 millones de personas podrían perder su seguro médico si no se aprueba este proyecto de ley.

Este ambiente de incertidumbre legislativa está haciendo mella en muchas personas de la comunidad latina, convirtiéndose en fuente de preocupación, miedo y desencadenante –o agravante– de problemas de salud mental.