Tucson (AZ),.- La hermana de un mexicano que murió en febrero pasado de «múltiples» impactos por parte de un agente migratorio califica de «asesinato» el hecho ocurrido en la frontera de EEUU y México, donde solo el pasado año fiscal se presentaron 714 casos de uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza.
Carmelo Cruz-Marcos, originario del estado mexicano de Puebla, murió el pasado 19 de febrero en una zona montañosa y apartada del desierto de Arizona de varias heridas de bala en el pecho y el abdomen, de acuerdo con el reporte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima.
«La muerte de mi hermano fue un asesinato, un asesinato de la Patrulla Fronteriza», dijo a Efe la hermana del inmigrante, quien pidió ser identificada solo como «María» debido a que no cuenta con un estatus migratorio legal en Estados Unidos.
El indocumentado formaba parte de un grupo de inmigrantes que salieron corriendo cuando fueron detectados por agentes fronterizos al activarse un sensor de movimiento.
De acuerdo con la investigación preliminar, los agentes comenzaron a seguirlos y uno de ellos disparó contra Cruz-Marcos cuando este supuestamente tomó una piedra para arrojársela.
«Mi hermano no era ninguna persona violenta, no era un hombre malo. Todos los que lo conocieron lo saben», dijo su hermana.
Contó que él tenía esposa y tres hijos pequeños, y que esa era la razón por la que cruzó la frontera buscando una mejor vida para ellos. Agregó que su muerte fue un duro golpe para la familia, aun más porque murió a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza.
María cuestiona sobre todo el hecho de que el cuerpo de su hermano no fue recogido de inmediato por las autoridades del lugar donde falleció, sino hasta un día después.
También asegura que ella tuvo la oportunidad de ver el cuerpo y que todos los disparos que recibió fueron por la espalda.
CASOS EN AUMENTO
Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), durante el año fiscal 2021 se reportaron 714 casos de uso de fuerza por parte de agentes fronterizos a lo largo de la frontera con México, frente a los 532 casos reportados en el año fiscal 2020.
La agencia federal, que está a cargo de la Patrulla Fronteriza, no indica cuántos de estos casos han culminado en la muerte de un inmigrante.
Este incremento en el uso de fuerza corresponde en gran medida al primer año del gobierno del presidente Joe Biden, algo que preocupa a activistas como Richard Boren, miembro del grupo Víctimas de la Patrulla Fronteriza.
«Nada ha cambiado durante la Administración Biden. Como vemos la Patrulla Fronteriza continúa actuando impunemente», dijo Boren a Efe.
Durante el presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre del año pasado, y hasta finales de enero pasado se han reportado 264 casos de uso de fuerza por parte de agentes fronterizos, sobrepasando los 193 registrados en el mismo periodo del año fiscal anterior.
«UN CLUB DE RACISTAS»
Boren asegura que los agentes de la Patrulla Fronteriza se «cubren las espaldas» entre ellos.
«El Sindicato de la Patrulla Fronteriza es un club de racistas que encubren las acciones de sus agentes», dijo el activista.
Reconoció estar cansado de que los agentes siempre utilicen el argumento de que un inmigrante tomó una piedra y los atacó como «excusa» para matarlo.
La CBP califica como instancias de «uso de fuerza» aquellas en que los agentes utilizan la fuerza física, objetos o sus armas para dominar a un inmigrante.
En el año fiscal 2021 los agentes fronterizos utilizaron 15 veces sus armas de fuego, mientras que durante el presente año fiscal ya se han reportado cinco casos.
Boren considera esencial que los agentes fronterizos y los miembros de otras agencias policiales porten cámaras de video, y que los casos en que muere un inmigrante sean investigados por agencias federales independientes.
Por su parte, la CBP sostuvo en declaraciones enviadas a Efe que «no especula» sobre las posibles causas del aumento o caída de los casos de uso de fuerza de agentes fronterizos.
«Mantener la confianza del público es vital para nuestra misión. La CBP evalúa y mejora continuamente sus políticas, prácticas y procedimientos con énfasis en mantener la rendición de cuentas y la transparencia, y garantizar que sean consistentes con la ley», indicó la agencia federal.
Aseguró que cuando ocurren incidentes, las investigaciones son exhaustivas y tienen la supervisión adecuada.
Sin embargo, en el caso de Cruz-Marcos los familiares aseguran que hasta el momento ninguna agencia del orden se ha comunicado con ellos para informarles sobre la investigación.
La familia ha recibido apoyo del consulado de México en Tucson para cubrir los costos del traslado del cuerpo a Puebla.
«La muerte de mi hermano no puede quedar impune. Queremos respuestas, que nos digan que pasó. Queremos justicia», finalizó María.
