Thieves may not have been counting on finding a mountain of change when they broke into a truck filled with $750,000 in dimes, but authorities say they made off with some cargo and left coins scattered all around a Philadelphia parking lot. (Photo: AP)
PHILADELPHIA.— Thieves may not have been counting on finding a mountain of change when they broke into a truck filled with $750,000 in dimes, but they still made off with a chunk of the cargo and left coins scattered around a Philadelphia parking lot, authorities said.
Authorities say the thieves apparently fled with at least $100,000. It’s not yet known how they carted off the mounds of dimes.
The theft was reported around 6 a.m. Thursday. The tractor-trailer driver had picked up the dimes from the Philadelphia Mint on Wednesday, authorities said, and was planning to transport them to Florida on Thursday.
It’s not clear how many people may have been involved in the theft or if they knew what the truck contained. Responding police officers found hundreds of dimes scattered all over the parking lot, and authorities were still trying to determine how much money was stolen.
Agentes de policía bloquean el paso en un camino el jueves 13 de abril de 2023, en Dighton, Massachusetts. (Foto: AP/Steven Senne)
El sospechoso fue relativamente fácil de encontrar.
En un mundo de redes sociales que produce huellas digitales rastreables, no les llevó mucho tiempo a las autoridades federales e investigadores de fuentes abiertas —expertos en escudriñar datos— el dar con el nombre de Jack Teixeira.
Teixeira, de 21 años, que sirvió en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, fue arrestado el jueves en relación con la controversial filtración de documentos confidenciales, la cual ha sacudido capitales desde Washington hasta Kiev y Seúl con revelaciones de espionaje estadounidense a aliados y enemigos por igual y la divulgación de inteligencia militar delicada sobre la guerra en Ucrania.
El secretario de Justicia Merrick Garland dijo que Teixeira sería acusado de sustracción no autorizada de información secreta de defensa nacional.
Había pistas en los mensajes publicados en una sala de chat de Discord, una plataforma de redes sociales en la que se cree que Teixeira ha efectuado publicaciones durante años sobre armas, juegos y sus memes favoritos y, según otras personas que chateaban con él, secretos del gobierno de Estados Unidos muy bien guardados.
El sitio web de investigación Bellingcat y The New York Times fueron los primeros en identificar públicamente a Teixeira, minutos antes de que funcionarios federales confirmaran que era objeto de interés en la investigación. Informaron del rastreo de perfiles en otros sitios más oscuros vinculados a Teixeira.
Al parecer el sospechoso, como parte de sus funciones, tenía acceso a información altamente confidencial.
El caso pone de manifiesto las dificultades que tienen Estados Unidos y los gobiernos de otros países para mantener secretos en una era de datos omnipresentes y una multitud cada vez mayor de usuarios expertos que saben cómo explotarlos.
A la pregunta de cómo es posible que un militar tan joven pudiese haber tenido acceso a documentos tan delicados, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, respondió que la naturaleza de las fuerzas armadas es confiar a miembros muy jóvenes niveles de responsabilidad elevados y a veces graves, incluidos altos niveles de habilitación de seguridad.
Soldados recién salidos de la escuela secundaria fueron a luchar a Irak, Afganistán y otras zonas de combate durante una generación, a menudo utilizando datos de inteligencia y programas altamente confidenciales para atacar a los adversarios.
“Confiamos a nuestros miembros mucha responsabilidad a una edad muy temprana. Piense en un joven sargento de pelotón de combate, y en la responsabilidad y la confianza que depositamos en esas personas para que conduzcan a los soldados a combatir”, dijo Ryder.
En artículos previos de The Associated Press, el autor de la filtración fue identificado como “el O.G.” por un miembro de un grupo de chat en línea en el que Teixeira y otras personas publicaron durante años. El miembro del grupo de chat se negó a dar su nombre a la AP, alegando preocupación por su seguridad personal.
En el grupo de chat, llamado “Thug Shaker Central”, participaban un poco más de 20 entusiastas que hablaban acerca de sus armas favoritas y compartían memes y bromas, algunas de ellas racistas. En el grupo también había una conversación en curso sobre guerras, entre ellas la invasión rusa a Ucrania.
La persona que habló con la AP dice que “el O.G.” — que el jueves reconoció que era Teixeira — era un cristiano practicante que hablaba de Dios con frecuencia y oraba con miembros del grupo de chat.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Imagen de archivo. EFE/Thais Llorca
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este jueves que «se está haciendo justicia como debe ser», tras conocerse que sus primos, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi, se declararon culpables de robar 3,7 millones de dólares de fondos federales, por lo que podrían cumplir hasta diez años en prisión cada uno.
«Lo que hoy se demostró es que en Puerto Rico no hay impunidad, no importa quien sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción va a tener que responder», subrayó el mandatario.
«En este caso estamos hablando de dos primos míos que le fallaron a mi familia, le fallaron al pueblo y ahora se enfrentan a severas penas, pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas, se está haciendo justicia como debe ser», añadió Pierluisi.
En este sentido, hizo hincapié en que las acciones de sus primos «empañan» su apellido.
Asimismo, sentenció que «los federales y los estatales, el Departamento de Justicia federal y nuestro Departamento (de Justicia), tanto el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), todos están haciendo lo que tienen que hacer».
Según documentos judiciales, los acusados reconocieron que robaron 3,7 millones de dólares de programas de asistencia federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) desde el año 2014 a agosto de 2022 para uso propio y el de otros, detalló la Fiscalía federal en Puerto Rico en un comunicado de prensa.
Walter Pierluisi fue presidente y Eduardo supervisaba las reparaciones y trabajos de mantenimiento en los residenciales públicos durante el tiempo en que llevaron a cabo el esquema de fraude.
Ambos admitieron en sus pliegos acusatorios, que pese a las obligaciones fiduciarias, los hermanos usaron sus posiciones de ejecutivos en la empresa para diseñar un plan fraudulento y evadir la prohibición.
Como parte del esquema, estos ilegalmente transfirieron fondos desde los programas de asistencia federal a corporaciones y subcontratistas que controlaban y enriquecerse.
Walter Pierluisi ilegalmente obtuvo aproximadamente 2.035.498 dólares en fondos del HUD que estaban destinados para gastos operacionales en los residenciales públicos.
Eduardo Pierluisi, por su parte, admitió que obtuvo 363.202 dólares en fondos del HUD como gastos operacionales para los residenciales públicos que la compañía administraba.
La lectura de sentencia para ambos será el 11 de julio a las 09.30 (13.30 GMT).
El pasado 20 de octubre, el FBI, el Departamento de Vivienda federal y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos allanaron las oficinas centrales de American Management y el bufete Pierluisi Isern Law Office en San Juan, ambos de Walter Pierluisi.
Las autoridades también allanaron la residencia de Eduardo Pierluisi.
Un mes después de esta intervención, la Administración de Vivienda Pública canceló los contratos de American Management, que desde el 1995 administraba residenciales públicos en 34 municipios.
ARCHIVO - Una ambulancia de la Cruz Roja mexicana lleva a los dos estadounidenses encontrados con vida tras su secuestro en México, a través del Puente Internacional de Veteranos en Los Tomates en Brownsville, Texas, el 7 de marzo de 2023. El Comité Internacional de Cruz Roja mostró su preocupación el jueves 13 de abril de 2023 por el auge de la violencia armada en México y dijo, al presentar su informe del año, que las consecuencias humanitarias se asemejan a las de "zonas de conflicto armado". (Miguel Roberts/The Brownsville Herald vía AP, Archivo)
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó preocupación por la escalada de la violencia armada en México que ocasionó más de 30.000 asesinatos durante el 2022 y exhortó a que se tomen decisiones que permitan atacar las causas estructurales de la violencia.
Así lo manifestó el jefe de operaciones de la CICR en México, Miguel Ramírez González, en el balance humanitario 2022-2023 de la organización que se difundió el jueves. Reconoció que la violencia armada en el país latinoamericano se ha convertido en un “problema complejo, acumulado y profundo” que ha llevado a que en diversas partes de México las consecuencias humanitarias se asemejen a las que padecen “zonas de conflicto armado”.
El jefe de operaciones de la CICR en México indicó que la violencia armada ha desencadenado consecuencias no visibles como dolencias psicológicas, limitaciones para acceder a servicios de salud y educación, restricciones de movilidad y ha hipotecado la vida de miles de mexicanos a través de las desapariciones, que ya superan las 112.000 personas.
Ramírez González afirmó que los mexicanos llevan décadas padeciendo los efectos de la violencia, pero ahora se ha agravado. Como muestra, citó la cifra de 30.968 homicidios que se reportaron el año pasado. En el 2021 se registraron 35.625 asesinatos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Asimismo, llamó la atención sobre los desplazamientos internos que generó la violencia, que alcanzaron los 379.000 en el 2021, superando ampliamente los 262.411 reportados en el 2020 por el mismo instituto de estadística.
Ante la compleja situación, Ramírez González planteó que se deben redoblar esfuerzos en la toma de decisiones para atacar las causas estructurales de la violencia en México.
A makeshift memorial stands outside the Tree of Life Synagogue in the aftermath of a deadly shooting in Pittsburgh, Oct. 29, 2018. The man charged in the deadliest antisemitic attack in U.S. history has for years been trying unsuccessfully to avoid having a federal jury decide whether to convict him of shooting to death 11 people during services in a Pittsburgh synagogue, a trial scheduled to get underway with jury selection in less than two weeks. (Photo: AP/Matt Rourke/File)
The man charged in the deadliest antisemitic attack in U.S. history tried for years to avoid a federal jury trial, which would decide whether to convict him of shooting to death 11 people in a Pittsburgh synagogue. Ultimately those efforts failed, and jury selection is less than two weeks away.
Court filings show 50-year-old Robert Bowers had offered to plead guilty in the 2018 attack on the Tree of Life synagogue, a crime for which he was arrested at the scene and made incriminating statements to police. He indicated he was willing to accept life without parole and relinquish appeals rights.
But his offer came with a condition that the U.S. Justice Department declined: In return for a guilty plea, he would no longer face the death penalty. Much of the legal battling that has stretched on for more than four years has been looking to the critical sentencing phase after the guilt-or-innocence portion of the trial is over.
The families of some victims have endorsed a deal for life without parole, which would avoid days or even weeks of painful testimony and the grisly details of autopsy results, crime scene photos and 911 recordings, including calls from two of those slain.
But in a November letter to the Pittsburgh Jewish Chronicle, family members of nine victims said the attack merits the death penalty, and that having Bowers plead guilty would “rob us of our ‘day in court’ and will prevent the Justice Department from punishing the perpetrator to the full extent of the law, as we have sought for the past four-plus years.”
In the end, the Justice Department said no to Bowers’ offer and flatly declined his lawyers’ request for details about the secretive process by which federal death penalty decisions are made.
“It will be the jury’s ultimate decision whether to impose the death penalty — not the government’s,” federal prosecutors told U.S. District Judge Robert Colville in an April 3 filing. “The United States’ ‘goal’ in this prosecution is the pursuit of justice, not punishment.”
Bowers’ lawyers wrote this month that the federal death penalty lacks “a discernable, principled basis for why the Department of Justice continues to pursue death sentences for Mr. Bowers but not in very recent comparable cases.”
The 2019 announcement that the federal government would pursue the death penalty against Bowers was opposed by some of those directly affected by the killings. One of the three congregations he’s charged with attacking — Dor Hadash — put their objections in writing.
A month after taking office, Gov. Josh Shapiro cited those objections as one reason he would keep the state’s moratorium on the death penalty. He urged state lawmakers to end the state’s death penalty through legislation.
This undated Pennsylvania Department of Transportation photo shows Robert Bowers. The man charged in the deadliest antisemitic attack in U.S. history has for years been trying unsuccessfully to avoid having a federal jury decide whether to convict him of shooting to death 11 people during services in a Pittsburgh synagogue, a trial scheduled to get underway with jury selection in less than two weeks. (Photo: AP/Pennsylvania Department of Transportation /File)
Shapiro, a Democrat, said in February that his “first reaction back in 2018 was that that killer deserved to be put to death. In fact I stated so publicly, at the time. Over time, my thoughts on this issue have evolved.”
The synagogue massacre case has already spanned two presidencies — Republican President Donald Trump was in office when the massacre occurred. Even before Bowers was identified as the suspect, Trump declared that the killer should “suffer the ultimate price” and that the death penalty should be brought back “into vogue.” Federal executions resumed during Trump’s presidency after a 17-year hiatus, and 13 federal inmates were put to death during his last six months in office.
Democrat Joe Biden indicated during the 2020 campaign he would work to end the federal death penalty but critics say he has done nothing to make that happen. He has, however, put in place a moratorium in order to study current policies and procedures — although that has not prevented his federal prosecutors from pursuing a death sentence for Bowers.
Bowers, a resident of Baldwin, Pennsylvania, was charged with dozens of federal crimes for the October 2018 massacre. Investigators have tied him to virulent anti-Jewish social media posts. Prosecutors say he told police at the crime scene that he wanted to kill Jewish people.
“As far as I’m concerned, personally, and many of the people that I know, we support the death penalty in some cases,” said Sam DeMarco, who heads the Republican Committee of Allegheny County, an area that encompasses Pittsburgh. “An egregious case like this seems to be what it was made for.”
State Rep. Emily Kinkead, a Democrat and death penalty opponent who represents part of Pittsburgh, was disappointed federal prosecutors didn’t take Bowers’ offer to plead guilty in exchange for life in prison.
“Are we so focused on killing people as a state, as a government, that we wouldn’t give these families closure so they wouldn’t have to sit through this trial and listen to their loved ones beg for help from 911? Talk about cruel and unusual — that seems an awful thing to ask the families to do,” Kinkead said.
The Pittsburgh synagogue case bears some similarities to the 2015 racist slayings of nine members of a Black South Carolina congregation for which Dylann Roof was convicted and sentenced to death. In that case, there was a range of feelings about the death penalty among the victims’ loved ones, from a belief that taking a life is never justified to those who say there’s justice in “an eye for an eye.” The death sentence for Boston Marathon bomber Dzhokhar Tsarnaev was also not universally supported by his victims’ families.
A federal jury ended up split on the question of a death sentence for the man who killed eight people on a New York bike path in a terrorist attac k. Instead, Sayfullo Saipov received a life sentence last month — the first federal death penalty case tried under Biden.
And in February, the white supremacist gunman who killed 10 Black people at a Buffalo supermarket was sentenced to life in state prison — New York does not have capital punishment. He has offered to plead guilty in federal court to avoid the death penalty.
Vista de la cárcel La Nueva Victoria, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Orlando Barría)
El hacinamiento es uno de los principales problemas del sistema penitenciario de República Dominicana, donde en algunos casos se ve cuadriplicada la capacidad de las cárceles, según el informe de las Condiciones de Detención y de Prisión 2022 publicado este miércoles por la Oficina Nacional de Defensa Pública.
El problema del hacinamiento de la población carcelaria, que asciende a 27.256 presos, se produce sobre todo en los Centros de Privación de Libertad (CPL), el modelo tradicional penitenciario, donde se cuadruplica la capacidad de 4.679 internos de la que se dispone al albergar a 16.817 reclusos.
«Podemos afirmar que los diecinueve centros que pertenecen al modelo tradicional se encuentran totalmente hacinados», mientras los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) del nuevo modelo penitenciario albergan a 10.498 privados de libertad, cuando su capacidad es para 20.519 reos.
Una de las cárceles con más hacinamiento es la Victoria (al norte de Santo Domingo) que, con capacidad para 2.103 reos, en el momento de elaborarse el informe acogía a 7.625 internos.
El texto alerta que el hacinamiento puede generar problemas relacionados con la salud y de violencia, y dificulta el desarrollo de programas educativos y de reinserción, al tiempo que puede facilitar el quebrantamiento de ciertos derechos fundamentales y la corrupción.
PROBLEMAS DE SALUD E HIGIENE
Además, hay gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental, señala el documento, que resalta la escasa asistencia médica y la ausencia de provisiones o medicamentos, situación que se extiende a todos los centros, incluidos los del nuevo modelo. Incluso uno de los lugares no contaba con personal médico.
«Salud Pública -indica- no está facilitando medicamentos a los centros visitados, en ocasiones lo proporcionan los familiares» o provienen, en casos contados, de donaciones de entidades que no tienen que ver con el sector público, de modo que «el Estado está comprometiendo su responsabilidad internacional al no garantizar el acceso a un derecho tan sagrado como la salud».
También existe una importante falta de higiene en prisión, con situaciones que permiten «el acceso a las enfermedades», de acuerdo con el informe.
La falta de agua potable también es común, ya sea porque no llega suficiente a las instalaciones, por falta de cisternas o porque el suministro está programado para que llegue solo algunos días a la semana, a lo que se suma que el agua procede en su gran mayoría de pozo tubular y produce enfermedades en la piel.
La necesidad de colchones es común a los diecinueve centros del modelo tradicional, donde un gran porcentaje de presos duerme en el suelo y otros improvisan hamacas suspendidas en el aire. También se levantan alojamientos fabricados con materiales como cartón, lonas o zinc.
CELDAS DE MÁXIMA SEGURIDAD
Sobre la educación, en varios lugares visitados apenas se contribuye con la alfabetización, no existen cursos técnicos y en algunos centros son los propios reclusos los que se están capacitando, pues el Ministerio de Educación no facilita profesores.
Otro hallazgo importante es el procedimiento para sanciones que utilizan en las cárceles, así como las denominadas celdas de máxima seguridad.
Además, hay constantes quejas de los internos de los centros del nuevo modelo por maltratos físicos y verbales, formalizados mediante denuncias ante la dirección de los centros.
El informe también analiza la situación de las mujeres privadas de libertad, que considera un problema grave, ya que en algunas cárceles no existe verdadera separación de los hombres.
En el caso de los menores, no reciben un tratamiento adecuado y no hay condiciones para albergar adolescentes.
En respuesta a un gran incendio en la cuadra 500 de West Annsbury Street en Hunting Park, el Departamento de Salud Pública de Filadelfia está advirtiendo a los residentes que eviten el área o traten de permanecer adentro. El Departamento de Salud ha enviado inspectores al área para recolectar muestras de aire para evaluar la calidad del aire y el potencial de cualquier amenaza. En este momento, no se han identificado sustancias peligrosas específicas, y el Departamento está tomando esta medida por precaución.
Los residentes en el área deben tomar precauciones para evitar la exposición innecesaria al humo. El Departamento de Salud recomienda hacer lo siguiente para protegerse y proteger a su familia de la mala calidad del aire:
Evite salir al aire libre tanto como sea posible.
Si debe salir, evite la actividad excesiva, como trotar o correr, y use una máscara, si está disponible.
Cierre todas las ventanas y puertas para minimizar la contaminación del aire en su hogar.
Recircule el aire con ventiladores para evitar traer más contaminación del aire a su hogar.
El aire puede ser potencialmente peligroso para grupos sensibles, incluidos niños, personas mayores, personas embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o afecciones cardíacas.
Evite las áreas de alta congestión y donde la contaminación del aire puede ser alta (por ejemplo, calles o carreteras principales, áreas con baja circulación).
Las personas con enfermedades subyacentes deben controlar los síntomas, como dificultad para respirar, náuseas y mareos. Si se presentan estos síntomas, busque atención médica lo antes posible.
El Departamento de Salud y la Oficina de Manejo de Emergencias continuarán monitoreando la calidad del aire y proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles. Para obtener más información, visite la cuenta de Twitter de la Oficina de Manejo de Emergencias de Filadelfia y regístrese para recibir alertas de emergencia a través de ReadyPhiladelphia enviando un mensaje de texto con READYPHILA al 888-777 o visitando https://www.phila.gov/ready.
Un grupo de mujeres sostienen carteles y pancartas hoy, durante una protesta frente a la Alcaldía de Nueva York (EE. UU.). EFE/Ruth E. Hernández
Decenas de mujeres que cuidan ancianos, enfermos o discapacitados en sus hogares, en su mayoría inmigrantes latinas y asiáticas, celebraron hoy una protesta junto a la Alcaldía de Nueva York para reclamar la aprobación de un proyecto de ley que prevé poner fin a sus jornadas de 24 horas de trabajo.
«No más 24» gritaban con fuerza las mujeres, que sostenían carteles con mensajes a la presidenta del Consejo de la ciudad, Adrienne Adams: «Presidenta, ¿por qué no trabaja un turno de 24 horas?», «Adams, apruebe el proyecto INT-175 ahora».
Asimismo en pancartas denunciaban el dinero que se les debe por las horas trabajadas y no pagadas: «Me deben 235.000 dólares por 8 años trabajando 24 horas».
A las cuidadoras del hogar sólo se les paga 13 horas de salario, aunque trabajen turnos consecutivo de 24 horas, lo que ha ocasionado, según han denunciado, el desarrollado de problemas de salud por los esfuerzos físicos que se ven forzadas a hacer con pacientes que están en cama o por el tiempo que están de pie.
Un hombre sostiene un cartel hoy, durante una protesta frente a la Alcaldía de Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/Ruth E. Hernández)
El proyecto de ley «No más 24», presentado por el concejal Christopher Marte, de origen dominicano, cuya madre también fue asistenta en el hogar, como muchas inmigrantes, cuenta con el apoyo bipartita para ser aprobado «pero Adams ha rehusado repetidamente llevarlo a votación», de acuerdo con las trabajadoras.
Durante la audiencias pública del proyecto, en que las trabajadoras contaron sus experiencias, aseguraron que si rechazan el turno de 24 horas, la compañía para la que trabajan no vuelve a llamarlas como represalia.
Asimismo, algunas denuncian que han sido despedidas o han sido víctimas de amenazas verbales.
Las trabajadoras presentaron un reclamo al Departamento del Trabajo por el salario no cobrado, que a su vez notificó al empleador de la reclamación y que designará un mediador.
Las hondureñas Leyla Batiz y Rosa Olmo estuvieron entre las mujeres que protestaron hoy.
Batiz dijo a EFE que durante 17 años trabajó este turno largo, por el que le deben más de 42.000 dólares, y que ha desarrollado artritis mientras que Olmo continúa trabajando una jornada de 24 horas cuidando a una persona autista.
Un grupo de mujeres sostienen carteles y pancartas hoy, durante una protesta frente a la Alcaldía de Nueva York (EE. UU.). (Foto: EFE/Ruth E. Hernández)
«Él no duerme, hay que vigilarlo todo el tiempo y ahora yo padezco de insomnio», afirmó la trabajadora, de 55 años, durante la concentración.
Las trabajadoras tienen previsto protestar frente a la alcaldía durante los próximos tres días y aseguraron que no se detendrán hasta que no consigan lo que quieren.
This booking photo provided by the Montgomery County, Pa., District Attorney’s Office shows Ruth DiRienzo-Whitehead. Prosecutors said Wednesday, April 12, 2023, that DiRienzo-Whitehead is charged in Montgomery County with first- and third-degree murder as well as possession of an instrument of crime in the death of her 11-year-old son in southeastern Pennsylvania. She is also awaiting extradition from New Jersey, where she was arrested after her SUV was found in the surf on a beach at the Jersey shore. (Photo: AP/Montgomery County District Attorney’s Office)
HORSHAM, Pa.— A mother has been charged with murder in the death of her 11-year-old son in southeastern Pennsylvania and is awaiting extradition from New Jersey, where she was arrested after her SUV was found in the surf on a beach at the Jersey shore.
Ruth DiRienzo-Whitehead, 50, of Horsham, is charged in Montgomery County with first- and third-degree murder as well as possession of an instrument of crime in the death of Matthew Whitehead, prosecutors said Wednesday.
Prosecutors said the boy’s father found the door to the master bedroom in the couple’s home locked Tuesday morning and his wife and their SUV missing. He then found their son unresponsive in the bed, where he had gone to sleep with his mother. Police were called and declared the boy dead.
An autopsy Wednesday concluded the boy’s death was due to strangulation and the manner of death was homicide.
Prosecutors allege DiRienzo-Whitehead killed her son after he went to sleep at about 9:30 p.m. Monday and then drove the family SUV about 120 miles (193 kilometers) south to Cape May, New Jersey, where she drove the vehicle “into the ocean just off Beach Avenue.»
After the vehicle was no longer operable, she walked to Wildwood Crest, a Cape May borough, where she was taken into custody by Wildwood Crest police and interviewed by Montgomery County detectives and Horsham police, prosecutors said.
Authorities allege in a criminal complaint that DiRienzo-Whitehead told investigators her son had been upset and “crying off and on all day” over the family’s financial difficulties and that she strangled him so he would not have “to grow up with these struggles.”
DiRienzo-Whitehead is being held in Cape May County and will be extradited back to Montgomery County, Pennsylvania for arraignment on the charges, prosecutors said Wednesday. Court documents don’t list an attorney representing her and a message could not be left at a number listed in her name.
A neighbor, Ed Smith, told WFMZ-TV that the boy’s death was “very tragic” and the case was “surprising.”
“Very nice people. Good neighbors,” he told the station. Smith and his wife, Diane, said they have known the boy’s mother for more than four decades.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el martes en que los migrantes que traten de llegar a territorio estadounidense deben hacerlo por las «vías legales» que está implementando EE.UU. o, de lo contrario, serán «devueltos» al otro lado de la frontera.
Mayorkas durante su estancia en la capital panameña en encuentro con los cancilleres de Colombia y Panamá trata la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre los dos países latinoamericanos, aseguró en una entrevista con EFE que no hay alternativa a la vía legal.
«Hay un mensaje muy importante que enviar además del hecho de que estamos construyendo vías legales para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en el Darién y es que estamos haciendo cumplir nuestras leyes en la frontera», remarcó el secretario.
«Es tan trágico ver a las personas arriesgar sus vidas, emprender el peligroso viaje, sufrir el trauma, poner los ahorros de toda una vida en manos de traficantes que solo buscan su propio beneficio, solo para ser devueltos», afirmó Mayorkas, de origen cubano.
La selva del Darién es uno de los pasos fronterizos más peligrosos para la migración irregular, donde a la dureza del trayecto al tener que cruzar ríos crecidos, se suman los ataques de hombres armados, que roban y violan, además de la falta de agua potable al estar contaminada por excrementos y cadáveres.
La mayoría de los migrantes, al salir de la selva exhaustos, sin aliento, repiten una palabra: «arrepentido» de haber tomado esa ruta, llamando a sus compatriotas a elegir otra opción, en vano.
Solo este año se espera que crucen la selva unos 400.000 migrantes, casi el doble de los más de 248.000 que lo hicieron en 2022. Solo en los 3 primeros meses de 2023, cruzaron el Darién unos 87.390 migrantes, 7 veces más que en el mismo periodo de 2022.
«Y esos son los individuos, los seres humanos que sobrevivieron para contar el trauma del viaje. También pensamos en las personas que no lo lograron. Es exactamente por eso que estamos generando vías legales para que puedan venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada en busca de una vida mejor», explicó.
Mayorkas destacó como «el ejemplo más poderoso del éxito» de esta vía legal la creación de un programa de permisos humanitarios para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una medida que según reveló recientemente conllevó una reducción del 95 % de arrestos de individuos de estos países en la frontera.
«Ya hemos recibido a miles y miles de personas de esta manera», aseguró. Un programa que puede alcanzar los 30.000 permisos humanitarios al mes, «360.000 personas al año».
EXPANSIÓN DE LAS VÍAS LEGALES
El funcionario estadounidense advirtió además que están «expandiendo» las vías legales, tanto a través de su programa de refugiados como el de los permisos humanitarios a nacionales de esos cuatro países afectados por la inestabilidad económica o política.
«Estaremos revelando en las próximas semanas las vías adicionales que la gente debe tomar» para poder viajar a los Estados Unidos de forma legal, anunció Mayorkas.
El secretario de Seguridad Nacional recordó también que los migrantes tienen a su disposición otras maneras de viajar de forma legal a territorio estadounidense, como los visados para trabajadores de temporada, o para trabajadores agrícolas o no agrícolas por períodos limitados para «ganar dinero de forma lícita y enviar remesas».
Además el mes que viene el Gobierno del presidente Joe Biden levantará el polémico Título 42, una medida sanitaria impuesta por el Gobierno del exmandatario Donald Trump (2017-2021) que permite las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera.
«Nos preocupa que pueda haber un aumento en el nivel de migración» por el levantamiento de esa medida, reconoció Mayorkas, pero sus asesores recordaron que seguirá plenamente vigente la base de la ley migratoria del país, que está contemplada en el Título 8.
Durante su encuentro con EFE, Mayorkas estuvo acompañado por Samantha Power, administradora de la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y antigua embajadora de EE.UU. ante la ONU, que destacó el importante papel que juegan países que en un principio iban a ser solo de tránsito para los migrantes.
En Colombia, subrayó, están asentados «más de dos millones de venezolanos» y supone «una decisión muy importante y muy loable» el que las autoridades colombianas les hayan ofrecido «un estatus de protección temporal».
«Cuando eso sucedió, USAID se apresuró a apoyar al Gobierno colombiano para establecer ese sistema, el registro, el mecanismo, pero también para apoyar a los venezolanos que entraban para asegurarse de que no sobrecargaban a las comunidades» de acogida, señaló Power, que remarcó que están dedicando «más de 200 millones de dólares al año» a ese cometido y buscan incrementar 34 millones.
La funcionaria estadounidense insistió en que es «responsabilidad» de Estados Unidos el acudir en apoyo de esos países al sur del Darién, como Colombia, pero también Ecuador o Perú, «que están haciendo todo lo posible para absorber a estas poblaciones» de migrantes.
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, habla con EFE durante una entrevista el 11 de abril 2023, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
EXPERIENCIA DE REFUGIADO
Para Mayorkas, la necesidad de tener que abandonar su país por motivos políticos o económicos no es algo ajeno. Natural de Cuba, llegó con sus padres y hermana a Estados Unidos como «refugiados políticos» cuando era un niño. «Era la segunda vez, por cierto, que mi madre era refugiada», tras haber huido de los nazis en Europa.
«Entiendo muy bien la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de la gente, la importancia de la ayuda humanitaria, y al servicio de esa fragilidad, al servicio de esa vulnerabilidad, generamos vías legales e instamos a la gente a no correr un riesgo tan costoso. Pero también es muy importante recordar que no estamos solos en esto. Que el desafío migratorio que vive nuestra región es un desafío al que debemos responder todos juntos», sentenció.
