Varios jóvenes sostienen pancartas durante una protesta frente al Capitolio nacional en Washington, DC (EE.UU.). (Foto: EFE/Alex Segura/Archivo)

Los Ángeles, EE.UU.- El proceso de reconciliación, que permite la aprobación de una ley fiscal con la mayoría simple en las dos cámaras del Congreso, se presenta estos días como la estrategia más segura para que millones de inmigrantes puedan obtener una vía a la ciudadanía estadounidense tras décadas de espera.

La idea cobró relevancia esta semana después de que el senador demócrata, Bob Menéndez, el latino de mayor rango el Senado, adelantara a la cadena MSNBC que el gran paquete social del plan de infraestructura que impulsa el presidente Joe Biden contiene fondos por 120.000 millones de dólares para la inmigración.

Estos fondos, según Menéndez, «abren la posibilidad a una reforma migratoria de algún grado”, que podría aprobarse usando el proceso de reconciliación, sin tener que contar con el apoyo de los republicanos.

Este proceso permitiría que el plan sea aprobado con tan solo 51 votos en el Senado, donde actualmente se encuentran estancados dos proyectos de legalización de inmigrantes aprobados en marzo pasado en la Cámara de Representantes.

SIN OBSTRUCCIONES

Creada por la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974, la reconciliación permite un proceso rápido de ciertas leyes de impuestos, gastos y límites de deuda.

En el Senado los proyectos de ley que buscan la aprobación a través de la reconciliación no están sujetos a tácticas de obstrucción porque limita el debate sobre del proyecto de ley a 20 horas, y no permite a los senadores actuar como “filibusteros”.

A esto se suma que las enmiendas que se pueden realizar a los proyectos que usan esta formula legislativa son limitados, lo que le da a las propuestas ventajas reales para llegar a convertirse en ley.

¿QUÉ TANTO SE HA UTILIZADO?

El proceso de reconciliación ha sido usado por casi todos los gobiernos desde su creación. Desde 1980 se han logrado aprobar más de 20 proyectos de ley de reconciliación presupuestaria.

La administración del presidente Joe Biden ya usó este proceso en marzo pasado al lograr la aprobación de su paquete de estímulo The American Rescue Plan Act of 2021

Por su parte, el gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021), utilizó este procedimiento en diciembre del 2017 para lograr la promulgación de una ley que permitió grandes recortes de impuestos.

La reconciliación también fue usada por los demócratas y el gobierno de Barack Obama (2009-2017) para sacar adelante la aprobación en 2010 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), más conocida como Obamacare.

También fue usada por ese gobierno para modificar el programa federal de préstamos estudiantiles.

En 2001 y 2003 la administración del presidente George Bush (2001-2009) usó la reconciliación para realizar grandes recortes de impuestos.

Mientras, el gobierno de Bill Clinton y el partido demócrata apostó por la reconciliación para lograr la aprobación de la ley de asistencia social conocida como Welfare Reform Act de 1996.

NO HAY GARANTÍA

Sin embargo, esta herramienta no ha logrado sacar adelante todos los proyectos de ley que se han apostado por esta vía. El Congreso ha aprobado a través del tiempo cuatro medidas bajo la reconciliación, pero el presidente en turno vetó las medidas.

Incluso la estrategia puede fracasar al llegar a la votación, especialmente en el Senado. Un ejemplo, fue el fiasco de los republicanos en agosto de 2017, cuando usaron la reconciliación para intentar derogar Obamacare.

Entonces, el objetivo de los conservadores y de Trump se vino abajo cuando el senador John McCain votó en contra.

Una lección que los demócratas deberán tener en cuenta si realmente quieren aprobar el proyecto de gasto social de infraestructura.

Los demócratas tienen justo 50 escaños y no se pueden permitir perder ni siquiera un voto, por lo que el reto es unir al ala más progresista y moderada del partido.

LA REGLA BYRD

A este reto en el Senado se suma la Regla Byrd, que permite a los senadores bloquear las disposiciones que son ajenas al propósito básico de la reconciliación de implementar cambios presupuestarios. También cuida que los proyectos que pasen por conciliación no agraven o aumenten el déficit.

La aplicación de esta regla está en manos de la figura “parlamentaria” del Senado, posición que ocupa desde 2012 Elizabeth MacDonough.

MacDonough hace el papel de un juez que escucha los argumentos de ambas partes y luego los considera y toma una decisión.

En febrero pasado, la Regla Byrd fue aplicada y MacDonough bloqueó el aumento del salario mínimo federal que estaba incluido en el paquete de estímulo de Biden, obligando a retirar la cláusula para que el proyecto avanzara.

Seguramente, la repuesta de legalizar a un grupo de indocumentados incluido en la reconciliación tendrá que enfrentar el intento de impugnación, y MacDonough tendrá que tomar una decisión sobre si la póliza puede permanecer, o debe eliminarse.

En sus manos estará un cambio radical en las vidas de hasta diez millones de personas, en función de los grupos que puedan verse beneficiados por esta estrategia demócrata, algo que todavía se desconoce.

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