Salina, Puerto Rico.— Jacqueline Vázquez estaba sentada en un sillón cuando sonó el teléfono.
Acababa de regresar de una oficina del gobierno en la que presentó una queja por una construcción ilegal en una reserva ecológica. La reserva está dedicada a unos de los manglares más grandes de Puerto Rico, cerca de su barrio, en el sur de la isla.
“¿Qué carajos hacías en Reservas Naturales?”, le preguntó el hombre que la había llamado.
Vázquez lo tomó como una amenaza, una de las varias que han recibido líderes comunitarios como ella que exigen explicaciones a los funcionarios.
Escasa supervisión, falta de presupuesto y permisos emitidos ilegalmente por el gobierno han hecho que aumente la construcción de obras en tierras protegidas, incluso en algunas vulnerables a las inundaciones y los deslizamientos de tierras.
Una investigación en marcha de las viviendas construidas ilegalmente en el segundo estuario más grande de Puerto Rico, donde fueron talados más de 3.600 árboles, según las autoridades, dio paso a audiencias públicas y al lanzamiento de una investigación penal del Departamento de Justicia de la isla, al tiempo que enfocó la atención en otros casos similares.
Los ambientalistas afirman que estas construcciones ilegales hacen que Puerto Rico sea más vulnerable todavía a los efectos del cambio climático y a los huracanes, cada vez más intensos.
“Es uno de los crímenes ambientales más grandes que he conocido”, expresó el representante Jesús Manuel Ortiz durante una vista pública el 27 de abril. “Es inaudito. Se está cometiendo un crimen delante de todo el mundo”.
Las casas de bloques de hormigón, con cercos, piscinas y hasta un muelle, fueron construidas ilegalmente en la Reserva de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos. La reserva tiene casi 1.175 hectáreas (2.900 acres) de árboles protegidos rodeados por agua. Es el hábitat de tortugas carey, una especia en peligro de extinción, y de los vulnerables manatíes antillanos, entre otras especies.
Activistas y algunos empleados públicos dicen sentirse frustrados y abandonados en su lucha, y acusan al Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico y a otras dependencias oficiales de no hacer su trabajo.
Cuando un legislador, durante una vista pública, preguntó a la directora de la reserva de la Bahía de Jobos quiénes habían autorizado la construcción ilegal, Aixa Pabón respondió que “el sistema completo”.
Pabón acusó de negligencia al Departamento de Recursos Naturales y preguntó por qué no intervenía la Junta de Planificación de Puerto Rico. Sostuvo que en algunas dependencias del gobierno prevalece “la ineptitud, la negligencia y la lentitud”.
Por momentos se le quebró la voz al decir que temía que su testimonio tuviese consecuencias personales y profesionales. “Pero la verdad me hace libre y Dios está conmigo”, manifestó.
El mes pasado renunció el secretario del Departamento de Recursos Naturales. En su despedida, dijo a una radio local que algunos empleados municipales que investigaban las construcciones ilegales habían recibido amenazas de muerte.
Ni el Departamento de Recursos Naturales ni la Junta de Planificación, responsable de revisar todos los permisos concedidos, respondieron a pedidos de comentarios.
El tema de las tierras públicas y de la vulnerabilidad al cambio climático domina otro sonado caso en el popular balneario de Rincón, frecuentado por surfistas por sus grandes olas, en el oeste de la isla. En febrero, un juez federal anuló un permiso del gobierno autorizando al condominio Sun and Beach a construir una piscina, un jacuzzi y otras zonas recreativas destruidas por el huracán María en septiembre del 2017.
Se hubiera “privatizado un bien en terrenos públicos”, dijo el juzgado.
El juez señaló asimismo que el 2% de la propiedad en cuestión eran tierras protegidas, en las que no se podía autorizar construcciones, y el 12% se encontraba en una zona costera con alto riesgo de inundaciones.
Entre los testigos que declararon en ese caso figuró un empleado de la división ambiental de la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico, que reconoció que intervino directamente para acelerar la concesión del permiso ahora anulado. Dijo que un amigo suyo y socio era consultor del proyecto, pero negó haber cometido irregularidad alguna, afirmando que el problema fue que otro empleado había hecho una evaluación incorrecta.
El juez dictaminó que la tierra es pública, luego de que la Junta de Planificación determinase que el permiso violaba las leyes municipales. Sin embargo, el caso sigue en los tribunales y muchos residentes temen que se reanude la construcción ilegal. Tortugas marinas en serio peligro de extinción anidaron en esas tierras en el pasado.
En ambos casos, las obras ilegales salieron a la luz tras protestas de ciudadanos que pidieron explicaciones a dependencias del gobierno.
“Sentimos que es una batalla inacabable. Es muy, muy frustrante”, dijo la abogada Mónica Timothée Vega, que, a pedido de un amigo, resiste el inicio de otro proyecto de construcción en humedales de Luquillo, al noreste de Puerto Rico.
Ese caso está pendiente en los tribunales. Timothée acusa a la Oficina de Gerencia de Premisos de conceder nueve extensiones y tres renovaciones cuando, por ley, se pueden aprobar solo tres extensiones y una renovación por caso.
Timothée se quejó de que un vecino pidió documentos públicos relacionados con el proyecto en enero y que los consiguió solo cuando ella y su hermano, quien también trabaja en el caso, acudieron a los tribunales.
“¿Por qué hay que poner abogados para conseguir documentos?”, preguntó. Agregó que la frustración aumentó cuando comenzaron a desaparecer de la internet documentos que habían estado disponibles luego de que ella y su hermano se involucrasen en el caso.
Pedro Cardona Roig, arquitecto, planificador y exvicepresidente de la Junta de Planificación, dijo que lo mismo le pasó a él al investigar lo sucedido en Salinas, donde se encuentra la Bahía de Jobos. Señaló que, de los 16 documentos que había consultado, solo quedaban unos pocos.
Gabriel Hernández, secretario de la Oficina de Gerencia de Permisos, declaró a la Associated Press que su dependencia tiene poco personal y le cuesta lidiar con permisos falsos a los que se les cambian ilegalmente nombres, direcciones y mapas de lotes.
“La cantidad de casos aumenta a diario”, declaró. Agregó que el personal de planificación identificó más de 100 permisos falsos. Al menos ocho de esos permisos eran para conectar los servicios públicos a viviendas ilegales de la Bahía de Jobos. Aseguró que su oficina nunca autorizó permiso alguno allí.
“La gente a veces hace lo que le da la gana”, manifestó.
Según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, al menos 60 personas tienen conexiones en la Bahía de Jobos. La Autoridad de Energía Eléctrica de la isla informó al Departamento de Justicia de Puerto Rico que casi 50 personas tenían conexiones ilegales.
Hernández, de la oficina de permisos, dijo que instruyó a su personal que sea cuidadoso al analizar solicitudes de una reserva natural o una zona protegida.
“Puede ser que nos haya pasado una que otra, pero esa no es la norma”, declaró.
Las construcciones ilegales en la zona costera preocupan a activistas en una isla donde más de la mitad de la población de 3,2 millones de habitantes vive cerca del océano. Los manglares protegen la costa de las tormentas y huracanes. Lo mismo hacen los arrecifes, que van desapareciendo en parte por la erosión de sedimentos. El calentamiento del planeta hace que los huracanes descarguen cada vez más lluvias, tengan más fuerza y ganen intensidad más rápido.
“El manglar es como la persona que se detiene ahí, aguantando todo lo que puede venir”, dijo Vázquez, la líder comunitaria. “Es como una pared ahí, salvándonos”.
Cada vez más legisladores se muestran a favor de una amplia investigación de las construcciones ilegales que hay en zonas protegidas. Activistas presionan además para que se apruebe una moratoria de todas las construcciones en la costa, una propuesta que el gobernador Pedro Pierluisi consideró “excesiva”. Sin embargo, dijo que se podría aplicar una moratoria a las áreas donde hay erosión y otros efectos del cambio climático.
El secretario interino del departamento anunció el 27 de abril que se prepara para emitir órdenes de desalojo a 12 personas acusadas de vivir ilegalmente en la Bahía de Jobos y que pedirá a un tribunal que autorice la demolición de las viviendas.
Las autoridades dijeron que sus ocupantes deberían pagar al menos 4 millones de dólares en daños al medio ambiente y acusaron al grupo de aprovecharse de la pandemia y de los estragos del huracán María para construir y ampliar las estructuras.
A pesar de las batallas legales que se libran, activistas y abogados no se confían. Destacan que el Cuerpo de Guardaparques de Recursos Naturales tiene solo siete empleados que deben supervisar el sector que incluye la Bahía de Jobos, en lugar de los 12 recomendados por el gobierno federal. Cuando el Cuerpo fijó multas por 250.000 dólares a quienes ocupan tierras ilegalmente, el gobierno redujo esa cifra a 3.000 dólares. Y los ocupantes ilegales enviaron a los guardabosques cartas de “cese y desista”.
“Pueden entender cómo nos vamos a sentir”, expresó el sargento Ángel Colón ante legisladores en una vista pública. “Nos llega un balde de agua fría”.
Vázquez, la líder comunitaria de Las Mareas, en Salinas, sabe cómo se sienten.
La queja que presentó en el 2019 sigue esperando una respuesta del Departamento de Recursos Naturales. Las autoridades dicen que necesitan más información. La suya es una de más de 100 quejas presentadas por personas de toda la isla que esperan que se haga algo desde el 2019.
