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Demócratas invitan al estado de la Unión a personas afectadas por políticas migratorias

Unión
El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (c), habla durante una rueda de prensa este martes, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Washington.- El Caucus Hispano del Congreso (CHC) presentó este martes a los invitados de honor que acompañarán hoy a esta asamblea demócrata en el discurso sobre el estado de la Unión y que suponen «una muestra de héroes cotidianos» que a su juicio ponen rostro a los efectos de las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump.

El joven que sostiene a su familia a distancia

Fernando Hernández García -invitado de honor del presidente del Caucus, Adriano Espaillat- es el hijo mayor de una familia de seis hermanos a los que no ve desde el año pasado, cuando todos ellos fueron deportados a México.

«Cada vez que vengo a casa me siento como si estuviera en un cofre. No puedo salir. Me siento sin vida. Como si no perteneciera a mi propia casa. Y todo lo que necesito es que mi familia vuelva», lamentó el joven de tan solo 18 años.

Hernández, ciudadano estadounidense, se quedó solo en el país después de que toda su familia fuera detenida en un retén de la Patrulla Fronteriza cuando viajaban a Houston, Texas, en busca de atención médica para su hermana Sara, enferma de cáncer cerebral.

Desde entonces Fernando ha terminado la educación secundaria, trabaja para mantener el hogar familiar y asume además los costos de los medicamentos para su hermana.

Sobreviviente de un tiroteo de un agente federal

El congresista por Illinois Jesús ‘Chuy’ García invitó a Marimar Martínez, sobreviviente de un tiroteo casi mortal a manos de un agente federal.

El 4 de octubre, cuando se dirigía a donar ropa a una iglesia, Martínez recibió cinco disparos de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), un incidente tras el cual el Gobierno federal la acusó penalmente y la etiquetó  como «terrorista doméstica».

Aunque los cargos fueron finalmente retirados, algunos funcionarios federales han continuado, según aseguró García, una campaña de difamación en su contra.

Personas detenidas por el ICE

Por su parte, el representante por Nueva Jersey Rob Menendez invitó a Mónica Van Housen, la sobrina de Adriana Zapata, una mujer que permanece detenida en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas.

«Desde su detención, la salud de mi tía ha empeorado drásticamente. Tiene un brazo roto y ha desarrollado diabetes. Esto no es justicia, es inhumano», denunció.

Durante el discurso sobre el estado de la Unión de este martes se espera que Trump saque pecho de sus políticas migratorias, en un contexto de creciente descontento ciudadano y en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que cumple hoy once días sin visos de acuerdo en el Congreso.

A raíz de la muerte de dos ciudadanos de Mineápolis durante las redadas masivas de enero, los demócratas exigen que el Departamento cambie protocolos de operación para sus agentes migratorios -desde no llevar máscaras a la obligatoriedad de contar con una orden judicial para realizar un allanamiento- como condición para aprobar partidas presupuestarias que permitan funcionar a esta cartera para lo que resta de ejericicio fiscal hasta septiembre.

«El verdadero estado de la Unión es una escena de crimen. Esta es una ocupación doméstica diseñada para hacer que nuestras familias tengan miedo», alertó la representante Norma Torres durante la rueda de prensa.

Otros congresistas que llevarán como invitados de honor a personas afectadas por las políticas migratorias del republicano serán Ilhan Omar, de Minesota, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

La réplica a Trump en español quedará a cargo del senador Álex Padilla, el primer latino en ser elegido para representar a California en la Cámara Alta.

Uncertainty      

The anxiously expected decision by the Supreme Court of the United States, on the main instrument of international economic policy applied by the White House, was announced last Friday. The Court confirmed that tariffs are taxes and only Congress has the power to impose them. Therefore, the President enjoys no authority to impose tariffs during peacetime.

The Wall Street Journal (02/21-22/26) described the decision as “a monumental vindication of the Constitution’s separation of powers.” But many questions remained unanswered, to the point that the decision may increase the uncertainty that has characterized the imposition of tariffs by the White House. For instance, the Court did not say if almost $200 billion collected by the Treasury from the imposed tariffs should be refunded to the importers and to the consumers. The Court’s decision is also generating many questions among those governments that signed trade agreements with the United States, including higher tariffs and investment promises. In several cases, some of these agreements still must be ratified by the legislature of these countries, which means that they are not yet binding.

Augmenting uncertainty, the reaction from President Donald Trump, besides criticizing the Court’s decision and some of the judges, consisted of the immediate announcement, based on other laws, of additional 10 percent tariffs, increased the next day to 15 percent.    

*International analyst and consultant, former Director ECLAC Washington. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV, UNIVISION, TELEMUNDO and other media.

Incertidumbre   

El viernes pasado fue anunciada la decisión ansiosamente esperada de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre el principal instrumento de  política económica internacional aplicado por la Casa Blanca. La Corte confirmó que los aranceles son impuestos y que sólo el Congreso tiene la potestad de imponerlos. Por ende, el presidente no tiene ninguna autoridad para imponer aranceles en tiempos de paz.

 El Wall Street Journal (02|21-22|26) describió la decisión como “una reivindicación monumental de la separación de poderes de la Constitución.” Pero quedaron muchas preguntas sin respuesta, al punto que la decisión puede aumentar la incertidumbre que ha caracterizado la imposición de aranceles por la Casa Blanca. Por ejemplo, la Corte no dijo si los casi $200,000 millones cobrados por el Tesoro por los aranceles aprobados deben ser rembolsados a los importadores y| a los consumidores. La decisión de la Corte también está generando muchas preguntas entre aquellos gobiernos que firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos, incluyendo aranceles más elevados y promesas de inversión. En varios casos algunos de estos acuerdos deben ser ratificados por las legislaturas de esos países, lo cual significa que aún no son obligatorios.

 Aumentando la incertidumbre, la reacción del presidente Donald Trump, además de criticar la decisión y algunos de los jueces, consistió en el anuncio inmediato, basándose en otras leyes, de aranceles adicionales de 10 por ciento, aumentados al siguiente día a 15 por ciento.   

*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Infantino afirma que tiene confianza total en México para el Mundial, pese a violencia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (Foto: EFE/André Coelho)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este martes en la ciudad colombiana de Barranquilla que tiene «confianza total en México» para la realización del Mundial de este año, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia desatada en el país.

«Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible», afirmó Infantino en una rueda de prensa.

Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, México sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

El Gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que el lunes hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo dijo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Igualmente, en marzo se celebrará en México el Torneo clasificatorio para el Mundial de Fútbol de 2026, que dará dos cupos a la Copa del Mundo, y será inaugurado el remodelado estadio Azteca, donde se disputará el partido inaugural del torneo entre los norteamericanos y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

«Tenemos unos partidos en un mes en México, los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el nuevo estadio Azteca. México es un gran país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad», expresó Infantino.

A renglón seguido agregó: «De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades y seguimos, de todas maneras, la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble».

Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

(Foto: EFE/WILL OLIVER)

La Administración de Donald Trump logró este martes que el Tribunal de Apelaciones federal rechazara suspender temporalmente la implementación de un acuerdo entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Rentas Internas (IRS), que permite compartir determinados datos de contribuyentes en el marco de la política migratoria del Gobierno.

El acuerdo entre el IRS y el DHS contempla que la información pueda ser solicitada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ayudar en investigaciones y acciones de inmigración, algo que, según los críticos, debilita la confidencialidad tradicionalmente garantizada a los contribuyentes.

Organizaciones proinmigrantes, entre ellas Centro de Trabajadores Unidos, habían presentando una demanda argumentando que el acuerdo entre el IRS y el DHS para compartir datos de contribuyentes viola la protección de confidencialidad de datos fiscales.

Con su decisión de hoy, el tribunal respalda parcialmente un fallo emitido en mayo de 2025 por un tribunal federal del Distrito de Columbia, que determinó que el Memorando de Entendimiento entre ambas agencias no vulnera las disposiciones del Código de Impuestos Internos que restringen la divulgación de información fiscal.

Otros dos tribunales habían fallado previamente (en noviembre de 2025 y a principios de este mes) a favor de los demandantes, por lo que el Gobierno recurrió ante la corte de apelaciones, que este martes dio a conocer su resolución.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el IRS comparta con el DHS direcciones y números de teléfono en determinadas circunstancias.

La demanda fue presentada por varios grupos proinmigrantes. Según los registros judiciales, el DHS había solicitado en 2025 las direcciones de 1,2 millones de personas, y la agencia tributaria compartió finalmente los datos de cerca de 47.000 contribuyentes.

Los demandantes alegaron que el IRS actuó de manera arbitraria al modificar su postura previa de no compartir ciertos datos, un argumento que el tribunal rechazó.

«El punto simple y decisivo aquí es que la sección 6103(i)(2) autoriza al IRS a divulgar información de direcciones a determinados funcionarios del Gobierno para su uso en investigaciones penales no tributarias y únicamente en respuesta a una solicitud válida», escribió el juez Harry T. Edwards en el fallo.

«Consideramos que es poco probable que los apelantes tengan éxito en su alegación de actuación arbitraria y caprichosa», añadió el magistrado.

En abril de 2025, el IRS alcanzó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para intercambiar datos confidenciales de contribuyentes con el objetivo de localizar a inmigrantes indocumentados, dentro del plan de deportaciones masivas impulsado por la Administración Trump.

Estados demandan al gobierno de Trump por cambios a recomendaciones de vacunas infantiles

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, habla con los periodistas mientras el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, escucha afuera de la Corte Suprema de EEUU, el 5 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto: AP/Mark Schiefelbein/Archivo)

Más de una docena de estados demandaron el martes al gobierno de Donald Trump por revocar las recomendaciones de vacunación para niños, ya que consideran que la medida es una amenaza ilegal para la salud pública.

Los estados sostienen que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pusieron en riesgo la vida de los niños cuando anunciaron el mes pasado que dejarían de recomendar que todos los niños se inmunicen contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS. Según la nueva guía, que recibió críticas de expertos médicos, las protecciones contra esas enfermedades se recomiendan sólo para ciertos grupos considerados de alto riesgo o cuando los médicos las recomiendan en lo que se denomina “toma de decisiones compartida”.

Las nuevas recomendaciones de vacunación hacen caso omiso de orientaciones médicas de larga data y obligarán a los estados a gastar más para protegerse contra brotes, manifestaron los estados, entre ellos Arizona y California.

“La salud y la seguridad de los niños en todo el país no es un asunto político”, afirmó la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, en una conferencia de prensa. “No es un tema de discusión de guerra cultural”.

Los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondieron por el momento a solicitudes de comentarios sobre la demanda.

La demanda intensifica una batalla entre estados gobernados por demócratas y la administración federal republicana por los cambios en la política de salud pública implementados por el secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr. El gobierno de Trump ha despedido a miles de trabajadores en agencias federales de salud pública, recortado fondos para la investigación científica y modificado directrices gubernamentales sobre el flúor y otros temas.

El año pasado, Kennedy destituyó a todos los integrantes de un comité asesor de vacunas y los reemplazó con sus propios elegidos, lo que, según la querella presentada el martes, fue ilegal.

La demanda se presenta meses después de que los gobernadores demócratas de California, el estado de Washington y Oregon lanzaran una alianza para establecer sus propias recomendaciones de vacunación. Los gobernadores señalaron que la administración federal estaba poniendo en riesgo la salud de la gente al politizar a los CDC.

Los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad para exigir vacunas a los escolares, aunque los requisitos de los CDC suelen influir en las regulaciones estatales.

Pennsylvania residents question police response to student ICE protesters after juveniles detained

Durante una de las jonandas de protestas en la región de Montgomery, Pa. 8 febrero 2026. (Foto: Crédito/Facebook Danielle Kwock Phillips)

PHILADELPHIA. — Some residents in the Philadelphia suburb of Quakertown are calling for the police chief to resign after a scuffle between police and high school students protesting immigration enforcement policies left several juveniles in custody for four days.

Video circulating online shows an older man in street clothes approach a group of young protesters outside a delicatessen and put his arm around the neck of a teenage girl as other teens swing at him and they both fall to the ground.

The footage taken by bystanders captures only part of the encounter and does not show what happened before things turned physical. Afterward, students can be seen picking up binders and folders scattered on the ground.

The man was later identified as 72-year-old Police Chief Scott McElree, who also serves as the borough manager — the town’s top administrative official responsible for overseeing daily operations.

Bucks County District Attorney Joe Khan, a former federal prosecutor, is investigating. McElree did not return messages left Tuesday by The Associated Press at his home and workplace.

The group had staged a walkout from Quakertown Community High School, leaving the building chanting and carrying handmade signs protesting immigration enforcement policies.

“No more ICE!” students are heard chanting in video footage posted on social media, before McElree enters the frame. Another officer, who appears to be wearing police identification, tells students the protest «doesn’t need to be in the street.”

“It’s a peaceful protest. We’re peacefully protesting!” a student can be heard saying in response. The camera pivots to another adult man, who appears to pull the chief away from the girl.

McElree can be seen talking to other officers on the scene after the scuffle before getting into a vehicle.

“In abandoning his job and his mission on Friday afternoon, Chief McElree effectively was acting as a counterprotester, albeit one with the ability to arrest people. Quakertown deserves better,» said Witold Walczak, legal director of the ACLU of Pennsylvania.

The Quakertown Police Department, in a statement Friday, said five or six demonstrators were taken into custody after the group became disruptive while protesting Immigration and Custody Enforcement actions across the country. The group had staged a walkout from Quakertown Community High School.

“Some participants began engaging in disruptive behavior, including throwing snowballs at vehicles, kicking cars, and damaging property, such as tearing a side mirror from a car. Officers issued additional warnings to maintain civil,” the police statement said.

The students — who were detained throughout the weekend and again Monday when a snowstorm closed county offices – were due in juvenile court Tuesday for bail hearings, according to the Bucks County District Attorney’s Office. The hearings are closed to the public, and no further information was immediately available.

Calls left Tuesday for other borough officials were not immediately returned.

Speakers at a borough council meeting Monday evening called for the students’ release, and more than 9,000 people have signed an online petition calling for the chief’s resignation. Quakertown, about 35 miles north of Philadelphia, has about 9,300 residents.

“The police should have been there to facilitate the demonstration, ensuring that the students could safely exercise their rights to assemble and speak out freely as guaranteed by our Constitution,” Walczak said. “They failed.”

Familiares de presos políticos reclaman retrasos de liberaciones en una cárcel de Caracas

Caracas
Policías custodian el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Caracas.- Familiares de los presos políticos recluidos en los calabozos del comando policial conocido como Zona 7, en Caracas, reclamaron que no se han producido liberaciones en este sitio después de la aprobación de la Ley de Amnistía, pese a que el presidente del Parlamento venezolano aseguró que esta cárcel sería uno de los centros priorizados en la revisión de casos.

«Ya estamos cansados del hermetismo, estamos cansados de esperar», declaró a la prensa Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, en las afueras de este centro policial del este de Caracas.

Cano consideró que las autoridades «tienen como olvidado» el centro de detención de Zona 7, donde no ha habido excarcelaciones desde la promulgación de la amnistía el pasado jueves.

«Estamos viendo por redes sociales que están saliendo (liberados) de (las cárceles) Yare, de El Rodeo, de otros recintos cancelarios, lo cual me alegro mucho (…) No lucho solamente por mi hijo, lucho por todos los presos políticos, para que todos sean liberados, pero ¿qué pasa con Zona 7?», cuestionó.

Por su parte, Narwin Gil, hermana de una presa política, dijo que los familiares en las afueras de Zona 7 se sienten «excluidos» y que no han recibido respuestas de las autoridades, pese a su vigilia en las afueras de la prisión y la huelga de hambre que mantuvieron algunas familiares la semana pasada.

«A pesar de que estuvimos en la huelga de hambre diez personas, incluyéndome, no tuvimos respuesta «

Señaló que necesitan respuestas y estarían dispuestos a conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes recibió en el palacio presidencial de Miraflores a un grupo de «víctimas de la violencia política», alineados con el chavismo.

«Necesitamos la respuesta de ella (…) Acá también usted tiene unos familiares que la están esperando (…). Podemos dialogar con usted y explicarle las necesidades que tenemos, que la única que tenemos es que estén libres todos», insistió, en referencia a la mandataria encargada.

Una veintena de familiares mantienen una vigilia y pernocta permanente en las afueras de Zona 7 desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno encargado.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó el sábado que los primeros casos de amnistía que se estaban atendiendo serían de detenidos en Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.

Hasta la mañana de este lunes, al menos 65 personas habían sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó la ONG Foro Penal, mientras que familiares de detenidos reportaron liberaciones durante el fin de semana en cárceles como El Rodeo I y II y Yare, ambas ubicadas en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas. 

¿Qué está en juego para las familias latinas de Filadelfia bajo el plan del Distrito Escolar?

Distrito Escolar de Filadelfia. (Foto: Archivo)

Cada mañana, Alicia Reyes camina con su hija junto a las casas adosadas de ladrillo rojo rumbo a la escuela primaria Overbrook: pasan por la tiendita de la esquina y por el vecino que saluda desde su escalinata. Adentro, los maestros reciben a los estudiantes por su nombre. Es una escuela que conoce a sus niños. Reyes no está segura de cuánto tiempo más estará allí. Su escuela está en una lista. También lo están otras diecinueve —primarias, intermedias y secundarias— que se extienden desde el noroeste de Filadelfia hasta el oeste y el norte, todas señaladas en el plan de instalaciones a largo plazo del Distrito Escolar de Filadelfia.

Los funcionarios dicen que la propuesta se centra en la responsabilidad fiscal: consolidar edificios subutilizados, reducir los costos de mantenimiento y redirigir los ahorros hacia instalaciones modernizadas y programas más sólidos. Los planes están disponibles aquí. Menos edificios, argumentan, significan un uso más inteligente del dinero. Para las familias —muchas de ellas de bajos ingresos y latinas en vecindarios ya en tensión— suena a algo que han escuchado antes.

La matrícula del Distrito ha caído aproximadamente un 12 por ciento desde 2014–15 hasta cerca de 117,956 estudiantes en escuelas tradicionales y alternativas este año. Edificios diseñados para salones llenos ahora absorben los ecos de pasillos medio vacíos. La matemática, dicen los funcionarios, ya no funciona. Pero la caída no es uniforme. La matrícula hispana y latina ha aumentado de manera constante en toda la ciudad, transformando las escuelas de Kensington, Hunting Park y Fairhill. El español es ahora el idioma no inglés más reportado en los hogares del Distrito. En comunidades donde la población estudiantil está creciendo —no disminuyendo—, el cierre de una escuela no es una respuesta a la realidad demográfica. Es una colisión con ella.

Sea cual sea la fórmula que el Distrito aplique a sus edificios, lo hace en un contexto de creciente inestabilidad federal. El Gobierno federal retuvo casi $7 mil millones en fondos educativos que se esperaba que se distribuyeran a estados y distritos —dinero destinado a programas para estudiantes de inglés, desarrollo docente y enriquecimiento académico. Las agencias federales liberaron algunos fondos más tarde bajo presión legal. Aun así, la interrupción expuso una vulnerabilidad estructural: las escuelas de Filadelfia dependen de subsidios que pueden no llegar del Gobierno federal, cuyas prioridades están en otra parte.

Mientras tanto, casi un tercio de los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad asisten a escuelas chárter o chárteres virtuales, cada una de las cuales extrae financiación por alumno del presupuesto del Distrito. El resultado es una ciudad con demasiados edificios parcialmente vacíos —algunos administrados por el Distrito, otros por operadores de chárter— y una fórmula de financiamiento que castiga al Distrito por asientos vacíos sin importar por qué existen.

La investigación sobre la consolidación es contundente. Los salones más grandes —el resultado casi inevitable de absorber a estudiantes desplazados sin incrementos equivalentes de personal— se correlacionan de manera consistente con peores resultados, especialmente para niños que enfrentan pobreza, barreras lingüísticas o inestabilidad de vivienda. Para esos estudiantes, la interrupción no es un inconveniente menor. Es un obstáculo con consecuencias académicas duraderas.

Filadelfia ya ha conocido estas crisis. Cuando Germantown High School cerró en 2013, el Distrito aseguró a las familias que los estudiantes llegarían a entornos más fuertes y que el vecindario se recuperaría. “En el pasado, se nos dijo que nuestros hijos se beneficiarían de la consolidación”, dijo Melanie Rivera, de Germantown, cuyo hijo fue desplazado en su último año. “Tuvo dificultades para adaptarse. Y el vecindario nunca se recuperó completamente».

En las audiencias públicas de esta primavera, esa historia volvió a aparecer una y otra vez. La Federación de Maestros de Filadelfia ha sido clara: lo que necesitan las escuelas en dificultades es inversión, no cierre. La consolidación sin personal adecuado no es reforma: es desplazamiento disfrazado de eficiencia.

En 440 North Broad Street —la torre administrativa del Distrito—, los funcionarios decidirán, eventualmente, qué escuelas sobrevivirán. La sede del distrito es deliberadamente institucional, la arquitectura de los sistemas más que la de las comunidades, pero las escuelas no son solo edificios; son el sonido de un pasillo lleno de niños que saben cuál es su lugar, el arte en las paredes pintado por exalumnos. Son los fríos amaneceres de enero en los que los padres esperan en la puerta porque dejar a su hijo en la escuela es una de las pocas cosas que aún salen bien ese día.

El Distrito dice que está escuchando. Las familias dicen que ya han escuchado eso antes. Lo que ocurra después —en negociaciones presupuestarias y sesiones de planificación a puerta cerrada, lejos de los vecindarios a los que afectarán— responderá a una pregunta que Filadelfia lleva décadas sin resolver: ¿La educación pública en esta ciudad es algo que sus líderes están construyendo, o algo que están desmantelando lentamente?

Del récord al retroceso: Trump pierde terreno entre los latinos rumbo al 2026 y llega al Discurso del Estado de la Nación con índices de aprobación debilitados y profundo escepticismo público

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa con reporteros en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 20 de enero de 2025. (Foto: EFE//JIM LO SCALZO)

A pocas horas del Discurso del Estado de la Nación de esta noche, el presidente Donald Trump enfrenta un escenario político marcado por fuertes niveles de desaprobación, una ciudadanía profundamente dividida y un clima general de desconfianza hacia el rumbo del país, según las encuestas más recientes publicadas el 23 de febrero.

Diversos sondeos nacionales muestran que el mandatario se prepara para dirigirse al Congreso con un índice de aprobación del 39%, mientras un 61% desaprueba su gestión, de acuerdo con una encuesta conjunta de The Washington Post, ABC News e Ipsos. La caída es especialmente marcada entre los votantes independientes: solo 26% de ellos aprueba el desempeño del presidente, lo que representa una reducción de 15 puntos en comparación con febrero de 2025, según cifras de CNN.

Aquí tienes, Perla, una nota conclusiva lista para publicar y un titular fuerte, basada en los datos confirmados más recientes sobre el voto y apoyo latino a Donald Trump.
Todo está respaldado con citas verificadas.


Trump pierde terreno entre los latinos que votaron por él


El voto latino, largamente considerado un bloque electoral clave en Estados Unidos, atraviesa en 2026 un momento de cambio profundo. Aunque Donald Trump obtuvo en 2024 un respaldo histórico entre los votantes hispanos —con estimaciones que oscilan entre 42% según proyecciones de Associated Press y AS/COA, y 45% según encuestas de salida de NBC News— las encuestas más recientes muestran un deterioro notable en su relación con este sector demográfico.

Un análisis de febrero de 2026 del Latino News Network, basado en datos del Pew Research Center, revela que el 70% de los latinos desaprueba la labor de Trump como presidente. Esta cifra implica que su aprobación general entre hispanos se sitúa entre el 25% y el 30%, muy por debajo del apoyo que obtuvo en las urnas hace dos años.

Esto sugiere que, aunque Trump logró una penetración inédita en el electorado latino en 2024, el respaldo a su gestión ha disminuido en el conjunto de la comunidad, convirtiéndola en el grupo en el que más simpatizantes ha perdido en los últimos meses. Medios como CBC News ya advertían en febrero que encuestas recientes mostraban un declive sostenido en el apoyo latino, especialmente tras episodios que generaron descontento, como su crítica al espectáculo en español del Super Bowl.

Sin embargo, los datos ofrecen un matiz importante: entre los latinos que sí votaron por Trump en 2024, el 81% continúa apoyándolo, aun cuando esa cifra representa un descenso respecto a mediciones previas. Esto indica que la pérdida de respaldo proviene principalmente de latinos que no lo eligieron originalmente, pero que pudieron haber mostrado apertura a su candidatura en ciertos momentos del ciclo político.

La fractura interna del voto latino —con diferencias generacionales, regionales y socioeconómicas— se refleja en estas cifras. Aunque Trump mantiene una base sólida entre parte de sus votantes hispanos, el retroceso en la aprobación general sugiere que su atractivo electoral en el conjunto de la comunidad se ha debilitado.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina y el país entrando en un nuevo ciclo político, los datos muestran que el voto latino no solo es decisivo, sino también volátil. El reto para la campaña de Trump, y para cualquier aspirante en 2026, será reconectar con un electorado que en 2024 rompió tendencias históricas, pero que hoy manifiesta una creciente distancia hacia el presidente.

Economía: la principal fuente de descontento

El estado de la economía continúa siendo un factor central en la percepción negativa del electorado. Un análisis del Pew Research Center revela que solo 28% de los estadounidenses considera que la economía se encuentra en condiciones “excelentes o buenas”, mientras que el 72% la califica como “regular o mala”.

El rechazo también se extiende al efecto de las políticas económicas del presidente: apenas el 28% de los estadounidenses cree que sus acciones han mejorado la economía, en contraste con un 52% que afirma que las han empeorado. La polarización partidista persiste: mientras el 57 % de los republicanos considera que las políticas económicas de Trump han beneficiado al país, solo el 3 % de los demócratas comparte esa visión.

Los aranceles continúan siendo un punto de fricción. Antes del reciente revés judicial del 20 de febrero, un 60% de los estadounidenses desaprobaba el aumento de las tarifas, según encuestas citadas por Pew Research.

Gestión gubernamental: desaprobación generalizada

Además del ámbito económico, otros temas clave registran elevados niveles de rechazo. Un sondeo reciente indica que:

  • 58% desaprueba la gestión de la inmigración.
  • 57% desaprueba su manejo de la economía.
  • 65% desaprueba la actuación del presidente ante la inflación.
  • 64% desaprueba su manejo de las tarifas comerciales.

Estas cifras confirman un desgaste político significativo en la antesala de un discurso que tradicionalmente busca proyectar fortaleza y liderazgo.

“Dirección del país”: mayoría cree que va por mal camino

Las encuestas agregadas de los últimos días también muestran que la percepción generalizada es negativa respecto al rumbo del país. Diversos estudios revelan un predominio del sentimiento de que Estados Unidos va por el “mal camino”, incluyendo:

  • Wrong track 51% (Rasmussen Reports)
  • Wrong track 57% (Big Data Poll)
  • Wrong track 64% (Reuters/Ipsos)

Estos indicadores sugieren un entorno político adverso para el presidente justo antes del discurso.

El desafío de esta noche

Esta será la segunda vez que Trump se dirija al Congreso desde su regreso a la Casa Blanca. Con las elecciones legislativas a la vista y tras una serie de decisiones económicas y políticas ampliamente discutidas —incluyendo medidas arancelarias, tensiones internacionales y cuestionamientos sobre su gestión de la inmigración—, el mandatario enfrenta esta cita con un nivel de apoyo erosionado y una ciudadanía que manifiesta serias dudas sobre su liderazgo.

La expectativa ahora se centra en si el discurso de esta noche logrará modificar la percepción pública o reforzar la división política que domina el panorama nacional.