El 19 de octubre de 2025, familias en Wilder, Idaho, se reunieron para carreras de caballos y comida cuando helicópteros y camiones blindados descendieron repentinamente. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) — armados con pistolas, granadas aturdidoras y balas de goma — irrumpieron en el evento, aterrorizando tanto a niños como a padres.

Juana Rodríguez, ciudadana estadounidense, estaba entre los detenidos. Le sujetaron las manos y le impidieron alimentar a su hijo de tres años. “Lo que pasó convirtió nuestra salida en una pesadilla. Mi pequeño fue obligado a presenciar una cantidad increíble de violencia contra personas que ama y a escuchar insultos raciales contra los latinos, experiencias a las que ningún niño debería estar expuesto”, dijo.

El gobierno afirmó que buscaba a cinco personas por juego ilegal. En cambio, 105 personas fueron arrestadas — todas por cargos civiles de inmigración. ¿Alguien consideró el trauma de los niños antes de aprobar la redada? Si lo hubieran hecho, nunca habría sucedido.

Para las familias inmigrantes, el miedo y la incertidumbre ahora moldean la vida diaria y la salud mental.

Una creciente emergencia de salud mental

Mayo fue el Mes de Concientización sobre la Salud Mental, pero creemos que debería llamarse el Mes de ACCIÓN por la Salud Mental. En todo el país, la salud mental de los niños está deteriorándose. La inestabilidad económica, el acoso escolar y la retórica de odio de líderes políticos agravan el estrés. Cuando los líderes menosprecian a las personas por su etnia, religión, género o identidad de género, o estatus migratorio, alimentan la hostilidad en la vida cotidiana.

Los resultados son devastadores: entre 2016 y 2021, las visitas de jóvenes a salas de emergencia por autolesiones aumentaron un 169 %. Una de cada cinco muertes infantiles es resultado del suicidio. En 2021, asociaciones pediátricas y psiquiátricas declararon una emergencia nacional en la salud mental infantil, y el miedo relacionado con la inmigración no ha hecho más que intensificar la crisis.

Casos trágicos como los suicidios de Jocelynn Rojo Carranza, de 11 años, y Gabriela Aparicio Ortega, de 13 — ambas acosadas por el supuesto estatus migratorio de sus padres — muestran el costo humano. Las adolescentes latinas ahora reportan algunas de las tasas más altas de intentos de suicidio en el país, según los CDC.

Los niños cargan el peso

Los “Dreamers” — personas nacidas en el extranjero, pero criadas en este país — continúan viviendo con inestabilidad mientras el futuro de DACA sigue siendo incierto. Vivir la vida en incrementos de cuatro años, ligados a la aprobación de una solicitud gubernamental, es en sí mismo una fuente de estrés crónico.

Mientras tanto, las separaciones familiares persisten. Arlit Maria Martínez, una madre en Maryland, fue detenida por ICE camino al trabajo. Dos días después, su hijo de 15 años murió de cáncer. Ella nunca pudo despedirse. Sus otros tres hijos sobreviven en una pesadilla.

Según datos del gobierno, ICE ha detenido a más de 6,200 niños en todo el país, algunos de tan solo dos años. Cada redada y detención inflige un daño psicológico duradero. Incluso los niños que solo presencian estas acciones internalizan la idea de que la seguridad es condicional.

Los padres también cargan con trauma y culpa. La aplicación de leyes migratorias funciona como un factor de estrés a nivel comunitario, alterando redes sociales, la estabilidad económica y cualquier sentido de seguridad. El miedo se infiltra en la vida cotidiana: determina a dónde van las familias, lo que dicen y si buscan ayuda.

Cuando las personas temen acudir a profesionales de la salud mental, el sufrimiento se vuelve estructural, no solo emocional. Nuestro sistema nervioso colectivo está bajo presión.

Qué pueden hacer los gobiernos

Las comunidades latinas siempre han encontrado fortaleza en la familia, la fe y el cuidado colectivo. Pero la resiliencia no debe reemplazar la inversión en infraestructura de salud mental. Debemos ir más allá de decirles a las personas que “busquen ayuda” y crear sistemas que hagan esa ayuda accesible, asequible y culturalmente competente.

Los gobiernos locales pueden invertir en asociaciones comunitarias de confianza. El condado de Prince George’s, Maryland, ofrece un modelo a través del Hope Center for Wellness y la ciudad de Hyattsville, una colaboración que financia proveedores locales, simplifica las referencias y garantiza que los residentes no enfrenten listas de espera interminables.

Los gobiernos estatales deben fortalecer y ampliar la fuerza laboral bilingüe y culturalmente competente mediante la mejora de tarifas de reembolso, el apoyo a programas de formación y la simplificación de licencias para que los proveedores puedan servir a diversas comunidades.

A nivel federal, el gobierno debe proteger los programas de condonación de préstamos que mantienen a trabajadores sociales y terapeutas en roles comunitarios. Debilitar estos programas reduce precisamente la fuerza laboral necesaria para enfrentar la crisis. La política federal debe, en cambio, invertir en el desarrollo de la fuerza laboral, la atención basada en la comunidad, el acceso al idioma y la equidad.

Y debemos ser claros: la política migratoria es política de salud mental. Reducir la detención y priorizar la unidad familiar no son solo acciones morales o políticas; son intervenciones de salud pública.

Si seguimos diciendo a las personas que “busquen ayuda” mientras mantenemos sistemas que les perjudican, no estamos cerrando la brecha — la estamos ampliando.

Si usted o alguien que ama está pasando por dificultades, hay ayuda disponible.
Llame a la línea nacional de SAMHSA: 1-800-662-4357 (gratis, confidencial, en inglés y español, 24/7).
Envíe el mensaje de texto “HELLO” al 741741 para comunicarse con la Línea de Crisis por Texto.

*Sindy Benavides es directora ejecutiva fundadora de Aquí: The Accountability Movement. La Dra. Cheryl Aguilar, PhD, LICSW, es una reconocida clínica de salud mental, investigadora y defensora centrada en la intersección entre salud mental, inmigración y atención culturalmente competente.

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