El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a los fiscales federales que investiguen a todo funcionario local o estatal que crean que esté interfiriendo con las medidas enérgicas del gobierno del presidente Donald Trump para hacer cumplir las leyes migratorias, y señaló que podrían enfrentar cargos penales, en una aparente advertencia a las decenas de jurisdicciones santuario del país.

El memorando, enviado por el secretario de Justicia interino Emil Bove, señala un cambio brusco respecto a las prioridades del gobierno demócrata del expresidente Joe Biden, e instruye a la división civil del departamento a identificar leyes y políticas estatales y locales que “amenacen con impedir” que se lleven a cabo las iniciativas de inmigración del gobierno de Trump y que puedan objetarlas en los tribunales.

También dice a los fiscales en términos muy claros que estarán en la primera línea de un esfuerzo de todo el gobierno para combatir la inmigración ilegal y el crimen fronterizo, y que deben llevar a cabo la visión política de la Casa Blanca republicana del presidente Donald Trump en lo que respecta a crímenes violentos, la amenaza de pandillas transnacionales y el tráfico de drogas.

“De hecho, es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas para cuya implementación el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump”, escribió Bove, quien antes de unirse al gobierno formó parte del equipo jurídico que defendió a Trump contra dos casos penales presentados por el Departamento de Justicia.

“Santuario” no tiene una definición jurídica, pero el término abarca una gama de protecciones para los inmigrantes, particularmente aquellos que viven en Estados Unidos de manera ilegal. La mayoría de las veces, las leyes establecen límites legales sobre cómo las fuerzas de seguridad en esas jurisdicciones pueden cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Los tribunales han respaldado repetidamente la mayoría de las leyes santuario, y los expertos jurídicos señalaron que, aunque las acusaciones son posibles, dudaban que los cargos tuvieran alguna tracción en los tribunales.

«¿De qué acusarías a estas personas?”, preguntó Robert J. McWhirter, un erudito constitucional y abogado de inmigración asentado Arizona desde hace mucho tiempo. “Nada obliga a las fuerzas del orden locales a cooperar con las fuerzas del orden federales en ningún asunto. Ni siquiera el robo de bancos”.

En Chicago, que tiene algunas de las protecciones santuario más fuertes a nivel nacional, los dirigentes de la ciudad desestimaron la noticia de posibles investigaciones. La tercera ciudad más poblada de la nación ha sido una ciudad santuario durante décadas, limitando la cooperación entre la policía y los agentes federales de inmigración.

“Si el gobierno federal va a investigar, eso es su prerrogativa”, señaló el concejal Andre Vasquez, quien es el presidente del comité de inmigración del Ayuntamiento elegido por el alcalde Brandon Johnson.

Vasquez, hijo de dos inmigrantes guatemaltecos, recordó un mitin de campaña en 2016 en la Universidad de Illinois en Chicago que Trump canceló abruptamente a medida que crecían las multitudes de manifestantes ruidosos. La cancelación sigue siendo un distintivo de honor para muchos jóvenes activistas en el bastión demócrata.

“Siempre habrá ese tipo de relación entre Chicago, el presidente Trump y el Partido Republicano”, señaló Vasquez. “Nací y crecí en Chicago, en una familia de inmigrantes. Hará falta más que eso para hacerme sentir un poco asustado”.

El memorando de Bove dice que los fiscales federales deben “tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense al retirar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y la persecución de extranjeros ilegales por delitos cometidos en la jurisdicción de Estados Unidos”.

También instruye a los fiscales a investigar posibles cargos criminales contra funcionarios estatales y locales que obstruyan o impidan funciones federales. Como posibles vías para la persecución, el memorando menciona un delito de asociación delictuosa así como una ley que prohíbe albergar a personas que se encuentren en el país de manera ilegal.

“La ley federal prohíbe que los actores estatales y locales se resistan, obstruyan y dejen de cumplir con los comandos y solicitudes relacionados con la inmigración que sean legales”, señala el memorando. “Las fiscalías federales y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán incidentes que involucren cualquier tipo de mala conducta para una posible persecución”.

Pero en Colorado, donde la ley estatal prohíbe que los funcionarios policiales locales ayuden a los agentes federales de inmigración sin una orden judicial, la fiscalía estatal dijo que no tenía conocimiento de ningún funcionario estatal o local que obstruyera la aplicación de la ley de inmigración.

“El gobierno federal, no las fuerzas policiales locales, es responsable de hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, dijo en un comunicado la oficina de Phil Weiser, un demócrata.

El memorando incluye una serie de directivas más allá de las relacionadas con las jurisdicciones santuario. Sugiere que habrá un aumento en los casos de inmigración bajo el nuevo gobierno, instruye a las fiscalías federales de todo el país a informar a los tribunales sobre su política “y desarrollar procesos para manejar el aumento del número de procesamientos que resultarán”. Cualquier decisión de los fiscales federales de no procesar violaciones de inmigración debe ser divulgada a la sede del Departamento de Justicia en informes llamados urgentes, que se utilizan para actualizar al liderazgo sobre emergencias de aplicación de la ley o asuntos significativos de interés nacional.

En el memorando también señala que el departamento retomará el principio de acusar a un procesado con el cargo más severo que pueda demostrar, una posición común de departamentos dirigidos por republicanos y que tiene la intención de despojar a los fiscales de la opción de acusar a un individuo con un cargo menor. Y rescinde políticas implementadas por el secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, incluida una diseñada para poner fin a las disparidades de sentencia que han impuesto penas más severas por diferentes formas de cocaína.

“Los cargos más graves son aquellos punibles con la muerte donde sea aplicable, y delitos con las sentencias mínimas obligatorias más significativas”, escribió Bove.

Es común que los Departamentos de Justicia cambien las prioridades de aplicación bajo un nuevo gobierno presidencial en cumplimiento con las ambiciones políticas de la Casa Blanca. El memorando refleja el constante tira y afloja entre los gobiernos demócratas y republicanos sobre cómo destinar mejor los recursos a lo que los funcionarios consideran la amenaza más urgente del momento.

Por ejemplo, el edicto para acusar del delito más fácilmente demostrable es consistente con directivas de fiscales generales republicanos anteriores, como John Ashcroft y Jeff Sessions, mientras que fiscales generales demócratas, como Eric Holder y Garland, han reemplazado la política y en su lugar han fomentado la discreción fiscal.