El presidente estadounidense Joe Biden habla sobre el estatus de la lucha del país contra el COVID-19 en la Casa Blanca el 30 de marzo del 2022. (Foto: AP/Patrick Semansky)
Washington. EE.UU. — El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el martes un nuevo programa nacional de investigación sobre el COVID de larga duración, e instruyó a las agencias federales a apoyar a los pacientes que lidian con el misterioso y debilitante padecimiento.
Biden asignó al Departamento de Salud y Servicio Humanos la coordinación de una nueva iniciativa urgente de varias agencias federales, aprovechando los estudios ya en curso de los Institutos Nacionales de Salud.
El mandatario además ordenó a las agencias federales apoyar a pacientes y médicos proveyendo las mejores prácticas basadas en la ciencia para tratar el COVID de larga duración, manteniendo acceso a la cobertura de seguro médico y protegiendo los derechos de los trabajadores mientras lidian con las incertidumbres del problema. De particular preocupación son los efectos en la salud mental.
El COVID de larga duración es un conjunto de efectos a mediano y largo plazos que se experimentan después de recuperarse de la enfermedad, y puede incluir lagunas mentales, problemas para respirar, dolor y fatiga. Se estima que afecta a hasta 1 de cada 3 personas que se recuperan del COVID-19, aunque la severidad y la duración de los síntomas varían. Pese a una intensa investigación, las causas del COVID de larga duración no son entendidas aún, y el tratamiento se centra mayormente en ayudar a los pacientes a lidiar con los síntomas mientras tratan de equilibrar sus rutinas diarias.
La Casa Blanca reconoció también que el COVID de largo plazo parece ser una discapacidad, lo que significa que los pacientes pudieran tener derecho a la protección de las leyes federales que prohíben discriminación sobre la base de problemas de salud.
“El gobierno reconoce que la pandemia de COVID-19 ha resultado en nuevos miembros en la comunidad de discapacidades, y ha tenido un impacto tremendo en las personas con discapacidades”, dice un comunicado de la Casa Blanca.
Algunos expertos independientes elogiaron al gobierno de Biden por tener un plan para responder a una necesidad emergente, pero señalaron la falta de un cronograma para tener resultados.
“Es un paso muy importante de parte de gobierno de Biden reconocer que el COVID de largo plazo es real, que es una amenaza significativa y que se necesita hacer mucho más”, dijo la doctora Leana Wen, excomisionada de salud de Baltimore.
El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habla hoy, durante el informe anual presentado por la ONG, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Isaac Esquivel)
Ciudad de México, .- La violencia contra la prensa en México aumentó 85 % en los tres primeros años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al primer trienio del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el informe anual presentado este martes por la ONG Artículo 19.
El documento destaca también que existe una negativa por parte de la autoridad a reconocer la situación del gremio en el país latinoamericano, que continúa siendo el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
Justamente, “Negación” es el título que este año le ha dado la organización a su reporte anual —que presenta cada año desde 2009— debido a un clima de violencia con ocho periodistas asesinados en lo que va de año y un presidente que niega una y otra vez que en el país que gobierna se violentan los derechos humanos.
“Lo que hemos visto en los últimos años, precisamente, es una tendencia a invisibilizar y a negar problemáticas estructurales que lastiman a la sociedad mexicana como la corrupción, la impunidad y la violencia”, expuso el director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, en entrevista con Efe.
Y de la misma manera en que se observa esta invisibilización —reflejada especialmente en las conferencias de prensa diarias del mandatario—, lo mismo sucede con la violencia contra la prensa, problemática que va en aumento pero que no termina de reconocerse institucionalmente, por lo que tampoco se dan soluciones eficaces.
El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habla hoy, durante el informe anual presentado por la ONG, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Isaac Esquivel)
LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGACIÓN
La negación se traduce, según el informe, en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital y violaciones a los derechos humanos.
Todas estas problemáticas vulneran la libertad de expresión.
“No es solo la negación, sino las consecuencias de ello, en términos de la denostación de quienes critican, quienes contrastan la información dada desde el poder público”, apuntó Maldonado.
Lo anterior queda plasmado, dice, en la sección semanal en las conferencias matutinas desde Palacio Nacional “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, en la que se repasan notas periodísticas en las que se desmiente información supuestamente falsa o crítica con el Gobierno.
“Es preocupante porque la negación se da en todos esos ámbitos y en un contexto en el que desde el discurso público se está distorsionando la realidad, donde se está desinformando y a la vez a quien cuestiona se le está atacando”, consideró el experto.
El director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habla hoy, durante el informe anual presentado por la ONG, en la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Isaac Esquivel)
INCESANTE CRECIMIENTO EN LAS CIFRAS
En cifras, Artículo 19 documentó 644 agresiones contra la prensa en 2021. Es decir, una cada 14 horas.
Además, desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018 suman 1.945 agresiones —entre las cuales se encuentran 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones—, 85 % más que en el primer trienio de Peña Nieto.
Además, en 2021 se registraron por primera vez al menos un ataque a la prensa en cada uno de los 32 estados del país.
El año pasado, las autoridades mexicanas estuvieron vinculadas en dos de cada cinco agresiones contra la prensa.
En el informe “Negación” también se recoge el gasto del Gobierno en publicidad oficial, un «obstáculo» para la «pluralidad mediática».
Según datos preliminares, tres medios representan el 33 % del total del gasto de comunicación social en la administración de López Obrador. Y los primeros diez medios favorecidos por la publicidad oficial acumulan el 52 % del total de recursos.
UNA AGENDA MÍNIMA
En este contexto de urgencia, Artículo 19 propone una “agenda mínima” con iniciativas imprescindibles para cambiar el rumbo del país en torno a la violencia contra la prensa.
Entre estas medidas se encuentran la eliminación del uso “discrecional y arbitrario” de la publicidad oficial como recurso de control de las líneas informativas, la eliminación de restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión, el desarrollo de una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio periodístico o la promoción y garantía del acceso a internet y a la información “sin discriminación”, entre otras.
Washington, EE.UU.– La Policía del Capitolio de EE.UU. capturó este martes a un zorro rojo que mordió a varias personas, entre ellas a un legislador y a una periodista, en las inmediaciones del Congreso.
«Hemos recibido varios reportes de ataques de zorros en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. Por su seguridad, no se acerque a ningún zorro», advirtió el cuerpo policial en su cuenta de Twitter.
Horas después, la policía anunció en redes sociales la captura del ejemplar en una ladera de la colina del Capitolio y publicó fotografías del zorro en cuestión dentro de una jaula.
Entre los afectados por las mordeduras del zorro se encuentra el congresista demócrata Ami Bera, cuyo equipo confirmó a varios medios que fue atacado por el zorro el lunes por la noche al salir de su oficina.
El legislador por California, que no llegó a ver el zorro, fue mordido en una pierna y recibió como precaución la vacuna contra la rabia y el tétanos.
También la periodista Ximena Bustillo explicó en Twitter que el zorro la mordió por detrás mientras caminaba.
«Esa sensación cuando te muerde un zorro que sale del Capitolio. Es algo que por supuesto uno espera que ocurra en el centro de (Washington) DC», bromeó la reportera en Twitter.
El parque Rock Creek, uno de los más grandes de la capital estadounidense, alberga zorros rojos, que en algunas ocasiones bajan hasta el centro de la ciudad.
La vicepresidenta Kamala Harris gesticula mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden (izquierda), estrecha la mano del expresidente Barack Obama después de que Obama le hizo una broma a Biden en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el martes 5 de abril de 2022. (Foto: AP/Carolyn Kaster) Archivo
Washington, EE.UU. — El expresidente Barack Obama regresó el martes a la Casa Blanca para celebrar el duodécimo aniversario de su Ley de Salud Asequible, que ya forma parte del entramado del sistema médico estadounidense y cuyo alcance pretende ampliar el presidente Joe Biden.
Las inscripciones al sistema de salud han aumentado durante el gobierno de Biden, y los subsidios más generosos de los contribuyentes han reducido los costos para los derechohabientes, aunque sea temporalmente.
La última vez que Obama estuvo en la mansión fue el 20 de enero de 2017, cuando él y su sucesor, un presidente electo empeñado en derrocar al sistema de salud “Obamacare”, partieron al Capitolio para la ceremonia de la toma de posesión de Donald Trump.
“Es bueno estar de vuelta en la Casa Blanca. Ha pasado algo de tiempo”, afirmó Obama en la Sala Este de la residencia oficial después de que la vicepresidenta Kamala Harris lo presentara. Comenzó refiriéndose a Biden como “vicepresidente” antes de admitir la broma y abrazar a su exnúmero dos.
Obama dijo que Biden y él lograron “mucho” en sus ocho años como dirigentes del país, pero recalcó: “Nada me enorgulleció más que brindar una mejor atención médica y más protecciones a millones de personas en todo el país”.
La Ley de Cuidado de Salud Asequible “fue un ejemplo de por qué te postulas para un cargo en primer lugar”, agregó Obama, calificándola como el “punto culminante de mi tiempo aquí”.
Biden y Obama conmemoraron el duodécimo aniversario de la ley, que en 2010 el entonces vicepresidente calificó memorablemente de “un gran acuerdo”, junto con una palabra altisonante. Su poder de permanencia se ha visto reforzado por tres victorias en la Corte Suprema y un enfático voto negativo del difunto senador John McCain, republicano por Arizona, que desinfló los intentos del presidente Trump de revocarla y reemplazarla.
La ley fue un tema tan espinoso en 2010 que los demócratas rara vez la mencionaban de cara a las elecciones de mitad de mandato, que resultaron ser, en palabras del propio Obama, una “paliza”. Ahora, en cambio, los demócratas esperan que la ecuación política juegue a su favor y que un enfoque centrado en apuntalar la ley de salud para adolescentes pueda ayudarles a evitar una debacle en las urnas este noviembre.
Naciones Unidas, EE.UU.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se quejó hoy amargamente ante el Consejo de Seguridad de la incapacidad de las Naciones Unidas para detener la guerra en su país, que ha entrado ya en su séptima semana y ha obligado al desplazamiento de la cuarta parte de su población.
En una intervención por videoconferencia justo antes de realizar otra similar ante el Congreso de Diputados en España, Zelenski reclamó al Consejo la expulsión de Rusia o algún tipo de reforma que permita superar el derecho a veto de Moscú, que ha tornado al Consejo en un órgano inefectivo.
«Si esto continúa, los países confiarán únicamente en el poder de sus propias fuerzas para asegurar su seguridad y no en la ley internacional o las instituciones internacionales», señaló un Zelenski visiblemente molesto, ante de proponer un nuevo Consejo basado en una «representación justa de todas las regiones del mundo», con verdadera capacidad para detener guerras.
Para añadir dramatismo a su discurso y conmover así al Consejo de Seguridad, Zelenkski presentó un vídeo con macabras imágenes de muertos en Bucha, Mariupol o Irpin, mostrando cadáveres de civiles maniatados, calcinados o semienterrados en lo que parecían fosas comunes.
Pero ni siquiera esas imágenes frenaron el cruce de acusaciones: el embajador ruso Vasili Nebenzia aseguró que sus soldados no pudieron haber cometido esas matanzas, y las atribuyó a «radicales ucranianos» que son apoyados por «delincuentes, ladrones y extranjeros» a los que se ha equipado con las armas entregadas a Ucrania por los países occidentales.
La representación de los Emiratos Árabes en el Consejo advirtió contra el peligro de «caer en una guerra de narrativas o relatos», en alusión a cómo los hechos de la guerra son presentados por parte de Rusia o de Ucrania, apoyada por los llamados «países occidentales».
Debido al derecho de veto de los países con asiento permanente, el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de aprobar una sola resolución sobre la guerra de Ucrania, y sus sesiones se han convertido en una mesa de combate dialéctico entre Rusia y los países occidentales, con los países asiáticos -China e India, principalmente- manteniéndose en la equidistancia.
La subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, tras enumerar los numerosos ataques a civiles documentados en Ucrania, reconoció hoy ante el Consejo que «cuanto más dure esta guerra, mayor es el riesgo de que debilite todavía más las instituciones globales y los mecanismos dedicados a preservar la paz y la seguridad».
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó hoy una investigación «con garantías de rendición de cuentas» después de ver «las horrendas imágenes de civiles asesinados en Bucha», y su propuesta fue saludada por la mayoría de miembros del consejo.
Para China, que en el Consejo siempre se muestra comprensiva con Rusia, «deben depurarse las responsabilidades» de lo sucedido en Bucha, pero sobre todo «no sacar conclusiones precipitadas y evitar así acusaciones infundadas», oponiéndose así al eco generalizado de condenas a Moscú.
Estados Unidos anunció ayer que se unía a un equipo internacional que apoyaría a la Fiscalía de Ucrania «para recolectar, preservar y analizar pruebas de atrocidades» cometidas supuestamente por las tropas rusas en Bucha y otras zonas tras su retirada para concentrarse en el este del país.
En paralelo, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció ayer que trataría de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hoy insistió en que la presencia de Moscú en ese organismo «mina su credibilidad».
Le contestó el embajador ruso recordándole que Estados Unidos carece de credibilidad cuando abandonó ese consejo en 2018 en época de Donald Trump -aunque regresó en la era Biden-, y añadió sobre esa iniciativa para su suspensión: «Espero que nuestros colegas en Naciones Unidas no se dejen manipular por Washington en esos juegos peligrosos».
Actualmente, hay un equipo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya investigando supuestos crímenes de guerra cometidos en Ucrania, aunque por la propia naturaleza del trabajo del CPI no se esperan resultados a corto plazo.
El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil (i) y la presidente de la Agencia EFE Gabriela Cañas (d) participan en la firma de un convenio de trabajo en Ciudad de México. (Foto: EFE/José Méndez)
Ciudad de México. – La agencia de noticias Efe y el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) de México firmaron este martes un convenio de cooperación para combatir las noticias falsas y la desinformación.
La presidenta de Efe, Gabriela Cañas, y el presidente del SPR, Jenaro Villamil, firmaron el convenio en un acto celebrado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia antes de participar en una mesa redonda sobre «Periodismo en la era de la desinformación de masas».
Cañas destacó la relevancia de este convenio para combatir junto al SPR la desinformación y la infodemia, porque «alianzas como esta nos hacen más fuertes para luchar contra los bulos y velar por el derecho a la información veraz y de calidad, de los ciudadanos», indicó.
«Nos hemos comprometido también a promover la alfabetización mediática, a poner en marcha el intercambio de experiencias, capacitación, asesoramiento y a potenciar la inclusión de nuevas tecnologías para incrementar la formación de nuestros periodistas y expertos verificadores», agregó.
La presidenta de Efe subrayó que «la firma de este acuerdo contribuirá no solo al fortalecimiento de ambos medios públicos, que contaremos con más herramientas para trabajar con rigor y credibilidad, sino que redundará en el beneficio de toda la sociedad iberoamericana».
Jenaro Villamil, presidente del SPR, explicó la importancia del acuerdo pues afirmó que “el periodismo no sólo cuenta la verdad sino que desmantela las mentiras”.
Destacó que como SPR tienen la obligación pública de tener un esfuerzo conjunto en lengua castellana para afrontar las nuevas realidades.
“Efe es la agencia de habla hispana más importante en el mundo. Creo que en ese sentido también esta alianza y este convenio ayudará al sistema y esperemos que a la agencia le sirva lo que podemos ofrecer en servicio de televisión, radio y expertise”, apuntó.
El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil (i) y la presidente de la Agencia EFE Gabriela Cañas (d) participan en la firma de un convenio de trabajo en Ciudad de México. (Foto: EFE/José Méndez)
CONVENIO EFE-SPR
La cooperación del convenio entre Efe y el SPR incluye el intercambio y difusión de información encaminada al combate de las noticias falsas, la desinformación y la infodemia.
El objetivo se centra en «promover la alfabetización mediática de las audiencias del servicio público de radiodifusión y de los usuarios de las plataformas digitales, a través de los medios y plataformas digitales que cada una de las partes determine».
También se aprovecharán «los métodos de verificación o fact checking de ambas partes para fines informativos y noticiosos con el objetivo de comprobar la veracidad de contenidos y mensajes que se viralizan en internet o se difunden ampliamente en el discurso público».
El acuerdo incluye también el «diseño y puesta en marcha de modelos o proyectos informativos y noticiosos orientados al combate de las noticias falsas, la desinformación y la infodemia».
EFE VERIFICA CONTRA LOS BULOS
En 2019, la Agencia Efe puso en marcha su servicio de verificación de datos para responder al aumento de los bulos y la desinformación con el objetivo también de capacitar a periodistas latinoamericanos sobre la desinformación.
EFEVerifica ofrece diariamente una información útil para combatir las falsedades que circulan por la red en español, ya sea a través de mensajes, vídeos, fotografías o todo tipo de declaraciones.
EFEVerifica combate la desinformación comprobando la veracidad de contenidos y mensajes que se viralizan en internet o se difunden ampliamente en el discurso público y se ponen en contexto los acontecimientos que generan confusión y división en la sociedad, al tiempo que las verificaciones se basan en el análisis de hechos y datos, nunca en opiniones.
Las informaciones verificadas se hacen además respetando las buenas prácticas y los principios deontológicos que guían a los periodistas de la Agencia Efe, de acuerdo con su Estatuto de Redacción y su vocación de servicio público.
EFEVerifica es miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN), una red que reúne a los principales medios verificadores a nivel mundial.
INFODEMIA COMBATE NOTICIAS FALSAS
El SPR lanzó en julio de 2020 la iniciativa Infodemia para desmentir noticias falsas, combatir la infodemia y contribuir a la alfabetización digital, en el contexto de la pandemia de covid-19.
Infodemia es un proyecto multiplataforma integrado por redes sociales, un sitio de internet, un programa semanal en streaming y una serie de televisión que se transmite a través del Canal Catorce del SPR, las redes sociales del Canal, los medios públicos federales y la aplicación MxPlay.
Diariamente Infodemia desmiente noticias falsas sobre diversos temas y comparte contenido para brindar alfabetización digital, a través de sus redes sociales @infodemiaMex (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube), obteniendo un alcance de julio de 2020 a marzo de 2020 de 28,447,399 usuarios.
La página web infodemia.mx cuenta con secciones como Desmentidos, Expedientes, Multimedia, Mundo digital, Tutoriales, Trampas del Algoritmo y Reporte. Hasta marzo de 2020, el sitio web de infodemia ha desmentido 3,500 noticias falsas.
El Sharp Grossmont Hospital en Estados Unidos, en foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)
Washington, EE.UU.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes un plan con el que espera conseguir que 200.000 habitantes del país consigan cobertura sanitaria por primera vez y que otro millón de personas paguen menos por su seguro médico.
El Departamento del Tesoro hizo el anuncio horas antes de que el presidente estadounidense, Joe Biden, participe en un acto en la Casa Blanca junto al exmandatario Barack Obama (2009-2017) para celebrar el impacto de la reforma sanitaria de 2010, conocida como Obamacare.
«Esta es la medida más significativa que se ha tomado para mejorar la implementación de la ley desde que se presentó la legislación por primera vez», afirmó una responsable estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.
En EE.UU. no hay un sistema público de salud y la mitad de la población tiene acceso a seguros médicos privados gracias a su empleador, mientras que el resto o bien no tiene cobertura o bien la contrata a través de un mercado de seguros a bajo coste creado bajo Obamacare.
Esa ley permite actualmente que más de 31 millones de personas tengan acceso a cobertura sanitaria de menor coste.
El anuncio del Tesoro» busca arreglar el llamado «fallo técnico de la familia» en el sistema de Obamacare, que afecta a muchos estadounidenses que tienen incluidos a sus parejas, hijos u otros familiares en su plan de seguro médico proporcionado por sus empresas.
Bajo el sistema actual, los estadounidenses pueden cambiarse a un seguro médico del mercado de Obamacare y recibir ayuda financiera para contratarlo en caso de que su empleador les exija gastar más del 10 % de sus ingresos en su cobertura médica.
Sin embargo, ese 10 % se calcula teniendo únicamente en cuenta el coste de la cobertura del empleado, y no las primas que se necesitan para cubrir a cualquiera de sus dependientes.
Eso «puede significar que las familias acaben gastando el 25 % o el 30 % de sus ingresos» en el seguro médico privado que obtienen a través de su trabajo y que aun así no tengan acceso a ayuda financiera bajo Obamacare, explicó la citada responsable estadounidense.
La nueva norma propuesta por el Tesoro estipula que si la cobertura médica para la familia al completo cuesta más del 10 % de los ingresos totales de su hogar, las personas dependientes del empleado que les proporciona ese seguro tendrán una nueva opción.
Esos familiares del empleado podrán recibir «ayuda financiera» para contratar un seguro médico de bajo coste a través del mercado de Obamacare, indicó la fuente.
Actualmente, ese fallo técnico en la aplicación de la ley afecta a más de 5 millones de personas, la mayoría de ellos menores, según un análisis de la organización sin ánimo de lucro Fundación Familia Kaiser (KFF).
La Casa Blanca calcula que parte de ellos no se aprovecharán del cambio de normativa, que entraría en vigor en 2023, entre otras razones porque preferirán mantener a toda la familia en el mismo seguro médico del empleador aunque les cueste más dinero.
Sin embargo, sus estimaciones apuntan a que «unas 200.000 personas conseguirán seguros médicos por primera vez, ya que ahora no lo tienen porque les resulta demasiado caro», de acuerdo con la citada funcionaria.
Además, alrededor de «un millón de personas podría cambiarse de la cobertura que tienen ahora a una más asequible» en el sistema de seguros de salud creado por Obamacare, añadió.
Los Ángeles, EE.UU.– El Gobierno del presidente Joe Biden autorizó a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Adunas (ICE) a considerar la desestimación de los casos de ciertos inmigrantes que no cruzaron la frontera recientemente y que no son una amenaza para la seguridad pública.
La nueva guía enviada este lunes a los abogados del ICE se basa en las prioridades del Gobierno Biden puestas en marcha en noviembre pasado para enfocar sus esfuerzos en detener y deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza.
La instrucción del jefe de abogados del ICE, Kerry Doyle, anima a los fiscales a usar la “discreción procesal” cuando corresponda bajo el argumento de que «puede preservar los recursos gubernamentales limitados y lograr resultados justos y equitativos en casos individuales».
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la nueva directriz como un «buen esfuerzo» de la Administración.
Por su parte, Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explicó a Efe que la medida demuestra el esfuerzo del Gobierno para reducir el creciente retraso en los tribunales de inmigración.
«Es una política parecida a la impuesta por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) que permitía cerrar los casos de deportación de inmigrantes que no significaban una amenaza, aunque esta es un poco más detallada sobre quiénes serán beneficiados», señaló.
Agregó que incluso los fiscales están autorizados a cerrar los casos sin necesidad de que los inmigrantes se presenten a una audiencia de deportación. «Principalmente ayudará a aquellos que llevan años peleando por años sus casos. Pero no va a favorecer a las personas con nuevas solicitudes de asilo», dijo.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, las cortes de inmigración en Estados Unidos tienen 1.701.018 casos acumulados.
Doyle señaló en la nueva guía que “los abogados (del ICE) deben ser especialmente conscientes de las limitaciones de recursos con las que operamos».
«La priorización sólida de nuestros esfuerzos de litigio a través del uso apropiado de la discreción procesal puede preservar los recursos gubernamentales limitados”, ahondó.
El memorando explica a los fiscales que hay varias formas de ejercer la discreción, pero la preferencia de la agencia es finalizar los casos no prioritarios.
En este sentido, Romo explicó que incluso aquellos inmigrantes que no están representados por abogados pero se han presentado en corte y no hacen parte de las prioridades se verán beneficiados. «Les darán la oportunidad de conseguir abogado», acotó.
En esta foto de archivo tomada el 23 de marzo de 2017, muestra la cúpula del Capitolio en Capitol Hill en Washington. (Foto: VOA/Archivo)
Alrededor de 980,000 estadounidenses y más de 6 millones de personas en todo el mundo han muerto a causa de COVID-19.
Los negociadores del Senado llegaron a un acuerdo sobre un paquete reducido de 10.000 millones de dólares para contrarrestar COVID-19, dijeron el lunes los principales negociadores demócratas y republicanos, pero la medida eliminó todos los fondos para ayudar a las naciones en el extranjero a combatir la pandemia.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, dijo que el acuerdo le daría al gobierno «las herramientas que necesitamos» para seguir luchando contra la enfermedad. El senador Mitt Romney, republicano de Utah, pregonó los ahorros presupuestarios en la medida que dijo significaba que «no le costará al pueblo estadounidense ni un solo dólar adicional».
Al menos la mitad de la medida tendría que usarse para investigar y producir terapias para tratar la enfermedad, según hojas informativas distribuidas por Schumer y Romney, los dos principales negociadores.
El dinero también se usaría para comprar vacunas y pruebas. Se utilizarían al menos 750 millones de dólares para investigar nuevas variantes de COVID-19 y expandir la producción de vacunas, según las descripciones.
El acuerdo llega con los líderes del partido que esperan que el Congreso apruebe la legislación esta semana, antes de que los legisladores se vayan a un receso de primavera de dos semanas. También viene con BA.2, la nueva variante de ómicron, que se espera que provoque un nuevo aumento en los casos de EE. UU.
Alrededor de 980,000 estadounidenses y más de 6 millones de personas en todo el mundo han muerto a causa de COVID-19.
Schumer culpó al Partido Republicano por la falta de asistencia global y dijo que está «decepcionado de que nuestros colegas republicanos no pudieran aceptar incluir los 5.000 millones de dólares» de una versión anterior de la medida. Dijo que los miembros de ambos partidos quieren elaborar una segunda medida de gasto esta primavera que podría incluir fondos para combatir el COVID-19 y el hambre en el extranjero y más asistencia para Ucrania mientras continúa luchando contra la invasión rusa.
Romney sugirió una apertura para considerar el dinero futuro de COVID-19. «Si bien este acuerdo no incluye fondos para el programa de vacunación global de EE. UU., estoy dispuesto a explorar una solución fiscalmente responsable para apoyar los esfuerzos globales en las próximas semanas», dijo.
El acuerdo representa una gran reducción de los 22.500 millones de dólares que solicitó inicialmente el presidente Joe Biden y de una versión de 15.000 millones de dólares que los líderes de ambos partidos habían negociado el mes pasado.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, abandonó ese plan después de que los legisladores demócratas rechazaran los recortes propuestos en la ayuda estatal para la pandemia para ayudar a pagar el paquete.
El plan de 15.000 millones de dólares había incluido alrededor de 5.000 millones de dólares para el esfuerzo global para combatir COVID-19, que se ha extendido en muchos países, especialmente en los más pobres. El precio total se ha reducido y el dinero global se ha reducido, ya que las dos partes no han podido ponerse de acuerdo sobre más de 10.000 millones de dólares en ahorros presupuestarios para pagarlo.
Fotografía de archivo de la congresista demócrata del estado de California, Norma Torres (i). (Foto: EFE/Esteban Biba)
Washington, EE.UU.– Dos congresistas estadounidenses presentaron este lunes un proyecto de ley para que se analicen los riesgos que supone para el sistema financiero en EE.UU. la adopción del bitcóin como moneda legal en El Salvador y crear un plan que los mitigue.
Se trata de una legislación complementaria a la iniciativa «Ley para la Responsabilidad de las Criptomonedas en El Salvador» propuesta el pasado febrero por tres senadores, de acuerdo con un comunicado de los congresistas Norma Torres y Rick Crawford, sus impulsores.
El texto ordena al departamento de Estado de EE.UU. analizar «los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la democracia» que tiene el bitcóin para El Salvador y diseñar «un plan para mitigar los riesgos para el sistema financiero estadounidense».
Torres, congresista demócrata por California y presidenta del caucus centroamericano, resaltó en la nota que instituciones financieras globales han detallado los «riesgos» de la adopción del bitcóin por parte del gobierno del país centroamericano, cuya gestión criticó.
«El Salvador es una democracia independiente y respetamos su derecho al autogobierno, pero EE.UU. debe tener un plan para proteger nuestros sistemas financieros de los riesgos de esta decisión, que parece más un juego imprudente que una apuesta reflexiva por la innovación», dijo.
Por su parte, Crawford, congresista republicano por Arkansas, consideró que la creciente popularidad de las criptomonedas implica una «revisión necesaria de la regulación y la protección del consumidor» en la que debería involucrarse el Gobierno federal.
Expresó también que la decisión de El Salvador de adoptar el bitcóin en septiembre del año pasado ha causado «preocupación respecto a la estabilidad de la relación económica» que tiene con EE.UU., por lo que considera importante «entender» sus «efectos potenciales».
El proyecto de ley fue presentado en el Senado a mitad de febrero por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Alta; y los republicanos Jim Risch (el conservador de mayor rango en esa comisión) y Bill Cassidy.
