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EE. UU.: inmigración hizo crecer población blanca y asiática

ARCHIVO - Nuevos ciudadanos prestan juramento en una ceremonia de naturalización, 15 de febrero de 2023 en San Diego, California. (AP Foto/Gregory Bull, File)

Sin inmigración, la población blanca de Estados Unidos hubiera disminuido el año pasado.

La inmigración provocó también el crecimiento de la población asiática, que fue el grupo racial o étnico que registró la mayor expansión el año pasado. La cantidad de nacimientos superó la de muertes en las poblaciones hispana, negra, tribal y hawaiana.

Las cifras estimadas de población difundidas el jueves por la Oficina del Censo revelan los factores que produjeron cambios por grupos raciales, étnicos y de edad el año pasado y también desde el comienzo de la transmisión del COVID-19 en el país en abril de 2020. El país tenía 333,2 millones de habitantes a mediados del año pasado, 0,4% más que el año anterior, de acuerdo con los cálculos de 2022.

La población blanca de Estados Unidos aumentó gracias a la inmigración. Sin ella, la población blanca, incluidos los que se identifican con más de una raza, hubiera disminuido en más de 85.000 personas en lugar de aumentar en más de 388.000, un 0,1%.

Si se reduce el enfoque a las personas blancas no hispanas que se identifican con una sola raza, la población blanca se redujo en más de 668.000 personas, dado que el número de inmigrantes no alcanzó a compensar el decrecimiento natural debido a que las muertes superaron a los nacimientos.

El crecimiento de la población obedece a dos factores, la inmigración y el incremento natural, cuando hay más nacimientos que muertes. Los datos difundidos el jueves revelan la complejidad de los patrones de población en cambio constante y refuerzan un nivel de sutileza que no siempre se refleja en el debate político sobre la inmigración.

“Las comunidades de inmigrantes y refugiados traen talento, cultura y un conjunto de destrezas que nuestra gente necesita”, dijo Arrey Obenson, presidente y director del Instituto Internacional de St. Louis, que ayuda a los nuevos habitantes a adaptarse a la vida en el país.

Desde el comienzo de la pandemia en abril de 2020, la población blanca ha crecido en 391.000 personas impulsada por la inmigración.

La población hispana del país creció en más de 1 millón de personas, el aumento en números netos más grande de cualquier grupo racial o étnico. Dos tercios del aumento se debió al crecimiento natural, o sea que el número de nacimientos superó al de muertes. Más de 63,3 millones de personas se identificaron como hispanas el año pasado, un aumento de 1,7% con respecto al año anterior.

Cancilleres del continente inician debate en plenaria de Asamblea General de la OEA

Las delegaciones de los países miembros de la OEA participaron la noche de este miércoles en la sesión inaugural para abrir los debates de cancileres de la región este jueves, con discurso del secretario general del organismo, Luis Almagro. (Foto: Tomás Guevara/VOA)

Las delegaciones encabezadas por Ministros de Relaciones Exteriores del continente debaten este jueves el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la inclusión y combate a la desigualdad enmarcan el encuentro.

Los 24 ministros de Relaciones Exteriores que arribaron a Washington para participar en la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ponen este día sobre la mesa los temas de interés de la región con visiones desde sus países.

El organismo hemisférico llamó este año a su sede central en la capital estadounidense al foro anual que pone en perspectiva los asuntos políticos de interés para el continente americano, que este año acoge bajo el lema “Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con derechos humanos”.

Al instalar la plenaria al final de la tarde de este miércoles –con varios de los ministros de la región presentes en el pleno- el secretario general del organismo, Luis Almagro, llamó a los países a afrontar este encuentro bajo el compromiso de luchar por las desigualdades que imperan en la región “con situaciones de discriminación, abusos de poder y también de la presencia de mecanismos de corrupción que reproducen condiciones de violencia”.

Almagro fue el único en disertar al instalarse la sesión inaugural en su carácter de presidente de la misma. Este jueves como primer punto de agenda está la elección del canciller de algún país de la región que ocupará la silla para presidir el encuentro.

La jornada de este día también incluye además de discusiones públicas sobre algunos temas que incluirá la agenda, otros encuentros privados entre los cancilleres y sus equipos de representación en la OEA.

El secretario general dijo que toca a la Asamblea General, conformada por los ministros de Exteriores -como máxima autoridad de la instancia- abordar esos desafíos “de desigualdad que se reproducen” y que generan un “caldo de cultivo del autoritarismo”, pues a medida se alejan los gobiernos del ejercicio efectivo de la democracia a través de acceso a derechos de la población, “dan fuerza”, a los retrocesos.

“Debemos asumir esta responsabilidad de cambiar la desigualdad” acotó Almagro para dejar abierto el foro, llamó también a verse como organización y ser responsable para abordar la situación.

El reto de esta Asamblea General es seguir trabajando para “hacer cambios democráticos” con resultados -dijo- lo que demanda hacer instituciones más fuertes que garanticen la democracia y el respeto a derecho humanos sin descuidar la situación económica en los pueblos americanos.

“Los políticos deben dar el ejemplo” pues se necesitan instituciones que se abran a los territorios, y donde también no puede quedar de lado el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para hacer esas alianzas. Estos sectores abrieron este miércoles la asamblea en la sede de la OEA.

La plenaria se propone “actuar juntos” sin distinción de bandos ideológicos, pues “todos tenemos la obligación de actuar juntos”, en un entorno plural de ideas, puntualizó el secretario de la OEA.

El tema de Nicaragua, ausente por voluntad propia del organismo, es uno de los temas que estarían conformando parte de los debates en las plenarias que se extienden hasta la noche del viernes.

Campus assault suspect eludes arrest for 2 years, after ‘So I raped you’ Facebook message

This wanted poster provided by the U.S. Marshals shows Ian Cleary, of Saratoga, Calif. U.S. marshals have been leading the two-year search for Cleary since prosecutors charged him with sexually assaulting a young woman in 2013 at Gettysburg College. Her lawyer wonders how he has eluded capture at a time when people are constantly tracked by their digital footprints. Cleary remains on the run in 2023. (Photo: AP/U.S. Marshals)

PHILADELPHIA.— Two years after a former Gettysburg College student finally saw charges filed over her 2013 campus sexual assault, the man suspected of sending her a Facebook message that said, “ So I raped you,” remains on the run.

Shannon Keeler, 28, and her attorneys question how Ian T. Cleary has avoided capture in an age when people are tracked by their cellphones, internet connections, security cameras and credit card purchases. Investigators, led by the U.S. Marshals Service, believe the 30-year-old from Silicon Valley is likely overseas and on the move.

“How is he financially supporting himself? How is he able to travel abroad without detection? Has he assumed a false identity?” asked Andrea Levy, legal director of the Pennsylvania Coalition Against Rape, who represents Keeler. “Who’s helping him?”

Keeler was sexually assaulted on a snowy December night in her dorm room. She texted friends for help even before he fled, and went to police the same day.

For years, local officials declined her pleas to file charges, even after she showed them the startling Facebook messages she discovered in 2020. They reversed course weeks after she went public in an Associated Press story that examined the reluctance of local agencies to prosecute campus sexual assaults.

For Keeler, the years of limbo have been painful, even as she moves forward with her life and career. She works for a software company and is getting married this fall. But she remains on high alert for an arrest that could come at any time, knowing a trial could disrupt her life for months or even years.

“She’s had to push and push and put herself out there … and then he’s just literally gone on with his life. It’s hard to measure that impact on her as a human being, (and on) her family, her partner,” Levy said. “There’s a cost. There’s a real human cost. It’s someone’s life.”

After leaving Gettysburg, Cleary, 30, graduated from Santa Clara University, near a family home in Saratoga, California, worked for Tesla, then moved to France for several years, according to his website, which describes his self-published medieval fiction.

Adams County District Attorney Brian Sinnett, who filed the arrest warrant on June 29, 2021, called the duration of the search “somewhat frustrating.”

“I just have to think this person is accessing resources from somewhere,” Sinnett said.

Neither Cleary’s father in California, a marketing executive who has served as a professor and trustee at Santa Clara, nor his mother in Baltimore returned messages this month seeking comment.

U.S. marshals said the search remains active. An Interpol Red Notice has been issued, asking police agencies worldwide to detain Cleary, although he is not yet listed in the public database, which includes a few dozen rape and sexual assault cases.

“We put a lot of work and effort into it,” said Deputy U.S. Marshal Phil Lewis, warrant supervisor for the office in the Middle District of Pennsylvania. “Any crimes against women and children, we take seriously and we make those types of cases a priority.”

As the #MeToo movement continues to shape society — and some adults, including accusers of Bill Cosby and Donald Trump, use the courts to seek monetary damages if it’s too late for criminal charges — college students are also seeking accountability.

In California, students are lobbying for campus health centers to keep rape kits on hand, or pay for victims in the throes of trauma to travel to a hospital for an exam. More states are requiring colleges to survey students on the climate around sexual assault, and groups such as End Rape on Campus are working on tools to make school data more accessible.

And some law enforcement agencies have shown sustained commitment, including police who stayed on top of advances in DNA science to make an arrest this year in a 2000 knifepoint rape on a Penn State golf course.

In 2004, they matched the DNA to an unsolved 1999 golf course rape in Michigan. In 2011, they filed a “John Doe” arrest warrant, identifying the subject only by his DNA before the 12-year statute of limitations in Pennsylvania expired. Using genetic genealogy, they identified the suspect this year as Michigan business owner Kurt Rillema, and matched the DNA samples to a coffee cup he discarded at a Lexus dealership before charging him in both cases.

“The police so often get beat up for doing the wrong thing. Here, it’s pretty impressive, they were on the ball,” said lawyer Conor Lamb, who sued Rillema last month on behalf of the Penn State accuser, a 42-year-old woman in suburban Philadelphia.

Rilemma’s lawyers plan to fight the charges, at least in part by contesting the privacy issues raised by the genetic sleuthing, especially the way his DNA from the coffee cup was obtained without a warrant.

“Everybody wants to solve old crimes, but the process is so invasive, and when it’s done without a warrant, people ought to think about that. It’s creepy and scary,” said defense lawyer Deanna Kelley of suburban Detroit.

In Gettysburg, meanwhile, a small town known for its Civil War history, Sinnett said there is now more coordination between campus and local police, in the hope that more college rape victims can have their day in court.

Keeler is still waiting for that day, nearly a decade after she reported the attack and Cleary left school, ending the college’s Title IX investigation.

“Since then, he has again run away from facing this felony charge,» she said, while she tries to “to finally close this never-ending, painful chapter of my life.” ___ Follow Legal Affairs Writer Maryclaire Dale on Twitter at https://twitter.com/Maryclairedale

Aprueban aumento a $15 la hora en Pensilvania

Fotografía de archivo que muestra una serie de billetes de dolar. (Foto: EFE/RAYNER PEÑA R.)

La Cámara de Representantes de Pensilvania, controlada por los demócratas, aprobó el martes una medida que aumentaría el salario mínimo a $15 para 2026, cumpliendo con un plan de campaña del partido que se ha enfrentado a las mayorías legislativas republicanas durante años.

El proyecto de ley fue aprobado 103-100 con todos menos un demócrata votando a favor y dos republicanos uniéndose a ellos. Pero tiene un futuro incierto en el Senado controlado por los republicanos, ya que los legisladores y el gobernador demócrata Josh Shapiro se centran cada vez más en la legislación presupuestaria antes del inicio del nuevo año fiscal el 1 de julio.

El salario mínimo de Pensilvania está fijado en el mínimo federal de $7,25 y aumentó por última vez en 2009.

La medida aumentaría gradualmente el salario mínimo a $15 cambiando de $7.25 a $11 en su primer año, luego a $13 en 2025 y finalmente a $15 en 2026. El proyecto de ley vincula los aumentos futuros a la inflación, que según los patrocinadores refleja la acción tomada por otros 15 estados

La legislación también aumentaría el salario con propinas al 60% del salario mínimo desde los actuales $2.83 por hora. El movimiento se produce después de que los demócratas obtuvieran la mayoría en la Cámara por primera vez en una docena de años, aunque por un escaño.

Ha sido un esfuerzo de años para los demócratas, que han hecho campaña para aumentar el salario mínimo a nivel nacional.

El representante Justin Fleming, demócrata del condado de Dauphin, dijo que era una de sus prioridades como candidato. Recordó haber trabajado para un exgobernador demócrata cuando la Legislatura aumentó por última vez el salario mínimo.

“Si me hubieran dicho que pasarían 14 años antes de que este organismo hiciera otra estocada para aumentar el salario mínimo, simplemente no lo habría creído”, dijo. “Aprobar este proyecto de ley mantendrá a los trabajadores que viven cerca de nuestras fronteras aquí en el estado y patrocinando negocios de Pensilvania”.

Los republicanos enfatizaron las preocupaciones por las pequeñas empresas y los crecientes costos asociados con el aumento de salarios.

“No puedo apoyar un proyecto de ley que haría quebrar un restaurante familiar local y, junto con él, a los muchos empleados que se ganan la vida en sus tres ubicaciones”, dijo la representante Kate Klunk, republicana del condado de York.

Para algunos demócratas, el esfuerzo no se extendió lo suficiente.

«Un proverbio africano dice: ‘Cuando los elefantes pelean, es la hierba la que sufre'», dijo la representante demócrata del condado de Dauphin, Patty Kim. “Incluso si subimos el salario mínimo a $15 la hora, la hierba sigue sufriendo. Apoyo este proyecto de ley porque es una pieza de un rompecabezas más grande que ayudará a las familias trabajadoras”.

Shapiro hizo campaña el año pasado por un salario mínimo de $15 y, en su primer discurso presupuestario, pidió el aumento. La oposición republicana bloqueó los esfuerzos del exgobernador demócrata Tom Wolf durante sus ocho años en el cargo para aumentar el salario mínimo.

Wolf impuso requisitos salariales más altos a las empresas que obtienen préstamos, subvenciones o exenciones fiscales del gobierno estatal a través de una orden ejecutiva en 2021. Hizo lo mismo con los contratistas estatales en 2016.

En total, otros 30 estados y Washington, D.C. han aumentado el salario mínimo por encima del mínimo federal, incluidos algunos estados controlados por republicanos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Todos los vecinos de Pensilvania también aumentaron el salario mínimo, aunque la ley de Ohio exime a las empresas de bajos ingresos y a los empleados menores de 16 años.

Junio es el mes del presupuesto en la Legislatura de Pensilvania y, a menudo, un momento para hacer tratos sobre las prioridades de la política entre los gobernadores y los principales legisladores.

El líder de la mayoría en el Senado, Joe Pittman, republicano por Indiana, dijo la semana pasada que su grupo esperaría a que la Cámara aprobara un proyecto de ley de salario mínimo para considerarlo. Sin embargo, dijo, “$15 por hora no es un número práctico” para que lo consideren los republicanos en esa cámara.

En un acuerdo con Wolf en 2019, el Senado acordó aumentar el salario mínimo de Pensilvania en cuatro pasos a $9,50 en 2022, pero la mayoría republicana de la Cámara lo bloqueó.

Esta historia se publicó por primera vez el 20 de junio de 2023. Se actualizó el 21 de junio de 2023 para corregir el nombre de un representante estatal. Ella es Kate Klunk, no Katie Klunk.

EE. UU. aprueba venta de «carne cultivada» de pollo

Plato de pollo cultivado de Good Meat en la oficina Eat Just en Alameda, California, 14 de junio de 2023. El Departamento de Agricultura dio su aprobación final el miércoles 21 de junio de 2023 a las firmas Upside Foods y Good Meat para que vendan los productos conocidos como carne "cultivada en el laboratorio" o simplemente "cultivada". (Foto: AP/Jeff Chiu)

Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron el miércoles la venta de pollo hecho de células animales, permitiendo a dos empresas de California ofrecer carne “cultivada en el laboratorio” a los restaurantes y eventualmente a los supermercados de la nación.

El Departamento de Agricultura dio la luz verde a Upside Foods y Good Meat, firmas empeñadas en ser la primera en Estados Unidos en vender carne que no proviene de animales sacrificados sino de lo que ahora se llama carne “cultivada” que va del laboratorio a la mesa.

La medida inicia una nueva era que apunta a eliminar la muerte de animales y reducir drásticamente los impactos ambientales del pastoreo, el cultivo de alimentos para animales y los desechos animales.

“En lugar de dedicar tanta tierra y tanta agua a alimentar los animales que serán sacrificados, podemos hacer algo distinto”, dijo Josh Tetrick, cofundador y director general de Eat Just, la operadora de Good Meat.

Las firmas recibieron la aprobación de los inspectores federales requerida para vender carne y pollo en Estados Unidos. Previamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos consideró que los productos de las dos eran aptos para el consumo. Una empresa fabricante llamada Joinn Biologics, que trabaja con Good Meats, también recibió la aprobación.

Esta carne es cultivada en tanques de acero con células provenientes de un animal vivo, un huevo fertilizado o un banco especial de células. En el caso de Upside, sale en planchas grandes a las que luego se les da la forma de chuletas de pollo o salchichas. Good eat, que ya vende carne cultivada en Singapur, el primer país que la autoriza, convierte acumulaciones de células de pollo en chuletas, nuggets, carne deshebrada y satés.

Pero nadie espere que esta carne novedosa aparezca en pollerías de Estados Unidos en un futuro previsible. El pollo cultivado es mucho más caro que el pollo tradicional criado en granja y no se lo puede producir en la misma escala que la carne tradicional, dijo Ricardo San Martín, director del Alt:Meat Lab en la Universidad de California Berkeley.

Las empresas prevén servir el nuevo alimento en restaurantes escogidos: Upside se ha asociado con el restaurante Bar Creen de San Francisco, en tanto los platos de Good Meat se servirán en el restaurante de Washington regentado por su chef y dueño José Andrés.

Los directivos de las empresas se apresuraron a señalar que sus productos son carne, no sustitutos como el Impossible Burger o los platos de Beyond Meat, confeccionados con proteínas vegetales y otros ingredientes.

En el mundo, más de 150 empresas se están concentrando en cultivar carne a partir de células, no solo de pollo sino también de cerdo, cordero, pescado y res, que tienen mayor impacto sobre el ambiente.

Upside, con sede en Berkeley, funciona en un edificio de 5.000 metros cuadrados (70.000 pies cuadrados) en la vecina Emeryville. Recientemente, un grupo de visitantes entró a una cocina comercial reluciente donde el chef Jess Weaver preparaba filete de pollo cultivado salteado en salsa de vino blanco con tomates, alcaparras y cebollas de verdeo.

La pechuga tenía un color levemente más pálido que la de las pollerías. Pero su aspecto, aroma y sabor eran idénticos al del pollo tradicional salteado en sartén.

La doble huida: el viaje de una mujer cubano-venezolana hasta Puerto Rico

Silvia Casado lleva más de dos décadas en Puerto Rico, el segundo lugar que la acogió en su vida tras verse obligada a huir de Venezuela, país al que había llegado tras salir de Cuba.

Dos décadas después de salir del país que la vio crecer, una mujer nacida en Cuba y criada en Venezuela, narra las circunstancias que la llevaron a ella y su familia a buscar refugio en un territorio de EE. UU.: Puerto Rico.

Silvia Casado nació en La Habana, Cuba, sin embargo, de su vida en la isla recuerda muy poco. A sus dos años, sus padres se vieron obligados a huir del país tras oponerse a la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

“Mi familia se puso en contra porque empezaron a quitarle cosas a la gente. Mi papá tenía una cafetería que había logrado con mucho sacrificio y se la quitaron. Entonces, trató de ver de qué manera luchaba por la libertad de Cuba, por las elecciones libres”, contó Casado a la Voz de América.

Sus esfuerzos, según dijo, fueron seguidos por amenazas y persecución. “No podíamos más, por la vida de mi papá, lo mejor era irnos”, agregó. Así, los padres de Silvia salieron de Cuba hacia México y luego Venezuela, donde “empezó nuestra vida de inmigrante” cerca del año 1963.

Desde la revolución cubana, al menos 1.4 millones de personas han huido de la isla. Según el Instituto de Políticas Migratorias, unos 300.000 de esos cubanos se han relocalizado en países como Venezuela, México, España y otros países latinoamericanos.

En Venezuela, la familia de Casado encontró comunidad. Otros cubanos les ayudaron a establecerse y a sus padres, a conseguir trabajo. Así comenzó su vida en el país que pensó no tendría que dejar.

“Yo no tengo ningún recuerdo de Cuba pero la quiero, porque mis padres me enseñaron a quererla”, dijo Casado, al narrar que en cada día de Navidad era “muy triste” pues “veía a mis padres llorar, recordando las historias en familia”.

Los padres de Casado fallecieron en el país sudamericano, “sin ver a Cuba libre pero con el amor por Venezuela gigantesco”.

La situación de Silvia y su familia cambiaría nuevamente a inicios de 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela con un mensaje socialista. Su agenda prometía utilizar la vasta riqueza petrolera del país para reducir la pobreza y desigualdad. “Los cubanos que estaban en Venezuela comenzaron a escuchar los discursos de Chávez y advertir que se estaba repitiendo la visión de Fidel (Castro)”, contó.

A comienzo de la década del 2000 se comenzaron a registrar en Venezuela las primeras olas migratorias. Según un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional, en su mayoría los migrantes estaban compuestos por personas educadas. Cerca del 2015, Venezuela pasó de ser lugar de acogida para miles de refugiados a ser protagonista de la segunda crisis de desplazamiento más grande, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)

Datos recientes de UNHCR apuntan a que existen sobre 7.13 millones de venezolanos desplazados en todo el mundo. En EE. UU., hasta el 2021, habían 545.000 migrantes de Venezuela residiendo en el país.

En el caso de Casado, asustada por la inseguridad y tensión política en Venezuela, decidió en 2001 hacer sus maletas y emprender camino hacia Estados Unidos. Pero no hacia el norte, sino de regreso al Caribe: a Puerto Rico.

“Puerto Rico yo lo conocía desde chiquita. Parte de mi familia cubana se vino para acá y a mi me fascinaba. Mi mamá decía que era como Cuba pero más chiquito”, contó Casado. “El puertorriqueño se parece al cubano y al venezolano, es el cariño del Caribe”.

Casado llegó al territorio estadounidense con una visa de turista y, dada su nacionalidad cubana, logró acogerse a la Ley de Ajuste un año después y acceder a la residencia permanente. A consecuencia, pudo tiempo después llevar con ella a su esposo Tomás Sorondo, y a sus dos hijas, Samantha y Sabrina. Desde Puerto Rico, ella se desempeña como publicista y su esposo, diseñador gráfico.

“Yo me siento más que un inmigrante. Yo me siento como un desplazado político”, dijo Sorondo a la VOA. El venezolano de 62 años afirmó que en su país tenía un trabajo, familia, “una vida hecha”. Sin embargo, “el poder que embriaga a políticos” lo obligó a salir con su esposa.

Luego de la salida de Silvia de Venezuela, Sorondo tuvo que quedarse un año más en el país “vendiendo lo que teníamos para poder sacar algún beneficio económico de nuestras cosas”. En ese tiempo, logró compartir con su hermana que tres años después falleció de cáncer en Venezuela. “Yo no pude regresar ni siquiera para el entierro de ella, posteriormente tampoco para el de mi padre”.

Ahora, desde Puerto Rico, Sorondo asegura que “de aquí no voy a ninguna parte. Ni siquiera para Venezuela… Puerto Rico me abrió los brazos, me dio lo que mi país no me dio, me quitó”.

Dada la relación política y territorial de Puerto Rico con EE. UU., la pareja venezolana asegura que es “lo mejor de dos mundos” porque “se vive en democracia, se vive en libertad”.

En Puerto Rico, Silvia conectó con una comunidad de cubanos que como ella, mantienen el activismo por sus países desde el exilio. Junto a ellos, formaron la “Alianza Cubanovenezolana”, bajo la que organizan manifestaciones y reuniones en favor de ambos países.

Desde otras organizaciones como Ayuda Humanitaria de Puerto Rico para Venezuela, Silvia y su familia envía hace más de una década donaciones a su país.

“Yo sí tengo fe en que Venezuela se va a liberar pronto y Dios quiera que Cuba también. Mis dos patrias, pero si no, tú me vas a ver con un bastón protestando”, agregó. “Yo no quiero que esto se convierta en mi tercer exilio porque de verdad amo demasiado a Puerto Rico y aquí me quedo”.

Abogados de inmigración en EE. UU. adoptan la IA para agilizar la asesoría

Fotografía de archivo de una pantalla con el sitio web del ChatGPT de OpenAI. (Foto: EFE/Rayner Peña R.)

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) usará la Inteligencia Artificial (IA) para resumir materiales extensos e incluso documentos en otros idiomas, lo que ahorrará tiempo a sus más de 16.000 socios.

Se trata de Gen, una tecnología de la empresa Visalaw.ai que aprovecha el poderosa Modelo GPT4 para investigación jurídica, redacción y resumen de documentos, informó este miércoles AILA.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que la IA generativa es una de las tecnologías «más innovadoras» y servirá para empoderar a sus abogados y ampliar su capacidad cada vez mayor de asesoramiento y representación legal.

«Estamos orgullosos de estar a la vanguardia de la integración de la tecnología en la ley de inmigración», dijo Josh Waddell, cofundador de Visalaw.ai, especializada en tecnología para abogados.

Subrayó que «el poderoso modelo GPT4» es una herramienta «para navegar por panoramas legales complejos de manera eficiente y precisa».

Gen es una especie de biblioteca legal que incorpora una amplia gama de leyes de inmigración, así como el «Manual de prácticas y procedimientos de AILA», coescrito por Greg Siskind, cofundador de Visalaw.ai.

El producto permite a los usuarios cargar sus propios materiales e interrogar estos documentos de una manera similar a la interacción con ChatGPT.

«Va a revolucionar la forma en que trabajamos, haciendo que la investigación, la revisión de documentos y el servicio al cliente sean más rápidos y eficientes que nunca», dijo Jared Jaskot, un abogado de inmigración que ha sido líder en tecnología legal.

Editorial Roundup: Pennsylvania

storm

LNP/LancasterOnline. June 14, 2023

Editorial: Another warning about danger to democracy posed by FreePA and Moms for Liberty

We can’t say we weren’t warned.

In January 2022, Joe Mohler — then the chairman of the Lancaster Township Republican Committee — wrote a column for this newspaper decrying an election training partnership between the Republican Committee of Lancaster County and FreePA.

Who “a political party aligns itself with matters,” Mohler wrote. “FreePA is not an organization the county GOP has any business associating itself with. Its website has been a hub for spreading inflammatory and verifiably false information.”

He described FreePA’s conduct as “reckless, provocative and designed to exploit people’s base instincts.”

Mohler, of course, was right. But for the sin of being right he stepped down from his leadership position as members of the Lancaster Township committee prepared a resolution to remove him from it.

The Florida-based Moms for Liberty is cut from the same cloth as FreePA, but it wields far more power and influence. It’s a right-wing organization seeking to take over local school boards in the guise of protecting children from “dangers,” such as the accurate teaching of history, compassionate policies relating to transgender students and library books that reflect the realities of students’ lives and prepare them for the complexities of living in a diverse world.

Without the freedom to read, without free and fair elections, without truthful history, our democracy is doomed. Moms for Liberty is intent on speeding democracy’s demise at the local level, promoting liberty for its members and like-minded supporters — but for no one else.

We’re not surprised that Moms for Liberty and FreePA leaders were dismayed to be labeled “antigovernment” by the Southern Poverty Law Center. They view themselves as patriots, but the patriotism they espouse is narrow-minded and exclusionary.

We were startled, however, by the willingness of Republican Lancaster County Commissioner Josh Parsons to attack the Southern Poverty Law Center in response.

“This is a political tactic to try to oppose those groups who they see as conservative,” said Parsons, whose photo with FreePA activists is on the group’s website.

His fellow Republican commissioner, Ray D’Agostino, was more measured. He told LNP ‘ LancasterOnline’s Sholtis that he wanted more information about how the Southern Poverty Law Center came to its decision to place FreePA within “the antidemocratic hard-right movement.”

D’Agostino got perhaps more than he bargained for when Joseph Wiinikka-Lydon, the law center’s senior research analyst, provided a statement.

“Overall, FreePA trades in the rhetoric and goals of the larger antigovernment movement, fearing UN power and calling their political opponents Marxists and communists,” Wiinikka-Lydon wrote. “They demonize their opponents, attack inclusive education and scapegoat LGBTQ persons, and they work with other organizations to undermine faith in legitimate democratic elections. They have also engaged in extremist activities and with extremism groups, from the January 6th insurrection to Moms for Liberty.”

FreePA’s connections to violent extremism are exemplified by some members’ involvement in the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol, Wiinikka-Lydon added. Three members of FreePA were arrested for their participation in the Jan. 6 riot, including Sandra Weyer of Mechanicsburg, who was convicted earlier this month of obstructing Congress’ work and illegally entering the Capitol.

After Mohler’s forced exit from leadership in the local Republican Party, we asked this question in a February 2022 editorial: “What does it say that the county GOP does not have space for a Liberty University graduate who believes in Reagan Republicanism?”

We’d ask another question now: What does it say that some within the county GOP have made room for two organizations deemed to be “antigovernment” by the Southern Poverty Law Center?

What does it say about the local school boards that have cowed to demands from Moms for Liberty and FreePA to implement policies targeting transgender student-athletes and restricting access to certain library books?

Sholtis interviewed Elizabethtown Area School District board Vice President Michael Martin, who said FreePA members have taken over the local Republican committee and helped to get election deniers and conspiracy theorists such as Danielle and Stephen Lindemuth elected to the school board.

Martin is concerned the FreePA school board members and candidates may “embark on a Christian nationalist agenda that will end up tying up the school district in lawsuits.”

A self-described “fiscally conservative lifelong Republican,” Martin did not seek reelection this year. Like Mohler, he now feels he has nothing in common with the right-wing extremists seeking to take over local GOP politics.

County Republicans can slam the Southern Poverty Law Center all they want, but they’d be better off heeding this newest warning about the forces with which they’ve become aligned.

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Pittsburgh Post-Gazette. June 18, 2023

Editorial: State Senate should approve indigent defense bill

Sixty years ago, the U.S. Supreme Court in a landmark decision established the right of poor defendants to an attorney and adequate legal defense. Nowhere is that constitutional right more flagrantly violated than in Pennsylvania. It’s one of only two states — South Dakota is the other — that provides no state funding, oversight or uniform standards for local public defenders or court-appointed attorneys.

Fairness in the legal system requires an even playing field, where truth emerges from the adversarial efforts of a competent prosecution and vigorous defense. That doesn’t happen in Pennsylvania. Instead, outgunned and underpaid defenders are often forced to cut corners and forgo expert witnesses and investigators. Cumbersome criminal caseloads push attorneys to settle cases quickly with a plea.

As noted by a 2011 bipartisan task force of state legislators, the issue is not the competency of defense attorneys for the indigent — many of them are outstanding — but the system that gives them neither the time nor the resources to mount a constitutionally adequate defense.

Vastly disparate spending among the state’s 67 counties, which pick up the entire tab for public defender offices, also means the quality of defense depends on locale. Philadelphia, for example, spends nearly 10 times more per capita on indigent defense than does Mifflin County. Allegheny County spends roughly $9.2 million, close to the average per-capita expenditure.

Elsewhere, state governments provide most of the funding for local indigent defense, assuring a more equitable system.

Members of the state House this week approved a bill (HB 1085), sponsored by Rep. Napoleon Nelson, D-Philadelphia, that would take a first step toward a public defense system that meets minimal constitutional standards. Now, the state Senate must approve the plan before the state’s 2023-2024 budget takes effect in July. The Senate version of the bill, sponsored by Lisa Baker, R-Luzerne, and Vincent Hughes, D-Montgomery, remains in the Appropriations Committee.

Both bills would establish an Indigent Defense Advisory Committee within the Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency, as well as a grant program. The Advisory Committee would, among other things, propose minimum standards for indigent defense services. Standards could cover training and qualifications for attorneys, data collection, caseloads, eligibility requirements and employee compensation.

Legislators would have to carve out money in the 2023-24 state budget to fund the grant program.

An abysmal system

The public may never know how poorly the system works. Many public defender offices don’t have time to record even the most rudimentary information on their operations, such as average caseloads. Outside of Philadelphia, the system delivers a hodgepodge of fast, cheap and ineffective indigent legal services.

Public defenders and court-appointed attorneys are underpaid and overworked. Starting salaries for public defenders are typically about $50,000 a year, but as low as $30,000, considerably below what assistant district attorneys make. Court-appointed attorneys are compensated by flat fees, regardless of the complexity of a case, or how many exams, pleas and other legal tasks it entails.

As a result, more people go to state prisons, where each prisoner costs taxpayers more than $40,000 a year. Over the last 30 years, more than 100 people have been exonerated in Pennsylvania. Since 1976, in capital cases alone, 11 prisoners have been exonerated and many more resentenced. Inflated sentences, court-ordered retrials, incarcerating the innocent and wrongful-conviction lawsuits have cost the state millions of dollars.

Justice for all

Previous administrations and legislatures in Pennsylvania have talked about the problem but done little, or nothing, about it.

To his credit, Gov. Josh Shapiro included $10 million in his 2023-24 budget, effective July 1, to start fixing Pennsylvania’s shameful system. The Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency would distribute this unprecedented investment locally, based on a formula that considers needs and available resources, the governor’s office said. Legislators would have to carve out money in the 2023-24 state budget to fund the grants.

Statewide, an added $10 million is insufficient to ensure adequate legal services for poor defendants, but it’s a step forward that would, overall, amount to nearly a 10% increase. Together, Pennsylvania’s 67 counties spend more than $100 million on indigent defense, but Philadelphia accounts for 40% of that.

Providing adequate and equitable funding for indigent defense in Pennsylvania won’t be fast, cheap or easy. It will take the state’s best bi-partisan efforts. But fixing this broken system is essential to making the 60-year-old promise of justice for all a reality in Pennsylvania.

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Times-Tribune. June 14, 2023

Editorial: Improve pay for support professionals

Pennsylvania law requires the state government to fund services for people with intellectual disabilities and autism, along with a moral obligation to help provide for some of its most vulnerable citizens.

It’s failing on both scores. At the same time that the state government has more than $5 billion in its Rainy Day Fund and an anticipated $6 billion surplus by the June 30 close of this fiscal year, more than 12,000 people languish on a waiting list for intellectual disability and autism services. More than 5,000 of those people qualify for what the state itself classifies as “emergency services.”

The Rainy Day Fund is meant to cover budget shortfalls, and it’s raining hard for intellectual disability and autism service providers.

Underlying the waiting list is a major shortfall in the number of direct support professionals who provide individual and group care for people with intellectual disabilities and autism. Statewide, according to the Provider Alliance that represents support agencies, the field has a 37% annual turnover rate, a current 24% vacancy rate and 15,000 open positions.

The jobs are emotionally and often physically demanding. But providers can’t compete for workers with market-based wages for health care because wage rates are tied to state reimbursements. The average pay for a direct support professional is $16.72 an hour, for which the state supplies $14.25.

That alone explains the turnover and vacancy rates. It takes an extraordinary level of commitment to remain in the direct support role when comparable or better pay readily is available for much less-demanding work.

The providers have asked the state to increase the appropriation for direct support professional wages by $430 million. With a match from the federal government, that would enable the providers to increase wages to about $20 an hour.

Some state lawmakers often complain about wasteful spending, but this a case of their own wasteful hoarding. Rather than squirreling away taxpayers’ money, except for their own guaranteed annual pay increases that are tied to inflation, lawmakers should ensure that it is spent on crucial services that the government exists to provide.

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Citizens’ Voice. June 19, 2023

Editorial: LOOP, STAR, other tax adventures

With the June 30 end of the fiscal year looming, legislators must craft the new state budget’s education piece in light of a recent Commonwealth Court decision that the government’s distribution of education funding is unconstitutional.

That, in turn, points to the Legislature’s failure to increase the state government’s share of public education funding from only about 35% of the total, leaving school districts to raise more than $17 billion from local property taxes.

Annual proposals range from modestly modifying the property tax to eliminating it. Lawmakers have increased state contributions over the past eight years but not to the point of diminishing local property taxes.

They could maintain the current system while providing property tax relief to those who most need it, by borrowing from programs in other states and from a local program.

The New York State Tax Relief Program, STAR, provides a range of property tax relief based on property owners’ incomes rather than property values. It has several components. Owner-occupants of taxed property are eligible for a state tax rebate of at least 45% if they are older than 65 and their incomes are $60,000 or less. Those whose incomes exceed that are eligible for smaller rebates. Other property owners who earn up to $250,000 are eligible for percentage reductions in their property’s assessed value. The average benefit is about $800 a year. It costs the state government $3 billion but would be less expensive in Pennsylvania.

Philadelphia has a program applicable to all property taxes known as LOOP, for Longtime Owner Occupant Program, and Pittsburgh’s state representatives have introduced a bill to allow that city to emulate it. It particularly suits dynamic urban areas, where longtime homeowners sometimes suddenly face much higher property taxes because of new high-end developments around them. LOOP effectively zeroes out the new development in determining longtime residents’ assessments.

The Legislature should approve not just Pittsburgh’s plan but apply it statewide. Local markets will determine where it makes sense.

If lawmakers don’t directly reform property taxes, they at least should work around the edges to make them less onerous for people who can least afford them.

END

Islas del Caribe oriental se preparan para inundaciones por la tormenta Bret

Foto satelital de la tormenta tropical Bret en el Caribe. Foto de GeoColor tomada el 20 de junio de 2023 y entregada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU. (NOAA via AP)

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La tormenta tropical Bret ganó fuerza el miércoles en su ruta hacia las islas del Caribe oriental, que se preparaban para lluvias torrenciales, aludes de tierra e inundaciones.

Bret presentaba vientos sostenidos máximos de 95 kilómetros (60 millas) por hora el miércoles por la mañana, y se desplazaba hacia el oeste por el Océano Atlántico a 26 kilómetros (16 millas) por hora, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tormenta se encontraba unos 815 kilómetros (505 millas) al este de Barbados y se esperaba que se fortaleciera más antes de golpear el jueves las islas orientales del Caribe casi con fuerza de huracán. Había una alerta por tormenta tropical activa para Barbados, Santa Lucía, Martinica y Dominica, mientras las autoridades regionales instaban a la gente a prepararse.

“Todos conocemos la incertidumbre de pronosticar la intensidad, el movimiento y el impacto de los sistemas meteorológicos”, indicó Fitzroy Pascal, de la Oficina de Gestión de Desastres de Dominica.

El centro de huracanes dijo que era demasiado pronto para saber por dónde pasaría el centro del meteoro, aunque advirtió de previsiones de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia desde la isla caribeña francesa de Guadalupe a Granada y Barbados.

El gobierno de Guadalupe advirtió de que el mal tiempo comenzaría el jueves por la mañana y continuaría hasta el viernes por la noche, con olas de hasta 3,5 metros (11 pies) de altura.

“¡Tengan cuidado!”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Se esperaba que Bret se debilitara tras entrar en el este del Mar Caribe, y que se disipara poco después.

La tormenta se formó el lunes, dando un agresivo arranque a la temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el 1 de junio. Detrás de Bret viene una perturbación tropical con una probabilidad de 80% de convertirse en ciclón. Nunca antes se habían documentado dos tormentas en un mismo mes de junio en el Atlántico tropical, según el meteorólogo Philip Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado.

Alcohol, drogas, mascotas y negocios; las familias pueden causar dolores de cabeza en la Casa Blanca

El presidente Joe Biden asiste a la ceremonia de graduación de su nieta Maisy Biden con la primera dama Jill Biden, su hijo Hunter Biden y su hija Ashley Biden, en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, el lunes 15 de mayo de 2023. (Foto: AP/Patrick Semansky/Archivo)

Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden cuyo acuerdo con la fiscalía por cargos de evasión fiscal y posesión ilegal de armas fue hecho público el martes, no es el primer familiar de un mandatario cuyos problemas personales han llegado a los titulares y causado dolores de cabeza en la Casa Blanca.

Biden hijo se declarará culpable de delitos menores de evasión fiscal en un acuerdo que también le permite evitar un juicio completo por un cargo grave de posesión ilegal de un arma de fuego cuando era consumidor de drogas, siempre y cuando acate ciertas condiciones. El acuerdo pone punto final a una larga investigación del Departamento de Justicia a Hunter Biden, de quien se sabía desde hace mucho tiempo que tenía problemas de adicción.

Los hijos de los mandatarios estadounidenses suelen despertar fascinación y curiosidad, y el público está muy pendiente de cualquier movimiento que hagan.

El hijo del expresidente Donald Trump, Donald Jr., por ejemplo, ocupó espacios noticiosos por reunirse con agentes rusos que ofrecieron información perjudicial sobre Hillary Clinton durante la campaña presidencial de 2016.

A veces la conducta llamativa no pasa de diabluras, como en el caso del pequeño Quentin Roosevel (hijo de Teddy), que rodó su vagón de juguete por una pintura de la primera dama. O Alice Roosevelt, hermana de Quentin, que usaba lenguaje soez, iba a fiestas con su serpiente mascota y estaba tan decidida a fumar en la Casa Blanca que una vez convocó una conferencia de prensa en la azotea y encendió un cigarrillo ahí.

“Una de dos: puedo dirigir al país o atender a Alice, pero quizá no ambas cosas”, comentó el presidente en una frase que se hizo famosa.

Otras malas conductas de hijos de presidentes han sido más serias y han infringido la ley.

Jenna y Barbara, las gemelas del presidente George W. Bush, fueron multadas y sancionadas por infringir la ley sobre consumo de alcohol en 2001. Jenna Bush Hager, que ahora trabaja como conductora de televisión para NBC, describió durante una conversación en “Today with Hoda & Jenna” la reacción de su padre cuando ella intentaba disculparse.

“Cuando llamé a papá para decirle: ‘de verdad lo siento’… él dijo: ‘No, yo lo lamento’”, según Bush Hager. “Él dijo: ‘Yo lo lamento, te dije que podías ser normal, y no puedes. No puedes pedir margaritas’”.

“Los avergonzamos en la escena mundial, aunque nunca lo dijeran”, agregó.

Tanto John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, como su hijo John Quincy Adams, el sexto, tuvieron hijos que sufrían de alcoholismo. George W. Bush, también hijo de un futuro presidente, fue arrestado por manejar ebrio en 1976 cuando tenía 30 años, y decidió dejar el alcohol una década después.

Para varios presidentes, las transacciones financieras de sus familiares han resultado en una publicidad desagradable.

Un ejemplo notable fue el de Billy Carter, hermano menor del presiente Jimmy Carter, que era aficionado a la cerveza y adquirió notoriedad por haber emitido declaraciones racistas y antisemitas cuando se registró como un agente pagado del gobierno libio y aceptó 220.000 dólares de Trípoli.

Después de que Billy Carter describiera a los libios como “los mejores amigos que tengo en el mundo en este momento”, sus acciones fueron investigadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, que votó de manera unánime para establecer un panel que indagara los negocios del hermano del mandatario en el extranjero. La comisión de aquel entonces incluyó al joven senador Joe Biden.

Richard Nixon solicitó alguna vez a la CIA que “cubriera totalmente” a su hermano Donald, cuyas relaciones de negocios —decía el mandatario— lo habían perjudicado electoralmente, según libros escritos por excolaboradores de Nixon. Aunque la CIA declinó, el Servicio Secreto aceptó mantener vigilado a Donald, que tenía vínculos con el multimillonario Howard Hughes y una vez recibió un préstamo de él por 205.000 dólares.

Neil Bush, uno de los seis hijos del presidente George H.W. Bush, fue director externo de una fallida asociación de ahorro y préstamos a la que autoridades reguladoras federales investigaron en la década de 1990. No enfrentó cargos penales, pero aceptó contribuir a solucionar un caso civil presentado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos como uno de una docena de indiciados en una demanda por negligencia.

Neil Bush había enfrentado acusaciones de conflicto de intereses por su posición en Silverado Bankin, Savings and Loan Association en Denver, lo que él rechazó de forma reiterada. Aseguró que lo pusieron injustamente en la mira por ser hijo de un presidente.

Los hermanos de la exprimera dama Hillary Clinton —Tony y Hugh Rodham— fueron reprendidos públicamente por el gobierno de su cuñado debido a la pleaneada creación de una empresa para exportar avellanas de la República de Georgia con asistencia de un rival político de Eduard Shevardnadze, quien gobernaba ese país en aquella época.

Aunque la Casa Blanca de Clinton se distanció de esos tratos, no dudó en ofrecer asistencia presidencial a otros miembros de la familia.

Poco antes de dejar el cargo en 2001, el presidente Bill Clinton indultó a su medio hermano, Roger, por un delito relacionado con drogas en 1985 que incluyó asociación delictuosa para distribuir cocaína. El presidente dijo que esa condena ayudó a cambiar la vida de Roger Clinton, y dijo al entonces fiscal federal Asa Hutchinson, quien hoy día busca la candidatura presidencial republicana, que el episodio posiblemente salvó la vida de su hermano.

“El juicio fue muy duro para la familia y el entonces gobernador Clinton reaccionó como lo habría hecho un hermano amoroso”, dijo Hutchinson en su momento a The Associated Press. «No he dado estrecho seguimiento a Roger, pero sé que hizo un esfuerzo para cambiar de rumbo”.