Fotografía de archivo de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. (Foto: EFE/Erik Simander)

Una coalición de 21 fiscales estatales instó esta semana al Departamento de Estado a retirar formalmente la versión de la regla de carga pública impuesta por el gobierno del ahora expresidente estadounidense Donald Trump.

La petición fue hecha a través de una misiva dirigida al secretario Antony Blinken en la que la coalición destacó los daños causados por la regla de carga pública impuesta por la Administración anterior (2017-2021).

“Es 2022 y, desafortunadamente, todavía estamos atrapados limpiando el desorden de la Administración Trump”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Bonta, que lidera la petición, explicó que esta clase de políticas “inevitablemente nos lastiman a todos”, y agregó que durante esta pandemia en particular “debemos alentar a las personas a aprovechar los importantes programas públicos que ayudan a mantener a las personas saludables, con alojamiento y alimento seguros”.

En marzo de 2021 la Administración del actual presidente Joe Biden rescindió formalmente la norma bajo la cual se puede negar la residencia legal permanente (tarjeta verde) a los inmigrantes que, a criterio de las autoridades, puedan recurrir a prestaciones sociales como subsidios para la vivienda, cupones de alimentos o asistencia médica.

La decisión de Trump generó numerosas querellas en los tribunales y, tras su investidura presidencial hace un año, Biden dejó en claro que su Administración no continuaría la defensa de la norma de «carga pública».

El Gobierno de Biden abrió un periodo de comentarios el año pasado para asegurar que la nueva propuesta no imponga cargas indebidas a los extranjeros que solicitan admisión o un ajuste de su estatus en Estados Unidos.

Los procuradores generales de Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Distrito de Columbia, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington, también se unieron al llamado hecho por el fiscal de California.

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