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Trump tiene una receta para las legislativas. Los republicanos de la Cámara tienen otra

Congresistas
El Capitolio en Washington, 25 de marzo de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite, archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que tenía la respuesta para los republicanos preocupados por perder su mayoría en el Congreso este año: reforzar una ya estricta ley nacional de identificación de votantes para prohibir las boletas por correo y restringir los derechos de las personas transgénero.

“Garantizará las elecciones de mitad de mandato. Si no lo entienden, habrá grandes problemas”, afirmó Trump a los republicanos reunidos el lunes en el salón de baile de su campo de golf, a las afueras de Miami.

Menos de 24 horas después, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes destacaron sus prioridades. Y el proyecto de ley electoral, que Trump ha rebautizado de la Ley SAVE a la Ley SAVE America (que podría traducirse como Ley Salvar Estados Unidos), no figuraba entre las principales.

La representante Lisa McClain, de Michigan, presidenta de la conferencia republicana de la Cámara, habló de recortes de impuestos para las familias, independencia energética y las llamadas cuentas bancarias Trump para recién nacidos al describir “resultados reales para gente real”. El líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, de Luisiana, afirmó que sus colegas estaban trabajando con Trump para “hacer la vida más asequible para las familias trabajadoras”. El representante Tom Emmer, de Minnesota, encargado de la disciplina de partido en la Cámara, enumeró “victoria tras victoria” al proclamar que “las familias trabajadoras se están quedando con más del dinero que tanto les costó ganar”.

Mientras los republicanos de la Cámara concluyen su conferencia anual de ideas el miércoles, está surgiendo una desconexión en un año electoral.

A apenas unos escaños de perder su mayoría, los republicanos de mayor rango están ansiosos por recalcar el trabajo del partido para bajar el costo de la vida, algo que no es fácil de lograr cuando sólo se cuenta con unos pocos votos de margen. Trump, mientras tanto, a menudo está concentrado en otros asuntos.

La guerra iniciada en Irán ha alterado el mensaje del partido sobre la asequibilidad. Los líderes republicanos enfrentan preguntas frecuentes sobre el aumento del costo de la gasolina en Estados Unidos, que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, describió como un “bache temporal”. El proyecto de ley electoral que impulsa Trump se basa en su insistencia de que ganó las elecciones presidenciales de 2020, afirmaciones rechazadas por decenas de tribunales y por su propio fiscal general de entonces.

Por momentos, el presidente incluso mostró desdén por los temas tradicionales de economía doméstica que otros republicanos preferían destacar.

“Cada vez que salgo, ‘salve a Estados Unidos, señor. Ley SAVE America’. De eso es de lo único que hablan», dijo Trump en el evento republicano. «No hablan de vivienda. No hablan de nada. De eso es de lo que quieren hablar”.

Johnson, cercano a Trump y que apareció con él en el escenario esta semana, no se está distanciando mucho de los esfuerzos de Trump a favor del proyecto de ley electoral. Johnson negó el martes que hubiera alguna diferencia entre sus colegas y la Casa Blanca.

“Todos estamos en la misma página. El presidente y yo estamos perfectamente acompasados”, afirmó Johnson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace gestos mientras el representante Tom Emmer, republicano de Minnesota y el presidente de la Cámara de Representante, Mike Johnson de Luisiana, aplauden en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos, el lunes 9 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami en Doral, Florida. (Foto: AP/Mark Schiefelbein)

Un camino accidentado para los republicanos

Pero el camino por delante es accidentado.

En un esfuerzo por ganar influencia sobre los legisladores, incluidos algunos republicanos, Trump dijo que no promulgará otras leyes hasta que se apruebe el proyecto de ley electoral. Eso plantea la posibilidad de que el Congreso se paralice justo cuando los legisladores están pidiendo a los votantes que los envíen de regreso a Washington.

Aprobar una legislación que se ajuste a las exigencias de Trump también será complicado. La Cámara ya aprobó una versión del proyecto, por lo que los cambios que quiere Trump requerirían una nueva acción de la cámara.

La dinámica no es más sencilla en el Senado, donde los republicanos están teniendo dificultades para aprobar la medida sin apoyo demócrata. Y eso era antes de que Trump pidiera añadidos, al decir que los republicanos deberían “ir a por el gran premio”.

Mientras tanto, el Congreso tiene otras tareas destacadas pendientes, como la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional y la confirmación de su nuevo líder.

Johnson sugirió el martes que había maneras de que los legisladores continuaran su trabajo pese a la amenaza de Trump de no firmar leyes. El presidente de la Cámara señaló que la Constitución permite que una legislación se convierta en ley si se envía al presidente pero no se firma en un plazo de 10 días.

Johnson busca trasladar la atención a los demócratas

Ante un cálculo político difícil, Johnson está tratando de trasladar la atención a los demócratas, en particular por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, que ha hecho que en los últimos días se abulten las filas en los controles de seguridad en algunos aeropuertos.

“Si se perdió una boda o un funeral, o le preocupa perder su vuelo por las vacaciones de primavera este fin de semana, a quienes debe culpar es a los demócratas”, dijo Johnson.

Los republicanos pasaron gran parte de esta semana tratando de recordarles a los votantes lo que no les gustaba de la vida antes de que Trump regresara al cargo. Hubo menciones frecuentes de la inflación y a los cruces fronterizos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

La pregunta que podría animar la elección de este año, sin embargo, es si los votantes están más interesados en el cambio de Biden a Trump o si están más enfocados en lo que viene.

Si los votantes están más orientados al futuro, eso podría representar un obstáculo adicional para el Partido Republicano.

Aproximadamente un tercio de los estadounidenses mencionó la inflación o las finanzas personales como temas que querían que el gobierno abordara este año, según una encuesta AP-NORC de diciembre. Casi nadie mencionó preocupaciones sobre las leyes electorales o la seguridad de las elecciones.

Bajo un sol abrasador de Florida, un puñado de republicanos de la Cámara se reunió el martes por la tarde para asegurar que estaban escuchando y que merecen otro período en el poder.

“No nos estamos durmiendo en los laureles. Reconocemos que todavía nos queda mucho por hacer y estamos trabajando en ello”, afirmó la representante Beth Van Duyne, republicana de Texas.

Panel de la ONU: Discurso racista y de odio de Trump ha provocado violaciones de derechos humanos

(FILE) US President Donald Trump points after exiting Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 13 July 2025. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL

STEFANIE DAZIO y TERRY TANG 

GINEBRA, SUIZA — Un panel de expertos independientes enfocados en la discriminación racial afirma que el discurso racista y de odio del presidente Donald Trump y de altos funcionarios estadounidenses, así como la batida migratoria en Estados Unidos, ha resultado en “graves violaciones a los derechos humanos”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con sede en Ginebra, emitió su decisión el miércoles e hizo un llamado a Estados Unidos para que suspenda sus redadas migratorias en escuelas, hospitales e instituciones religiosas y sus alrededores.

La decisión no es jurídicamente vinculante, pero busca exigir que un país —en este caso, Estados Unidos— cumpla con sus propios compromisos internacionales.

El panel señaló que también estaba “sumamente perturbado” por el uso de un lenguaje despectivo y deshumanizante en torno a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Los miembros del comité atribuyeron los aumentos reportados de discriminación racial al “discurso de odio racista” en contra de esos grupos, pero no mencionaron datos específicos. Además del discurso, existe preocupación por el posible impacto del hecho de que políticos y otras figuras públicas utilicen los estereotipos como arma para incitar delitos de odio y discriminación.

“Que políticos e influyentes figuras públicas del más alto nivel, en particular el presidente, los presenten como criminales o una carga podría incitar a la discriminación racial y los delitos de odio», indicó el comité en un comunicado de prensa.

También se señaló al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) por perfilar racialmente a personas de color y realizar verificaciones de identidad que parecían arbitrarias.

EFE/EPA/CRAIG LASSIG

“Esta evaluación de Naciones Unidas es tan inútil como su escalera eléctrica que no sirve, y su sesgo extremo sigue demostrando por qué nadie los toma en serio”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, quien mencionó el trabajo de Trump para reducir el crimen y reforzar la frontera de Estados Unidos.

“A nadie le importa lo que piensen los supuestos ‘expertos’ de una ONU sesgada, porque los estadounidenses viven en un país más seguro y más fuerte que nunca”, agregó.

El comité sostuvo que el uso de la fuerza letal en esos dos casos fue equivalente a una “privación arbitraria de la vida y a otras graves violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos”.

Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que se encuentran detenidos también merecen un trato humano e igualitario, libre de discriminación, al amparo de la Convención. Pero a estos grupos se les han negado servicios esenciales, como la atención médica, la educación y el apoyo social, según el informe.

El panel le ha pedido a Estados Unidos que revise si sus políticas migratorias se ajustan a las leyes internacionales de derechos humanos. Esto debería incluir la suspensión de redadas migratorias, incluso en torno a escuelas, instituciones religiosas y hospitales; la derogación de “medidas discriminatorias” relacionadas con los procedimientos de asilo; y el establecimiento de salvaguardas para que las agencias migratorias no tengan acceso a datos personales en bases de datos gubernamentales.

Se desconoce, sin embargo, si la ONU podría realmente obligar al cumplimiento de estas propuestas.

No es la primera vez que el panel critica a Estados Unidos por racismo y discriminación. Lo hizo tras las protestas generalizadas de Black Lives Matter de 2014 por la muerte de Michael Brown a manos de la policía y nuevamente en 2020 tras el asesinato de George Floyd.

Fotografía de archivo de una mujer que usa una mascarilla con la imagen de George Floyd durante una protesta en EEUU. (Foto: EFE/CHRISTIAN MONTERROSA)

También en 2020, otro organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas escuchó argumentos similares de un relator especial sobre racismo contemporáneo, discriminación y xenofobia.

El gobierno de Trump convirtió las deportaciones a gran escala en una parte clave de su agenda para un segundo mandato, implementó numerosas restricciones migratorias y reforzó las labores policiales en varias ciudades del país. La ofensiva ha provocado un aumento de los arrestos de inmigrantes y crecientes preocupaciones sobre las tácticas del gobierno tanto en la detención como en la aplicación de la ley.

El gobierno ha mencionado preocupaciones económicas y de seguridad para justificar sus acciones.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está compuesto por 18 expertos independientes de todo el mundo y supervisa la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Estados Unidos ratificó la convención en 1994.

Tang informó desde Phoenix. El periodista de Associated Press Collin Binkley en Washington contribuyó con este despacho.

Puerto Rico declara el fin de la epidemia por influenza ante descenso de casos

El Departamento de Salud de Puerto Rico puso este martes fin a la epidemia por influenza, que declaró el 27 de enero para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública debido al registro de casos por encima del umbral epidemiológico. (Foto: EFE/Thais Llorca)

San Juan.– El Departamento de Salud de Puerto Rico puso este martes fin a la epidemia por influenza, que declaró el 27 de enero para activar medidas excepcionales para la protección de la salud pública debido al registro de casos por encima del umbral epidemiológico.

«El cierre de la epidemia no significa que la influenza haya desaparecido. Significa que regresamos a una fase de vigilancia y manejo continuo, con responsabilidad compartida», sostuvo en un comunicado el secretario de Salud, Víctor M. Ramos.

El titular de Salud informó que la decisión se tomó después de analizar los datos y criterios con las autoridades médicas y un equipo de epidemiólogos, ante la tendencia sostenida a la baja en los indicadores que definían la fase epidémica.

Según los datos más recientes del sistema de vigilancia, durante la semana epidemiológica número ocho, comprendida del 22 al 28 de febrero, se registraron 1.835 casos nuevos de influenza, para un total acumulado de 56.441 infecciones durante la temporada.

Las regiones de Caguas (norte), Ponce (sur) y Bayamón (norte) concentran la mayor cantidad de casos reportados con 11.032, 10.629 y 9.804 casos, respectivamente.

De acuerdo a los datos emitidos por las autoridades, el 48,2 % corresponde a la población pediátrica entre 0 y 19 años.

«El porcentaje de hospitalización asociado al virus se ubicó en 5,41 % durante la última semana evaluada. En total, lamentablemente se han confirmado 171 muertes relacionadas con influenza en lo que va de temporada, incluyendo cinco fallecimientos añadidos recientemente, mientras otros siete casos permanecen bajo investigación», enfatizó Ramos.

También señaló que se ha observado un cambio en el comportamiento del virus, ya que los casos de influenza tipo B han comenzado a superar por primera vez a los de influenza tipo A.

Durante el periodo en que estuvo vigente la epidemia, Salud implementó un plan de respuesta que incluyó jornadas de educación y vacunación en múltiples municipios y agencias del archipiélago.

Hasta el momento, el Departamento de Salud puertorriqueño ha administrado 434.095 vacunas contra la influenza durante la temporada 2025–2026.

De igual manera, el DS continuará ofreciendo clínicas de vacunación gratuitas en distintos municipios durante los próximos días.

Como parte de la respuesta a la epidemia, las autoridades también habilitaron un centro de llamadas para orientar a la ciudadanía sobre la enfermedad, los centros de vacunación y la coordinación de servicios para pacientes encamados.

Según la agencia, el servicio ha recibido 2.053 llamadas y el programa de vacunación a personas con movilidad limitada ha alcanzado a 342 pacientes.

Una epidemia es un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza.

Para decretar una epidemia de influenza, Puerto Rico debe estar por seis semanas consecutivas con un registro sobre el umbral epidémico.

Los síntomas de la influenza incluyen fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, cansancio, así como vómitos o diarrea.

Petición legal de emergencia busca la libertad de periodista colombiana detenida en EE. UU.

Fotografía cedida por Nashville Noticias que muestra a la periodista Estefany Rodríguez durante una cobertura periodística. (Foto: EFE/Nashville Noticias)

Abogados de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, detenida por autoridades migratorias estadounidenses, presentaron una petición legal de emergencia para su liberación, según informó este martes una coalición de 41 grupos civiles que exigió su «libertad inmediata».

La defensa de Rodríguez, reportera de Nashville Noticias y Univision 42 que cubre temas migratorios en el sureño estado de Tennessee, solicitó ante una corte federal una revisión urgente sobre la legalidad del arresto que ejecutó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) la semana pasada.

Los representantes legales de Rodríguez, solicitante de asilo que en 2021 recibió amenazas de muerte en Colombia por su cobertura de grupos armados, argumentan que su detención es en represalia por su trabajo como reportera en Estados Unidos y que ICE no presentó una orden de arresto.

Una coalición de 41 grupos defensores de la libertad de prensa demandaron liberarla en una carta firmada por asociaciones como Free Press, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, en inglés), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).

Las agrupaciones citaron que Rodríguez, casada con un ciudadano estadounidense, ha cubierto las acciones de ICE y ha publicado comentarios en línea sobre la Administración de Trump, por lo que las autoridades federales «han silenciado» su voz en el terreno y «han enviado un mensaje escalofriante».

«La detención de Rodríguez es parte una erosión más amplia de las normas democráticas y los derechos humanos en Estados Unidos en la que se está utilizando, de manera creciente, a las autoridades de inmigración para frenar la libertad de expresión y los derechos de la Primera Enmienda», escribieron.

La polémica ha crecido desde el arresto el miércoles pasado de Rodríguez, quien está ahora en un centro de detención en Alabama no identificado después de que oficiales armados de ICE la detuvieron mientras iba en un vehículo con su esposo con el logotipo de Nashville Noticias.

ICE alega que la mujer debía presentarse a dos citas, pero su marido, Alejandro Medina III, ha asegurado que la carta de una de las citaciones no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE.UU. este invierno impidió la realización de otra.

El hecho ocurre tras la deportación en octubre del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en junio de 2025 en Georgia mientras cubría una protesta contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y redadas migratorias, pese a identificarse como prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este martes de que Estados Unidos cayó a su peor nivel en libertad de prensa bajo la segunda gestión de Trump.

El FBI halla residuos de explosivos en un depósito en Pensilvania tras acusar a dos hombres por bombas en NY

La policía detiene a Emir Balat, acusado de lanzar un artefacto explosivo durante una protesta en la ciudad de Nueva York, el 7 de marzo del 2026. (Foto: AP/Julius Constantine Motal)

Las autoridades federales dijeron que encontraron residuos explosivos en una unidad de almacenamiento de Pensilvania como parte de una investigación sobre dos hombres acusados de llevar bombas caseras a una protesta frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York.

Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, dijeron a los investigadores tras sus arrestos el sábado que se inspiraron en el grupo Estado Islámico, según funcionarios de las fuerzas del orden y la denuncia penal. Los hombres viven en los suburbios de Filadelfia y viajaron juntos a la ciudad de Nueva York para llevar a cabo el ataque, dijeron las autoridades.

Durante la noche del lunes, técnicos en bombas del FBI llevaron a cabo detonaciones controladas de los residuos explosivos hallados en una instalación de almacenamiento público en Langhorne, Pensilvania, cerca de donde vive la familia de Balat, según publicaciones en redes sociales.

La policía detiene a Emir Balat luego que intentó detonar un artefacto explosivo durante una protesta en Nueva York el 7 de marzo del 2026. (Foto: AP/Julius Constantine Motal)

La explosión resultó en “varios estruendos fuertes”, indicó el martes el Departamento de Policía de Middletown Township, y agregó que no había ninguna amenaza para los residentes. El FBI informó el lunes que había realizado múltiples registros en relación con la investigación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt el martes calificó el lanzamiento de los artefactos de “totalmente nefasto” y prometió que los fiscales no descansarán hasta que los responsables sean llevados a justicia.

Aún se desconoce mucho sobre los motivos, la planificación y la relación entre los dos jóvenes acusados de llevar a cabo el ataque.

Los documentos judiciales muestran que el padre de Emir Balat, Selahattin Balat, es originario de Turquía, a quien se le concedió asilo en Estados Unidos en 1998 y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense. En una declaración de bancarrota de 2009, describió su ocupación como pintor y dijo que tenía tres hijos.

Emir Balat es un estudiante de último año en la escuela secundaria Neshaminy. Un portavoz de la escuela indicó que se inscribió en un programa virtual en septiembre y que desde entonces no había asistido a clases presenciales.

El abogado de Balat, Mehdi Essmidi, apuntó que su cliente tenía “cosas complicadas” en su vida personal, sin dar más detalles. Aclaró que no creía que los dos jóvenes se conocieran desde hacía mucho tiempo.

La comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York Jessica Tisch en conferencia de prensa con el alcalde Zohran Mamdani en Gracie Mansion, Nueva York, el 9 de marzo del 2026. (Foto: AP/Angelina Katsanis)

Kayumi, por su parte, es de Newtown, a unos 6,5 kilómetros (unas 4 millas) al norte de Langhorne. Se graduó en 2024 de la escuela secundaria Council Rock High School North, según un portavoz de la escuela.

Su abogado no habló durante una audiencia judicial el lunes y declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press.

Fiscales, policías y funcionarios del FBI afirman que Balat y Kayumi condujeron a la ciudad de Nueva York el sábado y se unieron a una multitud de contramanifestantes en una pequeña concentración antimusulmana organizada por el nacionalista cristiano de extrema derecha Jake Lang.

Periodistas fotografiaron a Balat lanzando un artefacto, humeante y con una mecha encendida, que luego se determinó que contenía el explosivo TATP. El objeto, que también contenía tuercas y tornillos, se apagó por sí solo sin herir a nadie.

Luego, Balat dejó caer un segundo objeto cerca de algunos agentes de policía e intentó huir, pero fue derribado y arrestado, según la denuncia judicial.

Balat y Kayumi permanecían detenidos sin derecho a fianza tras una comparecencia judicial, acusados de cargos que incluyen intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar un arma de destrucción masiva. No se les exigió declararse culpables o inocentes.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó el lunes que no había indicios de que el ataque estuviera relacionado con la guerra en curso en Irán.

Después de que Balat fue arrestado, policías le preguntaron si pretendía lograr algo parecido al atentado del Maratón de Boston de 2013, que mató a tres personas.

“No, aún más grande”, respondió Balat, según la denuncia penal.

PHLCares dona $500,000 a HOPE 220, nuevo centro de vivienda transitoria en Filadelfia

PHLCares
La alcaldesa Cherelle L. Parker destacó la iniciativa “One Philly Response to End Street Homelessness”. (Foto: Impacto staff)

La iniciativa empresarial PHLCares donó $500,000 para apoyar el lanzamiento de HOPE 220, el nuevo centro de vivienda transitoria de la Ciudad de Filadelfia ubicado en 220 N. Broad Street, como parte de los esfuerzos para reducir la falta de vivienda en las calles.

PHLCares es una iniciativa liderada por el sector empresarial que invierte en soluciones para abordar la falta crónica de vivienda en la ciudad. Desde su creación, más de 70 empresas, organizaciones del sector hotelero, líderes comunitarios e individuos han contribuido al fondo, coordinado por la Pennsylvania Convention Center Authority (PCCA).

Entre las organizaciones que realizaron donaciones dirigidas específicamente a HOPE 220 se encuentran Visit Philadelphia, Brandywine Realty Trust, Greater Philadelphia Hotel Association, la Fundación Wawa, la Philadelphia Parking Authority y la Philadelphia Convention and Visitors Bureau, contribuciones que fueron igualadas por la Pennsylvania Convention Center Authority: “Nos unimos a otros líderes comunitarios para crear y financiar PHLCares porque creemos que existe tanto un imperativo moral como empresarial para apoyar los esfuerzos destinados a abordar la falta crónica de vivienda en las calles”, dijo John J. McNichol, presidente y director ejecutivo de la Pennsylvania Convention Center Authority y copresidente de PHLCares.

HOPE 220, el nuevo centro de vivienda transitoria de la Ciudad de Filadelfia ubicado en 220 N. Broad Street. (Foto: Impacto staff)

Estrategia para reducir la falta de vivienda

HOPE 220, operado por The Salvation Army, forma parte de la iniciativa de la alcaldesa Cherelle L. Parker llamada “One Philly Response to End Street Homelessness”, que busca implementar estrategias para reducir la falta de vivienda en Filadelfia.

Líderes de organizaciones y personas que apoyan la iniciativa recibieron el donativo. (Foto: Impacto staff)

De acuerdo con el conteo federal Point-in-Time (PIT) de 2025, unas 1.178 personas vivían en las calles o sin refugio en la ciudad, lo que llevó a las autoridades a establecer la meta de agregar 1.000 camas adicionales al sistema de refugios: “Estamos increíblemente agradecidos con PHL Cares por esta donación de $500,000 al Salvation Army, nuestro socio proveedor para HOPE 220”, dijo la alcaldesa Cherelle L. Parker. “La ciudad no puede resolver la falta de vivienda por sí sola. Creemos en el enfoque ‘One Philly’, basado en la colaboración para enfrentar los desafíos más difíciles de nuestra comunidad”.

HOPE 220 es operado por el Salvation Army. (Foto: Impacto staff)

Servicios y apoyo para los residentes

El centro HOPE 220 cuenta con 92 camas, habitaciones para familias e individuos, duchas, casilleros personales, lavandería e instalaciones para preparar alimentos. Actualmente, 51 personas residen en el centro, con el objetivo de ayudarlas a avanzar hacia una vivienda permanente.

Además, el centro ofrecerá servicios médicos en el lugar en colaboración con Jefferson Health, incluyendo atención primaria, evaluaciones preventivas y referencias a otros servicios de salud.

Captain Benjamin Lyle, commander of The Salvation Army in the Greater Philadelphia area. (Photo: Impacto staff)

“HOPE 220 ofrece mucho más que un refugio temporal; crea un camino hacia la estabilidad para las personas que buscan reconstruir sus vidas”, afirmó el capitán Benjamin Lyle, comandante del Salvation Army en el área metropolitana de Filadelfia.

El centro cuenta con habitaciones para familias e individuos y ofrecerá servicios médicos. (Foto: Impacto staff)

Desde su fundación en 2019, PHLCares ha recaudado más de $2 millones para apoyar programas de vivienda y servicios dirigidos a personas que enfrentan la falta de vivienda en Filadelfia. Para más información sobre PHLCares, visite: https://phlcares.com/

PHLCares donates $500,000 to HOPE 220, a new transitional housing center in Philadelphia

PHLCares
Leaders of organizations and individuals supporting the initiative received the donation. (Photo: Impacto staff)

The business initiative PHLCares donated $500,000 to support the launch of HOPE 220, the City of Philadelphia’s new transitional housing center located at 220 N. Broad Street, as part of efforts to reduce street homelessness.

PHLCares is a business-led initiative that invests in solutions to address chronic homelessness in the city. Since its creation, more than 70 companies, hospitality organizations, community leaders, and individuals have contributed to the fund, coordinated by the Pennsylvania Convention Center Authority (PCCA).

HOPE 220, the City of Philadelphia’s new transitional housing center located at 220 N. Broad Street. (Photo: Impacto staff)

Organizations that made donations specifically directed to HOPE 220 include Visit Philadelphia, Brandywine Realty Trust, the Greater Philadelphia Hotel Association, the Wawa Foundation, the Philadelphia Parking Authority, and the Philadelphia Convention and Visitors Bureau. These contributions were matched by the Pennsylvania Convention Center Authority.

“We joined other community leaders to create and fund PHLCares because we believe there is both a moral and business imperative to support efforts aimed at addressing chronic street homelessness,” said John J. McNichol, President and CEO of the Pennsylvania Convention Center Authority and co-chair of PHLCares.

Mayor Cherelle L. Parker highlighted the initiative “One Philly Response to End Street Homelessness.” (Photo: Impacto staff)

Strategy to reduce homelessness

HOPE 220, operated by The Salvation Army, is part of Mayor Cherelle L. Parker’s initiative “One Philly Response to End Street Homelessness,” which aims to implement strategies to reduce homelessness in Philadelphia.

According to the 2025 federal Point-in-Time (PIT) count, about 1,178 people were living on the streets or unsheltered in the city. In response, city officials set a goal of adding 1,000 additional beds to the shelter system.

“We are incredibly grateful to PHLCares for this $500,000 donation to the Salvation Army, our provider partner for HOPE 220,” said Mayor Cherelle L. Parker. “The city cannot solve homelessness alone. We believe in the ‘One Philly’ approach, based on collaboration to confront our community’s toughest challenges.”

HOPE 220 is operated by The Salvation Army. (Photo: Impacto staff)

Services and support for residents

The HOPE 220 center has 92 beds, rooms for families and individuals, showers, personal lockers, laundry facilities, and food preparation areas. Currently, 51 people live at the center, with the goal of helping them transition to permanent housing.

The center will also offer on-site medical services in partnership with Jefferson Health, including primary care, preventive screenings, and referrals to other health services.

Captain Benjamin Lyle, commander of The Salvation Army in the Greater Philadelphia area. (Photo: Impacto staff)

“HOPE 220 offers much more than temporary shelter; it creates a pathway to stability for people seeking to rebuild their lives,” said Captain Benjamin Lyle, commander of The Salvation Army in the Greater Philadelphia area.

The center includes rooms for families and individuals and will offer medical services. (Photo: Impacto staff)
 

Since its founding in 2019, PHLCares has raised more than $2 million to support housing programs and services for people experiencing homelessness in Philadelphia.

For more information about PHLCares, visit: https://phlcares.com/

Judge to decide if Penn must produce records in probe of antisemitism at Ivy League school

(Photo: File)

PHILADELPHIA.— The federal government’s demand for information about the membership of Jewish groups from the University of Pennsylvania in an investigation into whether antisemitism has created a hostile environment for employees landed Tuesday before a federal judge who will decide whether to enforce a subpoena.

The Equal Employment Opportunity Commission’s probe of the Ivy League school in Philadelphia has cited several incidents, including that someone had shouted antisemitic obscenities and destroyed property at a Jewish student life center, a Nazi swastika was painted on an academic building and “hateful graffiti” was left outside a fraternity.

The investigation has also focused on actions related to protests over the war in Gaza, and Penn’s response to that and other incidents.

The hearing before U.S. District Judge Gerald Pappert on Tuesday involved the EEOC’s request, filed against Penn’s Board of Trustees in November, seeking to enforce an administrative subpoena it issued as part of the investigation into claims the school has subjected its Jewish faculty and employees to an illegal hostile work environment based on national origin, religion or race.

Pappert did not say when he might rule after the four-hour hearing.

The legal dispute began in December 2023, when the EEOC accused Penn of a pattern of antisemitic behavior, as it wrote in a court document last fall, and said it was acting “in light of the probable reluctance of Jewish faculty and staff to complain of a harassing environment due to fear of hostility and potential violence directed against them.”

The EEOC wrote in November that Penn’s “workplace is replete with antisemitism,” and it told the judge that investigators think “identification of those who have witnessed and/or been subjected to the environment is essential for determining whether the work environment was both objectively and subjectively hostile.”

Penn’s lawyers wrote in January the school had cooperated for more than two years, turning over about 900 pages of material.

The school has said the only current dispute is what it called the EEOC’s “extraordinary and unconstitutional demand» that it put together lists of employees that reveal their Jewish faith or ancestry, associations with Jewish organizations, affiliation with Penn’s Jewish studies programs and other details — including home addresses, phone numbers and emails.

Vic Walczak, an American Civil Liberties Union lawyer, said the five groups his organization represents in the case are concerned about the collection and potential use of the information the government has demanded.

The groups — some that are specifically Jewish-related, and others that consist more broadly of faculty — support investigating antisemitism but feel “this is not the way to do it,” Walczak said.

“We’re on the same side as Penn — we’re not opposing an investigation, what we’re opposing is the court forcing Penn to create, essentially, lists of participants in Jewish organizations and turning over confidential information, including home addresses,” Walczak said. A Penn spokesperson said in an email only that the school will await Pappert’s decision.

Penn says it offered to notify all of its employees about the investigation and to tell them how to get in contact with the agency, but that was rejected by the EEOC last fall. The school argued that approach would “not invade employees’ privacy, sense of safety, and constitutional rights or echo terrifying periods of history for Jewish communities.”

Messages seeking comment were left Tuesday for the EEOC’s regional attorney, Debra Lawrence, and at the agency’s Philadelphia office.

Menos empleos            

La próxima decisión sobre la tasa de interés por el banco central de Estados Unidos, durante su próxima reunión del 17 y 18 de marzo, no puede basarse únicamente en la decepcionante creación de empleos en febrero. No sólo porque los datos de un mes son insuficientes para derivar conclusiones, pero también porque la guerra en el Medio Oriente ha acercado los precios del petróleo a la barrera de $100 por barril, lo cual genera el espectro de creciente inflación con creciente desempleo.

Todo depende de la duración del conflicto y la expectativa de que la pérdida de 92,000 empleos en febrero fue causada por factores excepcionales, tales como una huelga en el sector de la salud y por la severidad del invierno, además de las redadas en contra de los trabajadores extranjeros. En febrero la tasa de desempleo aumentó a 4.4 por ciento, desde 4.3 por ciento en enero. La sanidad condujo las pérdidas con 28,000 empleos, mientras que otros sectores contribuyeron a la debilidad en el mercado laboral, con las principales pérdidas en la hospitalidad (27,000), la manufactura (12,000) y la construcción (11,000).

El informe sobre empleo en febrero es el último disponible antes de la próxima reunión del banco central. Esta semana serán divulgados el índice de precios al consumidor, junto al índice de precios de los gastos de consumo personal preferido por el banco central. No obstante, todavía es muy temprano para saber si el aumento en el precio del petróleo, resultante del conflicto en el Medio Oriente, conducirá a un alza generalizada de precios.

*Analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Filis pactan extensión de 5 años y 135 millones con el zurdo Jesús Luzardo

El abridor peruano Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, retira en la primera base Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, durante la cuarta entrada del segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el 6 de octubre de 2025, en Filadelfia. (Foto: AP/Matt Slocum/Archivo)

Filadelfia.— El abridor zurdo Jesús Luzardo y los Filis de Filadelfia acordaron una extensión de contrato por cinco años y 135 millones de dólares que comienza en 2027, informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

Filadelfia informó el martes que el acuerdo para el venezolano de 28 años incluye una opción del equipo para 2032.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no era oficial.

Luzardo tuvo marca de 15-7 con efectividad de 3.92 en 183 entradas y dos tercios y fue segundo en la Liga Nacional con 212 ponches en su primera temporada con los Filis.

Los Filis adquirieron a Luzardo antes de la temporada 2025 en un canje con Miami y de inmediato ayudó a consolidar la rotación: ponchó a 11 en su primera apertura contra Washington, mientras los Filis ganaron su segundo campeonato consecutivo del Este de la Liga Nacional. La única vez que un lanzador registró más ponches en su primer juego con Filadelfia fue en 1997, cuando Garrett Stephenson tuvo 12 contra los Cardenales de San Luis.

El zurdo tiene récord de por vida de 41-41 a lo largo de siete temporadas, que también incluyeron etapas con Oakland y los Marlins.

Luzardo es el más reciente abridor de los Filis en firmar un acuerdo a largo plazo.

Cristopher Sánchez está en medio de un contrato de 22,5 millones de dólares por cuatro años hasta la temporada 2028. Zack Wheeler tiene un contrato de 126 millones de dólares hasta la temporada 2027, y Aaron Nola firmó un acuerdo de 172 millones de dólares hasta 2030, mientras el novato Andrew Painter espera ganarse el puesto de quinto abridor en la rotación.

Los Filis tuvieron una temporada baja muy movida. Le dieron al mánager Rob Thomson una extensión de un año después de que condujo a la novena a su cuarta aparición consecutiva en los playoffs, firmaron al campeón de jonrones de la Liga Nacional Kyle Schwarber con un acuerdo de 150 millones de dólares por cinco años y al receptor tres veces All-Star J.T. Realmuto con un contrato de 45 millones de dólares por tres años.