Varios refugiados, entre ellos nicaragüenses, EFE/Jeffrey Arguedas

Desde la implementación del primer Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) hace más de un año, ninguno de los solicitantes trasladados de Estados Unidos a Guatemala ha logrado recibir asilo, señala un informe del equipo demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre estos acuerdos con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Detallando una de las políticas migratorias más draconianas instituidas por la Administración del presidente Donald Trump, «el informe demuestra cómo los acuerdos fueron diseñados efectivamente para castigar a las personas que buscan seguridad en Estados Unidos, enviándolas a la fuerza a países donde de las protecciones contra la persecución y la violencia son prácticamente inexistentes», señala el Comité en un comunicado.

“Nadie se alcanzó a imaginar que las políticas de asilo de Estados Unidos serían manipuladas sistemáticamente para poner en peligro a personas vulnerables. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo Trump con sus vergonzosos acuerdos cooperativos de asilo”, dijo el senador Bob Menéndez, presidente entrante del Comité y quien encargó la elaboración del reporte.

Menéndez añadió que el documento «expone cómo la Administración Trump hizo una burla del sistema de asilo de Estados Unidos, socavando la ley estadounidense y debilitando nuestro liderazgo en asuntos de refugiados”.

Titulado «Crueldad, Coerción y Contorsiones Legales: Los inseguros acuerdos de cooperación de asilo de la Administración Trump con Guatemala, Honduras y El Salvador», el informe de concluye que desde la implementación del primer ACA hace más de un año, ninguno de los 945 solicitantes de asilo trasladados de Estados Unidos a Guatemala ha logrado recibir asilo.

Asimismo, señala que los acuerdos parecen violar la leyes estadounidenses y las obligaciones bajo leyes internacionales al trasladar refugiados a países donde sus vidas y sus libertades están amenazadas.

De acuerdo con el reporte, el exfiscal general William Barr y Kevin McAleenan, exsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), determinaron con base en verdades parciales que Guatemala proporciona un acceso “completo y justo” al asilo y decidieron ignorar por completo las preocupaciones expresadas por el Departamento de Estado.

Asevera que los solicitantes de asilo transferidos de Estados Unidos a Guatemala «fueron tratados de manera degradante y efectivamente fueron coaccionados a regresar a Honduras o El Salvador, donde temían persecución, y que la Casa Blanca y el DHS utilizaron tácticas coercitivas para obligar a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar los acuerdos.

Finalmente, indica que «la Administración Trump continúa manteniendo secretos y obstruyendo la supervisión del Congreso sobre estas negociaciones y la implementación de los acuerdos».

“A medida que nos enfocamos en terminar nuestra lucha de décadas por un sistema migratorio justo y humano, la Administración entrante debe cancelar inmediatamente estos desastrosos acuerdos para cumplir con la promesa del presidente electo Joe Biden de suspender el tratado degradante de las personas que huyen de la persecución y la violencia”, dijo Menéndez.

“El Congreso y la Administración debemos renovar nuestro compromiso con la protección de los refugiados y solicitantes de asilo en la era después de Trump», puntualizó.

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