Washington, DC – Trabajadores en al menos 25 ciudades de Estados Unidos participaron el pasado 20 de julio en manifestaciones y paros convocadas por una rara alianza de gremios, grupos ambientalistas, religiosos y activistas, que demandan justicia laboral y racial. Las protestas, son lo más parecido a una huelga general que haya tenido Estados Unidos en más de un siglo. Se unificaron bajo la consigna de «Black Lives Matter» (Las vidas negras importan) a casi dos meses de la muerte de George Floyd. El incidente, captado en vídeo por transeúntes, fue la chispa que inició protestas, disturbios y un debate nacional sobre racismo cuando el país sigue abrumado por la pandemia de COVID-19, con la economía a tientas y más de 40 millones de personas en el seguro por desempleo.
La Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), uno de los sindicatos con mayor presencia de latinos en Estados Unidos, sostuvo en su convocatoria que «los trabajadores sufren el racismo sistemático y la violencia policial descontrolada” por su parte su presidenta Mary Kay Henry agregó «En todo el país la gente comprende cada vez más que es imposible obtener la justicia económica sin justicia racial… Comprende que el cuidado de la salud para todos, políticas migratorias justas y una acción audaz acerca del cambio climático, todo requiere justicia racial».
En cada ciudad y estado las protestas tomaron formas diferentes, y en muchos sitios la manifestación consistió en el abandono de los puestos de trabajo, una genuflexión y silencio por ocho minutos y 46 segundos, la duración del vídeo que registró la agonía de Floyd.
«Morimos si no podemos pagar el cuidado de la salud o comer, morimos por la violencia policial, y morimos por COVID porque muchos de nuestros trabajos son insalubres», declaró a la prensa Rashad Grant, quien trabajaba como asistente para discapacitados en el aeropuerto de Florida.
En Washington los manifestantes se congregaron en el Capitolio exigiendo que el Senado, de mayoría republicana, apruebe la llamada «Ley de los Héroes», que incluye recursos para dotar a los trabajadores esenciales con los equipos de protección personal de salud y la extensión de los subsidios por desempleo que caducarán a fin de este mes.
La legislación ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, y el Gobierno del presidente Donald Trump ha indicado que se opone a varias de las asignaciones de recursos que contiene.
En Detroit y en Los Ángeles, personal, en su mayoría mujeres afroamericanas o latinas, de residencias para enfermos y ancianos, hicieron un paro en sus labores exigiendo que las empresas y el Gobierno actúen para resolver el racismo sistémico en la sociedad y la economía, que coloca y mantiene en desventaja a las comunidades de color.
Mientras en varias ciudades las manifestaciones se hicieron frente a restaurantes McDonald’s como protesta por las condiciones de trabajo, en reclamo de un sueldo mínimo federal de 15 dólares por hora.
Los trabajadores esenciales de color «que encaran el racismo en cada aspecto de sus vidas han tenido más retos en meses recientes, incluidas las tasas desproporcionadamente altas de infección, enfermedad y muerte por COVID-19, y los recientes asesinatos a manos de la policía», afirmaron en un comunicado los organizadores de las protestas en Houston (Texas).
«Cuando el pueblo ha salido a la calle a reclamar justicia mucha gente se topó con más violencia policial y la ocupación casi militar de sus ciudades», añadió el comunicado.
Los negros son alrededor del 13 % de la población de EE. UU., pero son casi el 20 % de los trabajadores en el sector de preparación y servicio de comidas. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los son más del 37 % de los trabajadores de servicios y asistencia en las residencias para ancianos.
Los trabajadores latinos también están desproporcionadamente representados en sectores de la economía como la limpieza, la construcción, el transporte y las labores rurales, al tiempo que muchos de ellos, por ser empleados temporarios o inmigrantes indocumentados, carecen de seguro médico.
