Cuando el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, presente su primer presupuesto la próxima semana, los distritos pobres que ganaron una histórica demanda de financiamiento escolar querrán verlo proponer un pago inicial significativo y un plan para reformar la forma en que el estado paga la educación K-12 en lo que podría ser un momento decisivo para el demócrata.
Si bien el trabajo no termina en un ciclo presupuestario, cambiar ese curso comienza ahora, y los abogados de los distritos escolares dijeron a The Associated Press que al menos $2 mil millones en fondos adicionales para la educación serían un buen comienzo para los miles de millones más que dicen las escuelas más pobres. Necesitan los distritos.
«Creemos que esta es una inversión adecuada para comenzar a abordar la escala del problema que enfrentamos», dijo Maura McInerney, directora legal del Education Law Center de Pensilvania, que ayudó a representar a los distritos escolares junto con el Public Interest Law Center y el Bufete de abogados O’Melveny & Myers.
Pero es solo el comienzo de lo que los distritos escolares ganadores esperan ver. Dan Urevick-Ackelsberg, abogado principal del Public Interest Law Center, dijo que esperan ver un plan de acción de Shapiro que muestre cómo el estado desarrollará un sistema que financie escuelas en función de las necesidades de los estudiantes.
“Lo que no queremos es una pelea por este ciclo presupuestario y luego, en julio, preguntar qué sucederá después”, dijo.
Un juez dictaminó en febrero que el sistema de financiación de las escuelas públicas del estado viola en última instancia los derechos constitucionales de los estudiantes (ponerse del lado de seis distritos escolares, la NAACP y la Asociación de Escuelas Rurales y Pequeñas de Pensilvania) en una demanda iniciada hace casi una década en busca de miles de millones de dólares en ayuda anual adicional.
Los abogados de los distritos escolares argumentaron ante el tribunal que el sistema de financiación escolar de Pensilvania depende de manera desproporcionada de los impuestos locales sobre la propiedad, lo que ayuda a ampliar la brecha entre los distritos ricos y pobres.
El fallo de la corte no determinó una cifra de cuánto debería distribuir el estado ni cómo, y dejó que la Legislatura, el gobernador y los distritos escolares que demandaron determinaran un plan para abordar las violaciones. La decisión no dio plazo.
Sin embargo, otros estados con demandas similares han demostrado que la acción legislativa no suele ser rápida. En algunos casos, no hay garantía de que llegue a buen término. Los legisladores a menudo no han aprobado suficientes fondos para cumplir por completo con el fallo de un tribunal, o los casos pueden volver a los tribunales una y otra vez en un intento de presionar a los legisladores para que actúen.
Está previsto que Shapiro revele su primer plan presupuestario el próximo martes cuando se dirija a una sesión conjunta de la Legislatura.
Hasta ahora, ha dicho poco sobre cómo responderá a la decisión judicial después de decir repetidamente en la campaña electoral el año pasado que estaba a favor de “financiar por completo” las escuelas públicas.
El Vicegobernador Austin Davis, hablando en el Club de Prensa de Pensilvania el lunes, insinuó que una respuesta de financiamiento escolar será una característica importante del plan presupuestario de Shapiro, diciendo que Shapiro “tendrá mucho que decir” sobre el financiamiento escolar equitativo.
Cualquier plan debe pasar por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas y el Senado controlado por los republicanos. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara y el Senado, que se opusieron a la demanda de los distritos escolares, no han dicho si apelarán el fallo del juez.
Los abogados de los distritos escolares presentaron evidencia durante el juicio del año pasado de que las escuelas no cuentan con fondos suficientes por $4.6 mil millones, una estimación que, según dijeron, no tiene en cuenta las brechas en el gasto en educación especial, edificios escolares y otras instalaciones.
En el año fiscal actual, el estado está enviando alrededor de $9.6 mil millones a los distritos escolares para operaciones escolares, instrucción y educación especial.
“Creo que todos estamos ansiosos por escuchar lo que dice en su discurso sobre el presupuesto, por lo que tenemos una idea un poco mejor de lo que ha estado escuchando y qué es lo que está pensando”, dijo Katrina Robson, socia de O’ Melveny & Myers LLP, que ayudó a representar a los distritos escolares en la demanda.
Aun así, hay pasos que la Legislatura puede tomar en este ciclo presupuestario para comenzar a abordar las brechas que la corte reconoce que existen.
Eso incluye destinar ayuda adicional para los distritos más pobres y ahorrar dinero a los distritos al reducir los pagos a las escuelas chárter.
En el plan a largo plazo, los demandantes quieren un sistema que aborde todas las desigualdades reconocidas por el tribunal, dijo McInerney. Eso toca las instalaciones, el tamaño de las clases, el personal y cuánto dependen las escuelas actualmente de los impuestos locales a la propiedad.
Este será un cambio de paradigma, dijo McInerney.
“En el pasado, ya sabes, tomamos todo el dinero que había en las arcas y lo dividimos y ahora decimos: ‘Tienes que ver las necesidades educativas de la población a la que sirves. Necesitas mirar: ¿qué necesitan tus estudiantes?, para determinar cómo se ve la adecuación’”, dijo. “Entonces ese es un cambio realmente fundamental en la forma en que Pensilvania ha financiado sus escuelas durante décadas”.
