Tribunal de Pensilvania No protege a los niños de Berks.

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El juez dice que las familias inmigrantes deben permanecer encarceladas mientras ICE trae nuevas familias a la prisión familiar de Berks y el gobernador Wolf se niega a actuar.

Harrisburg .- La Coalición «Shut Down Berks» explica la decisión tomada por un juez de la Commonwealth Court: El juez Michael H. Wojcik denegó la petición presentada por familias inmigrantes en custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra el Departamento de Servicios Humanos de Pennsylvania por no protegerlos del contagio de la infección con COVID-19. Desde principios de marzo, niños de tan solo un año han sido detenidos con sus padres en el Centro Residencial del Condado de Berks, una de las tres cárceles para familias inmigrantes en el país.

El juez sostuvo que el tribunal no podía anular la determinación del Departamento señalando que los niños detenidos en la prisión familiar de Berks están actualmente a salvo de la infección por COVID-19. Sin embargo, la orden del juez Wojcik de ninguna manera impide que el gobernador Wolf instruya al Departamento a emitir una orden de expulsión de emergencia para liberar a las familias a los patrocinadores donde pueden poner en cuarentena de manera segura.

Esta decisión no pudo llegar en peor momento, cuando los casos de COVID-19 están aumentando en los EE. UU., Ha habido brotes de COVID-19 en los otros dos centros de detención familiar, e ICE acaba de comenzar a enviar nuevas familias a la prisión familiar de Berks «, Dijo Karen Hoffmann, una de las abogadas de las familias solicitantes. «Creemos que este caso se decidió erróneamente, y estamos revisando las opciones de apelación ante la Corte Suprema de Pensilvania«.

El Departamento había argumentado ante el tribunal que la prisión familiar de Berks estaba tomando medidas adecuadas para proteger a las familias detenidas de COVID-19, una posición que fue contradicha por la gran cantidad de pruebas presentadas en el caso. En su orden, el juez Wojcik se basó en la afirmación de la prisión en la corte de que había suspendido nuevas admisiones durante la pandemia. Sin embargo, esa afirmación era falsa. Ayer, ICE trajo nuevas familias para unirse a las otras que ya estaban detenidas en la prisión familiar. Un brote de COVID-19 ha afectado a las dos cárceles familiares en Texas, con más de 30 niños, padres y personal dando positivo. La decisión de traer nuevas familias a la prisión familiar de Berks aumenta la probabilidad de que el virus infecte a las familias allí también.

El padre detenido P.M., uno de los peticionarios del caso, escribió en una declaración presentada ante el tribunal: “Aquí nadie habla mi idioma, y ​​es muy difícil comunicarnos y expresar nuestros sentimientos acerca de ser detenido cuando es tan peligroso. Me preocupo por mi esposa y mi hija, que no están bien y están aterrorizadas. Estamos pidiendo ayuda para seguir con vida «.

En el caso federal de Flores, la jueza Dolly Gee ordenó recientemente que los niños sean liberados de la detención familiar, incluida la prisión familiar de Berks, antes del 17 de julio. El juez Gee declaró que las cárceles familiares «están ardiendo «y «no hay más tiempo para medidas a medias «. ICE ha indicado que tiene la intención de desobedecer la orden del juez Gee, afirmando: «No vamos a hacer un jailbreak». Creemos que ICE planea forzar a los padres a aceptar permanecer detenidos con sus hijos durante una pandemia o ser separados de ellos, posiblemente para siempre.

En respuesta al fallo del juez Gee, el gobernador Wolf declaró que espera que la orden «marque el comienzo del fin de la detención familiar en los Estados Unidos«, sin reconocer que está dentro de su autoridad proteger a las familias en la prisión familiar de Berks al dirigir el Departamento emitirá una Orden de eliminacion de emergencia.

Es deber del Estado proteger a los niños dentro de la Commonwealth. La falta de acción del gobernador Wolf para abordar el grave riesgo para la salud pública de detener a los niños en un entorno congregado durante una pandemia tendrá consecuencias no solo para las familias detenidas en la prisión familiar, sino también para el personal, sus familias y comunidades y, en última instancia, la salud pública de todos los residentes de la Commonwealth.

Los representantes de las familias detenidas en el caso son Aldea: el Centro de Justicia Popular, el Proyecto de Migración Libre y la Ley Syrena.

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