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EE. UU. y hutíes prometen escalada tras ataques en Yemen

Foto tomada de video, difundido por la Oficina de Prensa Ansar Allah via el canal de televisión Al Masirah, que muestra a un niño herido en un hospital en hospital en Saada, Yemen, el 15 de marzo del 2025 tras ataques aéreos en el país. (Al Masirah TV via AP)

Por SAMY MAGDY Associated Press

EL CAIRO (AP) — Estados Unidos y los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen están prometiendo una escalada después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos para disuadir a los rebeldes de atacar buques militares y comerciales en uno de los corredores de envío más transitados del mundo.

“No vamos a permitir que estas personas controlen qué barcos pueden pasar y cuáles no. Así que tu pregunta es, ¿cuánto tiempo continuará esto? Continuará hasta que ya no tengan la capacidad de hacerlo”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio a CBS el domingo. Manifestó que estos no son los ataques de represalia aislados que la administración Biden llevó a cabo después de los ataques hutíes.

El presidente Donald Trump prometió el sábado utilizar “fuerza letal abrumadora” hasta que los hutíes cesen sus ataques y advirtió que Teherán sería considerado “totalmente responsable” por sus acciones.

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes informó que los ataques nocturnos mataron al menos a 31 personas, incluidas mujeres y niños, y dejaron más de 100 heridos en la capital Saná y en la provincia norteña de Saada, bastión de los rebeldes en la frontera con Arabia Saudí.

El asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz, dijo el domingo a ABC que los ataques “en realidad apuntaron a múltiples líderes hutíes y los eliminaron”. No los identificó ni presentó pruebas. Rubio mencionó que algunas instalaciones hutíes habían sido destruidas.

La oficina política de los hutíes ha declarado que los rebeldes responderán a los ataques estadounidenses y “enfrentarán la escalada con escalada”.

El domingo, los hutíes afirmaron haber atacado al grupo de ataque del USS Harry S. Truman con misiles y un drone, pero dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que no detectaron nada. Los funcionarios hablaron a condición de anonimato para poder hablar de operaciones militares.

El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado, pidió “máxima moderación y una cesación de todas las actividades militares”, advirtiendo sobre los “graves riesgos” para la crítica situación humanitaria en Yemen, la nación más pobre del mundo árabe.

Los hutíes han atacado repetidamente el comercio internacional en el Mar Rojo y han lanzado misiles y drones contra Israel en lo que los rebeldes han denominado actos de solidaridad con los palestinos en Gaza, donde Israel ha estado en guerra con Hamás, otro aliado iraní. Hundieron dos buques mercantes.

Rubio indicó que en los últimos 18 meses, los hutíes habían atacado a la Marina de Estados Unidos “directamente” 174 veces y habían atacado el comercio marítimo 145 veces con “armamento guiado de precisión antibuque”.

Los ataques desataron los combates más serios que la Marina había visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Los ataques aéreos nocturnos fueron uno de los ataques más extensos contra los hutíes desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Los ataques hutíes se detuvieron cuando un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás se estableció en Gaza en enero, pero la semana pasada los rebeldes advirtieron que renovarían los ataques contra buques israelíes que navegan frente a Yemen después de que Israel interrumpiera el flujo de ayuda humanitaria a Gaza este mes.

No se han reportado ataques hutíes desde entonces. El domingo, Irán respondió a la advertencia de Trump y negó estar ayudando a los hutíes.

El jefe de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el general Hossein Salami, negó que su país estuviera involucrado en los ataques hutíes, afirmando que “no juega ningún papel en la fijación de las políticas nacionales u operativas” de los grupos militantes con los que está aliado en toda la región, según la televisión estatal.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en X, instando a Estados Unidos a detener sus ataques aéreos y declaró que Washington no puede dictar la política exterior de Irán.

Estados Unidos y otros han acusado durante mucho tiempo a Irán de proporcionar ayuda militar a los rebeldes. La Marina norteamericana ha confiscado partes de misiles y otras armas de fabricación iraní que, según dijo, estaban destinadas a los hutíes.

Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña habían atacado previamente áreas controladas por los hutíes en Yemen, pero la nueva operación fue realizada únicamente por Estados Unidos. Fue el primer ataque contra los hutíes bajo la segunda Administración de Trump.

El grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman, que incluye el portaaviones, tres destructores de la Marina y un crucero, se encuentra en el Mar Rojo y formó parte de la misión. El submarino de misiles de crucero USS Georgia también ha estado operando en la región.

Deportan a cientos de migrantes pese a orden judicial que detuvo las expulsiones

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem (centro) escucha mientras Sidney Aki, director de operaciones de campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (izq), habla en el puerto de entrada de San Ysidro en San Diego, California, el 16 de marzo del 2025. (Foto AP/Alex Brandon)

La Administración Trump ha transferido a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, dijeron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire en el momento de la decisión.

El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.

Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que la administración Trump claramente violó su “espíritu”.

“Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno», explicó Vladeck.

Los migrantes fueron deportados tras la declaración de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos.

La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes de inmigración o penales. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda que llevó a la orden de restricción temporal de Boasberg sobre las deportaciones, indicó que estaba preguntando al gobierno si las expulsiones a El Salvador eran en desafío a la corte.

“Esta mañana, pedimos al gobierno que asegure a la Corte que su orden no fue violada y estamos esperando escuchar, además de intentar hacer nuestra propia investigación”, informó el domingo en un comunicado el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.

En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la declaración de Trump sobre la ley, destacando que esta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.

El Tren de Aragua se originó en una prisión infame por anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después de que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para pintar imágenes engañosas de comunidades que él afirmaba estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores.

La Administración Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados, ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.

Un video publicado por el gobierno de El Salvador el domingo mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de oficiales con equipo antimotines. Los hombres, con las manos y los tobillos encadenados, batallaban para caminar mientras los oficiales les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.

El video también mostró a los hombres siendo transportados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión: pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zuecos de goma, y luego fueron colocados en celdas.

Los migrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.

En un comunicado el sábado ya tarde, la Administración Trump informó que el presidente había firmado la noche del viernes la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos. Los abogados de inmigración dijeron que, tarde el viernes, notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener las transferencias.

“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser removido bajo el pretexto de pertenecer a Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos.

La litigación que llevó a la suspensión de las deportaciones fue presentada en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera como miembro del Tren de Aragua y expulsarlo del país.

Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos el sábado por la mañana cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición a todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley hasta su audiencia de la tarde. Señaló que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que Trump excedió su autoridad legal al invocarla.

La prohibición de deportaciones se mantiene por hasta 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para el viernes para escuchar argumentos adicionales en el caso.

Dijo que tuvo que actuar porque los migrantes cuyas deportaciones podrían violar realmente la Constitución merecían la oportunidad de que sus súplicas fueran escuchadas en la corte.

“Una vez que estén fuera del país”, comentó Boasberg, “hay poco que podría hacer”.

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

La industria del tequila en México define estrategias para afrontar aranceles de Trump

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Jimadores laboran este sábado en un campo de agave en el municipio de el Arenal, en el estado de Jalisco (México). (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Guadalajara, México.- La industria del tequila en México prepara diversas estrategias de mercado ante la amenaza de aranceles de 25 % por parte del gobierno de Estados Unidos a las exportaciones del país.

Los productores advierten de que de materializarse estas nuevas tarifas a las exportaciones mexicanas se afectaría a toda la cadena productiva, desde los agricultores de agave hasta los distribuidores y consumidores estadounidenses.

Ana Cristina Villalpando, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), dijo a EFE que este sector ha previsto tres escenarios para afrontar los impuestos aduaneros al tequila, el segundo destilado más consumido en territorio estadounidense.

“Lo primero es que la empresa absorba totalmente el 25 %, la segunda es que sea compartido (con el consumidor) y la tercera es trasladarlo completamente al consumidor”, dijo.

Si bien Villalpando delineó estos tres posibles escenarios, explicó que cada empresa deberá evaluar su propia estrategia de mercado.

La CNIT estima que en 2024 las exportaciones de tequila a EE. UU. alcanzaron los 335 millones de litros, es decir, 67,5 % de la producción total de tequila, que fue de 500 millones de litros, convirtiéndose en el principal destino de exportaciones del sector.

Jimadores laboran este sábado en un campo de agave en el municipio de el Arenal, en el estado de Jalisco (México). (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Las afectaciones irían en diferentes direcciones, entre ellas el aumento del precio de cada botella de tequila, lo que propiciaría que los consumidores elijan otras bebidas alcohólicas.

O bien, añadió, que los proveedores y minoristas afronten ajustes en sus márgenes de comercialización, afectando a sus inversiones y estrategias de crecimiento.

También la cadena productiva sufriría los estragos, pues habría menos pedidos y contratos, es decir, menos ventas para exportación, agregó Villalpando.

Para ello, advirtió de que la CNIT diseña ya estrategias para que la bebida mexicana permanezca en el gusto de los estadounidenses.

“Que el consumidor, con el mismo presupuesto que designa a un tequila, pueda adquirir algún otro que sea del segmento del mismo presupuesto que tiene considerado. Entonces ahí dependeremos de la estrategia de negocio que siga cada casa tequilera”, indicó la directora de la CNIT.

Agregó que la Asociación de Destiladores de Estados Unidos les ha referido perjuicios en su cadena de distribución y los centros de consumo, así como la amenaza a 31.000 empleos formales que podrían cambiar a temporales o reducir su jornada.

Jimadores laboran este sábado en un campo de agave en el municipio de el Arenal, en el estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

 Compras de pánico

En medio de la incertidumbre por las tensiones comerciales entre ambos países, los productores tequileros en México han recibido pedidos de pánico de distribuidores estadounidenses que quieren adelantarse a un alza de precios que no termina de llegar, debido al aplazamiento de la entrada en vigor que el presidente Trump ha decidido en dos ocasiones.

Melly Barajas, dueña de la empresa Leyenda de México, contó que de diciembre de 2024 a la fecha han sacado a marchas forzadas pedidos de hasta tres veces más de lo acostumbrado en esta época.

En promedio, detalló que envían 10 contenedores a EE. UU. con 11.880 litros de botellas con producto premium.

Sin embargo, aunque estos pedidos extra significan mayores ventas, no hay certeza de que continúen los siguientes meses, precisó.

“Compras de terror. No me encanta, porque si bien es cierto que estamos vendiendo más,¿qué va a pasar mañana? No puedes contratar más gente porque no sabemos si vamos a tener el trabajo para esa gente. Nos está afectando en todo, no sabemos qué hacer y el crecimiento está en pausa”, lamentó.

  Al cierre de enero de 2025, las exportaciones de tequila registraron un incremento del 34,6 % respecto al mismo periodo de 2024.

Gildardo Partida, propietario de la empresa El castillo del tequila, que venden en 50 estados de territorio estadounidense, aseguró que están dispuestos a absorber el total de los aranceles para no afectar a los distribuidores, vendedores y consumidores en el país vecino, aunque de manera temporal.

Dijo que de hacerse permanente este gravamen, exportar tequila sin subir el costo sería insostenible a largo plazo.

“Depende de qué tanto tiempo estamos hablando de esto, si decimos ya permanente tenemos que buscar otra estrategia, no pudiera ser esa. Sí, obviamente bajarlo, pero no tanto, el 25 % sería insostenible, porque tampoco tenemos ese margen de utilidad”, concluyó.

Acuerdos, división y protestas en un EE. UU. pasamado

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/Bonnie Cash/Pool

Trump promulga proyecto de ley que financia al gobierno por 6 meses, evitando un cierre

Harrison Fields, secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, dijo en una publicación en la red social X que Trump promulgó la propuesta el sábado.

El proyecto de ley mantiene en gran medida el financiamiento del gobierno en los niveles establecidos durante la presidencia de Joe Biden, aunque con cambios. Reduce el gasto no relacionado con la defensa en aproximadamente 13.000 millones de dólares respecto al año anterior y aumenta el gasto en defensa en alrededor de 6.000 millones de dólares, lo que son cambios marginales al hablar de un nivel de gasto total de casi 1,7 billones de dólares.

El Senado aprobó el proyecto de ley el viernes con una votación de 54-46 en conformidad con la línea de partido, y 10 miembros del caucus demócrata del Senado ayudaron a que la medida avanzara hacia su aprobación a pesar de la oposición dentro de su partido, principalmente de colegas en la Cámara de Representantes, quienes les instaron a rechazar el proyecto de ley.

Los senadores demócratas argumentaron durante días sobre si forzar un cierre, furiosos porque los republicanos de la Cámara de Representantes habían redactado y aprobado la medida de gasto sin su participación. Los demócratas dijeron que la medida perjudica la atención médica, la vivienda y otras prioridades, y le da a Trump un amplio margen para redirigir el gasto federal incluso mientras su gobierno y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) desmantelan rápidamente agencias y programas aprobados por el Congreso.

Al final, suficientes senadores demócratas decidieron que un cierre del gobierno sería aún peor que permitir que el proyecto de ley de financiamiento pasara.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que un cierre habría dado al gobierno de Trump la capacidad de considerar a agencias, programas y personal enteros como no esenciales, poniendo a los empleados en licencia sin promesa de que alguna vez serían recontratados.

“Un cierre permitirá que DOGE acelere su funcionamiento”, dijo Schumer. “Donald Trump y Elon Musk estarían libres para destruir servicios gubernamentales vitales a un ritmo mucho más rápido».

La aprobación del proyecto de ley de financiamiento a través de la Cámara de Representantes a principios de la semana fue una victoria para Trump y el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, quien logró mantener unidos a los republicanos y llevar el proyecto de ley a su aprobación sin el apoyo de los demócratas, algo que rara vez han podido lograr en el pasado.

El apoyo a los presupuestos de Trump fractura a los demócratas en el Congreso

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, revisa su reloj durante una entrevista en el Capitolio, Washington, el viernes 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Ben Curtis)

El apoyo abanderado el viernes por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, a la prórroga republicana a los presupuestos que ha evitado un cierre del Gobierno estadounidense ha deparado una visible fractura en el seno de la oposición estadounidense en el Legislativo.

El veterano Schumer ya anunció el jueves que no obstaculizaría la polémica partida para mantener operativa la Administración pública otros seis meses, lo que desencadenó encendidas reacciones de representantes de su partido en la Cámara Baja, desde el líder de la minoría demócrata en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, a Nancy Pelosi, antigua líder del mismo.

El Senado, donde los republicanos tienen el control con 53 escaños, le acabó dando su aprobación por 54 votos a favor y 46 en contra. Un demócrata se unió a la bancada contraria.

Los republicanos tienen ahí el control con 53 escaños, pero necesitaban una supermayoría de 60 para que el proyecto siguiera adelante en el voto de procedimiento anterior a la votación final y el polémico respaldo de algunos demócratas en ese paso previo hizo que su camino se viera despejado antes del plazo límite.

Los congresistas demócratas que pidieron a sus colegas en el Senado que vetaran la prórroga creen que carece de directivas claras sobre cómo y dónde invertir el presupuesto federal hasta septiembre, y buscaban una partida provisional que mantuviera abierto el Gobierno cuatro semanas para que ambos partidos consensuaran mientras un nuevo borrador.

Consideran que haber aprobado este presupuesto otorga al presidente, Donald Trump, y al magnate tecnológico Elon Musk, designado para encabezar un recorte radical del Gobierno federal, carta blanca para despedir a funcionarios y eliminar programas gubernamentales a discreción.

Ese es a su vez el argumento que habían defendido Schumer y los senadores progresistas que no frenaron las partidas: que en caso de que se hubiera cerrado el Gobierno, Trump y Musk habrían contado con el escenario perfecto para justificar sus recortes.

En una entrevista en la cadena NBC News, Schumer dijo que Trump y Musk «quieren un cierre (del Gobierno) para destruir a mayor velocidad servicios gubernamentales vitales. Sería un desastre. Y debemos advertir a todos sobre el gran sufrimiento que causaría al pueblo estadounidense».

En una carta dirigida a Schumer, el caucus demócrata en la Cámara Baja urgió a Schumer a no apoyar una resolución unilateral «que potencialmente legitima el desmantelamiento del Gobierno por parte de Trump y el Partido Republicano».

EFE/EPA/WILL OLIVER

«Los líderes republicanos han excluido deliberadamente a los demócratas del proceso y no debemos ceder ante el hecho de que los republicanos hayan tomado como rehenes a nuestros mayores vulnerables, veteranos y familias de clase trabajadora, para avanzar en su destructivo proyecto de ley de financiación», añade el escrito.

Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, donde el presupuesto republicano fue aprobado el martes con solo un apoyo de su formación, denunció que el Ejecutivo Trump planea aplicar una «motosierra» a los programas de sanidad o educación pública y que los demócratas «no pueden ser cómplices».

Por su parte, Pelosi, expresidenta de la Cámara Baja, instó a que los senadores demócratas «escuchen a las mujeres», refiriéndose a las responsables demócratas en materias presupuestarias en ambas cámaras, Rosa DeLauro y Patty Murray, que abogaban por una partida provisional de un mes.

La contundencia del mensaje de un peso pesado como Pelosi ha hecho pensar incluso en la posibilidad de que los demócratas opten por la farragosa posibilidad de retirar el apoyo a Schumer y elegir un nuevo líder en el Senado.

A su vez, miles de estadounidenses salieron el viernes a protestar en diferentes punto del país contra las políticas de Trump y el apoyo de senadores demócratas a los presupuestos, mientras que el propio presidente optó por alabar a Schumer en su red social Truth Social, diciendo antes del voto que el apoyo brindado le merece «gran respeto». «No podía creer lo que oí, pero creo que se le va a reconocer el mérito», escribió.

EFE/EPA/SARAH YENESEL

Las protestas por el estudiante palestino Mahmoud Khalil, detenido en un centro de inmigrantes pese a residir legalmente en Estados Unidos, continúan en Nueva York en medio de nuevas sanciones de la Universidad de Columbia (donde estudiaba Khalil) a sus alumnos y el arresto de otra alumna por parte de las autoridades de inmigración.

Unas 200 personas se manifestaron frente a la puerta principal del centro educativo contra la detención de Khalil, al que las autoridades han revocado su permiso de residencia permanente, según sus abogados.

La manifestación, que se llevó a cabo en una acera vallada por la policía de la ciudad, tuvo lugar en medio de un clima tenso para los estudiantes de Columbia, después de queel jueves la universidad anunciara expulsiones para alumnos que, durante las masivas protestas propalestinas del año pasado, ocuparon un edificio del campus.

EE.UU. estudia prohibir la entrada de cubanos, venezolanos y otras 41 nacionalidades

(Foto: EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo)

El Gobierno de Donald Trump estudia prohibir la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de 43 países, entre ellos Cuba y Venezuela, según información interna a la que tuvo acceso The New York Times.

De acuerdo con el medio, este borrador que circula dentro de la Administración republicana tiene tres categorías de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones para ingresar a Estados Unidos.

Los 11 países que están en la «lista roja», que se traduciría en una prohibición rotunda a la entrada a Estados Unidos son: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

De acuerdo con los funcionarios con los que habló The New York Times, estas listas fueron elaboradas por el Departamento de Estado hace varias semanas y es probable que se produzcan cambios para cuando llegue a la Casa Blanca.

El borrador de la propuesta también incluía una «lista naranja» de 10 países -Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Myanmar, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán- cuyos viajes estarían restringidos, pero no suspendidos.

En esos casos, según el medio, se podría permitir la entrada a viajeros de negocios adinerados tras pasar por una entrevista, pero no a quienes viajen con visas de inmigrante o turista.

Por el momento, no está claro si las personas con visados vigentes quedarían exentas de la prohibición.

Controles de inmigración rutinarios se convierten en cálculos de alto riesgo debido a detenciones

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Agentes de la agencia de control de inmigración y aduanas de Estados Unidos detienen a una persona durante un operativo, el 27 de enero de 2025, en Silver Spring, Maryland. (Foto: AP/Alex Brandon/Archivo)

Cuando una pareja de Colombia que estaba planeando su boda se presentó a una visita de control con las autoridades de inmigración de Estados Unidos, a uno se le dio la fecha de su próxima cita. El otro fue detenido y deportado.

Jhojan no sabe por qué Felipe fue detenido en la cita del 5 de febrero con Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Cedar Rapids, Iowa, pero estaba tan preocupado después del arresto que no se presentó a su siguiente cita un mes después. Jhojan insistió en que The Associated Press no revelara los apellidos de la pareja por temor a represalias.

Es una de las muchas personas que ahora temen que los chequeos de inmigración, que antes eran rutinarios, se utilicen como una oportunidad para detenerlos. Estas citas se han convertido en una fuente de ansiedad a medida que el presidente, Donald Trump, avanza con una campaña de deportaciones masivas y el número de personas bajo custodia del ICE ha alcanzado su nivel más alto desde noviembre de 2019.

Las visitas de control son la forma en que el ICE realiza el seguimiento de algunas personas que son puestas en libertad por el gobierno para solicitar asilo u otros casos de inmigración mientras navegan por un sistema judicial congestionado. El gobierno no ha dicho cuántas personas han sido detenidas en esas citas con la agencia o si eso es ahora una práctica estándar, pero los defensores de la inmigración y los abogados están preocupados porque la gente puedan dejar de presentarse a ellas, poniéndose así en un mayor riesgo de deportación.

“Si te presentas, te deportarán. Si no te presentas, también te deportarán”, dijo Jhojan, de 23 años, a la AP esta semana.

El gobierno no dice mucho

El ICE y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios sobre la detención de inmigrantes en los chequeos.

Dado que el gobierno federal ha revelado poca información, es difícil distinguir los hechos de los rumores mientras los temores se desatan en muchas comunidades de inmigrantes. Sin embargo, Trump ha hecho de la deportación de cualquier persona que esté en Estados Unidos de forma ilegal una prioridad, un cambio drástico respecto a la política de su predecesor, Joe Biden, quien se centró solo en los migrantes que se consideraban amenazas para la seguridad pública o nacional y en las personas detenidas en la frontera.

El ICE ha arrestado a 32.809 personas desde que Trump asumió el cargo, dijo un alto funcionario de la agencia el miércoles durante una llamada con reporteros. Alrededor de 47.600 personas están detenidas por el ICE, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las pautas de la administración.

Es la primera vez en cuatro años que el ICE ha arrestado a más personas que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que supone que se están efectuando más detenciones dentro de Estados Unidos que a lo largo de sus fronteras.

Chequeos de inmigración

El ICE cita a la gente por varias razones, incluida fijar una fecha de juicio. Si un inmigrante comete un delito durante ese tiempo o un juez rechaza su apelación para permanecer en Estados Unidos, la agencia puede detenerlo y deportarlo.

En Luisiana, el mes pasado el ICE detuvo a un migrante a quien se le pidió que acudiese bajo el pretexto de que podía optar a otro programa con menos supervisión, según la Unión Americana de Libertades Civiles de Luisiana, que no ofreció más detalles.

El ICE también ha encarcelado a algunas personas que recientemente consideró como que podrían optar al asilo y que poco propensas a huir de las autoridades.

John Torres, un exdirector interino de ICE, dijo que es difícil comentar en detalle sin tener más información sobre cada caso. Pero agregó que “la razón principal por la que ocurren esas cosas es porque algo ha cambiado en su estatus o se ha descubierto algo sobre su pasado”.

Algunos solicitantes de asilo, en el objetivo

Un inmigrante de Ecuador de unos 20 años es uno de los solicitantes de asilo que han sido detenidos, según la abogada Rosa Barreca.

Ocurrió en su primera visita de control, el 3 de febrero. El hombre se había entregado a los agentes fronterizos después de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal tres semanas antes. En aquel momento, los funcionarios del ICE lo entrevistaron y lo dejaron libre al concluir que su temor a ser perseguido si regresaba a su país de origen era razonable, añadió Barreca.

Su puesta en libertad sugería que la agencia no estaba preocupada porque huyera. El hecho de que no lo hiciera facilitó que el ICE lo encarcelara.

“La familia me llamó sorprendida y en pánico”, dijo Barreca, quien dirige un despacho privado en Filadelfia, donde vive la familia del hombre. “Cuando pregunté la razón, se limitó a decir que se basaba en las órdenes ejecutivas y no se especificó nada más”.

No tenía antecedentes penales ni estuvo contacto con la policía durante sus pocas semanas en Estados Unidos, apuntó Barreca, descartando todas las señales de alarma que se le ocurren.

Los abogados dicen a los migrantes que se preparen

Los abogados no pueden aconsejar a sus clientes que se salten esos controles, lo que derivaría en órdenes de deportación. En cambio, activistas y abogados instan a los inmigrantes a prepararse para esas citas y para la posibilidad de una detención. Les advierten que presten atención a cambios repentinos en cómo se llevan a cabo sus chequeos, como que citas que siempre han sido virtuales ahora se realicen en persona.

También los alientan a hacer planes de emergencia para el cuidado de menores y a proporcionar los detalles de sus casos a amigos y familiares. Eso incluye compartir el número de identificación único que el ICE utiliza para rastrear a las personas.

Los grupos de derechos de los inmigrantes señalan también que deberían ir acompañados, preferiblemente de un abogado, a las citas del ICE.

Los activistas están recurriendo a una táctica del primer mandato de Trump al aconsejar a los migrantes que cuenten con un grupo de apoyo que los acompañen a sus chequeos y esperen afuera.

“Cuando la gente se siente insegura al ir a reportarse, se están sentando las bases para el fracaso”, dijo Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Socava la confianza que la gente debe tener”.

Trump ordena el desmantelamiento de siete agencias, entre ellas la de Voz de América

Archivo. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que busca desmantelar siete agencias federales, entre ellas la que supervisa la matriz del medio de comunicación financiado por el Gobierno, la Voz de América (VOA), y otros medios subvencionados por EE.UU. en todo el mundo.

Además de la VOA, la Agencia para los medios globales financia Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio libre Asia.

La organización tiene un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, cuenta con más de 2.000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas, de acuerdo con el diario The New York Times.

No obstante, Trump ha sido muy crítico con esta agencia desde su primer mandato (2017-2021).

En la orden ejecutiva, el mandatario ordenó a los directores de las agencias que eliminaran todas las funciones que no estén legalmente establecidas y reducir «el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley».

«Esta orden continúa la reducción de los elementos de la burocracia federal que el presidente ha determinado que son innecesarios», anota el edicto, publicado a última hora del viernes.

El director de la VOA, Michael Abramowitz, lamentó este sábado que esté siendo «silenciada» la historia de su institución.

«La VOA necesita una reforma profunda y hemos avanzado en ese sentido, pero la acción de hoy impedirá que cumpla su misión vital. Esta misión es especialmente crucial hoy, cuando adversarios de Estados Unidos, como Irán, China y Rusia están invirtiendo miles de millones de dólares en crear narrativas falsas para desacreditar a Estados Unidos», dijo el director de la VOA en LinkedIn.

Abramowitz subrayó que la VOA «impulsa la libertad y la democracia en todo el mundo» con «noticias e información objetivas y equilibradas, especialmente para quienes viven bajo la tiranía», y estimó que, incluso si la agencia sobrevive de alguna manera a la decisión tomada, esa medida «dañará gravemente» su capacidad «para promover un mundo seguro y libre».

Me entristece profundamente que, por primera vez en 83 años, la histórica Voz de América esté siendo silenciada.


Esta mañana me enteré de que prácticamente todo el personal de Voice of America —más de 1300 periodistas, productores y personal de apoyo— ha sido puesto en licencia administrativa hoy. Yo también lo he hecho.

VOA necesita una reforma reflexiva, y hemos avanzado en ese sentido. Pero la acción de hoy dejará a la Voz de América incapaz de llevar a cabo su misión vital. Esa misión es especialmente crítica hoy en día, cuando los adversarios de Estados Unidos, como Irán, China y Rusia, están invirtiendo miles de millones de dólares en la creación de narrativas falsas para desacreditar a Estados Unidos.

VOA promueve la libertad y la democracia en todo el mundo contando la historia de Estados Unidos y proporcionando noticias e información objetivas y equilibradas, especialmente para aquellos que viven bajo la tiranía. Incluso si la agencia sobrevive de alguna forma, las acciones que está tomando hoy la Administración dañarán severamente la capacidad de la Voz de América para fomentar un mundo seguro y libre y, al hacerlo, no está protegiendo los intereses de los Estados Unidos.

Durante más de 80 años, Voice of America ha sido un activo invaluable para los Estados Unidos, desempeñando un papel esencial en la lucha contra el comunismo, el fascismo y la opresión, y en la lucha por la libertad y la democracia en todo el mundo. Hoy en día, la VOA llega a más de 360 millones de personas cada semana, en 48 idiomas. En muchas dictaduras, la VOA es a menudo la única fuente confiable de noticias e información.

Saludo al increíble personal de la Voz de América. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos desde países autoritarios donde no podían ejercer el periodismo libremente. Es inspirador ser su líder, y tienen mi profundo respeto y aprecio por hacer su parte para promover la libertad y la democracia.

Michael Abramowitz
 

Juez impide a Trump deportación de 5 venezolanos bajo ley usada en tiempos de guerra

Venezolanos celebran oportunidad de solicitar TPS (Foto: Rossana Arteaga-Lopenza)

Un juez federal prohibió preventivamente al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo una ley poco utilizada de 1798, diseñada para expulsar rápidamente a extranjeros en tiempos de guerra, según la prensa local.

El juez principal del tribunal federal de distrito en Washington D. C., James Boasberg, emitió el fallo urgente el sábado por la mañana, horas después de que se presentara una demanda en nombre de cinco venezolanos que afirman haber sido programados para su deportación en cuestión de horas o días como resultado de la decisión prevista de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, de acuerdo con el medio Político.

Boasberg, además, convocó una audiencia el sábado por la tarde que podría traducirse en una garantía legal de que cualquier otra persona afectada por la invocación prevista por Trump esté protegida de la deportación inmediata.

En la demanda presentada por Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), las organizaciones indican que la Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado en tiempos de guerra: la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Esta ley no ha sido invocada desde la II Guerra Mundial, cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés.

Boasberg, explicó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a migrantes que, afirma, eran recientemente “deportables” según la proclamación de Trump para ser encarcelados en El Salvador y Honduras. El Salvador acordó esta semana que aceptaría hasta 300 migrantes que el gobierno de Trump designó como miembros de pandillas.

“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró Boasberg durante una audiencia realizada el sábado por la tarde, en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward.

“Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno”, añadió, y dijo que los migrantes permanecen bajo custodia del gobierno, pero ordenó el regreso de cualquier avión en el aire.

El fallo se produjo horas después que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad en tiempos de guerra que da al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas.

La ley solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante guerras. Su aplicación más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para encarcelar a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de civiles estadounidenses de origen japonés.

En una proclamación publicada poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump sostuvo que el Tren de Aragua estaba efectivamente en guerra con Estados Unidos.

“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido cada vez más control sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA”, se lee en la declaración de Trump. “El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos”.

La orden podría permitir que el gobierno deporte a cualquier migrante al que identifique como miembro de la pandilla sin pasar por los procedimientos de inmigración regulares, y también podría eliminar otras protecciones según la ley penal para las personas señaladas por el gobierno.

En un comunicado emitido el sábado por la noche, la secretaria de Justicia Pam Bondi criticó la suspensión de las deportaciones por parte de Boasberg.

La pandilla Tren de Aragua se originó en una prisión del país sudamericano y acompañó un éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida cuando la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en el rostro de la supuesta amenaza que representan los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos y la designaron formalmente como una “organización terrorista extranjera” el mes pasado.

Las autoridades de varios países han informado de arrestos de miembros del Tren de Aragua, aun cuando el gobierno de Venezuela afirma haber eliminado a la organización criminal.

El gobierno estadounidense dijo que Trump en realidad firmó la orden el viernes por la noche. Los abogados de inmigración señalaron que el gobierno federal de repente comenzó a deportar a venezolanos a los que, de otro modo, no tendrían el derecho legal de expulsar del país, y se apresuraron a presentar demandas para bloquear lo que, en su opinión, era una proclamación pendiente.

Boasberg emitió una orden inicial a las 9:20 de la mañana del sábado, la cual impidió que la Administración de Trump deportara a cinco venezolanos mencionados como demandantes en la reclamación de la ACLU que estaban siendo detenidos por el gobierno y creían que estaban a punto de ser deportados. El gobierno de Trump apeló esa orden, argumentando que detener un acto presidencial antes de que se haya anunciado paralizaría al Poder Ejecutivo.

(Foto: EFE/YURI GRIPAS)

Si se hubiera permitido que la orden se mantuviera, “los tribunales de distrito tendrían licencia para prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional solo con la recepción de una queja”, escribió el Departamento de Justicia en su apelación.

Más tarde, Boasberg programó la audiencia vespertina para decidir si expandiría su orden a todas las personas que podrían ser señaladas de acuerdo con la declaración de Trump.

El subprocurador general adjunto Drew Ensign argumentó que el presidente tenía una amplia libertad para identificar amenazas al país y actuar de conformidad con la ley de 1798. Agregó que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que presidente Harry Truman retuviera a un ciudadano alemán en 1948, tres años después que terminara la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la medida.

“Esto cortará muy profundamente las prerrogativas del presidente”, dijo Ensign, refiriéndose a una orden judicial.

Pero Lee Gelernt, de la ACLU, señaló que la ley solo se ha invocado tres veces antes y argumentó que Trump no tenía la autoridad para usarla contra una pandilla criminal en lugar de un estado reconocido. Boasberg dijo que el precedente sobre la cuestión parecía complicado, pero que la ACLU tenía una posibilidad razonable de éxito en esos argumentos, por lo que la orden estaba justificada.

Boasberg detuvo las deportaciones de las personas bajo custodia hasta por 14 días y programó una audiencia para el viernes.

La avalancha de litigios muestra la importancia de la declaración de Trump, que es el paso más reciente del gobierno para expandir el poder presidencial. Ensign argumentó que, como parte de su reacción al ataque del 11 de septiembre de 2001, el Congreso otorgó al presidente el poder de delegar amenazas de organizaciones “transnacionales” al nivel de estados reconocidos. Y Gelernt advirtió que el gobierno de Trump podría simplemente emitir una nueva proclamación para usar la Ley de Enemigos Extranjeros contra otra pandilla de migrantes, como la MS-13, que ha sido durante mucho tiempo uno de los objetivos favoritos de Trump.

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¿Bajo qué circunstancias se puede revocar una tarjeta verde (green card) de Estados Unidos?

(Foto: Crédito/Wikipedia)

Washington — El reciente arresto del activista palestino y residente permanente legal en Estados Unidos, Mahmoud Khalil, quien desempeñó un papel destacado en las protestas en la Universidad de Columbia del año pasado por la guerra en Gaza, ha suscitado preguntas sobre los límites de la residencia permanente.

Khalil, titular de la residencia permanente desde 2024, obtuvo la residencia permanente legal en EE. UU. Sin embargo, quienes la poseen pueden perderla y ser deportados si violan la ley de inmigración.

El miércoles, un juez federal extendió los esfuerzos para detener la deportación de Khalil, mientras el residente de Nueva York permanece detenido en Luisiana, aunque no ha sido acusado de ningún delito.

De acuerdo con las leyes estadounidenses, no constituye un delito estar en desacuerdo, ni siquiera abiertamente, con las políticas o acciones del gobierno estadounidense, y la Carta de Derechos protege la libertad de expresión y el derecho de reunión.

El porqué

Las tarjetas de residencia permanente (green card o tarjeta verde) pueden ser revocadas, declaró a la Voz de América Linda Dakin-Grimm, abogada de inmigración con sede en Nueva York.

“No es tan común, pero tampoco es raro. Las personas pierden sus green card con mayor frecuencia cuando son condenadas por delitos… Una green card no es ciudadanía. Se considera un privilegio que se gana, pero también se puede perder si se incurre en conductas contrarias a las condiciones en las que viven los titulares de la green card ”, explicó.

Ejemplos de delitos que pueden causar la pérdida de estatus de un titular de green card incluyen delitos graves, delitos de drogas, fraude o preocupaciones de seguridad nacional, como vínculos con un grupo terrorista. Los titulares de green card también pueden perder su estatus y la residencia permanente legal por ser considerados una amenaza para la seguridad nacional.

Si un titular de green card es acusado de un delito, su caso penal se tramitará en el sistema judicial. Sin embargo, el proceso para revocar su estatus permanente se lleva a cabo en un tribunal de inmigración, donde los funcionarios deben presentar pruebas para justificar la revocación de la green card .

El cómo

Revocar una tarjeta de residencia permanente es un proceso legal que comienza cuando el gobierno estadounidense determina que una persona ha violado las leyes de inmigración.

El caso puede llegar a conocimiento del gobierno de diferentes maneras, ya sea a través de una verificación migratoria rutinaria, una investigación policial o a través de un denunciante.

“En teoría, podría tratarse de un denunciante. Alguien que tenga información… ¿Podrían llamar al Departamento de Estado? Quizás. ¿Podrían llamar a la línea directa de ICE? Quizás”, dijo Dakin-Grimm.

El Departamento de Seguridad Nacional suele iniciar el proceso. El titular de la tarjeta de residencia permanente recibirá un documento conocido como Notificación de Comparecencia ante un tribunal de inmigración o, en casos graves, podría ser arrestado y detenido.

Funcionarios de la Casa Blanca declararon el miércoles que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la autoridad para revocar una tarjeta de residencia permanente o cualquier visa si las actividades de una persona en Estados Unidos “pudieran tener consecuencias potencialmente adversas para la política exterior del país”.

Rubio ha afirmado que el caso de Khalil no se trata de libertad de expresión.

“Por cierto, nadie tiene derecho a una green card … Si nos hubieras dicho que eso era lo que pretendías hacer al llegar a Estados Unidos, nunca te habríamos dejado entrar”, declaró Rubio el miércoles. “Si lo haces una vez que hayas entrado, la revocaremos y te expulsaremos”.

La facultad del secretario de Estado para intervenir en un caso como el de Khalil se deriva de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Una disposición de la ley permite al secretario de Estado considerar deportable a un extranjero si se cree que su presencia o actividades perjudican significativamente los intereses de la política exterior estadounidense.

Según la NTA de Khalil, Rubio ya ha tomado esa decisión.

Se ha ordenado a Khalil que comparezca ante un juez de inmigración el 27 de marzo en el Centro de Detención Lasalle de Luisiana.

El tribunal

En un tribunal de inmigración, la carga de la prueba recae en el gobierno; debe demostrar que la persona violó las leyes de inmigración. En un caso como el de Khalil, los abogados de ICE solicitarán la deportación, pero deberán demostrar que representa una amenaza para la seguridad nacional.

El titular de la tarjeta verde también puede presentar una defensa.

En el sistema de justicia penal, si una persona no puede costear un abogado, el gobierno debe proporcionarle un defensor público. Sin embargo, en los tribunales de inmigración, los inmigrantes tienen derecho a su propio abogado, pero el gobierno no está obligado a proporcionarle uno. Si los inmigrantes no pueden costear un abogado o no pueden encontrar uno que los represente pro bono, no tendrán acceso a representación legal.

Dakin-Grimm afirma que el proceso a veces puede ser rápido, pero también complejo.

En el sistema de tribunales de inmigración, la decisión de revocar una tarjeta verde es un procedimiento administrativo que lleva a cabo el Departamento de Justicia, bajo la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración.

“Es como si el gobierno estuviera procesando un caso, y el juez también fuera el gobierno”, dijo Dakin-Grimm.

El resultado

Si el juez de inmigración falla en contra del titular de la tarjeta verde, este puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Y si la BIA coincide con el gobierno, el titular de la green card puede apelar ante un Tribunal Federal de Apelaciones. Aunque el caso puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, Dakin-Grimm afirma que eso rara vez ocurre, principalmente porque la Corte Suprema tiene total discreción sobre los casos que elige.

“La mayoría de las personas no pueden permitirse este tipo de trámite legal por sí mismas. Es muy, muy caro; cientos de miles de dólares para llevar un caso desde el tribunal de primera instancia hasta la Corte Suprema”, dijo. “Pero en el ámbito de la inmigración, es común ver agencias sin fines de lucro, clínicas de derecho, trabajando pro bono, trabajando gratis en casos importantes como este”.

Una decisión definitiva

Si se revoca la tarjeta verde y todas las apelaciones fracasan, la persona suele ser deportada de EEUU. Si la apelación prospera, conserva su green card y se le permite permanecer en el país.

Dakin-Grimm explicó que muchos titulares de tarjetas verdes creen que, como se llama «residencia permanente», el estatus es permanente.

«Pero solo es permanente si se cumplen las normas», afirmó.

[La corresponsal de la VOA en la Casa Blanca, Anita Powell, contribuyó a este informe]

Trump emprende acciones para desestimar demandas contra Iowa y Oklahoma por leyes de inmigración

ARCHIVO – Un grupo de personas escuchan a un orador en un mitin del grupo activista Iowa Movement for Migrant Justice el miércoles 1 de mayo de 2024, en Des Moines, Iowa. El letrero en primer plano dice: "No somos criminales. Somos trabajadores que laboran duro". (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo)

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump emprendió acciones el viernes para desestimar las demandas contra Iowa y Oklahoma que presentó el Departamento de Justicia del expresidente Joe Biden, las cuales impugnan las leyes de inmigración de esos estados, según las cuales es un delito que alguien se encuentre allí si está en Estados Unidos sin autorización.

Gobernadores y legisladores republicanos de todo el país acusaron al entonces presidente Biden de no hacer cumplir la ley federal de inmigración y de no gestionar adecuadamente la frontera sur.

En respuesta, Iowa y Oklahoma promulgaron leyes similares que permiten que funcionarios estatales y locales arresten y acusen a personas que tienen órdenes de deportación pendientes, que previamente fueron expulsadas, o que se les haya negado la entrada a Estados Unidos. Ambas leyes se emitieron después de una promulgada en Texas.

El gobierno de Biden demandó a Texas, Iowa y Oklahoma por dichas leyes. La ley de Texas, de mayor alcance, estuvo en vigor sólo durante unas pocas y confusas horas en marzo pasado, antes de que un tribunal federal de apelaciones la suspendiera.

Las leyes de Iowa y Oklahoma han quedado en suspenso mientras los tribunales estudian si usurpan inconstitucionalmente la autoridad federal en materia de inmigración.

“La absurda oposición del gobierno de Biden a (la ley de Oklahoma) fue particularmente frustrante, ya que fue la burda negligencia de la Casa Blanca en la seguridad fronteriza la que hizo que la ley estatal fuera tan necesaria en primer lugar”, dijo el viernes en un comunicado el fiscal general estatal de Oklahoma, Gentner Drummond.

Trump se postuló para la presidencia con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y deportar a muchas personas que viven en Estados Unidos sin autorización, promesas que cumplió en su primera semana en el cargo con órdenes ejecutivas que entraban en conflicto con la postura jurídica del gobierno anterior en los dos casos.

La fiscal general estatal de Iowa, Brenna Bird, dijo que la medida del gobierno de Trump para desestimar las demandas era una “gran victoria” para los habitantes de Iowa.

“Hoy, el presidente Trump, nuevamente, demostró que apoya a Iowa y mostró su compromiso de hacer a Estados Unidos seguro de nuevo al retirar la ridícula demanda de Biden”, declaró Bird en un comunicado.

Un grupo defensor de los derechos de los migrantes también demandó a Iowa por su ley en mayo pasado, pero la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito emitió recientemente una decisión que complica la batalla jurídica ahora que el gobierno de Trump ha retirado la queja del gobierno federal.

El tribunal de apelaciones dijo que la demanda presentada por la organización Iowa Migrant Movement for Justice debería ser desestimada por el juez del tribunal de distrito, argumentando que la demanda de Estados Unidos contra Iowa la hacía irrelevante. Rita Bettis Austin, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa, indicó en un comunicado el viernes que tenían la intención de seguir luchando para evitar que la ley de Iowa entre en vigor.

“Con la presentación de hoy del Departamento de Justicia, seguimos firmes en nuestro compromiso de trabajar para evitar que esta ley perjudicial se aplique en Iowa”, manifestó Austin.

Los abogados que representan a Iowa Migrant Movement for Justice presentaron en febrero una petición para una nueva audiencia ante el tribunal de apelaciones.